Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 49489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el fallo apelado en cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al recurrente (art. 68 C.P.C.C.)
Causa Nº MO-49489-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BARADI EDITH JOSEFA C/ AMPUGNANI WALTER S/ DESALOJO FALTA DE PAGO Causa N º MO-49489-2019" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Apela la actora la declaración de caducidad de instancia decretada con fecha 6 de Julio de 2023.
Su recurso se concedió en relación y fue fundado con el memorial de fecha 14 de Julio de 2023, a cuyos términos cabe remitirse.
Con fecha 24 de Agosto de 2023, se llamó "autos" , providencia que se encuentra firme, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Para abordar la cuestión planteada, es oportuno recordar que esta Sala que ahora integro en la causa 39.829, R.S. 60/13 ha sostenido en relación al instituto de la caducidad de instancia que: "es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso.
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
Bajo tales premisas, analizaremos el caso traído a decidir.
En el caso, el último acto previo a la caducidad fue el de fecha 30 de Marzo de 2023, consistente en la observación de una cédula.
De allí en mas no se hizo nada, hasta que en Julio de ese mismo año, se decretó la caducidad de instancia.
El quejoso no desconoce que haya transcurrido el plazo del art. 310 para producir la caducidad, aunque afirma que la caducidad fue decretada pocos días después.
El argumento no es de recibo, porque los plazos procesales son perentorios (art. 155 CPCC) y no interesa si los mismos hubieran vencido por uno, dos o mas días.
Y, por lo demás, nada nos indica que si la caducidad no se hubiera decretado, el proceso hubiera sido impulsado a la brevedad.
De hecho, el apelante ya tuvo que se intimado, previamente, frente a lapsos de inactividad procesal, en los términos del art. 315 del CPCC, lo cual lo obligaba -a partir de ese momento- a prestar mas atención al discurrir del trámite.
Notamos, incluso, otros lapsos de inactividad importantes (por ejemplo, entre Agosto de 2020 y Febrero de 2021, o entre Agosto de ese año y Octubre de 2021) en los que el expediente se fue aletargando.
De hecho, se trata de un proceso que ya lleva 4 años de trámite , sin ninguna complejidad (ni siquiera contraparte presentada), y que no llegó a ser colocado en estado sentencial.
Por lo demás, el acto pendiente era la confección de una cédula, no revestía complejidad, lo que hace que -frente a la observación (y no perdemos de vista la cantidad de cédulas que se observaron a lo largo de este proceso)- fuera necesario un actuar diligente, que posibilitara el avance del proceso hacia la sentencia.
Cosa que, como decíamos, no sucedió, quedando el expediente sin ser impulsado por el plazo trimestral que prevé la norma.
El quejoso profundiza en los motivos de la observación del instrumento pero esto no es relevante: lo importante es el plazo que transcurrió desde la observación, sin que se hiciera nada por que el proceso avanzara.
En cuanto al estado de la causa y el criterio restrictivo, es cierto que cabe emplearlo para su decreto.
Pero no es menos cierto, que cuando se configuran los requisitos para declararla, y no hay ninguna circunstancia dudosa, la misma procede.
Y en el caso, la caducidad de instancia se aprecia no desde el estrecho lente del último plazo trimestral de inactividad, sino con una visión global.
Por tales razones, y habiendo transcurrido el plazo legal de inactividad, soy de la idea que se deberá confirmar la resolución apelada, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el fallo apelado en cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al recurrente (art. 68 C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 31/08/2023 12:26:32 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2023 12:46:11 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2023 12:47:27 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 31/08/2023 12:47:28 hs. bajo el número RS-336-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia