Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.975 "CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA C/ ENERGEN SA S/ DESALOJO ANTICIPADO"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de un proceso sumarísimo de desalojo anticipado promovido por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca contra Energen S.A., resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora y dispuso que se mantuviera la situación de hecho y derecho existente al momento de la presentación proveída con la finalidad de asegurar la continuidad de la operación en la Posta para Inflamables de Puerto Galván en cabeza del accionante, evitando la paralización de actividades y la afectación del interés público nacional, debiendo abstenerse los terceros de realizar cualquier acto o hecho tendiente a la perturbación de la posesión de las Postas de Inflamables de Puerto Galván. En consecuencia, dejó sin efecto el mandamiento mediante el cual se ordenaba la restitución de la tenencia en favor de la accionada Energen S.A. (v. resol. de 16-VI-2023, en arch. adj.).
Apelado dicho pronunciamiento por la empresa demandada, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental, lo revocó y ordenó librar un mandamiento a los mismos fines que el oportunamente dejado sin efecto (v. resol. de 23-VIII-2023, en arch. adj.).
Para así decidir, señaló que ese Tribunal con anterioridad, el 10 de mayo de 2023, había resuelto revocar la cautelar dictada por el juez de primera instancia ordenando el inmediato desalojo de la demandada, y expuso que, dejada sin efecto la medida, no podían mantenerse sus consecuencias a través de una nueva cautelar como, en el caso, la prohibición de innovar. Advirtió que, a través de la nueva medida decretada, el magistrado de primer grado había decidido mantener un estado de hecho (desalojo anticipado de la demandada) generado como consecuencia de una resolución judicial que había sido revocada por el pronunciamiento de fecha 10 de mayo de 2023, el cual se encontraba firme y cuyo cumplimiento había motivado la orden de librar el mandamiento pertinente para proceder a la inmediata desocupación por parte de la actora de todos los bienes y su restitución a Energen S.A. Asimismo, dijo que, en ese marco, la cautelar apelada implicaba lisa y llanamente privar de efectos a la decisión de esa Cámara, que se encontraba alcanzada por el instituto de la cosa juzgada, en franca violación a los preceptos constitucionales que aseguraban la inviolabilidad de la propiedad y el derecho de defensa en juicio de la demandada (arts. 17 y 18, Constitución nacional), lo que resultaba inadmisible.
Añadió que el desarreglo a derecho del pronunciamiento saltaba a la vista, pues de mantenerse, las cámaras de apelación ya no tendrían potestad efectiva de revocar lo decidido por los jueces de primera instancia, sino meramente teórica, pues bastaría que éstos dictaran una y otra vez nuevas medidas cautelares de cumplimiento inmediato (por el carácter devolutivo que conlleva el recurso de apelación -art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial-) para que lo resuelto por el tribunal superior perdiera toda virtualidad.
Frente a ello, la accionante dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 12-IX-2023, en arch. adj.), los que fueron denegados con fundamento en la falta de definitividad de la resolución atacada (v. resol. de 14-IX-2023, en arch. adj.). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de fecha 18-IX-2023 y arch. adj.).
II. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (conf. doctr. causas C. 125.387, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.475, "Relevamientos Catastrales", resol. de 31-III-2023; C. 125.859, "Pelaez", resol. de 11-VII-2023; C. 126.296, "Olmedo", resol. de 1-VIII-2023).
Asimismo, se ha dicho en numerosos precedentes que las decisiones relativas a medidas cautelares, no revisten carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 202, 203 y concs., CPCC; conf. doctr. causas C. 125.136, "Bracco", resol. de 23-V-2022; C. 125.115, "Grosso", resol. de 29-XII-2022; C. 125.316, "Acosta", resol. de 9-II-2023; C. 126.171, "Ferrari", resol. de 5-IV-2023).
Así, en este caso en que se pretende impugnar la resolución de la Cámara que revocó -por contravenir un pronunciamiento anterior de ese Tribunal de Alzada- la medida cautelar dictada en primera instancia consistente en que se mantuviera la situación de hecho y derecho existente al momento de la presentación de la parte actora, con los argumentos esgrimidos en la queja no se aprecian acreditados motivos de excepción que justifiquen -en el contexto reseñado y en el estricto marco de lo que aquí se resuelve- el apartamiento del mencionado criterio general (conf. doctr. causas C. 125.442, "Eleno", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.782, "F., K. E.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.878, "Cáceres", resol. de 19-XII-2022; C. 125.475, cit.).
Por lo demás, los precedentes de esta Corte que se citan en la queja resultan inaplicables al caso de autos, en tanto se refieren a situaciones diversas a la aquí configurada.
Con relación a la alegada concurrencia de gravedad institucional, este Tribunal ha sostenido que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en la especie la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento, se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doctr. causas C. 125.330, "Volponi", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.067, "Odsagro S.A", resol. de 30-XI-2022; C. 126.171 y C. 126.296, cits.) resultando inconducentes los motivos brindados en el caso bajo análisis, toda vez que en sustento de su petición se mencionan actos realizados en el marco de la restitución provisoria ordenada en virtud de la medida cautelar dispuesta en su oportunidad -y luego dejada sin efecto por el Tribunal de Alzada- y, además, el propio impugnante menciona que la revocación del contrato de concesión de la demandada está cuestionada por dicha empresa en el fuero contencioso administrativo, lo cual se corrobora a través de las constancias disponibles en el Portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte (v. autos "Energen S.A. c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ pretensión anulatoria" y "Energen S.A. c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (Incidente medida cautelar)").
Finalmente, en cuanto a la pretensión de dejar de lado las restricciones impuestas por la legislación provincial (arts. 278 y 296, CPCC), ante la invocación de la existencia de cuestiones federales, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490, 310:324 y 311:2478), cabe señalar que carece de asidero.
Así, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, lo cierto es que no se advierten argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el supuesto de autos (doctr. art. 15, ley 48; conf. doctr. causas C. 119.781, "Arriaran", resol. de 2-XII-2015; C. 125.340, "G. M. V.", resol. de 18-II-2022).
En consecuencia, las vías extraordinarias articuladas resultan inadmisibles y se impone el rechazo de la queja en consideración (arts. 278, 292, 296 y 297, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/10/2023 14:30:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2023 13:28:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2023 10:47:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2024 15:59:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2024 12:23:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/07/2024 14:19:43 hs. bajo el número RR-483-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia