Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3531
Registro N° 113 /2019
Fojas 739/746
En la ciudad de Pergamino, el 08 de Octubre de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3531-19 caratulada "JALIL MIRTA SUSANA C/ JUMELLE LUIS DARIO Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO", Expte. 80726 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue y Graciela Scaraffia y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente rechazando la demanda de desalojo que promoviera la parte actora. Como fundamento del decisorio, el Juez de grado sostuvo que, si bien los herederos declarados aun cuando sean administradores del sucesorio están impedidos para locar los bienes que integran la masa hereditaria sin el consentimiento expreso o tácito de los restantes coherederos (art. 747 CPC), tales desinteligencias entre los sucesores no le son oponibles en el caso concreto al tercero inquilino que contrató de buena fe con dos locatarios, dos contratos iguales, firmado por quien fue apoderado de una heredera primeramente y en el otro momento por con otra de las heredera declarados. Con costas a su cargo. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
Mediante el escrito electrónico de fecha 28/09/2018 apeló el apoderado de la actora, concedido el recurso libremente a fs. 133, elevados los autos a fs. 153 se le ordena expresar agravios, haciéndolo en término el 12 de Marzo de 2019.
La queja del recurrente se concentra en los siguientes puntos de agravio: 1) Omisión por parte del Juez de grado del incumplimiento del demandado como locatario de las obligaciones emergentes correspondiente a la relación locativa basada en el contrato obrante a fs. 9. 2) Inadmisibilidad del argumento judicial según el cual como la aquí actora habría locado el inmueble sin la aquiescencia de los restantes coherederos (ver fs. 9), la situación debe ponderarse de la misma forma respecto a la Sra. María del Luján Quinteros quien también actuó como arrendadora dando en alquiler la finca cuando carecía de la conformidad de aquéllos. Al respecto, destaca que sendas situaciones no son asimilables, toda vez que a la fecha de haberse celebrado el contrato entre el apoderado de la Sra. Jalil y el Sr. Jumelle, la única heredera declarada en el sucesorio era su mandante. 3) La indebida introducción por parte del a quo de cuestiones relativas al proceso sucesorio dentro del presente juicio de desalojo que conforme a las circunstancias vigentes al tiempo de la interposición de la demanda, fue promovido por la única propietaria del inmueble y que además se fundamentó en la falta de pago del inquilino. 4) La inconsistencia del fundamento capital del rechazo de la demanda de desalojo basado en la existencia de una relación locativa entre los demandados y la Sra. Quinteros, toda vez que ésta última carecía de legitimación para consumar tal negocio contractual (art. 2325 del Código Civil y Comercial).
A fs. 156 se confirió traslado de los mismos a la parte demandada (fs. 156), dando cumplimiento a lo requerido el 4 de abril de 2019.
A fs. 164 se llama autos para dictar sentencia, providencia que habiendo adquirido firmeza a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
Entrando a resolver, resulta impostergable advertir que la presente causa está marcada por una especial atipicidad procesal, cuál es que las circunstancias existentes al momento del dictado de la sentencia de primera instancia han variado sustancialmente de aquellas que se verifican actualmente.
Si bien la situación jurídica litigiosa no se presenta en ningún caso como un cuadro estático e inmune al trascurso del tiempo, aquí se observa que una de las modificaciones ocurridas ha recaído sobre una propiedad esencial del caso que el Juzgador de grado ha considerado como eje troncal de la ratio decidendi del fallo apelado. En concreto, puedo puntualizar que, al momento de dictarse la sentencia de grado, el contrato de locación entre la Sra. Quinteros y el demandado de autos se encontraba en curso de ejecución, en tanto que en las circunstancias actuales el término del aludido vínculo contractual ha fenecido.
Tal contingencia no es irrelevante toda vez que, a partir de una lectura atenta de los considerandos de la resolución recurrida, puede inferirse razonablemente que uno de los argumentos nucleares con que el Juez de grado fundamentó el rechazo de la demanda fue la buena fe presunta del demandado al celebrar el contrato de locación con la Sra. Quinteros quien a ese tiempo ya ostentaba la calidad de heredera según surge de la declaratoria de fs. 58 de la causa caratulada "Quinteros, Crisanto Horacio s/ Sucesión ad intestato" n° 73.905 que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 2. Tal es así que el propio magistrado de la instancia de grado sostuvo que si bien el Código Civil establece que antes de la conclusión de la locación ningún condómino podrá por cualquier causal invocable demandar la restitución del inmueble sin el consentimiento de los demás, la jurisprudencia ha entendido que procede el reclamo particular de cualquiera de ellos una vez vencido el contrato. Para concluir finalmente que no habiendo vencido el actual contractual que se halla vigente, no procede el desalojo.
Esto significa que si interpretamos el fallo en su dimensión dinámica y con un sentido integral tenemos que el rechazo del desalojo aparece inexorablemente supeditado a la continuidad de la vigencia de la relación locativa entre los codemandados y la Sra. Quinteros. De modo que eliminada la condición (contrato en curso de ejecución) ha de suprimirse necesariamente la consecuencia (subsistencia de la relación locativa). En el caso concreto, el plazo bienal del contrato celebrado con fecha 30 de Marzo de 2017 ha transcurrido en su totalidad, razón por la cual se ha desvanecido también el derecho de la partes codemandadas a seguir habitando el inmueble contra la voluntad de uno o más coherederos.
La Corte Nacional ha sido enfática en el reconocimiento de una regla herméutica dinámica de las normas jurídicas, dentro de las cuales las sentencias judiciales quedan alcanzadas en tanto normas jurídicas individuales. Al respecto, ha dicho que: "Una inteligencia dinámica... superadora de una concepción pétrea conlleva la posibilidad de encontrar los remedios adecuados para cada una de las situaciones que está llamada a regir. En este sentido ha observado el Tribunal que la Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes de las que existían al tiempo de su creación" (CSJN, Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25873 Dto. 1563/04, 24/02/2009 - Fallos 332:111 - LA LEY, 2009 - B, 157- La Ley Online, AR/JUR/182/2009).
Y precisamente esta interpretación dinámica de la sentencia como norma jurídica positiva debe comprender a la decisión como un todo orgánico integrado por la parte resolutiva pero también por los considerandos sobre los cuales aquélla se edifica.
En esta tónica, el Máximo Tribunal Argentino ha definido a la sentencia como "acto inescindible, una unidad lógica jurídica cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación" (conf. CSJN, 27-6-89, ED, 134-723). De modo que toda interpretación de la sentencia que pretenda neutralizar la incidencia práctica de los considerandos en la decisión final debe ser apreciada con criterio restrictivo.
En similar sentido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora ha entendido que el contenido de los considerandos integra el objeto de la decisión judicial: "En el caso concreto de autos, la omisión alegada por el recurrente, no priva de claridad a la sentencia; por cuanto sus motivaciones o considerandos, por su carácter, forman con la parte dispositiva -aunque no estén expresamente receptados en ella-, una unidad funcional susceptible de hacer cosa juzgada. De allí que el hecho de no figurar todo lo resuelto en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que él mismo ha dicho claramente al fundar su resolución" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala III, "JOURDON MARCELO ALBERTO Y OTRO/A C/ CONTRERAS VERA VICTOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 9 de Mayo de 2013).
Finalmente, esta Cámara ha resuelto con igual temperamento que: "la parte dispositiva de la sentencia se integra con sus fundamentos, vertidos en los considerandos" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB SPORTIVO BARRACAS Y UNION FRANCESA C/ ESPINOSA, LORENA SILVINA Y OTRO/A S/ REIVINDICACION", autos N° 2056-14, 10 de Julio de 2014).
Establecidos los principios interpretativos que rigen el caso, resta indagar si este Tribunal en la presente instancia se encuentra habilitado para meritar las nuevas circunstancias acontecidas (vencimiento del contrato de locación) y consecuentemente re-encuadrar los agravios formulados sobre tales bases.
En este sentido, el art. 272 del CPCC establece que: "El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia". A saber, la disposición precitada no autoriza al organismo de alzada a pronunciarse de oficio sobre las cuestiones no propuestas a decisión del juez de primera instancia que se deriven de hechos posteriores a la sentencia dictada por éste, salvo que el litigante interesado en que tales cuestiones se resuelvan, las haya planteado ante el Tribunal (Sup. Corte Bs.As., AyS 1978-III-568 o DJBA 116-206). Sin embargo, la propia ley ritual establece excepciones a la regla general cuando se trata de intereses, daños u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.
En función de la lógica enunciada, interpreto que el vencimiento del contrato de locación con posterioridad a la sentencia de primera instancia constituye una circunstancia derivada e indisolublemente unida a la relación locativa materia de la litis sobre la que se proyecta el mentado vencimiento, a punto tal que resolver la cuestión objeto del pleito sin considerar dicha eventualidad ulterior implicaría concebir la decisión de grado como un acto estático y pétreo y no como una norma jurídica dinámica en consonancia con el estándar interpretativo establecido por la Corte Nacional.
Sobre tal aspecto, la Cámara Civil y Comercial de Quilmes ha afirmado que: "La potestad de la Cámara para fallar sobre hechos posteriores a la sentencia de primera instancia y que le impone el artículo 272 del ritual, es a condición que se trate del "ius superveniens", o sea de hechos íntimamente vinculados a los litigiosos, que inciden sobre los mismos y que sobrevienen con ulterioridad al pronunciamiento" (Cámara Civil y Comercial de Quilmes,"Gimenez, Roxana Karina c/Girado, Jorge Leonardo y otra s/Daños y perjuicios", 29/04/2009).
Trasladando estas directrices al supuesto específico del desalojo, la Cámara Civil y Comercial de Azul ha dicho que: "Cuando durante la tramitación de un juicio de desalojo por falta de pago de los cánones locativos ocurre el vencimiento del plazo del contrato, tal circunstancia fáctica ha de ser encuadrada como un hecho sobreviniente, en el marco de la facultad contenida en el art. 163 inc. 6, segunda parte, del Cód. Procesal. Este acontecimiento resulta decisivo y trae aparejado, por sí solo, la obligación de restituir los inmuebles por parte de los arrendatarios (arts. 1604 inc. 1, 1609 y ccs. del Cód. Civ.; arts 2, 20 y ccs. de la ley 13246)" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, "Airoldi, Armando Raúl c/Britambo S.H. y Nuñez, José Daniel s/Desalojo", 17/07/2008).
A la luz de este panorama interpretativo, corresponde redefinir con criterio flexible y dinámico los alcances de la expresión de agravios formulada por el recurrente con anterioridad al vencimiento del plazo contractual. En este sentido, advierto que una de las aspectos centrales de la crítica recursiva radicó en el cuestionamiento de la existencia de una relación locativa entre los codemandados y la coheredera Quinteros.
Es precisamente la correlación lógica y jurídica entre este aspecto de la queja y los considerandos del fallo apelado lo que nos proporciona suficiente anclaje jurídico para introducir el vencimiento del contrato como hecho extintivo nuevo sin alterar de modo irrazonable el principio de congruencia procesal.
Al respecto, ha dicho Peyrano que: "En cualquier supuesto lo que interesa es satisfacer el resultado práctico adecuado a lo perseguido por el accionante y a las circunstancias del caso, y no tanto acceder exactamente a lo reclamado por este" (PEYRANO, Jorge W., La flexibilización del cumplimiento de la sentencia condenatoria pecuniaria", en E.D. del 12-5-2003). Por vía transitiva, puede aseverarse que en materia recursiva lo que interesa es el resultado práctico adecuado a lo perseguido por el recurrente en el objeto de su apelación y no tanto acceder exactamente a lo que fuera materia específica de agravio
Es que resulta absurdo y contrario a los más elementales principios de economía procesal (art. 34, inc. 5 e. del CPCCBA) confirmar el rechazo de una demanda que en función de circunstancias sobrevinientes y con total abstracción de los motivos concretos de agravio se ha tornado procedente en el caso concreto, siendo que tales nuevas circunstancias aparecen íntimamente ligadas a la cuestión litigiosa principal e incluso fueron contempladas prospectivamente en los considerados del fallo apelado. Proceder de tal modo obligaría al actor ha tener que transitar nuevamente los mismos carriles procesales para arribar al mismo resultado perseguido en este proceso generándose de tal modo un dispendio jurisdiccional inútil.
En respaldo de la tesis propiciada, Marinoni propugna que la flexibilización del principio de congruencia presupone un ejercicio discrecional de atribuciones judiciales implícitas pero existentes. Y en este sentido, señala como supuesto específico que aquella procede "cuando el cumplimiento exacto de lo requerido importaría un palmario desmedro para la economía procesal y para un buen servicio del justicia" (MARINONI, Luiz, "Tutela inhibitoria, la tutela de prevención del ilícito" en E.D.. 185-1127 ss).
Resuelta esta cuestión previa, me hallo en condiciones de concluir que atento a que el contrato de locación celebrado entre la Sra. Quinteros y los codemandados expiró con fecha 30 de Marzo de 2019 (ver fs. 48), que con motivo de la presente causa los Sres. Jumelle y Salguero han tomado conocimiento cierto de la falta de conformidad de la coheredera Jalil en punto a la continuación de la relación locativa, y que a la fecha no se ha acompañado nuevo contrato de locación suscripto por todos los coherederos de la sucesión del causante Quinteros quien fuera titular del bien objeto del arrendamiento, ya no existen motivos válidos para calificar a los coaccionados como terceros contratantes de buena fe ni para extender su derecho a seguir habitando el inmueble en cuestión, debiendo en consecuencia ordenarse el desalojo pretendido por el actor.
Cabe señalar que la solución que aquí propicio no afecta el derecho de contradicción de los codemandados, habida cuenta de que la nueva circunstancia merituada (vencimiento del contrato de locación) se presenta como un hecho íntimamente vinculado al objeto de la pretensión procesal. En efecto, el vencimiento del plazo contractual no es otra cosa más que el resultado de la evolución temporal del vínculo contractual como causa de la relación jurídica procesal controvertida.
Asimismo, no puedo soslayar que el criterio aplicado ya había sido receptado en los considerandos del fallo apelado por lo que la decisión propuesta no puede resultar sorpresiva para los coaccionados, quienes por otra parte han omitido apelar adhesivamente la sentencia de grado en lo atinente al alcance de los considerandos mencionados.
Calificada doctrina procesal tiene dicho que: "mediante el mecanismo del traslado y contestación de la expresión de agravios, el vencedor no sólo puede limitarse a refutar la crítica del perdidoso y la consecuente defensa del fallo originario, sino criticar también la sentencia en la parte que desestima u omite considerar sus acciones y defensas, de modo que si la Cámara discrepa de la motivación del fallo por la que resultaba ganador, podrá hallar en la cooperación de éste, otros fundamentos que, diferentes a los mentados por el juez a quo sirvan no obstante para arribar a iguales conclusiones, confirmando total o parcialmente la decisión apelada" (MORELLO, Augusto Mario, SOSA, Gualberto Lucas, BERINZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Buenos Aires, ed. Abeledo Perrot, 2015, pag. 112).
En esta línea, la Corte Nacional ha sostenido que la apelación adhesiva produce la ampliación, por su conducto, del contenido del juicio de apelación para abarcar también los capítulos desfavorablemente al vencedor u omitidos del pronunciamiento, pero que, por no tener autonomía, su viabilidad depende de la apelación principal. De allí que si media desestimiento de esta última o se declara desierto el recurso, aquélla queda sin soporte (Cf. CSJNC, Fallos 49:483; 50:135; 80:127).
En virtud de lo expuesto, y atento a la suficiencia del razonamiento desplegado en los párrafos precedentes para dejar sin efecto la sentencia recurrida en cuanto rechaza la pretensión de desalojo, entiendo que resulta innecesario entrar a considerar el resto de los agravios, los cuales además han devenido en gran medida abstractos en virtud de la apuntada circunstancia sobreviniente.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión la Sra. Jueza Graciela Scaraffía por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión el Sr. Juez Roberto Degleue dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Acoger el recurso deducido y en su mérito revocar el decisorio atacado, haciéndose lugar a la demanda de desalojo deducida por Mirta Susana Jalil y, consecuentemente, condenando a Luis Darío Jumelle y a Sandra Salguero y/o cualquier otro ocupante, a entregar a la parte actora, dentro del término de 10 DIAS de quedar firme la presente, el uso del inmueble ubicado en calle Corrientes 744 de la ciudad de Pergamino libre de toda ocupación, bajo apercibimiento de disponer el desalojo con intervención de la fuerza pública (previo cumplimiento del Art. 21 ley 6716).
3. Difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto obre base firme para ello (arts. 27 y 51 L.H.P.).-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Acoger el recurso deducido y en su mérito revocar el decisorio atacado, haciéndose lugar a la demanda de desalojo deducida por Mirta Susana Jalil y, consecuentemente, c
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