Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56018
Causa Nº 56018 R.S.: 410/2020
Con fecha 15 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ PROSPERO INGRASSIA C/ COSTACOPOULOS NICOLAS ALEJANDRO S/ DESALOJO ” Causa Nº 56018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 28 de abril del 2004, se alzan el 24 de agosto del 2007, los sres. juan José Edwards y Alicia Susana Donnianni, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente el 29 de agosto del 2007, presentado la respectiva expresión de agravios, ante esta alzada, el 5 de marzo del corriente año, confiriéndose el respectivo traslado el 10 de marzo, mereciendo la réplica del 17 del mismo mes y año.-
2. El 21 de mayo del 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los recurrentes se agravian puntualmente de que se los haga responsable de las costas de la presente acción de desalojo.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .
Previo a comenzar, debo destacar que si bien en la expresión de agravios que oportunamente se adjuntara en pdf se consignan los autos homónimos sobre cobro ejecutivo de alquileres", en el escrito electrónico que lo adjunta, correctamente se consignó el presente desalojo.
Asimismo vale, inicialmente señalar que la mencionada expresión de agravios en estudio cumple con la manda del art. 260 del C.P.C.C.-
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Aclarado ello y profundizando en le tema convocante he de recordar lo sostenido por este Tribunal en la causa nro. 48.151 (R.S. 41/04).-
Alli se ha señalado:
"(...), en primera medida es necesario recordar que cuando como consecuencia de la celebración de un contrato, una de las partes resulta acreedora de la otra, el cumplimiento de las obligaciones de ésta dependerá en última instancia de su solvencia; ni siquiera es suficiente garantía de solvencia actual, porque muy bien puede ocurrir que un deudor originariamente solvente deje de serlo más tarde -precisamente cuando tiene que cumplir con sus obligaciones- como consecuencia de negocios desafortunados. El acreedor puede precaverse contra esta eventualidad mediante las garantías reales -gravar un bien del deudor con un derecho real- o con garantías personales. Estas últimas consisten en extender la responsabilidad derivada del contrato a otras personas, de tal manera que para que el acreedor quede en la imposibilidad de cobrar su crédito, será menester que tanto el deudor originario como el garante caigan en insolvencia (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Guillermo A. Borda, Ed. Perrot, pág. 603).-
La forma típica de garantía personal es la fianza. Según el art. 1.986 del Código Civil "habrá contrato de fianza cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un tercero y el acreedor de ese tercero aceptase su obligación accesoria", de donde resulta que la fianza es un contrato pues exige un acuerdo de voluntades entre el fiador y el acreedor cuyo crédito es garantido (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Guillermo A. Borda, Ed. Perrot, pág. 604).-
La fianza es por lo común el resultado de la libre contratación de las partes -convencional- pero a veces es impuesta por la ley -legal y judicial-. En la fianza convencional, típica o simple, el fiador goza de los beneficios de excusión -o de ejecución- y, si existen varios fiadores, de división de la deuda entre ellos pero si el fiador asume su garantía con carácter solidario queda privado de dichos beneficios, no obstante ello la fianza no pierde su carácter de accesoria y no hace al fiador deudor directo de la obligación principal (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Guillermo A. Borda, Ed. Perrot, pág. 620).-
Asimismo, la fianza convencional será solidaria en los siguientes casos: cuando así se hubiese estipulado en el contrato, cuando el fiador renunciare al beneficio de excusión o cuando el acreedor fuese la hacienda nacional o provincial. En el primer caso, la estipulación en el contrato debe ser clara porque en caso de duda habrá que admitir que la fianza es simple ya que la solidaridad no se presume pero si se ha decidido que el fiador que se obliga lo es liso y llano pagador, es solidario. Si el fiador se ha obligado como principal pagador se lo reputa como deudor solidario y se le aplican las disposiciones relativas a los codeudores solidarios (art. 2.005 del C.C.) (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Guillermo A. Borda, Ed. Perrot, pág. 622).-
Frente a estos conceptos, es dable concluir que, aunque resulte sobreentendido, el contrato de fianza, como cualquier otro en su especie, involucra como elemento indispensable para su existencia al consentimiento, es decir el acuerdo de voluntades que celebran el contrato pues sin consentimiento no hay contrato. Por lo tanto, siendo el fiador un sujeto en el afianzamiento, ya sea que se constituya en el contrato como simple, solidario o principal pagador, es esencial su consentimiento.-
Consecuentemente, en caso de concretarse prórrogas del contrato originario, también será necesario el consentimiento del fiador para que el nuevo acuerdo de voluntades le sea oponible. Así lo expresa el código de fondo cuando define que "la prórroga del plazo del pago hecha por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza" (art. 2.046 del C.C.).-
La solución es lógica porque no es posible que el fiador siga obligado por un plazo mayor del que él consintió y sobre todo porque ese nuevo plazo entraña el peligro de que el deudor caiga en insolvencia (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Guillermo A. Borda, Ed. Perrot, pág. 654 y sgtes.). Recientemente esta Sala ha señalado que, dada su naturaleza la fianza debe ser interpretada restrictivamente (esta Sala en Causa Nº 45.590 R.S. 609/01).-
En este sentido, en un caso con identidad de condiciones en cuanto a la forma en que fuera celebrado el contrato, adherí a los postulados del Dr. Normando Conde, que en la primera vocalía decía "...1) Más allá de que haya habido o no nuevo contrato entre locador y locatario, lo cierto es que las obligaciones del fiador concluyen al término del contrato originario, por cuanto éste ha entendido obligarse por el plazo pactado en el mismo (arts. 1197, 1198 y 2046 del C. Civil) y de ninguna manera empece a ello la cláusula por la cual el fiador se obligó más allá del vencimiento del contrato y hasta la restitución del inmueble -conf. Cám. Civ. y Com. 1ª., Sala 2ª., La Plata, causa 206.103 del 23-11-89-;
2. La cláusula por la cual el fiador se obligó más allá del vencimiento del contrato y hasta la restitución del inmueble, debe entenderse en el sentido de que la garantía cubriría más allá del plazo pactado todo el tiempo que el locador necesita para lograr por la vía judicial la desocupación del inmueble, pero no las ampliaciones del plazo locativo que pudieran convenir éste con el locatario sin intervención de aquél -conf. fallo cit. en el apart. anterior-;
3. No es posible que el fiador siga obligado por un plazo mayor que el que él consintió porque la fianza se extingue por el vencimiento del lapso convenido -conf. C. Civ. y Com. 1ª., Sala 2ª., La Plata, causa 211.647 del 27-02-92-;
4. La obligación del fiador sólo se extingue hasta el término del contrato, con más el tiempo razonable que necesita el locador para obtener el desalojo del inmueble, aunque se haya obligado como principal pagador, ya que la obligación está referida siempre al contrato cuyo término fija el instrumento constitutivo y más allá cesa ese carácter -C.N.Civ., Sala E, 10/12/90, "Lombardo, Bruno v. Rivero, Oscar S." en J.A. 1993-II-Síntesis-;
5. La cláusula por la cual el garante se obliga hasta el momento de la efectiva desocupación, debe entenderse en el sentido de que la garantía cubre, más allá del término pactado, todo el que necesita el locador por la vía judicial para la desocupación del inmueble -íd. fallo supra citado-;
6. La fianza subsiste aún vencido el término del contrato mientras que el locatario permanezca en el inmueble, ya que la permanencia se interpreta como una continuación sin plazo de la locación, como surge del art. 1622 C.C.. Pero si al vencimiento del contrato originario se pacta uno nuevo entre locador y locatario, sin intervención del fiador, ninguna duda cabe que los efectos de este último no se extienden al garante -C.N.Civ., Sala I, 10-04-92, "Azar v. Zárate", J.A. 1993-IV-Síntesis-;
7. La prórroga o continuación de la locación da lugar a la extinción de la fianza, a menos que el codeudor hubiere aceptado que su obligación como principal pagador se extendiera a los supuestos en que hubiere nuevo contrato concertado sin su intervención entre las partes o bien que aún tal obligación subsistiera a pesar de haber vencido el término durante el cual esta última lo vinculaba al acreedor -conf. C. 2ª. Civ. y Com. Paraná, Sala 1ª., 22-8-91, "Costa Bonifacio, A. v. Aguilerra, Néstor A.", J.A. 1993-II-Síntesis-.-
Por mi parte, sostuve en la causa 17.687, que recibió sentencia el 8 de marzo de 1994, contando con la adhesión de mis distinguidos colegas -conf. R.S. 58/94-, que: "En lo que atañe a la extensión de la fianza, entiendo que no puede extenderse más allá del plazo del contrato de locación, con más el tiempo razonable que necesita el locador para obtener el desalojo del inmueble, pues, como ejemplifica Borda, es perfectamente posible que, vencido el contrato, el locatario resista el desalojo y, en tal caso, es justo que el fiador responda por los alquileres durante todo ese tiempo en que aquél se mantuvo sin derecho en la tenencia de la cosa".-
"En principio debe entenderse que el fiador, salvo estipulación en contrario, se ha obligado por el plazo pactado en el contrato de locación".-
"En cuanto a la continuación de la locación en los términos del art. 1622 del Cód. Civil, debe entenderse entre locador y locatario y no respecto del fiador".-
"Esta solución no varía aún cuando el fiador se haya obligado como principal pagador, ya que su obligación está siempre referida al término del contrato principal y más allá cesa su calidad de principal pagador -conf. Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino, Contratos, t. I, p. 590 y siguientes, segunda edición actualizada-".-
Si los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, como reza la sabia norma del art. 1198 del Cód. Civil en su primer párrafo, no puedo concebir que quien se hace parte en un contrato de garantía, a título gratuito, en tanto la prestación a su cargo no reconoce un sacrificio patrimonial consiguiente del otro contratante, pueda quedar obligado "sine die" por el plazo y montos que al locador y locatario pueda ocurrírseles imponerle, y más allá de los términos originales del contrato que sí asumió.-
Si entendemos que la buena fe se presume, también debemos coincidir que, salvo prueba en contrario, los contratantes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos, actuando con cuidado y previsión, y ello nos debe hacer concluir que, en principio, ningún contratante que asume una obligación de garantía, lo hace entregando a las partes del contrato al que accede, el poder potestativo de extenderla por el término y condiciones que les plazca" (Causa nro. 33.199, R.S. 118/95).-
Posteriormente, reiteré tales fundamentos en otras causas análogas a la presente, a saber: causa nro. 40.219, R.S. 249/98 -en minoría- y causa nro. 40.204, R.S. 528/98 -minoría en fundamentos y unanimidad de resultado-.-
(...)
Ahora bien, específicamente para el contrato de locación, se ha incorporado el artículo 1.582 bis al código de fondo que, si bien no puede ser tenido en cuenta para el caso en estudio debido al principio general de irretroactividad de la ley sentado por el art. 3 del mismo cuerpo legal, no hace más que afirmar la postura que vengo sosteniendo desde hace tiempo en mis votos. El mismo, en su parte pertinente dice "...Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita del contrato de locación, una vez concluido éste...".-
En este sentido la jurisprudencia bonaerense ha determinado recientemente que "Aún cuando le sean aplicables al principal pagador las disposiciones sobre codeudor solidario (art. 2.005 del C. Civil), el alcance temporal de dicha obligación no puede proyectarse fuera del ámbito que le es propio, esto es, el del contrato por el que entendió obligarse. En este sentido, la circunstancia de tratarse de un deudor solidario o de haberse estipulado que respondería por el cumplimiento del contrato hasta la desocupación total del departamento locado y entrega definitiva de las llaves, no puede derivar en la imposición de una nueva obligación si no media intervención y consentimiento del codeudor, lo que constituye la ratio del art. 2.046 del Código Civil. No le es dable, aún a los codeudores solidarios, gravar las condiciones de sus cointeresados, siendo las estipulaciones en tal sentido inoponibles a quienes no fueron parte en ellas. Tal es la solución consagrada por el actual art. 1.582 bis del C. Civil a partir de la reforma introducida por la ley 25.628" (Juba, Sumario B1750682, Cámara Civil Sala II, 76.264, RSI-842-3 I 16.9-2003).-
A su vez, la jurisprudencia nacional también se ha expresado sobre el tema en cuestión: "Uno de los elementos del contrato de locación es el consentimiento prestado por las partes y la prolongación en el tiempo más allá de lo previsto contractualmente, llevaría a quien no participó más que del acuerdo originario a quedar ligado indefinidamente a obligaciones que sólo pretendió asumir por un plazo determinado" (Repertorio General 2.002, Jurisprudencia Argentina, Cámara Nacional Civil, Sala F, 23/8/2000, "Yajati, José R. v. Renzin, Claudio A. y otros.").-
"Aún cuando el fiador se obligó a mantener la garantía hasta el momento de la desocupación del inmueble, debe interpretarse que la fianza se extiende hasta el término del contrato originario, con más el tiempo razonable que necesita el locador para obtener el desalojo del inmueble" (Repertorio General 2.002, Jurisprudencia Argentina, Cámara Nacional Civil, Sala H, 13/9/2001, "Angella, Armando v. Inico o Iñigo, Eduardo").-
(...)"
La aplicacion del antecedente es conceptual, sobre el marco jurídico de los fiadores, pero cabe destacar que en el presente nos encontramos ante una accion de desalojo y no ante un cobro ejecutivo de alquileres, como aquel.
Aclarado ello, observamos que el contrato glosado, en copia, a fs. 9/10 -el original obra en los homónimos sobre cobro ejecutivo de alquileres- se celebró por dos años a partir del 10 de agosto de 1996 hasta el dia 9 de agosto de 1998.
En la clausula décimo quinta del mismo se observa que los Sres. Juan Jose Edwards y Alicia Susana Dommianni se constituyen en fiadores solidarios y principales pagadores, destacándose que la a fianza solidaria en las condiciones pactadas se extenderá además por todo el tiempo que ocupe el arrendatario la vivienda, aún cuando se encuentre vencido el plazo del contrato y hasta el dia que sea devuelta loa propiedad al locador bajo acta firma de recepción (,,,) totalmente desocupada y libre de ocupantes y aun después si quedaran obligaciones pendientes. -
En este sentido observamos que la presente acción de desalojo, se inicio el 16 de junio del 1999, conjuntamente con el cobro ejecutivo de alquileres.
Ahora bien, los recurrente pretenden hacer valer en el presente el convenio de pago que obra a fs. 11 de los autos homónimos - que en este acto tengo a la vista.- adunado por la propia parte actora, del cual destacan que la sentenciante no ha valorado
El mismo, se celebró el 30 de noviembre de 1998, y en esa oportunidad el Sr Prospero Ingrassia y el locador Nicolas Costacopoulos convinieron que, el deudor reconoce sin protesto por ese medio adeudar a su acreedor el Sr Propero Ingrassia la suma de $5.500 en concepto de capital intereses y gastos administrativos por alquileres vencidos desde el mes de mayo al mes de noviembre de 1998, acumulando una mora de 7 meses. La referida deuda se financia por medio de 5 pagares.
Ahora bien, en tal ocasión, puntualmente las partes establecen:
No se observa que los fiadores, hubieran firmado el documento.
Vale recalcar que en el antecedente citado precedentemente se ha destacado que como cualquier otro en su especie, involucra como elemento indispensable para su existencia al consentimiento, es decir el acuerdo de voluntades que celebran el contrato pues sin consentimiento no hay contrato. Por lo tanto, siendo el fiador un sujeto en el afianzamiento, ya sea que se constituya en el contrato como simple, solidario o principal pagador, es esencial su consentimiento.-
En consecuencia estos son los elementos de convicción (art. 384 del C.P.C.C.):
* el convenio de pagos fue celebrado el 30 de noviembre del 1998 ...es decir, 3 meses después de "fenecer el plazo de locación".-
*se estableció NUEVA FECHA DE RENOVACION, siendo el 18/4/1999. Y ya destacamos que el desalojo se inició el 16 de junio de 1999.-
* las partes en el citado convenio de pago, ante la firma de los cartulares, daban por "finalizado" el contrato anterior.
* dejaron vige
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.