Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la apelada resolución del 07/11/2023, estableciéndose que la base arancelaria de estas actuaciones debe calcularse en el 100% del resultado de multiplicar el canon locativo que firme llegó a la Alzada por 24 meses, debiéndose en la instancia de origen practicarse un nuevo cálculo según estos lineamientos. Costas de Alzada en atención a las particularidades y modo en que es resuelto el presente por su orden (arts. 68 y 69 CPCC).
MCM / ND
ROLANDELLI HUGO OSCAR C/ INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO
Causa: 136676 Jdo. Civil y Comercial nro. 17
La Plata, 2 de Mayo de 2024
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.1. Que mediante resolución del 07/11/2023 la juez de la instancia previa homologó el acuerdo arribado entre las partes en la audiencia preliminar del 08/09/2023, estableciendo que la base regulatoria debe calcularse en un 50% del resultado de multiplicar $220.000 -precio de locación- por 36 meses, la que resulta en la suma de $ 3.960.000 (arts. 1198 CCCN y 28 inc. b y 40, ley 14.967 -LH-), con costas a la demandada vencida.
Consideró que sin perjuicio de que el último párrafo del art. 40 LH se corresponde a las tareas realizadas en un convenio de desocupación extrajudicial, previo al proceso de desalojo, que no es de aplicación al caso de autos, la regulación se efectuará en un 50% en virtud de las etapas cumplidas (art. 28 inc. b, ley 14.967). Y en cuanto al plazo, hallándose reconocida por la demandada su voluntad de extender el plazo del contrato, sin perjuicio de no haber habido una prórroga convenida por las partes, y resultando que ella continuó con la ocupación del inmueble, la base arancelaria debe comprender los meses que excedieron al contrato con cita del art. 1198 CCCN y no ser justo que se vea beneficiado quien realizó la ocupación con la falta de acuerdo en la prórroga.
1.2. Que contra esa forma de decidir se alzan ambas partes. La parte demandada lo hace el 15/11/2023, oportunidad en que funda su recurso, replicado el 13/2/2024 en tanto que la parte actora presenta su memorial el 10/12/2023, que no es contestado por la contraria según proveído18/3/2024.
Parte actora. Refiere que la resolución es contradictoria entre lo que surge del considerando 2) y lo resuelto en el punto 2) de la parte dispositiva porque luego de desestimar los argumentos de la demandada de aplicar el último párrafo del art. 40 LH, y acoger los suyos en cuanto a que la escala reducida no es de aplicación por contemplar un supuesto distinto al de autos, disminuye la base regulatoria a la mitad; que confunde la base regulatoria con la regulación de honorarios en base a la escala arancelaria y el desarrollo del proceso, estadio todavía no atravesado; y que en consecuencia la base regulatoria que deberá tomarse debe serlo sin disminución alguna.
Parte demandada. Señala que para establecer la base estipendial debe calcularse el plazo mínimo del art. 1198 CCCN según la modificación incorporada por el art. 1, ley 27737, publicada el 17/10/2023, mencionando que el acuerdo es del 8/9/2023; que la ley anterior de alquileres 27551 es del 11/6/2020 y el contrato de autos de fecha mayo de 2020.
Agrega, citando el art. 40 LH, primer párrafo, que la acción fue iniciada teniendo como base un contrato que se consideró vencido y así el contrato existió y su plazo se estipuló en dos años.
2. Tratamiento de los agravios.
Incursionando en el análisis de las protestas comenzaremos señalando que el presente se trata de un proceso de desalojo que llegó a su fin con el acuerdo alcanzado y homologado del 08/09/2023 en la Audiencia Preliminar.
En ese sentido también hemos de referir que lo aquí a decidir está destinado a resolver sólo el embate deducido contra la base regulatoria, quedando así diferida la cuestión atinente al monto de los honorarios y a las resultas del presente (arts. 40, ley 14.967 y 1198 CCCN).
2.1.1. Que en relación al planteo de la parte actora de que se declare la deserción del recurso de la parte demandada, se aprecia que la circunstancia de haber fundado en la misma oportunidad de interponer el recurso, según surge de la presentación de fecha 15/11/2023, ningún perjuicio le acarrea a la contraria desde que ello no le impidió contestarlo tal como surge del escrito del 13/2/2024.
De manera entonces que, y conforme el criterio restrictivo que debe privar en este tipo de situaciones, por encontrarse en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio, corresponde que el Tribunal aborde la tarea revisora desestimando el pedido de deserción y más allá de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (arts. 246, 260, 261 y 384, CPCC).
2.1.2. Plazo de duración del contrato.
2.1.2.1. Que en materia de procesos de desalojo la ley arancelaria es clara en cuanto establece en su art. 40, ley 14.967 que “el honorario se fijará de acuerdo con la escala del artículo 21, tomando como base los alquileres de dos (2) años o los del plazo contractual o legal vigente como fuera mayor”. Tal regla se aplica independientemente de la causal invocada en cada caso como fundamento de la pretensión de desahucio.
Al respecto, en el caso que nos ocupa, el contrato que vinculara a las partes fue celebrado el 28/1/2021 por 24 meses, desde el 1/5/2020 (clausula 6ta. del contrato), y hasta el 31/4/2022 y, por su incumplimiento por falta de pago de alquileres y vencimiento del plazo contractual se inició demanda el 12/4/2023 (cap. II de la demanda).
Disentimos con la referencia de la sentenciante de origen en cuanto a que no habiéndose logrado, pese a que la demandada gestionó una prórroga y permaneció en el inmueble por un año y cuatro meses más, una expresa prórroga, no amerita considerar que el término contractual fue de tres años como para tomarla como base arancelaria.
Si bien por el lapso de ocupación indebida el locatario debe pagar alquileres, ello no puede llevar a la extensión de la base regulatoria, ya que el texto expreso de la ley habla de plazo “legal” o “contractual” correspondiendo sólo este último si es mayor que el establecido en la ley para este tipo de locación, por lo que en los juicios de desalojo, los meses de ocupación posteriores al vencimiento del plazo contractual o legal no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de conformar la base regulatoria establecida en el art. 40 citado, salvo que exista una prórroga expresamente convenida por las partes (CACC 1ra. Mar del Plata, Sala I, 108.177, RSI. 1664/2000, 7/12/2000; 93.155, RSI. 122/95, 28/2/95; Hitters-Cairo "Honorarios de Abogados y Procuradores", Ed. Lexis Nexis, año 2007, págs. 481 y ss, 40.2.a).
En esa dirección se señala que el mismo accionante en su demanda refiere que la locadora no cumplió con la restitución del bien a pesar de estar vencido el plazo contractual y de las reiteradas interpelaciones fehacientes formuladas por su parte, luego de intimar el pago de los alquileres y accesorios devengados, remitiendo la carta documentos CD 206042446 de fecha de envío 11 de octubre de 2022, recibida el día 12 de octubre de 2022, y el día 16 de noviembre de 2022 la carta documento CD 206814675, recibida por la demandada el día 17 de noviembre de 2022 (cap. III).
2.1.2.2. Que conforme el acuerdo de voluntades expuesto y el escrito postulatorio, la relación procesal quedó así constituida y de ahí delimitado el objeto del proceso (arts. 34 inc. 4º y 163 del CPCC).
En consecuencia, para establecer la cuantía económica del pleito, no puede sino tomarse en cuenta el plazo establecido en el referido contrato base del presente, que es el que determinó la relevancia económica del juicio (art. 40, ley 14.967).
Y en esa dirección, resulta impropio ponderar un piso de marcha distinto al allí señalado, haciendo merito de las sobrevenidas leyes de locaciones 27.551 y 27.557 (de junio de 2020 y octubre de 2023) -o del Dec. 70/2023- que no integraron la trama litigiosa invocada por el actor ni resultaron parte integrante del acuerdo, ni los trabajos realizados se efectuaron durante su vigencia -y por ende durante dicho lapso se devengó el derecho al cobro-, y que por lo tanto no puede ser invocado “iure propio" por los letrados al solo efecto de que mediante incidencia, posterior al acuerdo, se aumente la base regulatoria (ver presentación del 17/9/2023; arts. 1, 2, 7, 1187 y sigtes del CCCN , 40 D.L.8904/77 y su correlativo de la Ley 14.967, 34 inc. 4º , 160 . 163 inc, 5º y 6º , 242, 246, 260 del CPCC).
Precisamente ha sido con ajuste a dicho acuerdo de voluntades, conjuntamente con los escritos postulatorios de las partes, que quedó constituida la relación procesal y consecuentemente delimitado el objeto del proceso, base de la sentencia de mérito dictada en autos.(arts. 34 inc. 4º y 163 del CPCC).
En función de lo expuesto, a la hora de establecer el mesuramiento crematístico del pleito, y así haber sido sostenido por esta Sala (causa 136676, sentencia del 03/8/2021, RSD 173/2021) no puede sino tomarse en cuenta el plazo establecido en el referido contrato base del presente (24 meses = dos años), que es el que determinó la relevancia económica del juicio (art. 40 L D.L.8904 /77 -hoy 40, ley 14.967-).
Aplica asimismo resaltar, en concordancia con lo expuesto, que las manifestaciones de la parte actora en este aspecto son contrarias a sus propios actos toda vez que -se reitera- invocó el vencimiento de la relación contractual por dos años al promover la demanda para luego pretender que el plazo de la locación a utilizar para fijar la base debía ser de tres años, correspondiendo modificar este aspecto de la decisión en revisión con el alcance indicado (CACC101 MP 108177, RSI1664-00I07/12/2000; CACC101MP105423 RSI747-99 I10/8/1999, e.o.).
Las pautas para la regulación de honorarios en procesos de desalojo contractual se encuentran basadas en lo prescripto por el art. 40 de la ley 14967, que distingue varios supuestos: a) juicios de desalojo con contrato de alquiler, que se toman 2 años de alquileres o el plazo contractual si es mayor (primer y segundo párrafo); b) juicios de desalojo por comodato, tenencia precaria e intrusión (tercer párrafo), que se toma el valor ocupacional durante dos años; y c) juicio de homologación de convenio de desocupación (cuarto párrafo), donde los honorarios se fijarán en un 50% de los que correspondan a un juicio de desalojo, tomándose como base el valor locativo del bien en cuestión.
Ello significa que, sólo en este último supuesto, al resultado que arroje la cuenta matemática practicada en consecuencia, habrá que reducirla a la mitad y posteriormente emplear la escala del art. 21 LHP para cuantificar los emolumentos.
Ahora bien, en la especie el convenio de desalojo arribado por las partes no resulta ser una tarea extrajudicial y/o previa al inicio del proceso marcando así una diferencia sustancial. Dicha composición se alcanzó una vez promovida la acción judicial, el 12/4/2023, en la audiencia preliminar de fecha 8/9/2023 y es por ello mismo que le es inaplicable el art. 55 LHP vinculado al procedimiento de determinación de honorarios extrajudiciales.
Además, y bajo tales premisas, tratándose el caso de un supuesto distinto al contemplado en la norma, se aprecia la razón de la crítica del quejoso, correspondiendo sin más modificar este aspecto del decisorio dejando establecido que la base arancelaria que se alcance conforme los lineamientos, que no deben perderse de vista y están sostenidos por la norma en su art. 40, ley 14967, párrafo primero y argumentos expuestos en los considerandos precedentes, no ha de sufrir reducción alguna por no tener justificación legal (arts. 163, 164 y 384, CPCC).
3. Conclusión:
Sobre el escenario descripto, y considerando que las partes estaban contestes en el monto del alquiler, y que sólo restaba por haber sido los puntos conflictivos analizar el plazo del contrato de locación y si el cálculo a efectuar para posteriormente regular los honorarios de los profesionales intervinientes debía reducirse a la mitad o no, estimamos que para tomar la base arancelaria y no contraponerse con las normas arancelarias citadas el valor locativo del bien en cuestión debe ser multiplicado por 24 meses, sin que quepa sobre él practicar disminución alguna (arts. 21 y 40 LHP).
POR ELLO, y demás fundamentos del Acuerdo que antecede, se modifica la apelada resolución del 07/11/2023, estableciéndose que la base arancelaria de estas actuaciones debe calcularse en el 100% del resultado de multiplicar el canon locativo que firme llegó a la Alzada por 24 meses, debiéndose en la instancia de origen practicarse un nuevo cálculo según estos lineamientos. Costas de Alzada en atención a las particularidades y modo en que es resuelto el presente por su orden (arts. 68 y 69 CPCC). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia