Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 11769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada con costas de Alzada a los apelantes.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (arts. 31 y 51 ley 14967)
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes Noviembre del año Dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “DORCASBERRO RONALDO IVES C/ RODRIGUEZ MARIANA ANDREA Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Sánchez y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, la señora juez doctora Sánchez dijo:
I. La Juez de Primera Instancia desestimó la nulidad de notificación del traslado de demanda articulada por Miguel A. Palacios, Guadalupe L. Palacios y Milagros L. Palacios a fs. 75/92. En consecuencia, declaró extemporánea la contestación de demanda y reconvención por simulación interpuesta (fs. 109/112).
Esta resolución fue apelada por los demandados (fs. 116), fundando su recurso en el escrito de fs. 120/128.
Sostienen que la nulidad planteada refiere a un acto esencial del proceso como es la notificación de demanda y se vincula directamente con su derecho de defensa en juicio. Agregan que el Oficial Notificador no dió cumplimiento con el artículo 196 del Ac. SCBA 3397/08 y que la Juez resolvió en base a proyecciones para concluir que habían tomado conocimiento de la notificación.
Por otro lado, plantean que el presente proceso se sustenta en un acto jurídico simulado (contrato de locación).
Corrido el pertinente traslado, es contestado por el actor quien sostiene que los nulidicentes controvierten un aspecto formal que hace a la notificación sin negar que se haya cumplido en su domicilio. Agrega que lo actuado por el Oficial Notificador hace plena fe por no haber sido redargüido de falso (fs. 129/135).
II. Antecedentes.
Ronaldo Ives Dorcaseberro inició demanda contra Mariana Rodríguez y subinquilinos y/u ocupantes con el objeto de obtener el desalojo del inmueble ubicado en la calle Coronel Bogado n° 2735, frente, de la localidad de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Ello, por vencimiento del contrato de locación que se encuentra agregado a fs. 14/15. (fs. 24/25).
El traslado de demanda fue notificado con las cédulas obrantes a fs. 29/30 y 31/32. En el reverso de la primera de ellas, dirigida a Mariana A. Rodríguez (fs. 29vta.), se observa una firma con la aclaración "Palacios Guadalupe. 41.205.365".
En la dirigida a subinquilinos y/u ocupantes (fs. 31/32) el Oficial de Justicia informó que "solicitando la presencia del requerido a efectos de notificarlo y si habiéndolo encontrado le hice entrega de un ejemplar de igual tenor a la presente con copias a una persona que manifestó ser de la casa y quien se niega a identificarse...".
En ambas diligencias se informó que fueron realizadas el día 4 de agosto de 2017 en el domicilio denunciado de la calle Coronel Bogado 2735, aclarándose que actualmente la numeración es "2135" (v. fs. 30 y 32).
Con el resultado positivo de las diligencias y no habiéndose presentado a juicio la parte demandada el actor requirió su rebeldía, que fue declarada a fs. 34.
Dicho proveído fue notificado bajo responsabilidad del actor (fs. 49/50 y 51/52), en razón del resultado negativo de las diligencias obrantes a fs. 43/44 y 45/46.
La cuestión fue declarada como de puro derecho (fs. 54) y se dictó sentencia, condenando a Mariana Andrea Rodríguez y subinquilinos y/u ocupantes y/o su grupo familiar a desalojar el inmueble objeto de autos (fs. 57/58). Los demandados fueron anoticiados con las cédulas de notificación de fs. 63/64 y 65/66 (bajo responsabilidad de la parte actora).
Luego de ello, se presentó en autos Mariana Andrea Rodríquez, por sí y en representación de sus hijos menores Luz Malena Palacios, Elías Micael Palacios y Zahir Liam Rodríguez. Solicitaron el cese de la rebeldía y requirieron la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces departamental, quien lo hizo a través de la presentación electrónica del 19-10-2018.
Se celebró audiencia en la sede del Juzgado y las partes acordaron postergar la ejecución de la sentencia hasta el día 22 de abril de 2019 (fs. 70).
Luego, se presentaron en autos Miguel Ángel, Guadalupe Leonor y Milagros Lucía Palacios por sí y, la nombrada en último término, también en representación de su hijo menor, Gael Palacios. Denunciaron como domicilio real el de la calle Coronel Bogado n° 2735 (2135) de la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, solicitaron el cese de la rebeldía, plantearon la nulidad de la notificación del traslado de demanda, contestaron demanda, reconvinieron y requirieron la suspensión del lanzamiento (fs. 75/92).
III. Traslado de demanda. Nulidad de notificación.
a. La notificación de la demanda ha sido regulada por la ley e interpretada por la jurisprudencia con carácter restrictivo, que permite que el demandado reciba realmente la cédula y se notifique de la pretensión contra él instaurada, siendo esenciales los recaudos que aseguran la efectividad de la recepción, porque todo lo relativo a la validez de la notificación de la demanda, por particular importancia para el desarrollo del proceso y por encontrarse involucrada en ella la garantía de la defensa en juicio, debe apreciarse con criterio estricto (arts. 136, 149, 338, 343, 524, y conc. Cód. Procesal). De allí que cuando alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al actor, debe estarse a la solución que evite conculcar, eventualmente, garantías de neta raíz constitucional (CACC, La Plata, causa B 70.425, R.S.I. 473/90;CACC, San Isidro, Causa de esta Sala n° 36903, sent. del 6-7-2017).
En este sentido, la nulidad de la notificación, prevista en el artículo 149 del CPCC, no escapa en cuanto a sus presupuestos, a los principios generales en materia de nulidades, siendo aconsejable que se tienda a conservar los actos cumplidos en tanto no exista una verdadera indefensión de la parte (conf. Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", Tº IV, pág 158).
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la notificación es el punto de partida para el cómputo de los plazos, conforme lo prescripto por el artículo 156 del CPCC y que sustenta, además, el principio de preclusión, pues clausurada una etapa, se pasa automáticamente a la siguiente, sin posibilidad de volver a tener oportunidad de cumplirla. Todo ello denota la importancia que reviste este instituto, pues se vincula no solo con la certeza y seguridad del proceso, sino también con la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nac.; Morello, Augusto Mario, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, segunda edición, T°II, págs. 642 y 705).
b. Por su parte, el artículo 170 del CPCC establece que la nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque sea tácitamente, por la parte interesada en la declaración, entendiéndose que media consentimiento si dentro de los cinco días de conocido el acto viciado no se promoviera el incidente respectivo. Dicho principio es aplicable a toda articulación sobre nulidad de actuaciones, desde que el claro texto de la norma no autoriza a efectuar distinciones (SCBA, Ac. y Sent. 1977-II-218; DJBA 106-177; causas de esta Sala nº 103.617, 89.988, 97.532, entre otras).
En este sentido, cabe destacar que las nulidades de procedimiento son convalidables por el consentimiento expreso o tácito de la persona a quien presuntamente perjudican, quien para no quedar incurso en la última variante, debe promover incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto (art. 170 CPCC, causa 103.651).
Ello así, puesto que en el proceso no existen nulidades absolutas, todas las procesales son subsanables por medio del consentimiento expreso o presunto del interesado, dado que en un caso opera la renuncia a la impugnación y en el otro media preclusión. De lo expuesto, se sigue que no habiéndose reclamado en virtud del acto que se dice nulo dentro del plazo legal de cinco días, la norma referida presume por razones de seguridad y orden, que aunque tal nulidad pudiera existir, no ocasionó perjuicio y que la parte que pudo reclamar en virtud de ella renuncia a tal impugnación, lo que convalida el acto que la contenía (causa nº 105.409, "Oronel, Santos Teodoro c/ Borges Tennis Club S.R.L. S/ Prescripción Adquisitiva", 13-9-11).
IV. En función de lo expuesto, resulta necesario establecer la fecha en que los demandados tomaron conocimiento de la notificación que pretenden se declare nula, a fin de computar el plazo de cinco días previsto en el artículo 170 del CPCC para plantear la nulidad.
Para ello es necesario que el interesado denuncie expresamente el momento o el día en que habría tomado conocimiento el acto supuestamente viciado.
En el caso de autos, al realizarse el planteo nulificatorio (fs. 75/92) la recurrente no manifestó en que oportunidad tomó conocimiento del acto presuntamente viciado, motivo que resulta suficiente para desestimar la nulidad intentada.
Adúnase a ello, que la cédula obrante a fs. 29/30 fue recibida por Guadalupe Palacios conforme se deprende de la firma y aclaración que luce al pié de fs. 29vta., una de las ocupantes, quien no desconoció haber recibido el emplazamiento.
Asimismo, de las notificaciones realizadas con posterioridad, las que por cierto fueron realizadas en el inmueble que se pretende desalojar (v. fs. 49/50, 51/52, 63/64 y 65/66), nada se dijo, no pudiendo así desconocer la existencia del proceso.
V. Propuesta al Acuerdo.
A mérito de todo lo analizado, propongo al Acuerdo confirmar la resolución apelada de fs. 109/112, con costas de Alzada a los apelantes por resultar vencidos (art. 68 CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez Dr. Llobera por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución apelada con costas de Alzada a los apelantes.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (arts. 31 y 51 ley 14967)
Regístrese y devuélvase.
Fin de la sentencia