Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 76389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada.
2Desestimar la pretensión declarativa de la prescripción liberatoria de la acción de ejecución de sentencia esgrimida por la parte demandada.
3Imponer las costas de ambas instancias a los accionados vencidos.
4Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Causa N° 76.389/7 Reg. Int. N° D- /20.
Expte. N° A-84.122 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de mayo del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Sala Segunda (conf. arts. 7 de la Res. 14/20; 3 y 4 de la Res. 480/20 y Res. 25/20, todas de la S.C.B.A.), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 76.389, caratulada "ARTACHO BURGOS, ANTONIO C/ BENITEZ, OSCAR OSVALDO Y OTROS S/ DESALOJO", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Valdi, Lami.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
I. La resolución de fojas 74/76 decide declarar prescripta la acción de ejecución de sentencia e imponer las costas al demandante.
Él la apela a fojas 79 y funda su recurso en la pieza de fojas 83/84, replicada a fojas 87/88.
II. El agraviado cuestiona la admisión de la postulada prescripción.
Considera que su derecho es imprescriptible y que, por ende, no opera esa causal extintiva respecto de la acción para ejercerlo cuando él ha sido reconocido por sentencia firme.
Alega que la potestad del locador a reclamar la restitución del inmueble no está alcanzada por prescripción liberatoria y que la sentencia que condena a su desalojo tampoco puede quedar sometida a esa vicisitud. Cita jurisprudencia en respaldo de su postura.
El reconocimiento de esa prerrogativa por sentencia no implica, según expresa, cambio alguno del derecho que la motivó.
III. Los accionados controvierten los argumentos del apelante.
a) Liminarmente, alegan que la crítica no alcanza el umbral argumental del artículo 260 del CPCC, por lo que el recurso debe declararse desierto.
b) En subsidio, sostienen que lo aducido sobre la imprescriptibilidad en el caso de la acción de ejecución de sentencia no excede de una mera afirmación dogmática, carente de asidero jurídico.
Destacan que transcurrió un plazo que supera el decenal aplicable sin, ínterin, que se haya activado la ejecución de la sentencia firme dictada en autos.
IV. Ante todo, corresponde discurrir sucintamente en torno la propugnada deficiencia argumental que los accionados achacan al contenido de la memoria.
La crítica recursiva es concreta y razonada, controvierte los fundamentos medulares del pronunciamiento y ella, además, resulta atendible, según habrá de desprenderse del análisis subsiguiente. Por ende, corresponde abordar el examen de fondo de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal (artículos 260 y 261 del CPCC, "a contrario sensu").
V. Hecha esa digresión, anticipo que el recurso debe prosperar.
a) La sentencia firme de fojas 34/35 condenó a los accionados a desalojar el inmueble respectivo por vencimiento del plazo fijado en el contrato de locación, que celebraran las partes de este proceso.
La obligación de restituir a cargo del locatario tenedor, como bien afirma el recurrente, no está expuesta a extinguirse por prescripción liberatoria. Mientras subsista el ejercicio de esa relación de poder en cabeza del obligado, el acreedor podrá, en cualquier momento, reclamar la restitución (doctrina artículo 1940 inciso "c", Código Civil y Comercial). No puede oponérsele esa modalidad extintiva para que el sujeto pasivo pueda mantenerse en el ejercicio de la tenencia en forma definitiva. En tanto en ella el tenedor se comporta como representante o delegado del poseedor (artículo 1910, Código Civil y Comercial), mientras se mantiene como tal, aun cuando perdure por períodos muy extensos, el deber de devolver la cosa persiste siempre inalterable, más allá de que prescriban otras obligaciones, como la de abonar algún canon por el uso y goce concedido por quien la otorgó.
b) En el ámbito de las relaciones de poder impera el principio de inmutabilidad de la causa (artículo 1915 primera parte, Código Civil y Comercial). En su virtud, la especie o la jerarquía de la relación en cuestión no varían por "la mera voluntad" de quien la detenta o por "el solo transcurso del tiempo". Así, quien la comenzó como tenedor, persiste como tal hasta que se acredite que se transformó en poseedor.
Por tanto, el prolongado interregno al que hacen referencia los accionados al fundar la causal extintiva invocada no ha producido, por sí sólo, cambio alguno en la causa de la relación de poder ejercida por ellos, ni, por lo tanto, ha alterado el deber de restituir que es inherente e indisociable de la calidad de tenedor y del que él no puede jamás liberarse mientras ostente esa condición.
c) Cuando la acción deducida en juicio origina una sentencia de condena, surge, de ese pronunciamiento firme, una nueva pretensión, denominada "actio iudicati" o acción de ejecución de sentencia, que cuenta con un plazo de prescripción propio. Es irrelevante que la sentencia haya sido dictada en juicio ordinario, sumario o ejecutivo (conf. Pizarro R.D. y Vallespinos C.G. en "Instituciones de derecho civil. Obligaciones", tomo 3, página 740, Editorial Hammurabi, año 1999).
Mas, como atinadamente se deduce de la memoria, la sentencia no puede transformar en prescriptible el derecho que ella reconoce cuando éste no está expuesto a esa causal de extinción. Así, por ejemplo, una condena a restituir o entregar la cosa en el marco de una acción reivindicatoria, proveniente de un derecho imprescriptible por antonomasia (artículo 2247 tercer párrafo, Código Civil y Comercial), no puede alterar sus alcances y estructura legal (artículo 1884, Código Civil y Comercial) y someterlo a una modalidad extintiva inconcebible para la prerrogativa por cuya causa se dictó ese pronunciamiento.
La sentencia no hace otra cosa que reconocer el derecho que se esgrime como fundamento de la pretensión. Su firmeza le da la consistencia suficiente para que él pueda ser objeto de los actos de ejecución forzada necesarios para hacer efectiva su satisfacción, tal como ha sido invocado y reconocido. Jamás podría la resolución que lo admite, por el sólo hecho de adquirir la autoridad de cosa juzgada, alterar los rasgos estructurales de la prerrogativa que viene a solidificar. La acción de ejecución de la sentencia lo toma con esas cualidades y, en función de ellas, procura que la prestación o del deber objeto de la condena se cumplan.
Por ende, la imprescriptibilidad del deber del locatario tenedor de restituir la cosa a su acreedor, mientras el obligado mantenga esa relación de poder, jamás podría trocar en prescriptible tal derecho subjetivo, por la circunstancia de haber él obtenido reconocimiento y orden judicial de hacerlo efectivo.
d) Finalmente, no puedo dejar de advertir que el pronunciamiento que se recurre, en caso de adquirir firmeza, vendría a impedir el encauzamiento de una nueva acción de desalojo. Ante su eventual articulación, los accionados contarían con la defensa de cosa juzgada proveniente de la resolución dictada en estos autos que admite tal planteo.
La prescripción de la "actio iudicati" habría de producir, en caso de firmeza, la extinción del derecho que reconoce la resolución. Una solución lleva necesariamente a la otra. No cabría predicar, en este caso, un supuesto de cosa juzgada meramente formal, que deje expedita la posibilidad de reiniciar este desalojo. En definitiva, la prescripción no astringe su incidencia a la eficacia formal de la sentencia, sino que gravita sobre derecho el subjetivo cuya satisfacción ella ordena.
Por ende, esa solución vendría a engendrar la rara e inaprensible figura de una tenencia carente de la obligación de restituir a aquél de quien el tenedor, en su relación de poder, es representante o delegado. Tal singularidad se muestra flagrantemente incompatible con los rasgos de esa figura, por lo que esa solución adviene claramente inconcebible desde el punto de vista jurídico.
VI. Por ello, propongo: 1º) revocar la resolución apelada; 2º) desestimar la pretensión declarativa de la prescripción liberatoria de la acción de ejecución de sentencia esgrimida por la parte demandada; 3º) imponer las costas de ambas instancias a los accionados vencidos (artículo 68, CPCC), y 4º) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (artículo 31, ley arancelaria).
Voto por la NEGATIVA.
El señor juez Lami, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1º) REVOCAR la resolución apelada. 2º) DESESTIMAR la pretensión declarativa de la prescripción liberatoria de la acción de ejecución de sentencia esgrimida por la parte demandada. 3º) IMPONER las costas de ambas instancias a los accionados vencidos. 4º) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 3 inc. "c" ap. 2, Res. 10/20, S.C.B.A.). DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia