Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el resolutorio recurrido de fecha 16/07/2021 -segundo párrafo- en lo que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo en la instancia originaria subsanarse la deficiente personería señalada precedentemente, pudiendo al efecto sustituir el señor Pirro el poder que se le otorgara -conforme las facultades que surgen del mismo- en un abogado o procurador matriculado en esta Provincia. Con costas a la parte actora apelada que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
La Plata, 28 de Octubre de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 10/08/2021, contra el proveído de fecha 16/07/2021 -segundo párrafo-, en cuanto considera que la personería invocada por la parte actora se encuentra debidamente acreditada. El remedio, concedido el 20/08/2021, fue sustentado en el memorial de agravios del 31/08/2021, ordenándose sustanciar el 13/09/2021 y mereciendo la réplica del accionante del 21/09/2021 (conforme constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, se agravia el recurrente pues entiende que la resolución apelada reduce el análisis del control de personería al de la suficiencia de las facultades contenidas en el poder acompañado por la actora, pero omitiendo considerar si esas facultades contrarían o no la normativa de orden público que indica que en el territorio provincial, ningún particular puede intervenir en juicio en representación de otro particular, sin acreditar su condición de abogado.
Destaca que no se discute que el poder contenga las facultades para estar en juicio, sino que ha sido conferido a alguien que no es abogado o procurador y que ello contradice la normativa de orden público que niega la posibilidad de intervención en juicio en esos casos.
Aduce que la representación que el actor invoca en el capítulo primero y segundo de su demanda, es la llamada representación convencional, que de las propias constancias de las actuaciones surge que dicho accionante no es ni alega ser abogado o procurador, y que aún cuando no se haya interpuesto excepción, el control de la personería puede y debe ser efectuado de oficio y en cualquier estado del trámite, en tanto importa una cuestión de orden público (ver memorial del 31/08/2021, sist. Augusta).
3. El señor juez de la instancia anterior, en relación a la personería de la parte actora, advirtió que dicha circunstancia fue ponderada al inicio de las actuaciones, señalando que la demanda incoada resultó ajustada a las facultades contenidas en el poder general amplio acompañado con el escrito de inicio, por lo que entendió que la personería invocada se encontraba debidamente acreditada, con cita de los arts. 34, inc. 5, ap. b; 46, 47 y concs., del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC- (ver proveído del 16/07/2021 -segundo párrafo-, sist. Augusta).
4. A. Liminarmente, corresponde abordar el planteo, que debe encuadrarse como de insuficiencia del recurso, deducido por la actora en su contestación de fecha 21/09/2021 -punto cuarto-, contra el ataque articulado por la parte demandada.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la apelante (de fecha 31/08/2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180), máxime si se tiene en cuenta que la parte demandada -en el aludido memorial de agravios- no sólo cita normativa legal sino también jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura, no constituyendo dicho escrito de fundamentación del recurso una mera reiteración de lo solicitado el 30/06/2021 como pretende el actor en su responde de fecha 21/09/2021.
B. Ahora bien, en cuanto a la extemporaneidad también planteada por el actor apelado, nótese que el demandado no dedujo en su escrito del 30/06/2021 excepción alguna -como sostiene el accionante en su contestación de traslado del 21/09/2021-, menos aún ha interpuesto la de falta de legitimación activa como se alega en el punto séptimo, incisos “b” y “c”, del petitorio de dicha respuesta (art. 34 inc. 4, CPCC).
Por el contrario y tal como sostuvo la parte demandada, la falta de personería manifiesta es un defecto que debe ser analizado por el juez, de oficio, aditándose que si bien ese análisis debe ser efectuado por el magistrado de grado, no existe óbice alguno para que sea realizado por el Tribunal de Alzada, quien, en última instancia como juez del recurso, tiene amplias facultades al respecto, máxime que se trata -en el caso particular- de la situación que llega controvertida a esta instancia revisora (arts. 246, 266, 270, 272, CPCC).
En este sentido, cabe reparar que corresponde al órgano judicial construirse como director eficaz en el procesamiento del caso para garantizar de modo eficiente (con economicidad de trámites y tiempos, y simplificación del procedimiento) la tutela efectiva, verificando de oficio en forma oportuna la concurrencia de los presupuestos procesales necesarios para la constitución de una relación procesal regular (art. 34, inc. 5, apartado b, del CPCC; esta Sala, arg. causa 125310, RSD 77/21, sent. del 08/04/2021).
Conforme lo anterior, la extemporaneidad alegada (punto segundo del escrito electrónico del 21/09/2021) queda huérfana de sustento, razón por la cual se procede a continuación al tratamiento del embate recursivo (art. 272, CPCC).
5. A. En el supuesto bajo análisis y según surge del escrito de demanda (de fecha 20/11/2020), se presenta el actor Armando Alberto Pirro, por la intervención que seguidamente manifiesta acreditar, con el patrocinio letrado del doctor Rodolfo Martín Cacace. Expone que su madre, la señora Teresa Ana Freyre, le ha conferido facultades suficientes para iniciar esta demanda de desalojo. Agrega copia del testimonio notarial, declara bajo juramento la autenticidad del mismo y que dicho mandato se encuentra en plena vigencia. Expresa que concurre en su carácter de apoderado e hijo de la aludida señora Teresa Ana Freyre, a promover formal demanda de desalojo, en los términos de los arts. 676 y 676 bis del CPCC, contra el señor Carlos Antonio Osorio, respecto de un inmueble del que aquélla resulta titular de dominio. Al solicitar el beneficio de litigar sin gastos esgrime que no se encuentra la propietaria señora Freyre en posición de enfrentar hoy los gastos del proceso (ver escrito electrónico de inicio del 20/11/2020, sist. Augusta).
A su vez, de las páginas 7 a 18 del primer archivo en formato “.pdf” adjunto al escrito de demanda del 20/11/2020, surge la copia digital del poder general amplio que le otorgara Teresa Ana Freyre a favor de Armando Alberto Pirro y que invoca este último para representar a la primera en estas actuaciones, habiéndose tenido al peticionante -aquí apelado- en el primer despacho por presentado, parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal y electrónico indicado (ver proveído del 27/11/2020, sist. Augusta).
B. Prescribe el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial que la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar, con su primer escrito, los documentos que acrediten el carácter que reviste. Conforme lo dispuesto por el artículo 92 de la ley 5177 -que regula el ejercicio profesional de la abogacía- (texto ordenado según decreto 2885/01), salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede comparecer por derecho propio en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio que conforme a las leyes del mandato, pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula.
Acorde lo dispone el artículo 1 de la ley 5177, para el ejercicio de la profesión de abogado ante los jueces y tribunales de la Provincia se requiere tener título de abogado y estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios Profesionales departamentales. Tal recaudo es exigido también para quien se presenta en juicio en representación de otro, motivo por el cual, si el apoderado no reúne los recaudos necesarios para el desempeño de su profesión dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, habrá de sustituir el poder en quien se encuentre habilitado (arts. 377, 1327, Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala -con anterior integración-, causas 101227, RSD 91/04, sent. del 22/04/2004; 110406, RSI 4/09, sent. int. del 12/02/2009; 115459/1, RSI 210/12, sent. int. del 11/10/2012).
C. La deficiencia en la personería no se subsana con el patrocinio letrado sino que, como se dijo, el apoderado debe ser abogado y encontrarse legalmente matriculado a tal efecto.
Ello así, el poder acompañado no resulta suficiente para considerar debidamente investido al apelado de personería para actuar en juicio, pues -tratándose de una representación convencional y no legal- no ha justificado el señor Pirro que se presenta en estas actuaciones en nombre de otro -en el caso, la señora Freyre- (art. 46 del CPCC) carácter de abogado o procurador matriculado dentro el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, el resolutorio recurrido no se ajusta a derecho y corresponde sea revocado, por lo que deberá en la instancia originaria subsanarse la deficiente personería señalada precedentemente, pudiendo al efecto sustituir el señor Pirro el poder que se le otorgara -conforme las facultades que surgen del mismo- en un abogado o procurador matriculado en esta Provincia. Con costas a la parte actora apelada que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se revoca el resolutorio recurrido de fecha 16/07/2021 -segundo párrafo- en lo que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo en la instancia originaria subsanarse la deficiente personería señalada precedentemente, pudiendo al efecto sustituir el señor Pirro el poder que se le otorgara -conforme las facultades que surgen del mismo- en un abogado o procurador matriculado en esta Provincia. Con costas a la parte actora apelada que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia