Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación incoado por el actor, revocando la sentencia apelada y acogiendo la pretensión contenida en la demanda de desalojo incoada por Luis Alfonso Quesada en contra de Maximiliano Luis Quesada, condenando a éste último -y a cualquier otro ocupante que no demuestre título suficiente- a desalojar, en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, el inmueble sito calle Matheu N° 5355 de Mar del Plata. Ello, bajo apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública (art. 676 del CPCC);
II. Teniendo en cuenta que, según lo informado en el expediente, el inmueble es habitado, entre otras personas, por niños y adolescentes, previo a disponerse el eventual lanzamiento, la Asesora de Menores interviniente deberá efectuar las gestiones pertinentes ante el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez de General Pueyrredón y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, a fin de asegurar el ejercicio de los derechos de los niños que habiten el inmueble (Resolución N° 452/10 de la Procuración General de Justicia; Ordenanza Municipal N° 18.897/08);
III. Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado vencido (arts. 68 y 274 del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V)
Expte. Nº 174.903. Juzgado Civil y Comercial N° 9
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “QUESADA LUIS ALFONSO C/ QUESADA MAXIMILIANO LUIS S/ DESALOJO” [causa n° 174.903]”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 17 de octubre de 2023?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 17 de octubre de 2023, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 9 departamental dictó sentencia definitiva y rechazó la demanda de desalojo promovida por Luis Alfonso Quesada contra Maximiliano Luis Quesada, respecto del inmueble sito en calle Matheu N° 5355 de esta ciudad, identificado catastralmente como Circunscripción 6; Sección C; Manzana 263a; parcela 17, Partida inmobiliaria 179267, inscripto a la matricula 218723 del registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, consideró acreditado que el demandado resulta poseedor del inmueble en litigio desde hace aproximadamente cinco años, y concluyó que el accionado privó al accionante de su alegada posesión y comenzó a poseer para sí. Finalmente, indicó que el desalojo no resulta la vía para resolver las controversias sobre el mejor derecho a la posesión y rechazó la demanda, imponiendo las costas al actor.
II. El recurso del actor.
El Sr. Luis Alfonso Quesada apeló la sentencia el 26/10/2023 y fundó su recurso el 20/02/2024, mediante expresión de agravios que fue contestada por el demandado el 01/03/2024. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(1) Que el demandado está obligado a restituir el inmueble, pues no se ha acreditado título alguno que funde su derecho a permanecer allí.
(2) Que el juez sólo consideró “verosímil” o “prima facie acreditada” la posesión del demandado, y que lo que en realidad existe allí es una tenencia precaria a partir de un préstamo de uso gratuito concedido por el hoy accionante únicamente respecto a un sector del inmueble.
(3) Que es falsa “la mera manifestación de posesión desde el año 2012 alegando que la misma es sin turbación alguna, toda vez que antes que se cumpliese el plazo de 1 año ya su progenitor, actor de autos, le estaba demandado la devolución del inmueble”.
(4) Que el juez no tuvo en cuenta que “el actor, propietario del inmueble, progenitor del demandado, es una persona mayor, del grupo etario vulnerabilizado de manera interseccional y que requiere otro estándar de protección conforme lo dispone el artículo de la Constitución Nacional 75 inciso 22 y 23, Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores , especialmente artículo 31, por cuanto la respuesta jurisdiccional debe adecuarse en tal sentido, debe procurar ajuste razonable para compensar y colocar en situación de paridad” (sic).
(5) Que el juez apreció incorrectamente la prueba, al considerar que las mejoras en el inmueble “se remontarían al año 2015”, en contradicción con el resultado a la pericia de ingeniería civil de 2023, que determinó una antigüedad de entre 3 y 4 años.
(6) Que el juez erró al valorar los pagos que el demandado ha efectuado respecto al servicio de energía eléctrica, que, al haber comenzado en diciembre de 2019, “no tienen relevancia jurídica a los fines de acreditar la posesión, en tanto que no se paga un servicio por creerse propietario, sino para utilizar el servicio”.
(7) Que la prueba testimonial no es suficiente para acreditar la posesión alegada por el demandado.
(8) Que el magistrado no consideró que la adquisición por boleto de compraventa al titular registral le da legitimidad a la posesión del actor, quien además ha cumplido “cada una de las cargas derivadas del derecho público y privado”.
III. La solución del caso.
El recurso prospera. La demanda debe ser admitida.
No viene controvertido que el actor Luis Alfonso Quesada es adquirente del inmueble litigioso, mediante el boleto de compraventa que —como único comprador— suscribió en el año 1977.
El demandado resistió la pretensión alegando que hace más de diez años que ejerce la posesión sobre el inmueble, y que éste “le fue entregado por su madre” (sic; v. punto X de la contestación de demanda; art. 354 del CPCCBA).
Más allá de la liviandad con la que este hecho fue alegado y la falta de prueba de esta circunstancia, lo cierto es que la defensa que el accionado plantea para resistir el desalojo es inadmisible por una razón muy sencilla: su madre —Luis Fernanda Guillen— no pudo haberle transmitido una posesión que, de acuerdo a la prueba producida, ella jamás tuvo. Como ya señalé al inicio de este considerando, el único adquirente del inmueble en el boleto suscripto en 1977 fue el actor Luis Quesada. Sin perjuicio de los derechos que, al liquidar la sociedad conyugal, pudieran haberle asistido a quien fuera su cónyuge, la Sra. Guillen, lo cierto es que ese vínculo no resulta suficiente ni para transformarla en poseedora ni, lógicamente, para ceder esa posesión a su hijo Maximiliamo Quesada, demandado en este proceso (arts. 470 y ctes. del CCyC).
El propio juez indicó en su sentencia que “no basta que el demandado por desalojo manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble, es necesario que de la prueba producida en la causa surjan dudas razonables sobre la real situación posesoria del inmueble”.
Coincido con esa premisa, pero no con la manera en la que ha sido aplicada al caso: las alegaciones del demandado sobre la manera en la que ingresó al inmueble no sólo fueron escuetas e imprecisas, sino que tampoco se produjo prueba al respecto. A todo evento, reitero lo ya dicho: el inmueble fue adquirido de manera exclusiva por el actor Luis Quesada, por lo que ningún derecho ni posición sobre él puede haberle cedido al demandado la éx-conyuge del accionante, quien nunca tuvo la posesión.
La afirmación del juez de que “en el mejor de los casos, y tal como él también lo ha afirmado, también deba considerarse al nombrado como poseedor del inmueble en cuestión” es errónea en la medida en la que no puede haber dos posesiones sobre una misma cosa (art. 2401 del Código Civil).
El encuadre señalado hasta aquí le quita relevancia a la discusión que se ha suscitado en este expediente sobre la extensión y antigüedad de las reformas que el demandado Maximiliano Quesada ha efectuado en el inmueble. Ello, ya que, aún si se pretendiera resistir la pretensión mediante una interversión del título (que no ha sido alegada, debatida ni probada) lo cierto es que la realización de estas obras tiene una naturaleza ambivalente, en la medida en la que bien pudieron haber sido realizadas por un poseedor, por un intruso o incluso —tal como de manera verosímil ha alegado el actor— por quien detenta la tenencia en virtud de un comodato precario. Cabe recordar, sobre este punto, que el art. 1915 del Cód. Civ. y Com. dispone que "Nadie puede cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto".
En síntesis: el demandado carece de derecho alguno que le permita conservar, retener o prolongar la tenencia del inmueble que ha sido adquirido por el reclamante mediante boleto de compraventa. Por lo expuesto, el recurso prospera: la sentencia debe ser revocada y la demanda admitida (art. 676 del CPCCBA).
Teniendo en cuenta el resultado del recurso y el éxito de la demanda, las costas de ambas instancias se imponen al accionado en su calidad de parte vencida (arts. 68 y 274 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación incoado por el actor, revocando la sentencia apelada y acogiendo la pretensión contenida en la demanda de desalojo incoada por Luis Alfonso Quesada en contra de Maximiliano Luis Quesada, condenando a éste último -y a cualquier otro ocupante que no demuestre título suficiente- a desalojar, en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, el inmueble sito calle Matheu N° 5355 de Mar del Plata. Ello, bajo apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública (art. 676 del CPCC); II) Teniendo en cuenta que, según lo informado en el expediente, el inmueble es habitado, entre otras personas, por niños y adolescentes, previo a disponerse el eventual lanzamiento, la Asesora de Menores interviniente deberá efectuar las gestiones pertinentes ante el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez de General Pueyrredón y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño (Resolución N° 452/10 de la Procuración General de Justicia; Ordenanza Municipal N° 18.897/08); III) Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado vencido (arts. 68 y 274 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación incoado por el actor, revocando la sentencia apelada y acogiendo la pretensión contenida en la demanda de desalojo incoada por Luis Alfonso Quesada en contra de Maximiliano Luis Quesada, condenando a éste último -y a cualquier otro ocupante que no demuestre título suficiente- a desalojar, en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, el inmueble sito calle Matheu N° 5355 de Mar del Plata. Ello, bajo apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública (art. 676 del CPCC); II) Teniendo en cuenta que, según lo informado en el expediente, el inmueble es habitado, entre otras personas, por niños y adolescentes, previo a disponerse el eventual lanzamiento, la Asesora de Menores interviniente deberá efectuar las gestiones pertinentes ante el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez de General Pueyrredón y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, a fin de asegurar el ejercicio de los derechos de los niños que habiten el inmueble (Resolución N° 452/10 de la Procuración General de Justicia; Ordenanza Municipal N° 18.897/08); III) Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado vencido (arts. 68 y 274 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes y del Ministerio Público en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2024 09:50:11 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2024 11:20:17 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2024 08:09:31 - CAPORRELLA Maria Soledad - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/08/2024 09:36:34 hs. bajo el número RS-211-2024 por MARINO TOMÁS.
Fin de la sentencia