Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.326 "SANCHEZ OSVALDO MIGUEL C/ BALMACEDA ADRIANA IRENE Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la solución de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de desalojo incoada por Osvaldo Miguel Sánchez contra Adriana Irene Balmaceda, al encontrar acreditados los extremos para su progreso (v. sentencias de fecha 15-IV-2020 y 7-VI-2021).
II. Frente a ello, la parte accionada vencida -por medio de asistencia letrada- interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25-VI-2021).
III. El intento anulativo, mediante el cual se denuncia omisión de cuestiones esenciales, no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática esencial, vinculada con la excepción de falta de legitimación pasiva ha sido expresamente tratada sólo que en sentido desfavorable para la recurrente (v. págs. 12/14 de la solución atacada). En consecuencia, las escuetas manifestaciones traídas relacionadas a dicho tópico se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, las que resultan extrañas a la vía intentada pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 16/19 del escrito electrónico; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar este canal extraordinario (arts. 31 bis y 298, cits.).
IV. Abordando el restante remedio intentado, a través del cual se denuncia absurdo, arbitrariedad e infracción a los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, se anticipa que éste tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 7 de junio de 2021 -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para confirmar la decisión de grado, en torno a la falta de legitimación activa, sostuvo que "... tal como lo resolviera la juez de grado, los informes de dominio de fs. 5/7 y la admisión de que el actor resulta ser condómino de una parte indivisa del inmueble -conforme surge de los términos de la contestación de demanda (fs. 36/42)- basta para reconocerle legitimación para promover el presente juicio." (v. pág. 12).
Tal fundamento, que se constituye en el eje central de la sentencia en crisis, no logra ser conmovido por los reproches volcados en las págs. 8/16 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la relación con el bien ocupado, el acto de partición y adjudicación del bien en crisis y la ponderación de los elementos probatorios, particularmente la confesional y testimonial) se desentienden de las razones expuestas por el a quo, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto, basta para repeler este fragmento impugnativo (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. Igual suerte adversa debe correr la alegación de arbitrariedad (v. págs. 2 y sigs. de la impugnación), toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV.3. Finalmente, el mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 2 del libelo recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2021 14:00:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:26:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 12:43:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 17:39:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 11:52:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/12/2021 11:59:42 hs. bajo el número RR-930-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia