Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Reanudar el llamado de autos para sentencia, suspendido el 11 de mayo de 2023;
II. Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la sentencia de primera instancia, condenando a la accionada a que restituya el bien a la actora dentro de los 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 676 y cctes. del CPCCBA);
III. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V)
Expte. N º 167371 - Juzgado Civil y Comercial N°13
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PRATS, LISANDRO HÉCTOR C/ PAOLA, ANDREA HEBE S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO” [c. 167371] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 15 de febrero de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 15 de febrero de 2023, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 departamental, Dr. Maximiliano Colángelo, hizo lugar a la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la demandada Andrea H. Paola y rechazó la demanda que contra ella promoviera Lisandro Héctor Prats y Mariacruz Celeste Prats en su carácter de administradores judiciales del sucesorio de quien en vida fuera Héctor Victorio Prats.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que la demandada ocupa el departamento B del séptimo piso del edificio ubicado en Avenida Colón 2336 de esta ciudad. El diferendo se circunscribe a la legitimación de la actora para interponer la demanda de desalojo por falta de pago y el derecho que le cabe al accionante a recuperar la tenencia del bien.
Refirió que Lisandro Héctor y luego Maricruz Celeste Prats se presentaron como administradores definitivos del sucesorio de Héctor Victorio Prats, demandando a Andrea Hebe Paola por desalojo por falta de pago con relación al inmueble referenciado. Dijeron que el bien forma parte del acervo hereditario del causante e invocan la existencia de un contrato de locación suscripto por Natacha Luján Prats como locadora y la demandada como locataria.
Explicó el magistrado que la demandada negó la legitimación de la accionante por entender que la demanda no ha sido suscripta por la locadora. Desconoció el contrato de locación y afirmó que, eventualmente, el convenio no cumple con los plazos mínimos exigibles por la normativa vigentes.
Señaló que el Sr. Lisandro Héctor Prats -reemplazado luego por Maricruz Celeste Prats- demandan el desalojo con fundamento en la causal de falta de pago invocando ser administradores definitivos de la sucesión de su padre. Le imputan a la demandada la falta de pago del canon locativo correspondiente a noviembre y diciembre.
El juez estimó acreditado el vínculo contractual entre Natacha Prats (coheredera locadora) y la Sra. Andrea Hebe Paola (locataria), habida cuenta el resultado de la pericia caligráfica que corroboró la firma estampada por la Sra. Paola. Sin embargo, señaló que la acción fue iniciada por una persona distinta de la locadora. Destacó que la firmante del contrato fue Natacha Luján Prats sin mencionar al resto de los coherederos o a la circunstancia de que el inmueble objeto del convenio integraba el acervo sucesorio del titular registral.
De ese modo, dijo el colega, el fundamento de la pretensión es una supuesta deuda habida con relación a la Sra. Natacha Prats, y no con relación a los demás herederos que firman la demanda. El contrato, reiteró, fue suscripto personalmente por esa coheredera y no por el resto de los herederos. Concluyó de ello que ninguno de los administradores del sucesorio asumió el rol de parte locadora en el negocio que da base a la acción. Con ese fundamento, rechazó la demanda.
II. El recurso de la parte actora.
La accionante apeló el 23 de febrero de 2023 y fundó su recurso el 28 de marzo de ese mismo año. Sus quejas pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Cuestiona el resultado del fallo, en cuanto supondría considerar justo que una persona que niega maliciosamente su firma en un contrato, que acepta no haber pagado lo prometido, que no tiene ni invoca causa alguna que la legitime en la tenencia del inmueble de una herencia, se le otorgue el derecho a seguir ocupándola, aun contra la acción promovida por los administradores del sucesorio.
(ii) Afirma que el juez ha desconocido las normas que regulan la indivisión hereditaria. La heredera Natacha Prats carecía de representación suficiente y no estaba autorizada a celebrar el acto. Pero en lugar de reclamar la nulidad del negocio, decidieron ratificar expresamente la gestión individual de Natacha Prats y confirmar el acto viciado, por lo que en el marco del art. 2325 del CCyC, el contrato liga a todos los coherederos y no solo a la firmante.
Ello quita el rol de terceros de los restantes coherederos, dado que son parte incorporada al contrato. Entiende que se ha aplicado de forma rígida e indebida la regla « res inter alios acta », que merece en la actualidad una concepción más relativa. No debe repararse únicamente en la etapa de ejecución del contrato sino reparar en la ejecución, por lo que son partes tanto aquellos que concurrieron con su voluntad al momento de la celebración, así como aquellos sujetos -los restantes coherederos- que luego manifestaron su voluntad de verse afectados por los efectos del contrato.
Alega que la demandada no puede sacar provecho de aquella ausencia de consentimiento inicial pues carece de derecho para impugnar el contrato bajo tales condiciones.
(iii) Con cita de doctrina especializada, memora que la acción de desalojo no solo la tiene el locador, sino también el titular de una acción personal con la que pretende excluir a otros de la detentación de un inmueble.
(iv) Reitera que los administradores de la sucesión están legitimados para promover el juicio de desalojo. Pone en relieve que la demandada no negó el derecho de los coherederos sobre el inmueble ni cuestionó la declaratoria de herederos ni la posesión de la herencia ni el rol invocado por los Sres. Lisandro H. Prats y Maricruz C. Prats. Enfatiza que el art. 2324 del CCyC le brinda legitimación a « cualquiera de los herederos [para que pueda] tomar las medidas necesarias la conservación de los bienes indivisos».
Alega que no solo el administrador judicial sino cualquiera de los herederos podría promover el juicio de desalojo, habida cuenta que se trata de una medida necesaria para la conservación de los bienes indivisos.
(v) Por último, cuestiona la imposición de costas. Más allá de que la condena por estos accesorios, dice, debieran seguir la suerte de los agravios, consideran injusto que se tengan que hacer cargo de pagar los honorarios de la perito calígrafa, cuya labor corroboró la firma que había sido indebidamente negada por la demandada. Reclama que las costas de esa prueba pericial se le impongan a la accionada.
III. Tratamiento de los agravios .
a. El recurso es fundado.
No está discutido que, al menos desde marzo de 2017, la demandada ocupa el departamento B del séptimo piso del edificio ubicado en Avenida Colón 2336 de esta ciudad. El departamento no le pertenece y, por fuera de defensas que estimo inadmisibles y sobre las que seguidamente me detendré en detalle, ningún derecho personal o real invocó para justificar su estadía.
Tampoco es motivo de debate que Lisandro Héctor Prats, Maricruz Celeste Prats y Natacha Lujan Prats son hermanos y herederos de quien en vida fuera Héctor Victorio Prats, copropietario del bien (v. informe remitido por el RPI el 2/08/2023 con motivo de la medida ordenada por este tribunal el 11/05/2023). Los primeros dos actuaron en este proceso en calidad de administradores definitivos del sucesorio del nombrado en último término, tal como surge de las constancias obrantes en la sucesión "Prats, Héctor Victorio s/ Sucesión Ab-Intestato" (Expte. 10142 de trámite ante el Juz. Civ. Com. N°9 del Departamento Judicial Quilmes) y del tenor de las designaciones ordenadas por la jueza actuante en los proveídos del 06/06/2018 -Lisandro H. Prats- y 06/11/2019 -Maricruz Celeste Prats-.
Dos puntos llegan controvertidos a esta instancia. El primero, si el administrador del sucesorio del Sr. Héctor Victorio Prats tiene legitimación activa para promover el desalojo con motivo en un negocio locativo suscripto por una de las herederas (Sra. Natacha L. Prats). El segundo, si la demanda debe ser admitida y la Sra. Paola debe restituir la propiedad.
b. Según ha quedado acreditado, la Sra. Paola ingresó en el inmueble porque celebró con la Sra. Natacha Luján Prats un contrato de locación por temporada. La demandada negó la firma de ese negocio en un confuso relato cuyas aristas nunca intentó siquiera acreditar. La rúbrica que Paola negó fue debidamente demostrada como auténtica, dejando en evidencia la insinceridad de su defensa.
Es cierto que al celebrar el contrato la Sra. Natacha Luján Prats no dijo que actuaba como coheredera ni en administración de un bien relicto; o sea, que Prats contrató iure propio , y no afirmó ser representante -en alguna forma o medida- de los herederos de su padre. Pero a diferencia de lo resuelto por el magistrado de primera instancia, no creo que haya allí una circunstancia que elimine la legitimación del administrador del sucesorio en cuyo acervo se encuentra la mitad indivisa de la propiedad.
Por el contrario, la solitaria actividad negocial de la coheredera con relación al bien relicto admite el encuadre definido por el último párrafo del art. 2325 del CCyC: hubo allí un mandato tácito que, sea que se trate de un acto de conservación o incluso sea que se considere en exceso a estos últimos, lo cierto es que los coherederos luego decidieron ratificar la gestión (prueba de ello es la existencia misma de este pleito y el rol invocado por el administrador del sucesorio, entre cuyos intereses se encuentra el de la propia coheredera Natacha L. Prats).
Esta ratificación de lo actuado por Natacha L. Prats tiene un efecto muy relevante puesto que permite advertir la verdadera naturaleza del derecho que es objeto de reclamo.
En la medida en que la locataria no hizo explícito su rol (que era heredera, que daba en arriendo un bien que integraba una masa relicta a la que concurrían otros herederos, etc.), el mandato careció de representación. Pero, aun así, nada impide y la ley expresamente autoriza al mandante subrogarse y ejercer las acciones que el mandatario (aquí la locataria, Natacha L. Prats) tiene contra el tercero (la inquilina, Sra. Paola). Esa subrogación legal está regulada para ambas partes, tercero y mandante, en el art. 1321 del Código Civil y Comercial.
Adviértase que no se trata de una acción integrativa del patrimonio en los términos del art. 739 del CCyC ni requiere demostrar la inactividad del deudor o procurar su citación a juicio (arts. 740 CCyC y 114 del CPCCBA). Se trata de una subrogación legal mediante la cual se faculta al mandante a ponerse en lugar y reclamar frente al tercero con quien se celebró el negocio.
Como explicaba Compagnucci de Caso al comentar el derogado art. 1929 del Código Civil y afirmar que, a pesar de la redacción de la norma, el mandante también podía subrogarse y reclamar al tercero: " no se trata de una verdadera acción subrogatoria (...) Se trata de un supuesto distinto, ya que no se brindan los requisitos esenciales para el ejercicio de dicha acción: carácter de acreedor del mandante, inacción del mandatario y el interés legítimo necesario para hacer viable su ejercicio. No tiene el mandante una acción directa, surge su legitimación por la facultad que la ley le otorga de ponerse en el lugar del mandatario (subrogarse), por y en virtud de la relación interna que trasciende, y de allí en más seguir la pretensión contra el tercero ” (Compagnucci de Caso, Rubén H., Representación y mandato oculto , Revista Notarial, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 1980, N°851, pág. 1121; el subrayado me pertenece).
En otras palabras, es correcto -como apuntó el juez- que la locataria actuó en nombre propio, pero no por ello deja de ser heredera y el bien deja de tener naturaleza relicta. Y no por actuar en nombre propio deja de ser mandataria de sus hermanos coherederos de Héctor V. Prats (art. 2325 último párrafo del CCyC) cuya gestión ha sido luego ratificada, por lo que resulta aplicable la subrogación regulada en el art. 1321 CCyC con relación al mandatario que actúa en nombre propio, pero en interés del mandante, quien no queda obligado respecto del tercero, pero " puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero " (art. cit.).
Se sigue de ello, entonces, que la legitimación de la parte actora deriva del ejercicio de una subrogación legal respecto de los derechos y acciones que tenía la Sra. Natacha L. Prats contra la Sra. Paola. Ello incluye, lógicamente, la prerrogativa de reclamar la restitución de la cosa dada en arriendo frente a quien ningún derecho tiene a permanecer en ella, sea por falta de pago o por vencimiento de contrato (art. 1321 in fine del CCyC).
Idéntico resultado se obtiene si se considera que la Sra. Natacha L. Prats ha sido una gestora de negocios que, al celebrar el contrato locativo, asumió oficiosamente la gestión de un negocio ajeno (el de la comunidad de herederos a la cual ella misma pertenecía) (art. 1781 del CCyC). Siendo ello así, la ratificación posterior del dueño del negocio (los herederos) implica que éstos asuman sus obligaciones (arts. 1781 y 1784 del CCyC). Esto último fue lo que ocurrió en este caso dado que los herederos de Héctor V. Prats, por intermedio del administrador judicial de su sucesión, ratificaron explícitamente el contrato que permitió a la demandada ingresar a la vivienda. Ratificada la gestión, son ahora los herederos quienes toman las riendas de la posición negocial asumida personalmente por la gestora, debiendo cumplir las obligaciones allí emergentes o, como ocurre en el caso, pudiendo perfectamente exigir el pago de las acreencias debidas. Se ha dicho en tal sentido que « una vez realizada la ratificación, los efectos se asimilan a los del contrato de mandato y es el gestionado quien queda obligado frente a los terceros desde el día en que comenzó la actividad del gestor » (Sáenz, Luis R., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado" dir. por Herrera, Marisa, Caramelo Díaz, Gustavo, Picasso, Sebastián, 2da ed. Buenos Aires: 2022, Ediciones SAIJ, t. 4, pág. 533).
En otras palabras, cualquiera sea el enfoque que se escoja, y sea que se considere esta acción el ejercicio de un derecho subrogado por el mandante frente a un mandato sin representación, o de un derecho ejercido iure propio por el dueño de un negocio que ratificó lo hecho por su gestora, la solución es la misma: la administración judicial de la sucesión del copropietario del bien tiene legitimación para reclamar su desalojo frente a quien ningún derecho tiene a habitar en ella.
Por lo demás, resulta incuestionable que el derecho que es objeto de reclamo es exigible puesto que: (1) la demandada nunca demostró el pago de los cánones reclamados (o sea, la causal invocada -hoy, caída en abstracto- fue efectivamente acreditada); (2) la Sra. Paola también controvirtió la validez legal del plazo locativo estipulado (nueve meses), pero el argumento devino estéril habida cuenta la extensa duración de este pleito. Cualquiera sea el plazo aplicable (nueve meses, dos años o tres años), la conclusión es la misma: el contrato con el cual subsidiariamente intentó justificar su permanencia en la vivienda se encuentra holgadamente extinto; y (3) la Sra. Paola no ha invocado ni probado ningún tipo de derecho o prerrogativa que justifique su permanencia en un inmueble que no le pertenece y en el que reside gratuitamente desde hace más de cinco años.
c. Me permito efectuar una última reflexión, para terminar.
Más allá de las disquisiciones conceptuales con las que se encuadre el ejercicio del derecho que es objeto de reclamo, lo más importante es no perder de vista el carácter relicto del bien arrendado y la relación que la locadora tiene con la comunidad de herederos.
Natacha L. Prats no es una persona ajena o que nada tiene que ver con la sucesión cuya administración ha promovido este proceso, lo que podría justificar -llegado el caso- una solución tan estricta como la adoptada por el juez de primera instancia. La labor de Maricruz y Lisandro Prats como administradores definitivos de la sucesión importa, en este tipo de actos que no requieren poderes especiales por ser de mera conservación, una función que es desempeñada también en nombre y representación de un conjunto de herederos que incluye a la propia Sra. Natacha L. Prats (Cám.1, Civ.Com. La Plata, Sala I, c. 232914 -"Villar, Federico..."- del 18/03/2010; Cám. Lomas de Zamora, Sala III, c. 5378 -"Garzón, Paulina..."- del 08/07/2014; Goyena Copello, Héctor R. Curso de procedimiento sucesorio. 9na ed ., Buenos Aires: La Ley, 2008, pág. 205).
Ello significa que quien figura como locadora en el contrato -y que es quien la demandada argumenta que es la verdadera legitimada para promover el desalojo- es una de las herederas cuyos derechos e intereses están siendo representados por el administrador judicial de la sucesión de su padre (de hecho, aun sin ser necesario, Natacha L. Prats también suscribió la demanda que da inicio a este proceso).
Siendo ello así, la defensa de la Sra. Paola no parece fundarse en un sincero deseo de que la litis quede trabada con quien considera titular del derecho controvertido, sino una indisimulable estrategia para prolongar una estadía injustamente extensa y gratuita en una propiedad que, bien sabe, no le pertenece y respecto de la cual no ha probado tener un derecho a permanecer en ella. Sea que litigue frente a Natacha L. Prats o que litigue contra la sucesión de su padre (que tiene a la Sra. Prats entre sus herederos forzosos), su suerte será irremediablemente la misma: deberá restituir la propiedad.
Por todo lo dicho, propondré al acuerdo hacer lugar a la demanda de desalojo y, en consecuencia, condenar a la accionada a que restituya el bien a la actora dentro de los 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 114, 676 y cctes. del CPCCBA). Las costas de ambas instancias deben imponerse a la parte demandada en su rol de vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Reanudar el llamado de autos para sentencia, suspendido el 11 de mayo de 2023; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la sentencia de primera instancia, condenando a la accionada a que restituya el bien a la actora dentro de los 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 676 y cctes. del CPCCBA); III) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Reanudar el llamado de autos para sentencia, suspendido el 11 de mayo de 2023; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la sentencia de primera instancia, condenando a la accionada a que restituya el bien a la actora dentro de los 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 676 y cctes. del CPCCBA); III) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los té
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.