Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación interpuesto.
Costas de alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).-
SE DECLARAN INOFICIOSAS a los efectos arancelarios, las actuaciones de Alzada llevadas a cabo por la asistencia letrada de la apelante.
Causa Nº MO-24134-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “CROCCIA ANGEL HORACIO C/ PANZA MARIA ELVIRA ROSA Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO ” Causa Nº MO-24134-2018 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental con fecha 31 de Agosto de 2022, dictó sentencia, la cual fue apelada por la co demandada, siendo su recurso concedido libremente.
Con fecha 29 de Diciembre de 2022 se la llamó a expresar agravios, haciéndolo con la presentación de fecha 8 de Febrero de 2023.
Luego, intimada que fue a cumplir debidamente con lo dispuesto por el art. 5 del Ac. 4013 efectuó la presentación de fecha 22 de Febrero de 2023, adjuntando el siguiente archivo .pdf: http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=646da743-41a9-4fd0-afcc-76d205b1ddea&hash=A1D380544F0B0759A99BF7981F43390F&nombrepath=EXPRESA+AGRAVIOS++FARAH+CECILIA+MARIA_compressed.pdf
2. Descripta así la cuestión, es necesario señalar, antes que nada, que el contenido del escrito digitalizado en el archivo en cuestión no se condice con el de la presentación electrónica de fecha 8 de Febrero de 2023.
Y aclarar que habíamos intimado a adjuntar el escrito digitalizado, en los términos del art. 5 del Ac. 4013, no a ampliar los fundamentos que oportunamente se habían expuesto.
Consecuentemente, y siendo perentorio el plazo para expresar agravios (arts. 150, 155 y 260 del CPCC), no corresponde permitir que -una vez transcurrido dicho plazo- se incorporen otros argumentos y cuestiones que no fueron traídas en su momento.
Se aclara que aquí el problema no es una discordancia entre la presentación electrónica y su digitalización, introducidos coetáneamente, sino que la quejosa, una vez vencido el término para expresar agravios, está trayendo otro escrito en el que se incorporan múltiples fundamentos que no se expusieron en su momento .
Sentado ello, entiendo que no correspondería considerarlos (aunque luego, para evitar excesos rituales, voy a decir algo a su respecto).
Ahora bien, pasando al tenor de lo expuesto en el escrito del 8 de Febrero de 203 es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, vemos que en el escrito del 8 de Febrero de 2023, se expone un solo párrafo, donde se habla de una nulidad y no se dice absolutamente nada mas.
Ello, desde ya, no cumple, para nada, con las exigencias del art. 260 del CPCC.
Sin perjuicio de todo ello, y para aventar cualquier exceso ritual, debe dejarse constancia, también, de que aun si consideráramos -lo que no corresponde, por lo ya dicho- lo expuesto en la presentación adjuntada el 22 de Febrero de 2023, ello tampoco constituye crítica suficiente, pues nos hallamos ante un desalojo por falta de pago, en el que no hubo contestación de demanda (por lo que no se opuso ninguna defensa), la sentencia contiene sus fundamentos y los mismos no procuran ser rebatidos por la quejosa en dicho escrito, quien solo habla en dicho escrito de generalidades, y situaciones subjetivas, que por mas que humanamente puedan ser comprensibles, en nada apuntan a desvirtuar los fundamentos que basamentan la decisión apelada.
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, y siendo menester evitar que la cuestión siga dilatándose (la sentencia apelada data del mes de Agosto del año pasado), deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto, con costas a la recurrente.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto.
Costas de alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).-
SE DECLARAN INOFICIOSAS a los efectos arancelarios, las actuaciones de Alzada llevadas a cabo por la asistencia letrada de la apelante.
NOTIFIQUESE en los términos del Ac. 4013/21 de la S.C.J.B.A.,mediante resolución autonotificable, a los domicilios electrónicos constituídos por las partes.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:29:33 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:41:25 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:43:02 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/02/2023 09:43:03 hs. bajo el número RS-29-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia