Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173789
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar el recurso de la parte demandada; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la imposición de costas, debiendo ser soportadas íntegramente por los demandados (art. 68 del CPCCBA); III) Imponer las costas de segunda instancia a los accionados (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V)
E xpte. N º 173789 - Juzgado Civil y Comercial N°3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SANCHEZ, CARLOS ARGENTINO C/ RODA, ELISA NOEMÍ Y OT. S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 18 de noviembre de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 18 de noviembre de 2021, el Sr. Juez titular del Juzgado Civil y Comercial N°5 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Argentino Sánchez contra Rubén Néstor Spinelli y Elisa Noemí Roda, condenando a estos últimos y/o cualquier otro ocupante, a desalojar el inmueble de Olazábal 1179/81 de esta ciudad. Impuso las costas en el orden causado.
Para así decidirlo, consideró acreditado que los demandados se encuentran en uso y goce del inmueble mencionado en virtud de un contrato de locación celebrado en forma verbal en marzo de 2019 por el plazo de 2 años. Los accionados dijeron que la persona a quien le arrendaron el bien es Beatriz Altamirano, esposa del actor.
Explicó que en la audiencia de vista de causa Noemí Elisa Roda admitió que vivía en el inmueble con su esposo y codemandado, Sr. Néstor Rubén Spinelli, detallando que así lo hacía porque Beatriz Altamirano le había alquilado la casa. Declaró que el plazo pactado fue de 2 años.
Destacó además que Spinelli reconoció que no estaban abonando alquileres actualmente y que antes se lo pagaban a la Sra. Beatriz y que reconoce que “supuestamente” los dueños de la propiedad eran la mencionada en último término y su marido, Carlos Sánchez.
Seguidamente, dijo que el Sr. Sánchez es el propietario del inmueble cuya recuperación pretende, siendo irrelevante si fue o no la parte locadora de aquel contrato verbal celebrado con los demandados (el cual, a todo evento, ya se encuentra vencido). Los demandados carecen de derecho a permanecer el inmueble y el derecho del propietario de recuperarlo es incuestionable.
Desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva de Spinelli fundada en el reconocido carácter de inquilino y en el hecho de que la sentencia de desalojo tiene eficacia contra todo el grupo familiar que conviva, en tanto no invoquen un derecho personal a tener la cosa.
Finalmente, con fundamento en la causal de desalojo por la cual progresó la acción (vencimiento del contrato), consideró aplicable una solución excepcional en materia de costas, imponiéndolas en el orden causado.
II.1 El recurso de los demandados Roda y Spinelli.
Los accionados apelaron el 26 de noviembre de 2021 y fundaron su recurso el 1 de febrero de 2022, mereciendo la réplica de la contraria el 17 de febrero de 2022.
En prieta síntesis, plantean las siguientes líneas argumentales:
(i) Afirman que hay una “ausencia total” de documentación agregada por la cual debería acreditarse la relación contractual cuya existencia afirma el Sr. Sánchez Carlos Argentino. Dice que su falta de legitimación resulta manifiesta e impide el progreso de la demanda, dado que la acción es personal y “ lo único relevante en este tipo de procesos es que el reclamante revista la calidad de locador” . Niega haber tenido una relación contractual con el actor y que el contrato debió ser hecho por escrito.
Insiste en que tuvieron y tienen actualmente una relación locativa con la esposa del Sr. Sánchez, llamada Beatriz Altamirano y que el contrato tiene una duración de diez años.
(ii) Argumentan que Spinelli nunca dijo ser inquilino de Sánchez. Reitera que es locatario de su esposa y que ello surge de la documental acompañada.
El Sr. Sánchez apeló el fallo el 26 de noviembre de 2021 y presentó su memorial el 2 de febrero de 2022.
Critica el modo en que el juez impuso las costas. Refiere que reclamó con éxito la restitución del inmueble ubicado en calle Olazábal 1179/81 por falta de pago ante la existencia de un contrato verbal de dos años. Refiere que los demandados invocaron circunstancias que no acreditaron
Considera injusto que haya tenido que acudir al sistema judicial para recuperar la vivienda y que, en ese contexto, sea obligado a cargar con las costas de su defensa. Reclama que se aplique el principio general y considera que su parte ha sido vencedora en la contienda.
III. Tratamiento de los agravios.
III.1. El recurso de los demandados debe ser rechazado.
Coincido con el juez en el argumento central con el que sustenta la condena de desalojo: admitiendo que el contrato de alquiler invocado por los demandados fue celebrado con una persona distinta del actor (según ellos dicen, su esposa Beatriz Altamirano), lo cierto es que la codemandada Roda reconoció que el plazo fue pactado en dos años y no en diez, como se dijo al responder la demanda. Si ello es así, el alquiler al tiempo de la sentencia se encuentra vencido y el propietario está en condiciones de solicitar la devolución del bien frente a quienes ahora ningún motivo tienen para justificar su permanencia.
No encuentro en el memorial de los demandados ninguna razón o motivo que pueda demostrar un error de hecho o de derecho en la decisión que les ha sido adversa o en los fundamentos que le dan sustento.
Alegaron los apelantes que lo único relevante en el caso es que el Sr. Sánchez revista la calidad de locador, extremo que -dicen- no se acreditó.
El planteo reposa en una premisa equivocada ya el desalojo es una vía que no solo tiene el locador para que le sea restituida una propiedad cuando su devolución resulta exigible como consecuencia de obligaciones emergentes de un contrato de alquiler, sino que puede acudir a ella cualquier persona que tenga derecho al uso y goce de la heredad: el propietario, el condómino, el heredero, el poseedor, el locatario principal si hubiere subarrendamientos, el usufructuario, el comodante, el legatario, etcétera (art. 676 del CPCCBA).
Pero además, el argumento es insustancial porque se desentiende de los motivos que fundaron la condena. El juez no ordena el desalojo evaluando si Sánchez fue o no el locador , sino que -como dije- su decisión se funda en que Sánchez es el propietario y los demandados ya no pueden alegar ser inquilinos sobre la base de un contrato que dijeron haber celebrado por solo dos años, incluso aceptando que -como alegaron- ese negocio fue celebrado con Altamirano y no con el accionante . Esta idea, central en la decisión apelada, no es siquiera mencionada y mucho menos criticada en el memorial (arg. art. 260 del CPCCBA).
Los recurrentes también insisten en afirmar que el contrato de locación celebrado tenía una duración de diez años.
Esta alegación no logra cumplir con las exigencias técnicas del art. 260 del CPCCBA puesto que se desentiende por completo de: (a) lo dicho por la propia Sra. Roda en la confesional, que frente a la pregunta del magistrado primero quiso consultar a su abogado para responder y luego afirmó explícitamente que el contrato era de 2 años porque eso fue « lo pactado » (-v. minuto 11:59 de la grabación-) y luego; (b) que el juez valoró esa prueba y asignó un valor convictivo fundamental a la confesión de la propia codemandada (v. último párrafo del considerando II de la sentencia). Nada de ello es analizado o sometido a crítica en la expresión de agravios.
Finalmente, reiterar que “Spinelli nunca dijo ser inquilino de Sánchez” resulta una alegación estéril que -nuevamente- se desentiende por completo de los fundamentos en los que reposa la sentencia que es objeto de recurso.
Los demandados resistieron la pretensión de desalojo alegando ser inquilinos de la esposa del actor en virtud de un contrato celebrado verbalmente y por una duración de diez años. Nada de ello fue probado y el juez admitió que, aun de aceptar que ese negocio locativo existió y fue celebrado con Altamirano, el plazo que reconoció la Sra. Roda en la confesional ya se encuentra vencido. Es decir, el juez toma por cierto la propia versión de los demandados, pero repara en que el plazo bienal por el cual fue celebrado (reconocido por la codemandada) se encuentra ya vencido.
Ello deja incontrovertida la legitimación activa del Sr. Sánchez para desalojar a un tenedor precario (como prerrogativa incuestionable emanada de su derecho real de dominio -art. 1941 del CCyC-) como también deja en evidencia la legitimación pasiva de los demandados, quienes encontrándose vencido el contrato que dijeron haber celebrado con la Sra. Altamirano carecen ya de derecho alguno que les permita conservar, retener o prolongar la tenencia de un inmueble que -como ellos mismos reconocieron- le pertenece al reclamante (art. 676 del CPCCBA).
Por lo dicho, propondré al acuerdo rechazar el recurso y confirmar la decisión en lo que ha sido materia de agravio (art. 242 y cctes. del CPCCBA).
III.2. Tiene razón la actora al cuestionar el criterio adoptado por el juez al momento de fijar las costas.
El artículo 68 del Código de Procedimientos adopta el denominado principio objetivo de la derrota , conforme el cual es la parte vencida en el juicio la que debe pagar los gastos de la contraria. Si bien el juez tiene la facultad de eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante perdidoso, ello solo puede tener lugar a condición de que encuentre un verdadero “mérito”; esto es: un motivo serio y atendible que justifique la solución excepcional y que –bajo pena de nulidad– debe ser exteriorizado en su decisorio (esta Sala, causas n°137518 -“ Santecchia ...” del 14/02/2018, n°158178 -" Seoane ..." del 06/06/2017, n° 163041 -" Iacono ..."- del 18/09/2017 y n° 163784 –“ Lagos ...”- del 9/11/2017).
La doctrina ha dicho que «el apartamiento del principio objetivo del vencimiento y la consiguiente exención de costas al vencido se justifica sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, que tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular». (Loutayf Ranea, Roberto G. “Condena en costas en el proceso civil ”, Buenos Aires: Astrea, 2000, pág. 74).
El juez admitió la demanda de desalojo y, con ello, reconoció el derecho de Sánchez a que los accionados le restituyan la propiedad. Su rol de parte vencedora es incuestionable.
Sánchez dijo ser propietario del bien, extremo que acreditó y los accionantes reconocieron. Invocó que los accionados son inquilinos desde marzo de 2019, lo cual también fue reconocido por los legitimados pasivos; alegó que el arrendamiento tenía un plazo de dos años que la codemandada terminó por confesar como cierto en la audiencia de vista de causa, aun cuando había dicho otra cosa al responder la demanda.
La estrategia defensista de los demandados fue imputarle el otorgamiento del acto a la esposa del actor y alegar que el contrato era por diez años, en lugar de dos.
Sobre lo primero, como dije, el juez optó por no adoptar una decisión de mérito y basó su decisión en la propia hipótesis planteada por los accionados (es decir, asumió que fue la Sra. Altamirano la locadora) y con buen tino hizo foco en lo segundo: mientras que al responder la demanda se invocó un plazo decenal, la Sra. Roda terminó por confesar que el plazo pactado era de dos años.
Esto significa que los demandados perdieron el pleito aun cuando el juez, sin prueba, asumió por cierto que la locadora fue Altamirano y no Sánchez. Y lo perdieron porque no solo no probaron haber alquilado por una década el inmueble, sino que se contradijeron al absolver posiciones, dejando a toda su defensa en una débil situación en términos de credibilidad.
De hecho, el supuesto plazo decenal constituye una narrativa extremadamente inverosímil teniendo en cuenta que se trataba de un arrendamiento verbal de un inmueble con destino a vivienda.
Un plazo tan inusual y extenso para un alquiler celebrado sin recaudos probatorios exigía -sin duda- una mayor seguridad y contundencia en la demandada al momento de responder la pregunta del juez. Dejando de lado que Roda refirió explícitamente a un plazo de dos años y dijo que fue «lo pactado», su vacilación posterior representada por el "no sé" con el que finaliza su respuesta tampoco cambia la suerte de su declaración. De conformidad con lo dispuesto en el art. 1198 del Código Civil y Comercial en su redacción original, de no haberse pactado un plazo expreso y determinado mayor (que, evidentemente, no lo había pues ni la propia inquilina tenía conocimiento acabado e indubitado de él), el contrato se considera celebrado por el plazo mínimo de dos años (art. cit., aplicable por lo dispuesto en el art. 23 de la ley 27.551).
Esto significa que ya al responder la demanda en mayo de 2021 los accionados invocaron un contrato de locación que se encontraba vencido desde hacía dos meses (en marzo de 2021) y estaban obligados a devolverle la propiedad, sea a la supuesta locadora con motivo en un negocio extinguido (la Sra. Beatriz Altamirano), sea al Sr. Sánchez en su incontrovertida calidad de propietario del inmueble y frente a quien ya no podían invocar ningún arrendamiento vigente (y respecto del cual, por ese mismo motivo, revestían el carácter de tenedores precarios sin derecho a permanecer en la vivienda).
Si al hecho de responder una demanda sabiendo que su contrato ya estaba vencido le sumo la contradicción palpable entre lo dicho en la etapa postulatoria y la actitud de la Sra. Roda en su absolución al hablar del plazo del supuesto alquiler celebrado con Altamirano (dudando al inicio, mirando y consultando a su abogado luego, y finalmente reconociendo a desgano un pacto de dos años), no cabe sino concluir que su participación en este pleito ha tenido un indisimulable propósito dilatorio, postergando un resultado que sabían que era inevitable y extendiendo indebidamente una permanencia ilegitima en un inmueble ajeno.
El punto es que tanto desde el resultado práctico que este proceso tiene (admisión de la pretensión y condena a los demandados a desalojar el bien y entregárselo a Sánchez) como por el fundamento sustancial de la condena (el contrato que los propios accionados invocaron está extinguido), entiendo que el Sr. Spinelli y la Sra. Roda han resultado vencidos en la controversia y el pago de las costas debe seguir el principio general y objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCBA).
Por ello, propondré a mi colega de Sala revocar parcialmente la sentencia y modificar la imposición de costas, las que deben ser abonadas íntegramente por los accionados (art. 68 del CPCCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de la parte demandada; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la imposición de costas, debiendo ser soportadas íntegramente por los demandados (art. 68 del CPCCBA); III) Imponer las costas de segunda instancia a los accionados (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar el recurso de la parte demandada; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la imposición de costas, debiendo ser soportadas íntegramente por los demandados (art. 68 del CPCCBA); III) Imponer las costas de segunda instancia a los accionados (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2022 11:21:11 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 11:48:00 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 12:37:48 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 13/04/2022 13:41:44 hs. bajo el número RS-77-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia