Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 30924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Confirmar la resolución de fecha 2-10-2019, con costas de Alzada a Carivan S.A.
B) Confirmar la resolución de fecha 30-5-2019, sin imposición de costas.
San Isidro, 6 de Febrero de 2020.
I. Mediante resolución de fecha 30-5-2019 se trabó embargo sobre el inmueble sito en Migueletes 668/670, Unidad Ocho, Piso Cuarto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciado por el letrado Jose Trupia como perteneciente a José Antonio Micelli y Lidia Beatriz Ferraris, hasta cubrir la suma de $ 21.196,70, con más la de $ 10.600 para responder a intereses y costas.
Dicho pronunciamiento fue apelado por el referido profesional, quien fundó su recurso en el escrito de interposición (presentación electrónica del 3-6-2019).
El recurrente centra su embate en la suma de dinero por la cual se dispuso la referida medida cautelar, ya que considera que el monto de la regulación de sus honorarios será notoriamente mayor al estimado por el Magistrado.
En función de ello, peticiona que el embargo sea trabado por monto indeterminado.
A su vez, el Juez interviniente designó un perito tasador para estimar el valor del alquiler del inmueble objeto de autos, a los fines de determinar la base a utilizar para fijar los honorarios del letrado Trupia (resolución de fecha 2-10-2019).
Carivan S.A. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho pronunciamiento, expresando en el mismo escrito los fundamentos de su embate (presentación electrónica del 8-10-2019).
Afirma que la resolución aludida carece de fundamentación, ya que no explica el rechazo de los argumentos planteados en cuanto a la fijación de la base regulatoria.
Considera que se ve privado de ejercer su derecho de defensa porque el Juez interviniente omitió dar las razones de su decisión.
El Magistrado, ponderando lo resuelto por esta Alzada a fs. 176 y lo normado por los artículos 40 y 27, inciso "a" de la ley 14.967, rechazó la revocatoria interpuesta y concedió la apelación subsidiaria (proveído del 15-7-2019).
II. Recurso de fecha 8-10-2019.
En materia de procesos de desalojos la ley arancelaria es clara en cuanto establece que la base regulatoria está dada por el monto equivalente a dos años de alquiler o los del plazo legal vigente cuando fuera mayor (art. 40 de la Dec. Ley 8904/77).
Sin embargo, para el supuesto que el profesional lo repute inadecuado, deberá tenerse en cuenta el valor locativo actualizado que a criterio de aquél corresponda a la finca, a cuyo efecto será menester que se formule estimación acerca de la eventual renta del inmueble conformado por el obligado al pago, o en caso de oposición, mediante la decisión del juez dictada previo informe pericial (CACC, La Plata, causa n° 117.110, sent. del 2/7/15).
Es decir, que si el profesional considera incorrecto el valor fijado por las partes en el contrato o este no pudiera determinarse con exactitud, debe precisarse el monto locativo actual de conformidad con el procedimiento del artículo 27, inc. "a" y del artículo 40, ap. "2" Dec. Ley 8.904/77.
La estimación que autoriza el artículo citado debe ser expuesto en forma clara y precisa con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia, siendo ello corroborado por el artículo 27, inciso "a", ultima parte. Por ese motivo, si el abogado no opta pór elevar las sumas rentísticas por el carril aludido, antes del pronunciamiento no podrá hacerlo en otro momento, salvo que no se hayan fijado los aranceles en el fallo.
En la especie, a fs. 99 se regularon los honorarios del letrado Trupia, los cuales fueron dejados sin efecto por esta Alzada mediante resolución de fs. 176. Allí, se resolvió que se debía modificar la base regulatoria utilizada y practicar una nueva regulación, en los términos del artículo citado.
En función de dicha resolución, se resolvió sustanciar la base estipendiaria propuesta por el referido letrado el 10-4-2018, en la cual estimaba inadecuado el alquiler fijado por las partes en el contrato de locación.
En efecto, tanto Carivan S.A., como los fiadores Michelli y Ferraris, se opusieron a la base de cálculo propuesta por Trupia y manifestaron que se debían utilizar las sumas establecidas en el contrato de locación de fs. 7/9 y en el acta complementaria de fs. 12 (escritos electrónicos de fecha 30-5-2019 y 26-6-2019, respectivamente).
Considerando que, conforme fuera expuesto a fs. 176, el referido profesional introdujo en forma oportuna el planteo respecto del monto utilizado por las partes en el contrato de locación estimándolo inadecuado y encontrándose controvertida la estimación acerca de la eventual renta del inmueble, ponderamos acertado el sorteo de un perito de la lista oficial a los fines de determinar el valor de locación del inmueble objeto de autos, de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 27, inc. "a" y del artículo 40, ap. "2" del Dec. Ley 8.904/77.
Cuadra destacar, que a los efectos de precisar la adecuada cuantía del alquiler, carece de trascendencia el avalúo fiscal del inmueble, en la medida en que no se controvierte su propiedad. Por ello, el reenvió del artículo 27 inciso "a", debe entenderse limitado a lo pertinente, esto es, al procedimiento estimatorio con el que habrá de obtenerse el valor locativo (conf. Juan Manuel Hitters, "Honorarios de Abogados y Procuradores" Lexis Nexis, 2007, pág. 485/486).
En función de lo expuesto, deberá confirmarse la resolución de fecha 2-10-2019, con costas de Alzada a la recurrente por resultar vencida (art. 68 del CPCC).
III. Recurso de fecha 3-6-2019.
Mediante resolución del 30-5-2019, se decretó embargo sobre la proporción que le corresponda a los fiadores, José Antonio Micelli y Lidia Beatriz Ferraris del inmueble denunciado como de su propiedad, hasta cubrir la suma de $ 21.196,70, con más de $ 10.600, que se presupuestaron para responder a intereses y costas.
El recurrente se agravia por la suma por la cual prosperó la medida y peticiona que sea trabada por monto indeterminado (presentación electrónica del 3-6-2019).
Al respecto, resulta oportuno poner de relieve que esta Sala ha resuelto que, hallándose comprendido el crédito por honorarios, respecto del obligado al pago, dentro de las previsiones del inciso 3° del artículo 212 del CPCC, procede la cautelar que asegure su percepción (Morello, Augusto Mario, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T II-C, segunda edición, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, T° II-C, pág. 707; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 1444/18, sent. del 5-4-2018).
En este sentido, uno de los presupuestos específicos que ha previsto el legislador en materia de embargo preventivo está dado por la circunstancia que quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida (art. 212, inc. 3º, del CPCC).
Así pues, en los casos en que se solicita una medida cautelar en los términos del artículo citado, debe entenderse que la declaración que contiene el pronunciamiento judicial constituye suficiente verosimilitud del derecho. Por lo tanto, el embargo preventivo en tal supuesto procede sin necesidad de acreditar otras cuestiones (Morello, Augusto Mario, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T° II-C, segunda edición, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, pág. 707; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 36.283, sent. del 21-3-2019).
En la especie, si bien aún no se encuentran regulados los estipendios correspondientes al letrado Trupia, lo cierto es que procede la medida no solo por la labor profesional desarrollada por aquel, sino porque la costas integran la sentencia firme y por tanto, el crédito por honorarios respecto a quien ha sido condenado a pagarlas resulta subsumible en el supuesto del artículo 212 inciso 3° del CPCC.
En definitiva, ningún obstáculo existe para la viabilidad de la referida medida, encaminada a garantizar el cobro de ese crédito, aún cuando los honorarios no estén, regulados judicialmente, como acontece en el caso.
En cuanto al monto del embargo trabado en autos, respecto del inmueble perteneciente a los fiadores a quienes se les hizo extensiva la condena en costas dispuesta a fs. 99, el letrado Trupia al solicitarlo, omitió manifestar la posibilidad de que dicha cautelar fuera dispuesta por monto indeterminado, introduciendo dicho planteo al momento de apelar la resolución del 30-5-2019 (escrito electrónico del 3-6-2019).
En este sentido, es deber de los jueces respetar el principio de congruencia, o sea, ser coherentes en sus decisiones con las peticiones de las partes, no pudiendo el tribunal resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación, o respecto de las cuales no hubiese recaído sentencia de primera instancia. De este modo la función del tribunal superior está circunscripta al contenido del fallo y su concreta impugnación, no correspondiendo expedirse sobre temas que no fueron objeto de decisión en la sede de origen, en la especie, la traba del embargo sin monto determinado (doc. art. 272 del CPCC; CACC,San Isidro, Sala I, causa n° 23.123,sent del 13-7-2017).
Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que a fs. 99 se regularon los honorarios del referido profesional, los cuales fueron dejados sin efecto por esta Alzada mediante resolución de fs. 176, en la cual, además, se resolvió que se debía modificar la base regulatoria utilizada para calcular los estipendios de aquel.
Dicha base aún no fue determinada, es decir, que los honorarios de Trupia aún no se encuentran regulados, ni lo estaban al momento en que el Magistrado de la instancia de origen resolvió hacer lugar a la medida aludida.
Por lo tanto, no habiendo sido solicitado en forma oportuna la traba del embargo por monto indeterminado ni encontrándose establecida la base regulatoria, el monto fue estimado prudencialmente por el Juez interviniente según las constancias de la causa. Al respecto, cabe considerar que la indeterminación del monto del embargo, dificultaría las posibilidades de sustitución y tornaría incierta la situación de embargantes posteriores.
Sin perjuicio de ello, resulta oportuno poner de relieve que las resoluciones que se dicten acordando o denegando medidas cautelares no causan estado porque, aún firmes, son susceptibles de modificación si varían las circunstancias en base a las cuales fueron pronunciadas (CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 25.561/2018, sent. del 11-10-2018).
Por lo expuesto, habiéndose introducido el planteo de la traba de referida medida cautelar por monto indeterminado ante esta Alzada y no ante el Juzgado interviniente, considerando que aún no se ha determinado la base regulatoria de los honorarios del letrado Trupia, se deberá confirmar la resolución de fecha 30-5-2019, sin costas atento la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68, 212 inc. 3°, 272 del CPCC).
IV. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a) Confirmar la resolución de fecha 2-10-2019, con costas de Alzada a Carivan S.A.
b) Confirmar la resolución de fecha 30-5-2019, sin imposición de costas.
Regístrese y devuélvase.
Fin de la sentencia