Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124670
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 124670; JUZGADO DE PAZ - CORONEL BRANDSEN
LABARERE JOSE ESTEBAN Y OTROS C/ CARDOSO MARTA RAQUEL Y OTROS S/ DESALOJO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 124670, caratulada: "LABARERE JOSE ESTEBAN Y OTROS C/ CARDOSO MARTA RAQUEL Y OTROS S/ DESALOJO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 492 del 3/9/2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1 – La sentencia de primera instancia rechazó las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y derecho de retención opuestas por los demandados e hizo lugar a la acción de desalojo por falta de pago de contrato de locación verbal, promovida por JOSE ESTEBAN LABARERE, MARIA EUGENIA LABARERE y MARIA SILVIA DE CENARRIAGA, contra MARTA RAQUEL CARDOSO, FABIAN ABELARDO CAMPOS y JOSE LATORRE respecto del inmueble sito en Boulevard Pintos y calle 27 de la Ciudad de Brandsen cuya Nomenclatura Catastral es: Circ. I Secc H Quinta 132 parcela 3 subparcela 2 Matrícula 20505/2; condenó a los accionados a desocupar el inmueble en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento bajo apercibimiento de ser lanzados con auxilio de la fuerza pública; dispuso que, oportunamente, se de intervención al Servicio Local de Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes, dependiente de la Municipalidad de Brandsen; hizo extensiva la condena a cualquier otro ocupante del inmueble de autos o que pudiere aparecer en etapas posteriores de esta litis; impuso las costas del proceso a los reclamados vencidos y ordenó que para la regulación de los honorarios pertinentes deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble aplicándose el mecanismo estimatorio previsto por el art.27 inc.a) de la Ley 14967 (fs. 492).
2. Contra esta forma de decidir se alzaron en apelación los demandados Fabian Abelardo Campos (fs. 499), Marta Raquel Cardoso (fs. 500), José Antonio Latorre (fs. 501) y la Asesora de Menores e Incapaces (fs. 503), recursos que fueron concedidos respecto de los tres primeros (fs. 502) y declarado extemporáneo el de la Asesoría (fs. 504). En esta Instancia los coccionados fundaron debidamente sus embates (Marta Raquel Cardoso y Fabián Abelardo Campos, ambos el 24 de octubre de 2020 y José Antonio Latorre el 1 de noviembre de 2020). Corrido el pertinente traslado (proveído del 2 de noviembre de 2020), éstos fueron contestados por los actores (presentación electrónica del 9 de noviembre de 2020); ordenada posteriormente la vista a la Sra. Asesora de Menores e Incapaces (proveído del 10 de noviembre de 2020 y presentación del 16 de noviembre de 2020) y luego del rechazo del planteo de prueba en esta instancia opuesto por el codemandado Campos (Resolución del 15 de diciembre de 2020) y del recurso extraordinario planteado ante tal decisorio, se llamó autos para sentencia (proveído del 11 de febrero de 2021)
3. Marta Raquel Cardoso se agravia considerando una errónea fijación de los hechos en la sentencia, resultando ésta violatoria de la doctrina legal vigente de nuestra Suprema Corte de Justicia fijada mediante Ac.75.700 sent. del 30/04/2003.
Destaca que acreditó prima facie el carácter de poseedora y que ello impide considerarla como deudora de alguna obligación exigible de restituir.
Se disconforma de la errónea valoración de la prueba efectuada en lo tocante con la falta de legitimación activa planteada y en consecuencia la equivoca aplicación de la norma contenida en el artículo 3270 del Código Civil, insistiendo que quienes se presentan como herederos no acreditaron hecho concreto que denotara que su antecesor tuviera un derecho adquirido firme y consentido antes de su muerte, ni que hubiera adquirido la posesión real del inmueble.
Recalca que el Juan Carlos Labarere carecía de derecho personal a exigirle la restitución y que en consecuencia no excede del ámbito de este proceso la controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes.
Destaca que la validez del título por el cual se inició en su contra una ejecución hipotecaria es nulo de nulidad absoluta y que la apreciación de ese expediente por parte del sentenciante es parcial e incompleta. Denuncia que aquéllos se encuentran cuestionados aún en la actualidad por sendos incidentes y ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Alega que al no tener en cuenta esa circunstancia, al igual que otros expedientes que califica de conexos, el Juez de grado provocó un desvío o quiebre sustancial en el íter lógico seguido.
Critica que la sentencia no mencione la postura asumida por su cónyuge el que cuestiona tanto la entrega de la posesión de la vivienda a Juan Carlos Labarere, como el auto que ordena la inscripción a nombre de aquél dictado con posterioridad a su deceso.
Evidencia que la cuestión de la existencia del contrato verbal y la consecuente exigibilidad de la restitución es esencial para la resolución del pleito pero no es separable de la prueba de la posesión no entregada del inmueble al supuesto locador, ni del estado de falta de firmeza de la orden de inscripción del inmueble a su nombre dictada, la que se -insiste- encuentra cuestionada.
En este sentido se duele de que no se hayan valorado las declaraciones de los testigos que acreditan su versión de los hechos.
Pone en crisis la admisión del desalojo por falta de pago de un contrato de locación verbal a pesar que ninguna prueba se produjo de su existencia, evidenciando su condición de titular registral y que no hubo testigo alguno del convenio alegado, realzando asimismo que su existencia se basa en presunciones.
Reitera que Juan Carlos Labarere nunca tomó posesión real del bien, que la orden de inscripción fue dictada luego de más de un año de su deceso y que ella es la titular dominial del bien.
Califica de errónea la subsunción jurídica al caso concreto, considerando que se debieron aplicar los arts. 676, 484 y 68 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) y 3270 del Código Civil (en adelante CC) ya que los actores carecen de legitimación activa. Refiere que también se aplicó incorrectamente el art. 1 de la 23091 (de alquileres) y el art. 14 de la Constitución Nacional.
Finalmente, se duele de la imposición de costas a su cargo.
Por su parte, el codemandado Fabián Abelardo Campos se agravia de la errónea fijación de los hechos.
Al igual que Cardoso, centra su queja en que la orden de inscripción en la ejecución hipotecaria no se encuentra firme y que fue dictada luego del fallecimiento de acreedor hipotecario, concluyendo que no tuvo entonces ningún derecho adquirido.
Hace consideraciones sobre la posición de Juan Antonio Latorre y los incidentes de nulidad que aquél promovió.
Resalta que el Juez de grado no cumplió con la norma del art. 3270 CC que dispone que nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.
Se queja del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa por él opuesta, sin basarse en prueba en concreto.
Destaca que los actores no tienen derecho alguno para desalojarlo, ya que vive allí desde que nació en 1975 y que, a todo evento, le asiste derecho de retención.
Acusa que la sentencia incurre en una desinterpretación de los términos de la litiscontestación.
Realiza consideraciones similares a las de la codemandada Cardoso respecto de la existencia de contrato verbal, sobre la obligación de restituir y las cuestiones relativas a la ejecución hipotecaria.
Respecto del derecho de retención y su calidad de codemandado alega que esa facultad la ejerció antes de la interposición de la demanda, en oportunidad del intercambio telegráfico y que nació previo a cualquier derecho que puedan esgrimir los actores.
Destaca que las construcciones y gastos realizados fueron efectuados a partir del año 2003, sabiendo que su madre era la titular de dominio. De allí la importancia de los arreglos que hizo contando con el consentimiento de su cotitular de dominio (Latorre) y quien le encargó la obra.
Insiste en que no hay prueba en el expediente de su carácter de tenedor precario y por ende de su obligación de restituir.
Entiende que los actores debieron ventilar el debate posesorio – petitorio en otro tipo de contienda.
Concluye que es infundado el rechazo a su derecho de retención, porque se traduciría en un enriquecimiento sin causa en favor de los actores.
Finalmente, se disconforma – en los mismos términos que la codemandada Cardoso – de lo que considera una errónea subsunción jurídica, y de la imposición de costas.
A su turno, José Antonio Latorre se agravia del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta, alegando que él nunca se desprendió de la posesión y que la orden de inscripción en la ejecución hipotecaria es posterior al inicio de estas actuaciones.
Alega que la relación que se da entre él y el inmueble desde el punto de vista de la causa que le dio origen es una relación fundada en un derecho real de propiedad.
Destaca que en su visión existe un “conflicto de posesiones”.
Se duele de que la sentencia de grado haya fallado ultra petita (otorgando más de lo solicitado), dado que en la ampliación de demanda por la que se lo cita, los actores no invocan ninguna causal su derecho a la restitución de la vivienda y, a todo evento, no ha demostrado respecto de él la existencia de un contrato de locación verbal.
Insiste en que pidió la nulidad de la ejecución hipotecaria por no haberse integrado allí la litis con su parte y que existen apelaciones y otros expedientes mediante los que se ataca la procedencia de la ejecución hipotecaria.
Se duele de que la sentencia lo haya conceptualizado como poseedor con ánimo de dueño y no como condómino cotitular del bien con Marta Cardoso, por lo que su falta de legitimación pasiva en estos obrados debe imponerse.
Arguye que resulta absurdo que proceda un desalojo por un contrato de locación verbal contra el quien es titular de dominio del inmueble.
Se disconforma de la imposición de costas, reclamando finalmente en su caso lo dispuesto por el Decreto 320/2020 y su prórroga (766/2020).
4 – Planteados los agravios expuestos por las partes, principio por señalar que los señores José Estaban Labarere, María Eugenia Labarere y María Silvia Cenarriaga demandan por desalojo a Marta Raquel Cardoso y demás ocupantes del inmueble objeto de las presentes actuaciones, en su carácter de herederos de Juan Carlos Labarere quien a su vez adquirió el predio mediante subasta judicial ordenada en el expediente “Labarere, Juan Carlos c/ Cardoso, Marta Raquel s/ ejecución hipotecaria”.
Alegan que la ocupante del inmueble -aquí accionada- suscribió un contrato de comodato por 6 meses el 15 de abril de 2004 y a que a partir de su vencimiento se pactó una locación verbal cuyo valor se ajustaba anualmente, agregando que fueron Cardoso o su esposo -señor Latorre- quienes pagaron los cánones correspondientes hasta el mes de agosto de 2017 y que a partir de allí no lo abonaron más (fs. 23/24).
Luego, amplían la acción en contra del ya mencionado José Latorre (fs. 25).
A fs. 43/45 se presenta Marta Raquel Cardoso oponiendo excepción de falta de legitimación activa y efectuando las negativas de rigor. Desconoce específicamente el contrato comodato acompañado por la contraparte.
Alega la nulidad del título con el cual Juan Carlos Labarere inició la ejecución hipotecaria.
Denuncia que de su primer matrimonio nacieron dos hijos, que uno de ellos -Matías Ramiro Campos- residió también en el inmueble hipotecado al año 2000 cuando se confeccionó la escritura respectiva.
Da cuenta que en 1992 contrajo matrimonio con José Antonio Latorre con quien radicó su vivienda familiar en el mismo lugar y reclama que no se lo citó a su marido a pesar de que la adquisición del bien fue posterior al matrimonio.
A su turno, Fabián Abelardo Campos contesta la acción y alega derecho de retención basado en que por cuenta y orden de Latorre (condómino desde el año 1997 junto con su madre del inmueble) comenzó la construcción de un galpón cerrado y que ante la falta de pago del contratante convivieron en que se mudaría allí con su familia hasta que se hiciera efectivo el desembolso por los materiales. Además, denuncia la falta de legitimación activa de los actores en función a que no son acreedores de ninguna obligación de restituir.
Denuncia que se encuentra en posesión de una cosa ajena perteneciente a José A. Latorre (fs. 56/ 58).
Finalmente, se presenta José Antonio Latorre oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva y conflicto de posesiones. Destaca que no es locatario, subolocatario ni tenedor precario, ni intruso u ocupante con obligación de restituir.
Afirma que “Soy poseedor, estoy en posesión del inmueble desde octubre de 1997 fecha de adquisición, tengo título para oponerme a la pretensión, soy condómino co titular con Marta R. Cardoso”.
Reconoce que el 24/04/1992 contrajo matrimonio con Cardoso y hace un recorrido de la situación registral del inmueble en el tiempo (fs. 82/ 87).
Luego de trabada la litis y de producida la prueba, la sentencia concluyó en la existencia de un contrato de locación verbal entre el Juan Carlos Labarere y Marta Raquel Cardoso, disponiendo a partir de ello la orden de desalojo del inmueble (fs. 492).
Dentro de este contexto, es que cabe abordar los agravios expuestos por los accionados.
Resulta harto conocido que el proceso de desalojo ha sido concebido en nuestro ordenamiento procesal como de carácter especial (Libro IV, Procesos Especiales, Título VII) imprimiéndosele el trámite sumario (art. 676 del CPCC).
El exclusivo objeto de este particular proceso es la recuperación de un bien y el reclamo debe dirigirse contra quien se halla obligado a su restitución. La consideración de tal exigibilidad excluye otras cuestiones cuya índole no resulta propia del limitado debate que permite la especialidad del procedimiento elegido (conf. esta Sala, causa 104137, sent. del 15/12/2004, RSD 341-2004; causa 125123-1, sent. del 8/10/2020, RSD170-20).
Para establecer cuál es el límite de lo que se puede controvertir en este tipo de juicios, nuestro máximo Tribunal Provincial ha expuesto que “La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del CPCC (código procesal civil) no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie (a primera vista) la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis (derecho a la posesión, implica la posibilidad de acceder a una posesión merced a un título, sin que se ello equivalga a que ya se encuentre ejerciendo esa relación real) o el ius possesionis (el derecho de la posesión. La posesión efectiva ya adquirida independientemente que se encuentre respaldada por un título) "(SCBA, C 107.959, sent. del 5-X-2011; C 105.530, sent. del 15/06/2011).
Este reducido ámbito de cognición es el que sella la suerte adversa de las defensas de los legitimados pasivos en la instancia anterior, resultado que, anticipo, éstos no logran revertir en esta Alzada.
Nótese que en sus contestaciones a la demanda instaurada los accionados alegan la falta de legitimación activa en función a que la orden de inscripción del inmueble adquirido en subasta es posterior al inicio de las presentes actuaciones, reputando asimismo de nula la escritura de hipoteca que diera inicio a los autos “Labarere, Juan Carlos c/ Cardoso, Marta Raquel s/ ejecución hipotecaria” y la posterior ejecución judicial del bien en la que el padre y esposo de los aquí actores resultó adquirente.
Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por aquéllos, se halla acreditado que el comprador entró en posesión del bien al momento de su entrega, el que se efectivizó mediante mandamiento labrado en la ejecución hipotecaria el 17 de diciembre de 2003 y efectuado por el señor Oficial de Justicia del Juzgado de Paz del Partido Brandsen. Se trata de un instrumento público pasado por y en presencia del funcionario judicial que da cuenta de la tradición judicial del bien (v. fs. 85/86 de las actuaciones sobre ejecución hipotecaria) y que no ha recibido redargución de falsedad, ni ha sido atacada su legitimidad de modo alguno, motivo por el cual mal pueden alegar ahora los apelantes la ausencia de obligación de restituir.
Ha dicho nuestro máximo Tribunal Provincial sobre este extremo y por causas relativas a la notificación que encuentro aplicable al presente que “cuestionada la notificación, debe ser articulado en tiempo propio el incidente de nulidad de la misma, o bien, efectuar la redargución de falsedad del informe efectuado con motivo del diligenciamiento. Sin estas vías oportunas, no pueden acogerse argumentos que pretendan reveer lo resuelto” (SCBA LP Rc 123681, sent. del 13/10/2020).
Asimismo, véase que en virtud a lo dispuesto por los artículos 577 del Código Civil (CC) y 586 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (CPCC), la adquisición de un bien mediante subasta judicial queda perfeccionada cuando se cumple con los recaudos de ley a saber: aprobación de la subasta, pago del precio y tradición de la cosa mediante el diligenciamiento del mandamiento de posesión.
No obstaculiza a ello lo dispuesto por el art. 2502 CC respecto del perfeccionamiento de los derechos reales a partir de la inscripción, siempre que para la acción de desalojo basta con probar -como ya se ha dicho- la efectividad de la posesión que se invoca justificando lo verosímil de su pretensión y no el derecho de propiedad registralmente inscripto sobre la cosa, extremo que a todo evento debe transitar por los carriles y acciones procesales correspondientes. Ello, siempre que la legitimación activa para la acción de desalojo no corresponde sólo al propietario del inmueble, sino también todo aquel que invoque un título del cual derive un derecho de usar y gozar del mismo, incluido el adquirente en subasta pública (art. 676 CPCC, 384 CPCC). Es que la norma del art. 676 CPCC tiene un alcance amplio respecto de quienes están legitimados activa y pasivamente para ser parte en el juicio, incluyendo en la faz activa tanto al locador como el propietario poseedor, usufructuario y usuario.
“Es criterio reiterado y uniforme de nuestros tribunales que la acción de desalojo no se confiere sólo al propietario-locador, sino a todo aquel que invoque un título del cual derive el derecho de usar y gozar de un inmueble contra todo tenedor cuya obligación de devolver sea exigible” (Conf. CN. Civ. y Com., Sala IV, sent. del 26/03/1980, "Miñaca de Seguí, Dora c. Ghielmetti, Juan C.", ED, 88-193).
Al análisis desarrollado debe adicionársele una cuestión que surge de estas actuaciones y que considero central para la dilucidación de las quejas esgrimidas: el reconocimiento expreso como propietario a Juan Carlos Labarere efectuado por la demandada Marta Raquel Cardoso al suscribir el contrato de comodato en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.