Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134969
Sentencia Definitiva
Causa N°134969; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA
MERCADO NICOLAS ARIEL C/ AGUIRRE ROSAS HUGO S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134969, caratulada: "MERCADO NICOLAS ARIEL C/ AGUIRRE ROSAS HUGO S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 29 de mayo de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por desalojo incoada por Nicolás Ariel Mercado contra Hugo Aguirre Rosas, Braian Alan Aguirre, Karen Marina Branchini y demás ocupantes del inmueble sito en la calle 231 (hoy La Perla) esquina 428 (hoy Playa Grande) de la localidad de El Peligro, Partido de La Plata; impuso las costas a la parte actora en su condición de vencida y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales para su oportunidad.
2. Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación el actor (v. presentación electrónica de fecha 6 de junio de 2023) el que, concedido libremente (proveído de fecha 12 de junio de 2023), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 26 de junio de 2023). Corrido el pertinente traslado (proveído del 27 de junio de 2023), éste fue contestado por los demandados Braian Alan Aguirre, Karen Marina Branchini y Hugo Aguirre Rosas (presentación electrónica de fecha 3 de julio de 2023). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 4 de julio de 2023).
3. El apelante afirma que la sentencia dictada carece de una valoración objetiva de la prueba producida.
Analizándola, recuerda que desconoció en el momento procesal oportuno el instrumento privado acompañado por el demandado Hugo Aguirre Rosas.
Agrega que esa cesión tiene fecha cierta del 13 de junio de 2018, fecha posterior al inicio de la demanda, lo que indica que los accionados ante la recepción del reclamo fabricaron ese título que carece de cualquier tipo de valor jurídico.
Manifiesta que de la denuncia efectuada por el anterior propietario del lote 20, Sr. Jorge Omar Fernández, surge que Aguirre Rosas se presentó como testigo declarando que no vive ahí y que el lote es propiedad de Gladys Leiva en contradicción con lo que luego dice que adquirió la propiedad en el año 2010 (fs. 39).
Califica la fotocopia simple de supuestos boletos de compra venta, especialmente sobre el lote 20, como inválido además de haber negado su autenticidad en el momento procesal oportuno.
Agrega que la testimonial ofrecida y producida por los legitimados pasivos es inconsistente.
Asegura que Aguirre Rosas es un simple intruso que al momento de contestar la demanda prefabricó documentación para simular una supuesta posesión que nunca ejerció.
Refiere que el demandado carece de los elementos necesarios para considerarse poseedor ya que: carece de título, el inmueble está desocupado, jamás se pagó un impuesto o un servicio, desconocía quien era el titular de dominio, nunca inició una acción para regularizar la posesión que dice tener y jamás tramitó un plano de posesión.
Afirma que no tiene sentido obligarlo a iniciar una acción autónoma de reivindicación.
Reclama que la jueza de grado tiene no sólo la facultad sino también el deber de abordar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enunciamos las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia y de conformidad con la regla "iura novit curia".
Aduna que a fs. 127 el perito martillero informa que el lote 20 se encuentra libre, sin construcción. Es decir que no se realizaron actos de carácter material sobre la cosa, lo que prueba indudablemente la precariedad de la tenencia.
Califica de falso que la contraparte haya colocado alambrado olímpico, haya instalado la luz y una perforación de agua.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas, entendiendo que debieron ser impuestas por su orden.
Advierte que la eximición de costas se funda en que su parte actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado, no se basó en la mera creencia subjetiva, sino en circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo.
4. A fin de abordar la tarea revisora, encuentro prudente destacar que el proceso de desalojo ha sido concebido en nuestro ordenamiento procesal como de carácter especial (Libro IV, Procesos Especiales, Título VII) al que cabe imprimir el trámite sumario (art. 676 del CPCC).
El exclusivo objeto de este particular proceso es la recuperación de un bien y el reclamo debe dirigirse contra quien se halla obligado a su restitución. La consideración de tal exigibilidad excluye la de otras cuestiones cuya índole no resulta propia del limitado debate que permite la especialidad del procedimiento elegido (conf. esta Sala, causa 104137, sent. del 15/12/2004, RSD 341/2004).
Para establecer cuál es el límite de lo que se puede controvertir en este tipo de juicios, nuestro Máximo Tribunal provincial ha expuesto que la acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del CPCC no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie (a primera vista) la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis (derecho a la posesión, implica la posibilidad de acceder a una posesión merced a un título, sin que se ello equivalga a que ya se encuentre ejerciendo esa relación real) o el ius possesionis (el derecho de la posesión. La posesión efectiva ya adquirida independientemente que se encuentre respaldada por un título; conf. SCBA, C 107.959, sent. del 5/10/2011; C 105.530, sent. del 15/06/2011).
En el caso en estudio, Nicolás Ariel Mercado inicia proceso de desalojo en contra de Hugo Aguirre Rosas y ocupantes del inmueble sito en calle 231 (hoy La Perla) esquina 428 (hoy Playa Grande) s/n de la Localidad de El Peligro, Partido de La Plata (C VIII, S P, MZ 81, Parcela 20, Partida 055-2844835).
Para ello, se basa en la legitimación que le confiere el título que surge de la escritura 106 pasada por ante la Escribana Alicia Noemí Broccardo mediante la cual Jorge Omar Fernández le vende la propiedad, el que fue debidamente inscripto por ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 14/18).
En su presentación de inicio narra que luego de la compra -efectuada el 24 de junio de 2015 a través de “Del Sur Inmobiliaria”- el 26 de septiembre de 2015, al presentarse con el agrimensor a amojonar el lote, se encuentra con que éste estaba cercado en su totalidad con alambre tejido, “apareciendo” en ese momento el demandado que vive en el lote lindante quien lo amenazó (v. fs. 24/26, fecha de inicio del proceso 11 de abril de 2016 según planilla de inicio de fs. 3 y vta.).
Corrido el pertinente traslado, se presenta el demandado a contestar demanda en donde niega los hechos alegados por el accionante, denunciando que con fecha 2 de diciembre de 2010 la señora Gladis Magdalena Leiva le cedió por documento privado con firma certificada los derechos posesorios sobre el inmueble en cuestión y dos lotes más que heredara de su madre (fs. 45/69).
Luego de detallar las características de la posesión de la cedente, da cuenta que el 14 de abril de 2013 repelen, conjuntamente con su hijo Daniel Raúl Navas, un intento de ocupación expulsando del lugar a un grupo de personas entre los que estaba Jorge Omar Fernández. Agrega que por esos hechos tramitaron dos causas penales que a la fecha de la presentación se encuentran archivadas (v. contestación de demanda de fs. referidas).
Da cuenta en el mismo conteste de actos posesorios como el reemplazo del alambre de púas de 4 hilos y postes de teléfono en desuso por un alambre olímpico que une los terrenos 18, 19 y 20, el comienzo de la construcción de una vivienda, plantación de árboles en todo el perímetro (alegando que sólo sobrevivió uno a causa de las inundaciones), relleno del terreno, colocación de portón de madera en el frente que da a la calle 231 hacia la esquina lateral, instalación de servicio eléctrico, perforación de napas de 72 metros. Agrega que se mudó a la casa a fines de 2013 y armó otra vivienda para su hijo y que tiene programada una vivienda de material en la parcela 20.
A partir de lo expuesto, afirma detentar la posesión continua y ostensible del bien.
Acompaña, a los fines de probar su posición, Boleto de cesión, de compra venta de las parcelas 15, 17, 18, 19 y 20 y denuncia policial. Cabe mencionar aquí que en el punto “b” del apartado “IV” ofreció como prueba los expedientes judiciales IPP 15243/13 y 14478/13 (v. presentación de fs. referidas).
A esta posición adhieren luego Braian Alan Aguirre y Karen Marina Branchini (fs. 95).
A fs. 79 el actor contesta el traslado conferido negando las afirmaciones del accionado y desconociendo la prueba documental acompañada.
Ahora bien, a poco de emprender el análisis del plexo probatorio producido en estas actuaciones, el yerro en el que incurre la sentencia de grado se torna evidente (arts. 384, 474 CPCC).
Ello a partir de que, de la totalidad de las actuaciones tramitadas en la justicia penal por denuncias (IPP 06-00-038366-15/00 denunciante Mercado Nicolás Ariel, IPP 06-00-015243-13 denunciante Gladys Leiva e IPP 06-00-014478-13 denunciante Fernández Jorge Omar) surge que, lejos de acreditarse prima facie la posesión en cabeza del demandado, la autocontradicción entre la postura que Aguirre Rosas toma en estas actuaciones y en lo que en aquéllas depone como testigo.
Como se dijo, aquí denuncia que es poseedor de la propiedad desde el año 2010 por cesión de acciones y derechos posesorios efectuados por la señora Leiva pero en las IPP mencionadas ambos (quien se sindica como cedente y el legitimado pasivo) se refieren a Aguirre Rosas como un empleado o un colaborador de aquélla en esos años (v. cesión de fs. referidas).
En efecto, en la IPP 06-00-015243-13 agregada a la presente como prueba a fs. 176, el demandado depone -el día 25 de junio de 2013- “…que trabaja para la denunciante en autos, ya que él hace el mantenimiento de su vivienda y de otros terrenos propiedad de esta…”, agregando que “...Gladys le pidió que si se acerca a ver qué pasaba…” (v. fs. 22).
Luego, se vuelve a presentar en los mismos actuados y manifiesta que Hugo “Conoce a la Sra. Leiva hace aproximadamente 10 años, trabajando para ésta desde hace 6 años a la fecha, que desde que la conoce es su labor mantener los lotes en cuestión, que son propiedad de la señora Leiva ya sea cortando el pasto, o cambiando algún alambrado perimetral. Deja de manifiesto que ante cualquier tipo de inconveniente con el Sr. Fernández es él quien arriba primero al lugar, puesto que los hijos de la señora Leiva viven en el Partido de Avellaneda. Que respecto a testigos de cuanto resulta ser la propietaria ya han prestado declaración en la presente” (v. fs. 36 expediente antes referido).
Allí mismo, Gladys Leiva refiere que “El nombrado Fernández durante varias horas del día intento trató de ingresar al inmueble (terreno) abriendo el alambrado que había sido colocado por un empleado de la deponente, para finalmente desistir, cerrarlo y marcharse del lugar. Que actualmente en el predio no hay moradores que se hallen viviendo en el mismo, ya que no hay vivienda construida…” (el resaltado me pertenece) y “Asimismo, quiere dejar constancia de una situación que pasó por alto ocurrida en el mes de enero del corriente año, donde Fernández se había apersonado y se había entrevistado en forma personal con la deponente, manifestándole que quería adueñarse de uno de los 6 lotes, más específicamente el N°18 y que si ella no decía nada él tampoco iba a decir nada al señor que estaba por construir el galpón, desconociendo que se trataba de Hugo Aguirre respecto de que supuestamente quien depone tampoco ser propietaria, a lo que en ese preciso instante se le manifestó en forma verbal que los lotes eran de su propiedad herencia de su madre…” (v. expediente referenciado, fs. 35 de fecha 17 de septiembre de 2013).
Con el mismo alcance, el aquí accionado se presenta en las actuaciones IPP 06-00-014478-13 agregadas como prueba a fs. 193 del presente.
Allí reafirmó, el 11 de abril de 2013, que “manifiesta que nunca han sido descuidados los lotes de la ciudadana Gladys, siendo la propietaria como también la poseedora de los mismos por derecho de herencia” (v. fs. 16).
Ahora bien, compulsadas las declaraciones efectuadas por Aguirre Rosas en los expedientes penales y lo denunciado en el presente pleito, surge -como se viene desarrollando- una abierta autocontradicción: mientras que en sede represiva dijo -durante el año 2013- que su relación con el inmueble objeto de estas actuaciones era en carácter de colaborador y en representación de la Sra. Leiva, en este juicio asegura que es dueño desde el año 2010, a pesar de que la certificación de las firmas insertas en el convenio privado de fs. 48/49 recién fue realizada luego del inicio de este juicio.
Va de suyo que ésta es una conducta que resulta abiertamente violatoria de la doctrina de los actos propios.
En este sentido, ante una declaración expresa jurídicamente vinculante, no resulta válido posteriormente ponerse en contradicción con sus propios dichos. A la luz de la doctrina de los actos propios resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que son incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Este principio entronca con los deberes de conducta que impone la buena fe, la que requiere coherencia en el obrar del sujeto y sanciona aquéllas que resultan contradictorias. Esta exigencia no alcanza sólo a las partes en el proceso, sino también al órgano jurisdiccional (conf. esta Sala, causas 126314, RDS 299/19, sent. del 13/11/2019; 127482 RSD 137-20 sent. del 01/09/2020).
Es que la doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior (conf. esta Sala causa 126347 RSD 272-19, sent. del 15/10/2019).
No conmueve a esta conclusión lo depuesto por los testigos y las partes en la audiencia de vista de causa (ver link -enlace- de acceso de fs. 162 bis), toda vez que la conducta autocontradictoria del demandado es lo que sella su suerte adversa en este proceso (art. 384 CPCC).
Es decir, lo expuesto por el demandado excede con amplitud el reducido ámbito cognoscitivo de este proceso, al no lograr acreditar prima facie su carácter de poseedor con ánimo de dueño al momento del inicio de la acción (art. 676 CPCC; SCBA, C 107.959, sent. del 05/10/2011; C 105.530, sent. del 15/06/2011).
Debe destacarse asimismo que lo que aquí se resuelve en cuanto al desalojo, no implica pronunciarse sobre la posesión del bien la que deberá debatirse -en caso que las partes así lo consideren- en el marco pertinente a sus efectos, sino sólo sobre la aptitud para que el desalojo sea la vía para recuperar el uso y goce del bien por parte de quien acciona en estas actuaciones (arts. 676 y sig. CPCC).
Por todo lo expuesto, atento a que el actor ha probado su legitimación para requerir la devolución del inmueble mediante escritura de compra venta glosada a fs. 14/18, es que propongo se proceda a la revocación de la sentencia de grado, haciéndose lugar a la demanda por desalojo impetrada por Nicolás Ariel Mercado en contra de Hugo Aguirre Rosas, Braian Alan Aguirre y Karen Marina Branchini, haciéndola extensiva a ocupantes y subocupantes del inmueble objeto de autos, disponiéndose que en el plazo de 10 días de notificados los demandados deberán desalojar la propiedad bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública (arts. 384, 474, 676, CPCC.).
A todo evento, si el demandado insistiere con la alegación de sus derechos posesorios y de propiedad, éstos deberán ser debatidos en el marco del proceso pertinente.
5. Atento el rechazo de la acción que se propone, resulta oportuno atender -por aplicación de las reglas apelación implícita, también llamada adhesiva- los reclamos que el demandado llevó a la instancia anterior y que por su condición de ganancioso no pudo traer a la Alzada (conf. SCBA, causa C 109574, sent. del 12/03/2014, Juez Hitters -SD-).
Estamos en presencia de la figura que los doctrinantes han dado en llamar "adhesión implícita a la apelación", o "apelación adhesiva" (Barbosa Moreira, José Carlos, "Comentarios ao Processo Civil", Ed. Forense, Brasil, t. IV, p. 334), que ha sido recogida por la Corte Provincial y también por el más alto Órgano de Justicia de la Nación (Fallos: 193:408; 253:463; 256:434 y 260:402; entre otros) ante el silencio del Código adjetivo (conf. SCBA causa citada).
En el caso en estudio, al haberse rechazado la demanda por desalojo en la instancia, la juez de grado no abordó lo relativo al reclamo indemnizatorio ensayado por Hugo Aguirre Rosas en su conteste (v. Ap. “V” de fs. 66/69).
Allí, solicitó -para el caso de resultar vencido- se lo indemnice por la totalidad de las mejoras de acuerdo al resultado de la pericia en tasación ofrecida.
En esta labor, considero que, más allá de lo dictaminado por el perito martillero a fs. 114 y 132, el demandado no ha logrado demostrar en estas actuaciones que fue él quien efectuó las mejoras en la propiedad, sino que -los que han sido constatados- se los atribuye la Sra. Gladys Leiva como propios, no obrando en estos actuados prueba idónea en dirección a que fuera el reclamante quien los costeó (arts. 384, 474 CPCC).
En este sentido, me remito a la propia declaración del demandado en los expedientes penales en los que reconoce como dueña a la Sra. Leiva y haber realizado los trabajos por orden de ésta y a su costo.
En esa misma dirección, el testigo Mario Fernández depuso “Que refiere que la denunciante de autos es propietaria del mismo pagándole a una persona por el mantenimiento del terreno en cuestión, manifestando que aproximadamente 14 años conoce de esto” (v. fs. 25, IPP 06-00-015243-13) y cuando el mismo Aguirre Rosas reconoce que “desde que la conoce es su labor mantener los lotes en cuestión, que son propiedad de la señora Leiva ya sea cortando el pasto, o cambiando algún alambrado perimetral”.
Estas constancias que -como mínimo- ponen en duda quién estuvo a cargo y costeo las mejoras, tornan improcedente la petición e innecesario abordar calificación de las obras (necesarias, útiles o voluntarias; arts. 384, 474 CPCC).
6. Es por todo lo expuesto, que propongo hacer lugar al recurso planteado por el actor, instando a la revocación de la sentencia de grado; en consecuencia, planteo el acogimiento de la demanda por desalojo instaurada por Nicolás Ariel Mercado en contra de los demandados Hugo Aguirre Rosas, Braian Alan Aguirre y Karen Marina Branchini, haciéndola extensiva a ocupantes y subocupa
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