Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde confirmar la apelada sentencia del 15 de abril de 2024 en lo que ha sido objeto de recurso y agravios. Costas de Alzada a los apelantes.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de Julio de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SALUD Y APOYO ASISTENCIAL ASOCIACIÓN CIVIL C/OSCAR CARLOS ALBERTO S/ DESALOJO" (causa: 137282), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 15 de abril de 2024?.
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 15 de abril de 2024, el Sr. Juez de la instancia previa decidió rechazar la excepción previa de falta de personería deducida por María Laura Aguirre y Martín Calamano, con costas; y difirió la decisión sobre las de falta de legitimación activa y pasiva para la oportunidad de dictar la sentencia definitiva.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzaron los referidos, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 23 del mismo mes y año; donde señalaron verse agraviados por la postergación en el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación, toda vez que, de la misma documentación acompañada por la Inspección General de Justicia, se desprende que la misma es manifiesta; explicando, en ese orden, que el solo hecho de que la sociedad esté constituida desde el año 2004 no es prueba contundente ni suficiente para manifestar VS que la excepciones no tienen aquel carácter.
Por otro lado y en lo que refiere a la falta de personería, adujo que el Magistrado realizó una lectura errónea del planteo, teniendo en cuenta para ello solo una parte parcial del funcionamiento y registración de una persona jurídica y no la totalidad de lo que comprende su constitución, registración, funcionamiento y requisitos interpuestos por la Inspección General de Justicia, organismo de contralor de las sociedades y asociaciones para poder funcionar; afirmando que en el informe enviado por la Inspección General de Justicia, se encuentra el listado de tramites registrados por la asociación civil, constando únicamente el trámite de constitución de la sociedad, no hallando otro por fuera de ese, como ser la rúbrica de los libros contables y sociales obligatorios, la documentación contable en forma anual, la designación de autoridades según estatuto y el cambio de sede social, si lo hubiere, etc.; explayándose sobre esas obligaciones.
Como derivación de lo expuesto, reiteró que el único acto registrado de la asociación es su constitución y que los libros sociales obligatorios no fueron registrados para su rúbrica, donde se hubiese podido volcar los actos relevantes de la sociedad -como por ejemplo la renovación de autoridades y los asociados de la misma-; de allí que no resulte posible imaginar que desde 2004 hasta la actualidad nada haya cambiado en esa comisión directiva ni en sus asociados.
Sobre esa misma base adujo que no le consta, de manera manifiesta, que la Sra. Russo siga siendo Presidente desde el año 2004 y ni continúe asociada a la asociación, tarea para la cual se encuentran los libros; que el hecho de que sea siempre la misma comisión directiva y en Inspección General de Justicia no se exija su registración para configurar el tracto, no exime a la asociación de realizar la correspondiente Asamblea para renovar las autoridades por vencimiento del mandato; que para peticionar como lo hizo, la entidad debió haber presentado al menos un acta de asamblea actualizada; y que si se toma lo establecido en el título IV, pagina 6, del estatuto -en cuanto a que la comisión directiva durará en su mandato por el termino de tres ejercicios-, tendría que haber un acta de asamblea del año 2019 donde se renuevan autoridades por vencimiento del mandato para acreditar su personería en el juicio y su legitimación activa.
Luego manifestó agraviarse por la afirmación del juzgador relativa a que el impedimento procesal de falta de personería abarca dos supuestos: a) la falta de capacidad civil y b) la ausencia o insuficiencia de los documentos aportados al proceso para actuar por otro; sosteniendo que en el caso se cumplen los dos requisitos; diciendo, a esos fines, que el primero se verifica dado que la Sra Adriana Noemi Russo no tiene legitimación para presentarse en juicio por encontrarse el mandato de la asociación vencido y no se renovaron las autoridades de la comisión directiva; y el segundo, pues no existe ningún acta de reunión de asociados donde se designe la comisión directiva, luego del vencimiento del mandato de la que presenta la actora, según el estatuto.
Agregó también que la mención a los artículos 148 a 186 del CCCN que regula las asociaciones civiles que no tiene que ver con el tema en cuestión de la falta de personería, pues aquellos que hablan en términos generales de las asociaciones civiles y los requisitos de su constitución; y que también se han interpretado erróneamente los artículos 170 y 171 del CCCN, ya que el primero nada dice del representante legal y sus funciones, y el segundo es equivocado por dos razones: por un lado, porque no se considera lo establecido en el último punto, que dice que en el acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la primera comisión directiva; y por el otro, que los asociados del acto constitutivo pueden nos ser los mismos que en el momento de interponer demanda; recordando también que el art. 176 consagra, entre las causales de cesación del cargo de los directivos, el vencimiento del lapso para el cual fueron designados.
De igual forma, se agravió por lo establecido en los puntos 2.5 y 2.6 de la sentencia interlocutoria, considerando que errónea la conclusión a la que llega teniendo en cuenta la interpretación de los artículos mencionados precedentemente; además de señalar que la asociación no presentó la declaración jurada de actualización de datos exigida por la IGJ, que establece que todas las entidades con personería jurídica obtenida antes del 20 de julio de 2010 debían presentar la declaración jurada de datos (RG IGJ 1/2010) hasta el 30 de abril de 2015 inclusive, bajo apercibimiento de que si no lo hicieran quedan como entidades inactivas; que asimismo, a través de las Resoluciones Generales 37/2020 y 4/2021, la Dirección de Entidades Civiles promovió los Planes de Regularización mediante los cuales las asociaciones civiles podían actualizar autoridades, sede social y presentar estados contables, como así también la rúbrica de libros, para los casos en que las obligaciones se encontraran en mora, sin que la actora tampoco se acogiera a ello; de lo cual concluye que no solo es el acto de constitución lo que hace a una asociación, sino el cumplimiento de la reglamentación de las autoridades de control, de sus estatutos y de la presentación de determinadas formalidades para estar autorizadas a funcionar.
Por último, se disgustó con la imposición de costas, pues la documentación aportada por la actora está incompleta, por lo cual su parte tenía derecho a peticionar como se hizo.
2.a. Liminarmente, se impone dejar aclarados dos conceptos necesarios para comprender algunas referencias que, de manera indistinta y con pretensiones de sinonimia, se hacen en el memorial; y que consiste en la imprescindible distinción entre las excepciones de falta de legitimación y la de falta de personería.
La primera de ellas alude entonces a la "legitimación", que supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial; de ahí la afirmación que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio. Vale decir, que se trata de un recaudo en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender y para contradecir respecto de la materia objeto de la litis. Por ende, la falta de legitimación se verifica cuando el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, 2da. ed. act., 2011, Ed. Abeledo Perrot, T. VI, pág. 102).
Por su lado, la falta de personería alude a la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado, referida a los principios que el derecho privado contiene en materia de capacidad de ejercicio; a la falta, defecto o insuficiencia de la representación necesaria o voluntaria de quienes comparecen al proceso en nombre de aquéllos; o de representación suficiente (cfr. Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial..., Lexis Nro. 8007/007709; Rufino, Marco A., "Excepción de falta...", JA 1993-I-935).
Sobre la base de esos dos conceptos y para evidenciar su disimilitud, se ha establecido que el impedimento aludido refiere a la capacidad para estar en juicio o a la suficiencia de la representación de la parte, mientras que la falta de legitimación versa sobre la titularidad del derecho que se pretende hacer valer (cfr. Carli, Carlo, La demanda civil, Aregua, pág. 227).
Tal distinción, como dijera, no sólo es clara por la explicación brindada por la doctrina que citara precedentemente, sino también por los efectos procesales que produce.
Además de sus conocidas consecuencias para la pretensión -claro está, en caso de ser favorablemente acogidas (esto es, la primera perentoria y la segunda dilatoria; arts. 352 del CPCC)-, la falta de legitimación puede ser diferida para el momento de dictar la sentencia de mérito, lo que así se hizo en el caso, en una resolución que expresamente la ley menciona como irrecurrible (art. 351 segundo párrafo del Cód. cit.); mientras que la relativa a la personería debe ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento (art. 352 inc. 4).
De tal modo, el simple desacuerdo que plantean los apelantes en lo atinente a la postergación efectuada por el Sr. Juez respecto de la falta de legitimación no sólo no cumple con la técnica exigida por el art. 260 del CPCC, sino que, como anunciara, la decisión a este respecto llega revestida de aquella nota característica, y en ausencia de argumentos puntuales que permitan un análisis diferente, no es posible de ser revisada en esta instancia; mereciendo, por ende, su desestimación (esta Sala, causa 119799, RSI 18/16, del 22/02/2016; esta Cámara, Sala 3, causa 105029 RSI 91/05, del 17/05/2005).
2.b. Aclarado entonces el correcto quicio desde el cual cabe analizar las restantes objeciones -relativas, por ende, a la falta de personería-, me permito adelantar que las mismas no habrán de ser de recibo.
En efecto, los fundamentos traídos en apoyo de la pretensión se concentran, sustancialmente, en las objeciones que lanzan los recurrentes respecto a la falta de cumplimiento de las obligaciones que se le imponen a la actora para funcionar bajo la figura de 'Asociación Civil', poniendo el foco en la irregularidad que exhibiría su vida posterior a la correcta constitución.
En ese sentido, y a riesgo de reiteración, la interesada ha puntualizado que el Sr. Juez de la instancia previa no ha reparado en los requisitos que impone la Inspección General de Justicia; que no se ha rubricado libro alguno, ni consta su existencia; que resulta difícil pensar que desde el año de su constitución -2004- nada haya cambiado; que no le consta que la Sra. Russo siga siendo la Presidenta, ni que continúe vinculada a la sociedad; que del acto constitutivo surge que los mandatos que allí se confirieran están vencidos, debiéndose haber presentado un acta de asamblea actualizada, lo que no se hizo; que la accionante no presentó la declaración jurada de actualización de datos exigida por aquel órgano de controlar, ni se acogió a plan alguno de regularización; y que al no haber cumplido con la reglamentación de las autoridades de control, de sus estatutos y de la presentación de determinadas formalidades, no puede estar autorizadas a funcionar.
A pesar de lo expuesto, entiendo que, al obrar en esos términos, la accionada pretende mutar su rol de parte para asumir el de organismo de contralor de la vida societaria de la demandante; tarea que, como es bien sabido y por regla, corresponde -en el caso- a la Inspección General de Justicia, por ser de su exclusiva y excluyente competencia (arts. 3 y ccs. ley 22.315).
De tal modo, aun cuando la vida de la entidad actora pudiese ser considerada -a partir de la respuesta brindada por aquel organismo y como esgrimen los codemandados- de irregular o alejada de las exigencias que se le imponen por dicha condición (art. 174 del Código Civil y Comercial), entiendo que la opinión -subjetiva y unilateral- de los accionados no puede relevar el cumplimiento de la labor que le corresponde a aquella, ni convertirse en filtro de tal función.
A diferencia de la mencionada postura, esas eventuales deficiencias no pueden constituir, a mi modo de ver, un obstáculo al pleno ejercicio de derechos que le corresponden a dicho ente. Vale decir, que la ausencia de registración de libros o de asambleas -por ejemplo y en tanto recaudo de funcionamiento- no puede traer consigo la imposibilidad absoluta de peticionar en defensa de sus derechos, pretendiendo implícitamente que aquel recaudo obture la existencia misma de la Asociación. No he encontrado norma alguna que imponga una consecuencia como la mencionada.
Va de suyo entonces que, aun cuando pudiesen ser ciertas las falencias administrativas que se le imputan, el ente colectivo sigue existiendo como tal, debiendo asegurarse -en la medida de lo posible- que aquellas no invaliden por completo su funcionamiento; mucho más aun cuando el planteo no proviene de un asociado, sino de un tercero a quien se le reclama la restitución de un bien que se denuncie como parte de su patrimonio.
Sobre esa base, es dable puntualizar que en el proceso luce agregado el acta de constitución de 'Salud y Apoyo Asistencial Asociación Civil' (ver trámite del 25 de junio de 2021), el cual no ha sido desconocido, donde se consigna que la Presidenta desde entonces (año 2004) es la Sra. Adriana Noemí Russo; y que si bien su mandato -por la duración- ya se encontraría holgadamente vencido, no consta instrumento alguno que de cuenta que tal situación de autoridades se hubiese modificado.
Bajo tales condiciones y en línea con lo que se viene alegando, la doctrina ha sostenido que si bien los mandatos tienen un plazo de duración, los miembros que conformen tal órgano deberán permanecer en funciones aun después de tal hito y hasta tanto sean elegidos sus reemplazantes, en protección del interés social, conforme a la remisión que efectúa el art. 186 a la Ley General de Sociedades con carácter supletorio (cfr. Vítolo, Daniel R., Asocaciones Civiles y Fundaciones, Erreius, 2016, pág. 173; Calcaterra, Gabriela S., Personas jurídicas, Astrea, 2019, pág. 57).
Dicha manera de razonar, incluso, era una pauta fijada por el Máximo Tribunal local con anterioridad a modificarse el digesto de fondo, marcando "la necesidad de recurrir a las leyes análogas y a los principios generales del derecho a efectos de resolver las controversias que se plantean en el marco del funcionamiento de las asociaciones cuando el Código Civil no regula específicamente la cuestión" (cfr. SCBA, Ac. 86.033, sent. del 6-IX-2006; C 117106, sent. del 08/04/2015).
Como consecuencia de lo señalado y en ausencia de nuevas autoridades -al menos, los accionados no han acreditado lo contrario (art. 348 del CPCC)-, entiendo que la Asociación Civil actora aún se encuentra representada por la Sra. Russo en calidad de Presidenta; y, en tales términos, bien pudo plantear la demanda como lo hizo en ejercicio de derechos de aquel ente, circunstancia que impone la confirmación de lo resuelto (arts. cits.).
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada sentencia del 15 de abril de 2024 en lo que ha sido objeto de recurso y agravios.
Respecto a las costas de Alzada, entiendo que deben ser impuestas a los apelantes, dada la suerte adversa de su planteo revisor y la consecuente y objetiva condición de vencidos (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde confirmar la apelada sentencia del 15 de abril de 2024 en lo que ha sido objeto de recurso y agravios. Costas de Alzada a los apelantes. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia