Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128982
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fs. 158 y se imponen las costas de Alzada a los accionantes en el carácter de vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128982; JUZGADO DE PAZ - CORONEL BRANDSEN
CONSORTI CECILIA ANDREA Y OTRO C/ FORTUNATO EDUARDO MARIO Y OTROS S/ DESALOJO (RECONSTRUCCION)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128982, caratulada: "CONSORTI CECILIA ANDREA Y OTRO C/ FORTUNATO EDUARDO MARIO Y OTROS S/ DESALOJO (RECONSTRUCCION)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 158?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1 – La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de desalojo en todos sus términos, imponiéndole las costas del proceso a la parte actora en su calidad de vencida (fs. 158).
2 – Contra esta forma de decidir interpusieron recurso de apelación los legitimados activos, el que concedido libremente (fs. 161) fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 16 de febrero de 2021). Corrido el pertinente traslado (el 18 de febrero de 2021), éste fue contestado por los demandados (presentación electrónica del 23 de febrero de 2021). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 24 de febrero de 2021).
3 – Los apelantes se agravian del rechazo de la demanda, entendiendo que éste se basa en una incorrecta valoración de la prueba de testigos.
Califican que el deponente Airoldi da cuenta que ambos actores vivieron en el predio y se lo dieron en préstamo a Fortunato, mientras que Yaconanti y Cardozo afirman la existencia de un préstamo al demandado.
Hacen referencia a la existencia de presunciones que no fueron tenidas en cuenta a la hora de decidir.
Se quejan por entender que la sentencia carece de debida fundamentación y que desacredita los testimonios con insuficientes argumentos, circunstancia que les impide la posibilidad de cuestionar el razonamiento.
Se disconforman asimismo que no se hayan tenido en cuenta las evidentes discordancias o contradicciones de los testigos de la demandada y respecto de la aplicación de la doctrina de los actos propios se quejan que se haga alusión a ella respecto de los reclamos de los actores y que no se aplique similar criterio con el silencio del demandado a las intimaciones por carta documento, el que se traduce en un reconocimiento tácito.
Se agravian también de la incorrecta apreciación de la prueba pericial y de la información sumaria, como que no se haya tenido en cuenta que las mejoras introducidas por Fortunato pueden haber sido hechas en su carácter de comodatarios.
4. Los accionados, al contestar el traslado conferido, denuncian que los agravios expuestos por la contraparte no resultan ser una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida, motivo por el cual acusan deficiencia en el recurso de los legitimados activos.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de los accionantes (presentación electrónica del 16 de febrero de 2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, la regla es la irretroactividad de la ley (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 50 y 51), lo que aprecio aplicable al caso de autos, en donde se trata de una obligación personal que se consolidó durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994). Ello sella la aplicación de esas disposiciones (doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27/8/2015, RSD 104/2015, entre muchas otras).
6 – A fin de dar respuesta a los agravios de los actores, no resulta ocioso recordar que el proceso de desalojo ha sido concebido en nuestro ordenamiento procesal como de carácter especial (Libro IV, Procesos Especiales, Título VII) al que cabe imprimir el trámite sumario (art. 676 del CPCC).
El exclusivo objeto de este particular proceso es la recuperación de un bien y el reclamo debe dirigirse contra quien se halla obligado a su restitución. La consideración de tal exigibilidad excluye la de otras cuestiones cuya índole no resulta propia del limitado debate que permite la especialidad del procedimiento elegido (conf. esta Sala, causa 104137, sent. del 15/12/2004, RSD341/2004).
Ahora bien, además de la obligación de restituir por parte de los demandados, va de suyo que quien acciona debe acreditar su propia legitimación para obrar.
Ésta no solo le cabe a quien detenta el dominio del inmueble, sino también de todo aquel que sea titular del derecho de uso y goce, ya sea en carácter propietario, poseedor, locador, usufructuario y usuario. Por imperio del art. 375 CPCC, la carga de probar tal carácter corre a cargo de quien lo alega, en este caso los actores (art. 375, 676 CPCC, conf. SCBA, Ac 77435, sent. del 27/12/2000).
En este sentido, se ha dicho que “si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado a su restitución. La acción de desalojo asiste tanto al titular registral, a quien resulte ser poseedor, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño haya otorgado la tenencia y tenga derecho a requerir la restitución” (esta Sala, causa 123248 RSD 143-19, sent. del 5/06/2019); “Es legítimo acordar la acción de desalojo no sólo al propietario sino al locador, usufructuario, usuario y poseedor, contra todo tenedor cuya obligación de devolver sea exigible” (Cám. Nac., esp. Civ. y Com., Sala V, ED 88-193; citado en Morello, Augusto Mario, “Juicios Sumarios”, Tomo I. Interdictos. Desalojo, Librería Editora Platense, tercera edición, 1995, pág. 229).
Ahora bien, para debatir la concurrencia de estos extremos, no resulta procedente traspasar el límite de lo que se puede controvertir en este tipo de juicios. Es que la la acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del CPCC (código procesal civil) no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie (a primera vista) la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis (derecho a la posesión, implica la posibilidad de acceder a una posesión merced a un título, sin que se ello equivalga a que ya se encuentre ejerciendo esa relación real) o el ius possesionis (el derecho de la posesión. La posesión efectiva ya adquirida independientemente que se encuentre respaldada por un título (Conf. SCBA, C 107.959, sent. del 5-X-2011; C 105.530, sent. del 15-VI-2011).
En los términos antes descriptos, encuentro que los accionantes -de conformidad con lo dispuesto por el Juez de grado- no han probado el derecho a exigir la entrega de la cosa, ni que pese obligación de los demandados a restituir el bien (arts. 384, 676 CPCC).
Ello, a partir de que de la prueba rendida se evidencia claramente un conflicto que excede los límites propios de este tipo de procesos y que forma parte -a todo evento- de una disputa sobre los derechos posesorios que ambos litigantes alegan y oponen recíprocamente en contra del otro, circunstancia que queda explicitada desde el mismo inicio de la demanda y su contestación, donde tanto accionantes como accionados se definen como poseedores de buena fe con ánimo de dueños.
Luego, en la etapa probatoria, se puso de manifiesto de modo aún más elocuente esta disputa la que no ha sido zanjada ni puede serlo en este proceso, toda vez que la presente acción no es ámbito legalmente adecuado para discutir sobre este tipo de derechos, sino que el marco apropiado es el de las acciones posesorias creadas a tal efecto (arts. 2469 y sig. CC).
Por ello, la confirmación de la sentencia de grado se impone, siempre que no se encuentra acreditado prístinamente ni el derecho de exigir la desocupación del bien por parte de los actores, ni la obligación de los demandados de restitución en virtud a los conflictos antes alegados.
En este sentido, los testimonios rendidos en este proceso -contrariamente a lo que reclaman los actores en sus agravios- replican claramente estas dos posiciones contradictorias.
Llamados a prestar declaración, Lorena Alejandra Airoldi (fs. 24/25), Oscar Marcelo Cardozo (fs. 26 y vta.), Francisco Roberto Yaconanti (fs. 27 y vta.), concuerdan en que en el inmueble objeto del presente “vivieron las tres personas” en clara referencia a Consorti, Lenguita y Fortunato (respuesta sexta), acordando asimismo que primero lo hicieron los actores y que luego se la dieron en préstamo al accionado Fortunato (respuesta séptima).
Pero llegado a este punto, ninguno de ellos aporta elementos suficientes para acreditar ese extremo más allá de lo que escucharon de las mismas partes. Airoldi (fs. 24/25) refiere que “hace aproximadamente 7 años, se encuentra con el señor Fortunato, quien le comenta esta situación de la vivienda, y luego por redes sociales se conecta con el Sr. Consorti, y éste le comenta lo mismo con relación a la situación manifestada”, mientras que Yaconanti (fs. 27 y vta.) da cuenta “Lo declarado lo sé y me consta por haber trabajado en la casa en la que viven actualmente Consorti y Lenguita, y allí escuchó que le prestaron la vivienda de La Parada a Fortunato” y Cardozo (fs. 26 y vta.) manifiesta que “Lo declarado lo sé y me consta por haber sido vecino de la vivienda cuando vivían la Sra. Consorti y el Sr. Lenguita”.
A ello se suma lo depuesto por Héctor Raúl Paz (fs. 111/112) quien dijo que Fortunato vive en “La calle no sabe pero viven a dos cuadras de su casa, en el Barrio La Parada” (sexta), “el cree que son los dueños, porque él siempre los ve haciendo las cosas” (novena), que hizo mejoras: ”Alambraron, pusieron árboles, tranquera, pintan, agrandaron la casilla chiquitita, han hecho muchas mejoras” (novena) y que “Hace 11 años venían cada tanto, piensa que vive desde aproximadamente 7 años”.
De estas manifestaciones se deprende que se trata, en este específico punto relativo al comodato verbal, de testigos de referencia que son aquellas personas físicas distintas de los sujetos legitimados en un proceso que trasmiten un conocimiento relativo a un hecho al cual han accedido mediante la percepción sensorial de un tercero, verdadero testigo de lo acaecido. La eficacia probatoria de los dichos de estos “testigos de oídas" es sumamente restringida, desde que sólo acreditan haber escuchado un relato de boca ajena (arts. 384 y 456 CPCC, conf. esta Sala causa 128525, RSD 18/21 sent. del 23/02/2021).
A ello se le suma el resto de las probanzas que cada parte produce en su beneficio como las informaciones sumarias obrantes a fojas 60 y 72 en las que tanto Analía Verónica Prieto como Cecilia Andrea Consorti manifiestan e intentan acreditar que viven en la propiedad, el oficio a Viviendas Rolón en el que se da cuenta la compra de una vivienda prefabricada por parte de la actora (149/152), o el reconocimiento judicial que constata la ampliación de aquélla (fs. 115 y vta.).
Consecuencia de todo lo expuesto, se impone la confirmación de la sentencia de grado en cuando no encuentro configurados los extremos requeridos por el art. 676 CPCC para la procedencia del desalojo. Específicamente -como se dijo- no evidencio configurada la legitimación activa para obrar, ni la obligación de restitución por parte del demandado.
Ello sin perjuicio de las acciones posesorias que podrán ejercer las partes en defensa de las posiciones que ambos han explicitado en estas actuaciones (arts. 2469 y sig. C.C).
7. En tal entendimiento, he de propiciar la desestimatoria de los agravios examinados y la consecuente confirmación de la sentencia apelada. Postulo asimismo las costas de la alzada a cargo de los actores vencidos (art. 68, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia de fs. 158 e imponer las costas de Alzada a los accionantes en el carácter de vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fs. 158 y se imponen las costas de Alzada a los accionantes en el carácter de vencidos (art. 68 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia