Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65000
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio (arts. 1909, 1910, 1911, 1915, 1928 y ccs. CCyC.; art. 676 y ss., CPCC).
2Con costas al demandado que resulta vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
3Difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967).
Causa nº: 2-65000-2019
" LISIECKI MARIA NELLI ESTANISLADA C/ ARRIETA NORBERTO ALBERTO S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta días del mes de abril del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (arts. 1º apart. b 1.1. de la Resolución 10/2020 y 7 de la Resolución 14/2020; art. 4 inc. a Resolución 18/2020; Resolución 165/2020; Acuerdo 3971; Acuerdo 3975/2020; arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 21/2020 y Acuerdo 480/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, con la presencia virtual del Secretario Doctor Claudio Marcelo Camino, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lisiecki, María Nelli Estanislada c/. Arrieta, Norberto Alberto s/. Desalojo (Excepto por Falta de Pago)" (Causa Nº 65.000), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el accionado a fs. 117 contra la sentencia de fs. 111/115vta?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. Contra la sentencia que hizo lugar a la demanda y ordenó el desalojo del inmueble sito en calle Piedras n°2882 de Olavarría en el plazo de diez días bajo apercibimiento de lanzamiento, el demandado interpuso recurso de apelación que le fue concedido libremente (fs. 111/116vta., 117 y 118).
En la expresión de agravios presentada en esta sede insistió con algunas de las defensas que había opuesto en oportunidad de contestar la demanda, y que la sentencia de primera instancia desestimó (fs. 130/133vta.). Fundamentalmente, alegó que la sentencia omitió considerar la calidad de poseedor que ostenta sobre el inmueble, la que “surge del sucesorio …” (aclaro aquí que la cita es textual ya que el apelante no completó el espacio reservado en el escrito a la carátula del juicio ni brindó referencia alguna que pudiera identificarlo, aunque probablemente haya querido mencionar la sucesión de Aurelio Eulogio Piu; fs. 130vta.) en que se atribuyó a la progenitora de sus hijos el inmueble en cuestión (y que al abandonar aquella el hogar conyugal él continuó), y del acta del mandamiento de constatación diligenciado en autos como medida preliminar recepcionado por su madre reconociendo la posesión del apelante (aclaro que el mandamiento al que hace referencia el apelante fue en realidad diligenciado en el marco de los autos “Piu, Aurelio Eulogio s/. Sucesión” y no en el sub-caso, tal como surge de la copia que la propia actora trajo al demandar y se agregó a fs. 11/12, previa certificación por el Actuario). Pues bien, a partir de esos argumentos el apelante entendió haber probado su posesión y consideró, por lo tanto, que la acción de desalojo no es la vía adecuada para canalizar el reclamo de la actora.
2. Sustanciada que fue la expresión de agravios sin que recibiera respuesta de la actora y practicado el sorteo de rigor, la causa está en condiciones de decidirse (fs. 139, 141).
II. El recurso no procede.
1. La presente demanda de desalojo fue iniciada por María Nelli (o Nelly) Estanislada Lisiecki contra Máxima Elba Pereyra y contra cualquier otro ocupante del inmueble sito en Piedras n° 2882 de la ciudad de Olavarría. Tal como se aseveró en la sentencia de grado –en aspecto que arriba firme- la legitimación de la actora está dada por su condición de titular dominial del inmueble en cuestión que obtuvo, primero, al adquirir el bien junto a su cónyuge (50%) y, luego, al hacerse acreedora al otro 50% en virtud del convenio de partición hereditaria celebrado con sus hijos en el marco de los autos sucesorios de su difunto esposo (cf. copias certificadas de escritura pública y acuerdo particionario en autos “Piu, Aurelio Eulogio s/. Sucesión”, agregadas a fs. 7/10 y 34/42).
Luego de frustrarse varios intentos notificatorios contra Pereyra –ya que no residía más en el inmueble, según se hizo constar en el acta respectiva-, compareció a juicio su hijo Norberto Alberto Arrieta y contestó la demanda (fs. 73/78vta.). En síntesis, alegó que habitó el inmueble junto a su ex esposa María Aurelia Piu –hija de la actora y de Aurelio Eulogio Piu- por cesión onerosa realizada a favor de los ex cónyuges, que –vale aclararlo- no justificó. Dijo que María Aurelia Piu hizo posteriormente abandono del hogar conyugal pero que él continuó poseyendo el inmueble animus domini, a excepción de un breve lapso en que delegó el uso y goce en su madre, la inicialmente demandada Máxima Elba Pereyra. Manifestó haber realizado numerosas mejoras y construcciones en la cosa durante más de veinte años que dan cuenta de su animus domini, por lo que consideró improcedente la vía del desalojo. Expresó que la boleta –impaga- del impuesto inmobiliario extendida por ARBA a nombre de su ex esposa que acompañó como documental (fs. 70), acredita que él ostenta la posesión legítima del bien.
Sucintamente expuesta, ésa fue –la de posesión- una de las alegaciones defensivas que la sentencia de primera instancia desestimó y que el demandado nuevamente reedita en esta alzada. Pero según puede apreciarse, la insistencia del apelante en enervar la procedencia de la acción de desalojo invocando su calidad de poseedor del inmueble objeto sito en Piedras n° 2882 de Olavarría, peca –otra vez en esta segunda instancia- de la ausencia de cualquier prueba que conduzca, al menos prima facie, a que pueda tenerse por cierta dicha afirmación (art. 375, CPCC).
Naturalmente, no puede asignarse esa virtualidad a la copia certificada del mandamiento diligenciado en autos “Piu, Aurelio Eulogio s/. Sucesión” que la actora trajo como prueba documental a fs. 11/12vta. y que el demandado ha hecho suya en su recurso, ya que en dicha pieza el Oficial de Justicia sólo constató que el 09-5-17 fue atendido en el inmueble de Piedras n°2882 por Máxima Pereyra quien dijo residir allí en virtud del préstamo que le hiciera su hijo que es, precisamente, el demandado de autos (fs. 11/12). La apuntada circunstancia, al margen de representar la declaración unilateral de quien resulta ser la madre de la parte demandada en autos, no constituye prueba alguna de la posesión invocada que contribuya a frustrar el progreso del desalojo mediante el argumento en cuestión.
Es preciso recordar que la Casación local ha decidido que “el desalojo no es la vía idónea para obtener la restitución de un bien cuando el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión" (S.C.B.A., causas C. 97.416, sent. del 13/II/2008, C. 99.074, sent. del 30/IX/2009, C. 100.803, sent. del 22/XII/2010; C. 107.082, sent. del 12/IX/2012). Pero también ha dicho que no basta con mentar o invocar el título de poseedor para enervar la pretensión sino que es menester que quien alega su condición de poseedor acredite prima facie que tiene la intención de someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad (S.C.B.A., Ac. 83.235, del 2/7/03, LLBA 2004-180; Ac. 83.216, del 10/9/03; Ac. 94.916, del 19/9/07; esta Sala, Causas N°51.277 del 28/11/07, “Marina…”; N° 55.423, del 11/8/11, “Gancedo…”; N° 55.306 “Acosta…”; N°61.502 del 16/3/17, “Alanis de Garrido…”).
Así es que entre otras consideraciones, en las citadas causas N° 52.177 “Marina...” (28/11/07) y N° 61.502 “Alanis de Garrido…” se dijo “...es sabido que la acción de desalojo no puede deducirse contra el ocupante de la finca que invoca la calidad de poseedor, ya que en este caso, el medio idóneo para obtener la restitución de la cosa serán las acciones posesorias o la acción reivindicatoria. Pero no basta la mera invocación de la posesión, sino que la misma debe estar corroborada por pruebas que prima facie la avalen (conf. Areán, Juicio de desalojo, pág. 293)....Bastará analizar si la posesión alegada es seria y fundada, o si, por el contrario, sólo constituye una argucia dilatoria mediante la cual sólo se procura el rechazo de la acción de desalojo (ob. cit., págs. 294/295)” (esta Sala, causas N° 52.177 del 28/11/07, "Marina..."; N° 55.423 del 11/08/11, “Gancedo…”; N° 61.502 del 16/3/17, “Alanis de Garrido…”).
La endeblez de la defensa intentada por Arrieta queda en evidencia en la ausencia de cualquier elemento probatorio que venga a abonarla, y que el propio demandado tenía la carga de aportar si seriamente pretendía obtener un éxito con la construcción defensiva que edificó (art. 375, CPCC). Por el contrario, la falencia apuntada no hace más que robustecer la pretensión actora y justifica por lo tanto la decisión adoptada en origen.
2. Sin perjuicio de considerar que lo expresado hasta aquí constituye suficiente respuesta jurisdiccional al recurso intentado, me permito realizar una consideración final sobre un aspecto puntual de la temática en escorzo. En tal sentido recuerdo que el ingreso al inmueble objeto de autos por parte del accionado se debió pura y exclusivamente al matrimonio que el nombrado mantenía por entonces con la hija de la actora (actualmente su ex-cónyuge, María Aurelia Piu; cf. autos “Piu, María Aurelia c/. Arrieta, Norberto Alberico s/. Divorcio por Presentación Conjunta”, agregados por cuerda). Es decir, su matrimonio con la hija de la actora fue el único motivo por el cual Arrieta ingresó a habitar en el inmueble de Piedras n° 2882 de Olavarría, careciendo de entidad para desvirtuar esa afirmación lo manifestado por el accionado respecto a que el bien le fue cedido a título oneroso por la familia de aquélla (fs. 74), desde que en ningún momento el demandado produjo prueba tendiente a abonar la veracidad de dicha afirmación lo que torna inaudible el mencionado argumento defensivo (art. 375, CPCC).
Está claro que el permiso otorgado por la actora propietaria del inmueble para que el demandado habite el mismo se basó pura y exclusivamente en el matrimonio y convivencia que mantenía con su hija, y no basta para configurar un derecho a la posesión del inmueble en cabeza de aquél, sobre todo cuando a partir del divorcio y cese de la convivencia con la hija de la actora se ha desvanecido la razón de ser del permiso en ciernes (arts.2351, 2352, 2377, 2379, 2380, 2384, 2401, 2460, 2461, 2463, 2465, 2467 y ccs. del Cód. Civil). Nos hallamos ante un típico acto de tolerancia que posibilitó al demandado ingresar a la vivienda y que, como tal, no puede ser considerado un acto posesorio porque se halla ausente el ánimo de poseer. Los actos tolerados por el poseedor del inmueble no deben ser asimilados a los posesorios, ya que no se trata de actos que alguien ejerce en el inmueble de otro a sus espaldas, o contra su voluntad, sino por su tolerancia. Los actos meramente tolerados no se ejercen en virtud de un título contractual, sino que se fundan en relaciones de amistad, buena vecindad, familiaridad, etc.; habiendo sido ésta última la causa motivante de la situación de autos. En virtud de ello, estos actos carecen de aptitud para provocar consecuencias jurídicas, y, por su precariedad, el propietario puede hacer cesar los actos tolerados cuando le plazca (conf. Kiper, en Código Civil y leyes complementarias, director Zannoni, coordinadora Kemelmajer de Carlucci, tomo 10, pág. 293). Seguidamente expresa el autor citado: "Cuando una persona realiza actos en el inmueble de otro en virtud de su tolerancia, no está realizando actos posesorios por faltar su intención de ser poseedor, en tanto reconoce en otro un derecho superior. A su vez, el que los tolera no piensa en desprenderse de su posesión. Es por tal motivo que actos de esta clase, al no ser idóneos para adquirir la posesión, no sirven para fundar una prescripción adquisitiva. De lo contrario, siéstos implicasen el ejercicio de actos posesorios, desaparecería toda armonía en la vida de la comunidad" (ob. cit. pág.293, con cita del precedente de la CNCiv., sala A, 16-12-96, J.A. 1999-I-152, secc. índice, sum.8; esta Sala, causa n° 55.842 del 08/3/12, “Daulerio…”).
De ese modo, al haberse configurado un acto de tolerancia que consistió en el permiso de la actora para que el demandado habite el inmueble junto a su hija mientras duró la convivencia entre ambos, debe desestimarse el argumento defensivo del accionado en cuanto pretende ser poseedor del bien para por esa vía resistir la pretensión de la actora (arts. 1909, 1910, 1911, 1915, 1928 y ccs. CCyC.).
3. Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio (arts. 1909, 1910, 1911, 1915, 1928 y ccs. CCyC.; art. 676 y ss., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio (arts. 1909, 1910, 1911, 1915, 1928 y ccs. CCyC.; art. 676 y ss., CPCC); con costas al demandado que resulta vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 30 abril de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio (arts. 1909, 1910, 1911, 1915, 1928 y ccs. CCyC.; art. 676 y ss., CPCC). 2) con costas al demandado que resulta vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 3) difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2020 10:04:20 - PERALTA REYES Victor Mario -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 10:59:59 - GALDOS Jorge Mario -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 11:34:23 - LONGOBARDI Maria Ines -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 12:42:56 - CAMINO Claudio Marcelo -
Fin de la sentencia