Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 119903
Expte: SI-119903
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N| 8 Dptal
Juicio: ACUÑA MARTA CRISTINA C/ ACUÑA ARIEL SEBASTIAN Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUIS MARIA NOLFI, en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-119903 , en los autos: “ACUÑA MARTA CRISTINA C/ ACUÑA ARIEL SEBASTIAN Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Luis María Nolfi.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La parte actora apela la sentencia, que rechaza la demanda, y expresa agravios, los que no son replicados.
II.- 1.- La sra. Marta Cristina Acuña promovió demanda de desalojo contra Ariel Sebastián Acuña y demás ocupantes del inmueble ubicado en la calle Bernardo Houssay n° 337 de Marcos Paz. Dijo ser propietaria del bien acompañando copia legalizada de la escritura pública e informe de dominio.
Expresó que en 2013 el demandado y otras personas ocuparon el inmueble y no lo desocuparon pese a los incesantes reclamos.
2. Contestaron la demanda Ariel Sebastián Acuña y Mariana Beatriz López, por si y en representación de su hija menor Emilia Soledad Acuña, solicitando su rechazo. Dijeron que eran poseedores del inmueble con ánimo de dueños desde 2013. Expresaron que construyeron, mantuvieron el lugar, pusieron los servicios a su nombre, abonaban el impuesto provincial y la tasa municipal y tenían los planos requeridos por la ley 14.159 para obtener oportunamente la prescripción adquisitiva.
3. Corrido el traslado de la documental, la actora la desconoció.
4. Asumió intervención la Asesora de Incapaces Dra. Nelba Susana Martinelli.
5. Producida la prueba, se dictó sentencia, rechazándose la demanda con costas. Para así decidir, la jueza entendió que los demandados habían acreditado “prima facie” que eran poseedores con ánimo de dueños del inmueble sobre la base de la prueba documental acompañada, el plano de mensura y las declaraciones de los testigos.
III. Se agravia la actora diciendo en primer lugar que la sentencia hace una mención genérica sin determinar específicamente a qué prueba se refiere. Se queja de que se le corriera traslado sólo de la prueba documental pero no de la “excepción de posesión”.
Controvierte las declaraciones testimoniales diciendo que no son concordantes. Sostiene que no es suficiente invocar la calidad de poseedor sino que hay que probarla.
Por último se agravia de la imposición de costas.
IV. Está fuera de discusión en autos que la actora reviste el carácter de propietaria dominial del inmueble (conf. inf. de dominio de fs. 13/14 y copia certificada de escritura de fs. 21/33) y acciona contra los demandados en su condición de intrusos (art. 676 CPCC), lo que, en principio, así debe considerarse porque, al contestar la demanda, no invocaron ningún título legítimo para la ocupación del inmueble. Alegaron sí ser poseedores con ánimo de dueños, sin brindar explicación alguna sobre el origen de la ocupación.
Respecto de la queja de la actora de que no se le corrió traslado de la “excepción de posesión”, no puede ser atendida dado que se trata de una defensa de fondo, de la que no se da traslado.
Es cierto que una antigua jurisprudencia sostiene que la acción de desalojo no es la vía apta para discutir derechos reales o posesorios (lo que debe hacerse en un juicio de reivindicación, o, en su caso, por medio de acciones posesorias), pero también ha dicho la S.C.B.A. que no basta con alegar la condición de poseedor para enervar la acción sino que es necesario probar “prima facie” ese carácter, con prueba, que, si bien no es la exigible para la prescripción adquisitiva, no debe dejar dudas (SCBA, “Acuerdos y Sentencias”, 1959-II-632; 1960-IV-335; 1962-II-335; 1966-II-585; 1970-I-135; Ac. 51.078, Ac. 73.150, Ac. 77.887, Ac. 83.216 del 10/09/03, Ac. 83.235 del 2/07/03, C 102.194 del 19/09/07, C 107.959 del 5/10/11; esta Sala, causas n° 88.058 del 14/10/89, 114.177 del 14/12/12, 115.939 del 26/06/16, 116.163 del 11/04/17, 116.784 del 10/05/18, 117.014 del 23/10/18 ,117.212 del 05/02/19).
En el caso de autos, los demandados no han producido prueba idónea sobre la condición de poseedores con ánimo de dueños. La prueba documental acompañada, en su mayoría, consiste en instrumentos privados, que fueron desconocidos por la actora al contestar el traslado respectivo, y no se produjo la prueba de reconocimiento correspondiente.
Tampoco se ofreció ni produjo prueba pericial arquitectónica acerca de las construcciones o refacciones a la vivienda que dijeron haber realizado.
Las declaraciones de los testigos (aud. del 4/03/22 videograbada) son muy imprecisas. Al ser preguntados sobre en qué carácter los demandados habitaban el inmueble, algunos dijeron que sólo los conocían como vecinos y otros que pensaban que eran dueños, sin dar razón de sus dichos (art. 456 CPCC).
Las boletas de ARBA y municipales (fs. 80/95 y 94/97) no son suficientes para acreditar el carácter de poseedores con ánimo de dueños. En cuanto al plano de mensura agregado (fs. 107) es de apenas dos años antes de la deducción de la demanda y tampoco, a mi juicio, es suficiente para acreditarlo.
Reitero que la jurisprudencia que entiende que la acreditación “prima facie” del carácter de poseedor es suficiente para repelar la acción de desalojo debe interpretarse con criterio restrictivo. Ello es así por varias razones.
En primer lugar porque el principio general es que el titular dominial de un inmueble goza de plena legitimación activa para desalojar a cualquier tenedor precario, intruso u ocupante sin derecho del mismo (S.C.B.A., (sent. del 2/07/85, E.D. 117-531, del 1/08/02, L.L.B.A., 2001-1465; esta Sala, causa n° 112.033 del 22/07/08, causa n° 118.732 del 11/08/21, entre varias).
El poseedor ejerce un poder de hecho sobre la cosa y se “comporta” como titular de un derecho real, pero no lo es (arts. 1908 y 1911 C.C.C.). La posesión puede ser de buena o de mala fe según que conozca o deba conocer que carece de derecho sobre la cosa (art. 1918 C.C.C.). En el caso de autos, no cabe duda que la posesión de los demandados – en la hipótesis de que estuviera acreditada – sería de mala fe porque no han desconocido de manera alguna la propiedad de la actora.
Ahora bien, la posesión confiere el derecho a repeler las vías de hecho que la turben o por las cuales se pretenda el desapoderamiento (arts. 2238, 2239 C.C.C.) De ahí las acciones posesorias que el código prevé, principalmente con la finalidad de evitar la “justicia por mano propia”. Por ello contempla la acción para adquirir la tenencia o la posesión (art. 239), la defensa extrajudicial (art. 2240), la acción de despojo (art. 2241) y la acción de mantener la tenencia o la posesión (art. 2242).
La acción de desalojo ejercida por el titular dominial no persigue impedir la turbación ni el desapoderamiento ilegítimo de la posesión ejercida por otro, sino recuperar el pleno ejercicio del derecho de propiedad sobre el inmueble. No existe ninguna norma en el código de fondo o en el código procesal que impida al propietario de un inmueble accionar por desalojo contra un ocupante sin derecho. Antes bien, el art. 676 del CPCC, como ya dije, lo contempla expresamente.
La antigua jurisprudencia acerca de que en el juicio de desalojo no pueden discutirse derechos reales o posesorios encuentra su quicio cuando la discusión es “entre poseedores”. Es decir, entre personas que invocan recíprocamente el carácter de poseedores, dado que, en tales casos, la cuestión debe resolverse sobre la base de las reglas que el código prevé para las acciones posesorias (art. 2238 y ss. C.C.C.; con el Código de Vélez: art. 2468 y ss.), al igual que el código procesal (art. 600 y ss.) (ver: fallo de esta Sala, causa n° 118.732, “Pastrana c. Pastrana s. Desalojo”, del 11/08/21). Pero no encuentro razón alguna aplicar estrictamente tal jurisprudencia cuando la litis se traba entre el titular dominial (indiscutido) y quien alega su carácter de poseedor.
Al emitir su voto en varios fallos de la S.C.B.A. explicaba el Dr. Roncoroni que tal antigua jurisprudencia fue edificada bajo el imperio del antiguo Código procesal (ley 2958) - o sea, antes de 1968 - que estructuraba un juicio de desalojo que, si bien se encarrilaba a través de un proceso de conocimiento, era breve y reducido, llegando a afirmarse, en torno al mismo “que no era caja de resonancia para figuras jurídicas complejas que requieren para una solución justa, un debate mayor que el permitido, técnicamente, por la reducida órbita del proceso sumario tipificado por el art. 602 de aquel código”. Pero – agregaba el ministro con su rica experiencia de magistrado en todas las instancias - con el actual código dicho juicio tramita de conformidad al procedimiento establecido para el juicio sumario (art. 676 del C.P.C.C.), lo cual significa que el debate entre quien reclama la restitución del bien a través de la pretensión de desalojo y aquél que opone un título idóneo para rechazar tal pretensión, se ha de enclavar dentro del terreno del plenario abreviado. Juicio éste “de conocimiento pleno en el que se han de considerar y resolver todas las cuestiones que hacen al fondo del asunto y que, dentro de la sistemática del mismo código, es también el recinto procesal adecuado en donde han de desplegar sus vidas litigiosas tanto las acciones posesorias… (arts. 607 y 679 del C.P.C.C.)”. Y añadía: “…la estructura actual del proceso de desalojo es, a diferencia del anterior que se acercaba más a nuestro actual juicio sumarísimo o plenario rapidísimo (no había en aquél excepciones previas, ni reconvención y el plazo probatorio era de diez días), un ruedo adecuado para el debate en torno a la posesión” (S.C.B.A., Ac. 83.216 del 3/09/03; Ac. 83.235 del 3/07/03).
He aquí el meollo de la cuestión. El viejo código procesal (reformado por la ley 2958 de 1905) regulaba un juicio de desalojo (art. 602 a 612) por un procedimiento muy breve. En efecto, se fijaba una audiencia luego de la contestación de demanda y en seis días debía producirse prueba; en caso de que no se abriera a prueba la sentencia debía dictarse en 24 horas; las apelaciones eran muy limitadas y el lanzamiento en caso de intrusión era sin plazo (o sea, inmediato). Y lo que es importante es que expresamente el art. 614 decía que “la sentencia que se dicte no prejuzga sobre el dominio o preferente derecho posesorio que puedan alegar los interesados o terceras personas”.
Ese es el origen histórico de la jurisprudencia que analizamos. Se pretendía que el titular del bien, locador o comodante, pudiera recuperar rápidamente su disponibilidad y uso. De ahí que no se permitiera discutir acerca de la posesión, ya que se entendía que requería amplitud de debate, imposible con los brevísimos plazos previstos. El código sancionado en 1968 (ley 7425) contempla el juicio de desalojo como juicio sumario (art. 676). O sea, como proceso de conocimiento, que permite discutir con amplitud la cuestión de fondo, no sólo en los escritos constitutivos del proceso sino en el ofrecimiento y producción de la prueba (art. 484 y ss.). Basta leer al respecto el listado de materias que deben ventilarse por juicio sumario (art. 320). El plazo para producir prueba es el mismo al igual que para el dictado de la sentencia y no hay limitaciones para la apelación. Las diferencias con el juicio ordinario no implican cercenamiento alguno de la amplitud del debate.
No existe ninguna razón lógica por la cual la invocación y acreditación “prima facie” del carácter de poseedor ningún efecto tenga sobre el éxito de una acción de reivindicación (a menos que se oponga como defensa y se pruebe la prescripción adquisitiva de dominio), pero que sí la tenga respecto de la acción de desalojo. Ambos son juicios de conocimiento con amplitud de prueba. ¿Acaso es distinto el derecho que invoca un titular dominial de un inmueble que acciona por desalojo contra intrusos o tenedores sin derecho que el que invoca el mismo titular si deduce una acción de reivindicación (art. 2252 C.C.C.)? En ambos casos lo que se pretende es recuperar el legítimo ejercicio del derecho de propiedad (art. 14 C.N.). No hay ninguna diferencia sustancial.
El diferente tratamiento que se le da en los tribunales a la acción de desalojo respecto de la de reivindicación (por aplicación de la antigua jurisprudencia cuyo origen señaláramos) es motivo de frecuentes “zancadillas” que sufren los propietarios que desean recuperar el uso de un inmueble. Creen que se trata de meros intrusos u ocupantes sin derecho y luego tropiezan con que invocan la condición de poseedores (acreditando luego haber realizado construcciones o refacciones y pagado servicios o impuestos), y ven frustradas sus legítimas expectativas.
Cierto es que la frustración no es definitiva dado que conservan la posibilidad de iniciar un juicio de reivindicación con la seguridad de que prosperará dado que, conforme a la jurisprudencia de la casación provincial, la demanda de desalojo interrumpe la prescripción adquisitiva del poseedor (SCBA Ac. 65115 S 09/03/1999, 54399 S 20/11/1996; CC0002 QL 18258 S 31/10/2017; CC0002 SI 59176 RSD-41-93 S 23/03/1993; esta Sala, causa n° 118.732 ya citada).
Esto demuestra lo irrazonable de la aplicación “a rajatabla” de la jurisprudencia sobre la acreditación “prima facie” del carácter de poseedor para enervar la acción de desalojo. El efecto práctico es que sólo posterga por unos años la recuperación del inmueble por su propietario. Es a mi juicio violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva que contempla el art. 15 del la Constítución provincial, en consonancia con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Téngase en cuenta que la jurisprudencia que analizamos no exige un tiempo mínimo de posesión con ánimo de dueño para impedir la acción de desalojo. 5 años?, 3 años?, 1 año?, 6 meses? Cualquier hipótesis es posible si se interpreta que sólo se trata de acreditar “prima facie” el carácter de poseedor. ¿Alcanza entonces, en principio, con entrar de intrusos en una casa, hacer alguna refacción, pagar algunos servicios y actuar ante los vecinos como si fueran los dueños?
Distinto, claro está, es que se oponga como defensa la posesión durante veinte años del inmueble (esta Sala, causas n° 112.278 del 09/12/08, 110.828 del 05/07/07, y 111.530 del 20/12/07; 112.436 del 07/04/09, entre otras). Es decir, haber adquirido la finca por prescripción. Pero tal defensa puede oponerse tanto en un juicio de reivindicación como en uno de desalojo. Ningún impedimento existe al respecto.
Las normas jurídicas deben interpretarse conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, teniendo en cuenta su finalidad, y los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento (arts. 1 y 2 C.C.C.). En el caso, no encuentro razones para una aplicación rígida de la jurisprudencia que sostiene que la acreditación “prima facie” del carácter de poseedor basta para impedir la acción de desalojo. No lo veo compatible con el derecho al ejercicio del derecho de propiedad (art. 14 C.N.), y con el principio de la tutela judicial efectiva (art. 15 Const. Prov., arts. 8 y 25 C.A.D.H.).
En esta línea de razonamiento observo que la jurisprudencia que vengo analizando no se compadece con el principio constitucional de razonabilidad de las leyes (art. 28 C.N.). En efecto, la moderna doctrina divide este principio en tres subprincipios. El primero es el de adecuación o idoneidad. Implica éste que los medios o medidas que contemplan las leyes deben ser adecuados o idóneos para lograr el fin buscado (Cianciardo, Juan, “El principio de razonabilidad, Ed. Abaco, Bs. As., 2004). Si el fin del juicio de desalojo es recuperar el libre uso de un inmueble por parte del propietario cuando se acciona contra intrusos o contra cualquier ocupante sin derecho, la medida que la ley implementa para ello (la acción de desalojo) tiene que ser idónea o adecuada para alcanzar esa finalidad, lo que se frustra si se entiende que la mera acreditación “prima facie” del carácter de poseedor lo impide. Las normas jurídicas deben interpretarse de forma que sean razonables; es decir, que contemplen medios adecuados para lograr los fines que se proponen (art. 3 C.C.C.).
En definitiva, entiendo que los demandados no han probado “prima facie” el carácter de poseedores con ánimo de dueños del inmueble de autos con la estrictez y rigidez con que debe interpretarse la jurisprudencia que así lo contempla, de acuerdo a los principios constitucionales de derecho de propiedad, de tutela judicial efectiva y de razonabilidad.
Por ello, propicio, la revocación de la sentencia, y en consecuencia hacer lugar al desalojo, debiendo los accionados desocupar el inmueble en el plazo de treinta días de notificados. Asimismo, surgiendo del mandamiento de fs. 189/190 que en el inmueble vive una niña menor de edad (Emilia Soledad Acuña), conforme a la Resol. n° 452/2010 de la Procuración General de la S.C.B.A., se hará saber la sentencia a la Asesoría de Incapaces para que requiera la participación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que corresponda a fin de que brinde una solución al problema de su vivienda (esta Sala, causas n° 118.419 del 27/10/20, 118.803 del 20/10/21).
V. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas en ambas instancias se imponen a los demandados vencidos (arts. 68 y 274 CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Luis María Nolfi, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y en consecuencia hacer lugar a la demanda de desalojo, condenando a Ariel Sebastián Acuña y Mariana Beatriz López a desocupar el inmueble de autos en el plazo de treinta días bajo apercibimiento de lanzamiento.
2°.- Ordenar que por medio de la Asesoría de Incapaces interviniente en autos se requiera la participación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que corresponda a fin de que brinde una solución al problema de su vivienda.
3°.- Imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos.
ASI LO VOTO.
El señor juez Dr. Luis María Nolfi, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser REVOCADA
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y en consecuencia hacer lugar a la demanda de desalojo, condenando a Ariel Sebastián Acuña y Mariana Beatri
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.