Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131287
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el proveído apelado de fecha 02/02/2022, con costas al recurrente (arts. 68, 69 CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 131287; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
RAMOS ROJAS PABLO C/ DIAZ PALMIRA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
La Plata, 29 de Abril de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto el día 04/02/2022 por la parte actora, contra la providencia del 02/02/2022 en cuanto dispone que deberá correrse el traslado de demanda conforme fue ordenado en fecha 30/11/2021, esto es, al domicilio real, toda vez que advierte que la cédula electrónica presentada el 01/12/2021 y librada el 02/12/2021, fue dirigida al domicilio electrónico que se dice constituido por la parte en el denunciado contrato de comodato cuyas firmas no se encuentran autenticadas. El remedio se concedió el 08/02/2022 y se fundó en el memorial de agravios del 09/02/2022, encontrándose estos obrados en estado de resolver (ver constancias del sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, se agravia el recurrente por entender que la reforma efectuada al Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante, CCyC-, es una norma de fondo que no afecta a una disposición procesal de índole local.
Alega que debe tenerse presente la autonomía de la voluntad de las partes que debe primar en los contratos entre privados, que ambas partes han sido asistidas con patrocinio letrado, y han pactado voluntariamente someter cualquier tipo de notificación a domicilios constituidos electrónicos, por lo cual el argumento de que las firmas de las partes no se encuentran autenticadas a su entender resultaría inatendible.
Considera que se soslaya el cambio paradigmático que ha efectuado el máximo tribunal superior, al crear el régimen de notificación a domicilios electrónicos, ratificados por ley provincial 15.230 y normativa concordante y complementaria, de donde se colige que es perfectamente equiparable el domicilio electrónico constituido a un domicilio real, a todos los efectos notificatorios, entre ellos, el de traslado de demanda (ver memorial del 09/02/2022, sist. Augusta).
3. A. Liminarmente, señálase que es sabido que el Tribunal de Alzada, es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, entre otras, si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurra, sin estar atado a lo resuelto por el juez o jueza de la instancia anterior ni por lo acordado por las partes (SCBA, causa 73617, sent. del 12-9-2001; causa 84043, sent. del 6-9-2004; esta Sala, causa 114.562, sent. int. del 09/2/12, RSI 14/12; 124812, RSI 40/19, sent. int. del 12/3/19; causa 125661, RSI 170/19, sent. int. del 18/06/2019; e/o).
En este sentido, si bien la providencia atacada encuadra a primera vista dentro de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas al órgano jurisdiccional por la legislación adjetiva vigente y que, además, caería dentro de la inapelabilidad prevista en el art. 494 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-, lo cierto es que encontrándose en juego la debida composición de la litis y, por ende, las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, es que corresponde excepcionalmente adentrarse al tratamiento del embate recursivo propuesto por la parte actora (arts. 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires -CPBA-; 18 Constitución Nacional -CN-).
B. Abordando entonces la tarea revisora, nótese que en el primer despacho de fecha 30/11/2021, en el punto 3, se dejó establecido que la acción tramitará según las normas del proceso sumario, ordenó correr traslado de la demanda y en el apartado cuarto dispuso que el Oficial Notificador debía dar cumplimiento con los arts. 338 del CPCC y 196 del Acuerdo 3397/08 de la SCBA e individualizar a los ocupantes, entre otras mandas, para lo cual dejó previstas instrucciones y diversas formas de libramiento de cédulas al domicilio de la parte demandada.
Mas luego, en el octavo párrafo del punto 5 del referido primer proveído, sin perjuicio de determinar la notificación de la totalidad de la providencia con copias debiendo el Oficial Notificar dar cumplimiento a lo normado por el art. 338 del CPCC, agregó que podía efectivizarse la misma al domicilio electrónico indicado en el contrato de locación (correctamente, se aclara en este acto, comodato) acompañado en formato “.pdf” bajo exclusiva responsabilidad del requirente.
Ello así, repárase que la magistrada de la instancia de origen para ordenar que el traslado de la demanda se notifique por cédula al domicilio real de la parte accionada, brindó como fundamento que la cédula electrónica presentada el 01/12/2021 y librada el 02/12/2021, fue dirigida al domicilio electrónico que se dice constituido por la parte en el denunciado contrato de comodato, cuyas firmas no se encuentran autenticadas.
Esta circunstancia, si bien discutida por la parte apelante, no llega debidamente sustentada a esta instancia de Alzada, pues las manifestaciones del apelante constituyen una mera discordancia o discrepancia con la forma de resolver por la magistrada de grado, pues no indican -en forma precisa- dónde radica el error de su resolución ni alcanzan a conmover los aludidos fundamentos del proveído atacado (arts. 260, 272, CPCC).
Al respecto, nótese que el instrumento titulado contrato de comodato de inmueble presentado por la parte actora (ver páginas 1/3 del primer archivo “.pdf” adjunto a la presentación electrónica del 26/11/2021, sist. Augusta) presenta firmas atribuidas en el escrito inicial a las partes actora y demandada de estos obrados conjuntamente con la de dos profesionales de la abogacía; así, debe destacarse que los letrados carecen -en el ejercicio de su profesión- de facultades fedatarias, razón por la cual su intervención en el contrato formalizado en instrumento privado no puede derivar en que las firmas se encuentren autenticadas.
C. Ahora bien, la providencia atacada no hace referencia alguna al art. 75 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC- cuyo texto actualmente se rige por la modificación introducida por la ley 27551, no pudiendo sostenerse válidamente que esa forma de decidir implique contradicción con la aludida normativa de fondo.
Es que el domicilio electrónico -según párrafo agregado por la aludida ley 27551 al art. 75 del CCyC- participa de los caracteres de los domicilios especiales regulados en la misma norma, resultándole aplicables al nombrado en primer término las previsiones en torno a los domicilios de elección.
En este sentido, este Tribunal ha resuelto que la constitución de un domicilio especial tiene, entre otras finalidades, la de establecer un centro de recepción de actos procesales o extrajudiciales, cuya vigencia subsiste hasta tanto se agoten las consecuencias del negocio jurídico para los cuales se eligió (arts. 101, 897, 902, 903 y conc. del Cód. Civil -CC-; arts. 75, 260 y conc. del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala, causas 128578, RSD 8/21, sent. del 11/02/2021; 130177, RSI 389/21, sent. int. del 07/09/2021).
Es principio básico que toda notificación de la iniciación de un proceso debe hacerse en el domicilio real (art. 73, CCyC). No obstante, dicha regla cede ante la existencia fehaciente de un domicilio convenido contractualmente (art. 75 del CCyC), que puede coincidir o no con el real o legal, según el caso (esta Sala, doct. Causa 102.967, RSI 310/04, sent. int. del 28-8-04; doct. 124765, RSI 315/2018, sent. int. del 23/11/2018). Uno de los efectos de la elección de un domicilio especial convencional es que en el mismo deben notificarse las demandas que sean consecuencia del negocio jurídico para el cual el domicilio se eligió (esta Sala, causas 128578 y 130177 citadas).
Ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el domicilio especial o domicilio de elección constituye el asiento legal de la persona para las obligaciones derivadas del contrato que lo motiva (art. 101 del Código Civil -actual 75 del CCyC-) y su fijación implica -en principio- no sólo la atribución de la jurisdicción pertinente, sino también que quien lo eligió debe estar allí presente para el cumplimiento de sus obligaciones o, cuando menos, dejar allí quién haga sus veces (conf. Salvat-López Olaciregui, "Parte General"., t. I, pág. 842; Causas: Ac. 27.009 del 13/11/79, D.J.B.A. t. 117 pág. 454; Ac. 44.101 del 17/10/90, Ac. y Sent. 1990-III-709; Ac. 57.102 del 27/12/96; e/o; esta Sala, causas 128578 y 130177 cit.).
Así, es válida y eficaz la notificación realizada en el domicilio especial fijado en el contrato privado que es reconocido o declarado tal y/o que tiene las firmas certificadas por Escribano Público (conf. doct. SCBA, Ac. 81938 sentencia del 29/12/2003; esta Sala, causas 128578 y 130177 cit.).
Dichas premisas, devienen aplicables al caso bajo análisis, pues todo domicilio especial -para surtir los efectos pretendidos- debe resultar de existencia fehaciente, es decir, ser fijado en el contrato privado reconocido o declarado tal y/o que tenga las firmas certificadas por Escribano Público.
Se aprecia así que, a pesar de haberse facultado a la parte actora para notificar el traslado de la demanda en el domicilio electrónico surgente del contrato en cuestión, al no haber la parte accionada comparecido a responder dicho traslado, deviene procedente lo ordenado por la jueza de la instancia anterior, pues se halla comprometida la garantía de la defensa en juicio de la parte demandada (arts. 15, CPBA; 18, CN; 34 inc. 5 aps. b y c, 135 inc. 1, 143, 338, y concs. CPCC).
D. Párrafo aparte merece lo expresado por el recurrente en torno al Registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (creado según Ac. 3889/20 y su modif. Ac. 4000/20, texto ordenado según Res. de Presidencia SPL 74/20) y a la ley 15230 (que implementa la constitución del sistema de domicilio electrónico y audiencias virtuales, en los procedimientos administrativos y crea el registro de domicilios electrónicos de la Provincia de Buenos Aires).
Al respecto, repárase que la referida ley 15230 (promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 18/01/2021) prevé la constitución de un domicilio electrónico en los procedimientos administrativos, que producirá efectos en el ámbito administrativo (arts. 1, 2, 3, 6 y concs. ley 15230 cit.).
A su vez, su art. 12, dispone: “Créase el Registro de domicilios electrónicos de la Provincia de Buenos Aires, el que estará integrado por el conjunto de domicilios electrónicos inscriptos en el sistema establecido por la presente. El Poder Ejecutivo determinará su alcance y funcionamiento. El régimen de los domicilios electrónicos correspondientes a los procesos que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se regirá por el Acuerdo N° 3989/2020 y modificatorios, emanados de la Suprema Corte de Justicia. Dichos domicilios serán utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de comunicación a través de medios electrónicos, comprensivos incluso de aquellos que, según la legislación vigente, deban ser diligenciados en el domicilio real del destinatario. En los procedimientos administrativos que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia serán aplicables los lineamientos de la presente Ley con el alcance establecido por las reglamentaciones emanadas de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia podrán celebrar acuerdos específicos tendientes a la compatibilización de los sistemas de gestión de domicilios electrónicos”.
Es decir, la normativa de la ley 15230 aplica a los procedimientos administrativos, excediendo -por ende- a la presente causa y, además, con respecto a los procesos judiciales remite expresamente a lo dispuesto en el Ac. 3889/20 y modif. SCBA.
Distinta sería la situación si el domicilio preindicado se hubiera encontrado inscripto a nombre de dicha accionada en el Registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Ac. 3989/20 SCBA y modf.), circunstancia que no se verifica en estas actuaciones y, por ende, refuerza la solución a la que aquí se arriba.
4. Por las razones precedentemente apuntadas, se concluye que el recurso en examen no ha de merecer acogimiento, correspondiendo confirmar el proveído apelado de fecha 02/02/2022, con costas al recurrente (arts. 68, 69 CPCC).
POR ELLO, se confirma el proveído apelado de fecha 02/02/2022, con costas al recurrente (arts. 68, 69 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia