Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71179
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 266, 375, 384, 676 y ccs., CPCC).
2Con costas de alzada a la parte actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
3Diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-71179-2023
"(R) MUÑOZ MARIO Y OTRO/A C/ SOSA LUCAS Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los ocho días del mes de abril del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Muñoz, Mario y otro/a c/. Sosa, Lucas y otro/a s/. Desalojo (Excepto por Falta de Pago” ( Causa Nº 71.179) . Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultó el siguiente orden de votación: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto el 14/12/22, contra la sentencia del 07/12/22?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
I.1. Luego de valorar la prueba producida, la sentencia del 07/12/22 consideró prima facie acreditada la posesión invocada como defensa por los codemandados Leticia Isabel López, Lucas Sosa y Milagros Mangieri -Emanuel Sosa fue declarado rebelde el 11/4/22-, y rechazó la acción de desalojo del inmueble identificado catastralmente como Circ. I; Secc. D; Manz. 12; Qta. 180; Parc. 26; Pda. 078-8723; Matrícula N° 44.436 de Olavarría (078), que promovieran Mario Muñoz y Vanina Elizabet Paura.
2. Los actores apelaron dicho decisorio (14/12/22), siéndoles concedido el recurso libremente (15/12/22); expresaron agravios el 13/02/24.
Criticaron que se omitió valorar la Escritura n° 77 del 28/5/04 (agregada el 04/02/22), por la cual el matrimonio integrado por Raúl Sosa y la codemandada Leticia Isabel López, les cedió todos los derechos y acciones emergentes del “Acta de Afectación a la Ley 24.374 de Regularización Dominial” , previamente instrumentada en Escritura N° 559 del 06/12/99 (que se agregó el 28/3/22).
Es decir, argumentaron que desde la cesión de acciones y derechos instrumentada en la Escritura N° 77 del 28/5/04, son ellos quienes poseen el inmueble, por lo que solicitaron se revoque la sentencia y se ordene el desalojo.
3. Practicado el sorteo, corresponde resolver.
II. El recurso no procede.
La breve reseña realizada en el apartado precedente pone en evidencia que la discusión central del pleito discurre en torno a la posesión del inmueble, que cada parte -a su turno- reclama para sí.
Y cabe recordar que este tribunal ha decidido reiteradamente que la acción de desalojo no puede deducirse contra el ocupante de la finca que invoca la calidad de poseedor, ya que, en este caso, el medio idóneo para obtener la restitución de la cosa serán las acciones posesorias o la acción reivindicatoria. Pero no basta la mera invocación de la posesión, sino que la misma debe estar corroborada por pruebas que prima facie la avalen (conf. Areán, Juicio de desalojo, pág.293). O sea que, como lo señala esta misma autora, el accionado debe justificar prima facie la efectividad de la posesión que invoca. Y con cita de un precedente jurisprudencial pone de relieve que en el juicio de desalojo, en razón de su procedimiento sumario especial, no es imperativa la prueba indubitable que acredite el carácter o la calidad de poseedor. Bastará analizar si la posesión alegada es seria y fundada, o si, por el contrario, sólo constituye una argucia dilatoria mediante la cual sólo se procura el rechazo de la acción de desalojo (ob. cit. págs.294 y 295, con mención del fallo de la CNEsp. Civ. y Com., sala II, de fecha 6-5-85, publicado en J.A. 1986-I-288)” (esta Sala, causas n° 51.277 del 28/11/07, “Marina”; n° 55.423 del 11/8/11, “Gancedo…”; n° 61.502 del 16/3/17, “Alanis de Garrido…”; n° 65.000 del 30/4/20, “Lisiecki…”; n° 71.750 del 6/8/24, “Amicone de Irigoyen…”; n° 72.110 del 18/02/25, “Cardoso…”).
La postura adoptada por el tribunal importa acatar la doctrina casatoria, en cuanto expresa que “el desalojo no es la vía idónea para obtener la restitución de un bien cuando el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión” (S.C.B.A., causas C. 97.416, sent. del 13/II/2008, C. 99.074, sent. del 30/IX/2009, C. 100.803, sent. del 22/XII/2010; C. 107.082, sent. del 12/IX/2012).
Precisamente, tras analizar la totalidad de las pruebas recolectadas a lo largo del pleito (especialmente los testimonios de vecinos de larga data que, incluso, realizaron obras en el inmueble, pero acudiendo también a la informativa y a la documental aportada por las partes), la a quo concluyó que los demandados lograron demostrar prima facie su calidad de poseedores del inmueble . También se determinó en el pronunciamiento recurrido, que no surge de autos que los actores hayan entrado en algún momento en la posesión del inmueble, a pesar del instrumento de cesión onerosa que acompañaron, y del expediente judicial que involucró a personas ajenas al marco del presente desalojo.
Doy por reproducidas aquí y hago propias, tanto la descripción como la subsiguiente valoración probatoria que la a quo concretó en el punto 2 de los considerandos de la sentencia apelada. Y sólo agrego que, contrastando lo medular de la sentencia con el escrito portador de los agravios, no puedo sino advertir que, al margen de la mera disconformidad, los apelantes no rebatieron -mediante una crítica idónea-, el razonamiento adoptado por la presentenciante a los fines de rechazar la demanda (art. 260, CPCC).
Por caso, no ha habido un cuestionamiento eficaz contra la afirmación de la sentencia de que nos encontramos “…frente a una controversia en la que el ius possidendis ha sido planteado y probado por los demandados…” , por lo que “la misma no puede ser resuelta por la vía procesal del desalojo” .
Considero innecesario analizar las constancias de la Escritura n° 77 de cesión de derechos y acciones, pues a partir de dicho documento los apelantes pretenden construir argumentaciones relativas a la posesión que, como dije, es materia extraña al juicio de desalojo.
En suma, no ha habido de parte de los apelantes una crítica concreta y razonada contra la parcela de la sentencia de la anterior instancia que, tras analizar la prueba producida con una lógica que no fue eficazmente atacada, consideró prima facie justificada la posesión invocada como defensa por la demandada (arts. 260, 266, 375, 384, 676 y ccs., CPCC).
Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 266, 375, 384, 676 y ccs., CPCC); 2) con costas de alzada a la parte actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); 3) diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 8 de abril de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 266, 375, 384, 676 y ccs., CPCC). 2) con costas de alzada a la parte actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 3) diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2025 10:33:32 - PERALTA REYES Víctor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2025 11:31:29 - LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2025 12:09:12 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/04/2025 12:09:24 hs. bajo el número RS-52-2025 por Camino claudio.
Fin de la sentencia