Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133429
AL/YAN
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Agosto de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "CHAZARRETA BLANCA DEL JESÚS C/ ACOSTA ROMINA GRISEL Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO " (causa: 133429 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 13/05/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. Por resolución de fecha 13/05/2025, el Sr. Juez de la anterior instancia desestimó la pretensión de la actora de actualizar la cláusula penal oportunamente establecida en el contrato de locación en ejecución, en el sentido de que quede expresada a un valor fijo como el del ” JUS “ arancelario.
Para así decidir hizo mérito del principio de inmutabilidad de la cosa juzgada que emana de la sentencia definitiva firme dictada en la causa.
1.2. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de la ejecutante mediante recurso de apelación que funda con la presentación de fecha 28/05/2025.
Aduce en lo más relevante que la cosa juzgada no trae aparejada por sí sola la inmutabilidad de la decisión, desde que hay ejemplos de cosa juzgada o cosa tratada que permiten su revisión, dando como ejemplo: “ …el caso de la sentencia condenatoria en el juicio ejecutivo (art. 551 del CPCC) o de decisiones que no causan estado como la declaratoria de herederos (arts. 737 y 738 del código de rito) o las que fijan medidas precautorias que pueden ser ampliadas o reducidas (arts. 202, 203 y conc. el mismo Código)…”.
Hace referencia al caso de las sanciones conminatorias diciendo que no causan estado, son provisionales, pueden ser ampliadas o reducidas y dejadas sin efecto.
Con ese piso de marcha cuestiona la inmutabilidad que se afirma en la resolución apelada.
La crítica llega con la réplica de la contraria de fecha 11/6/2025.
1.3.Con fecha 04/08/2025 dictamina la Sra. Asesora de Menores y señala en primer lugar que la recurrente no controvierte el punto neurálgico de la decisión que radica en la efectiva existencia de cosa juzgada, a tenor de la cuestión decidida por sentencia de primera instancia, oportunamente confirmada y concluye en que -en rigor- la queja se dirige a introducir un pedido de actualización evidentemente inoportuno y -por tanto- inaudible en esta sede.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Que dando inicio a la tarea revisora debo señalar en primer lugar que no resulta de recibo el liminar cuestionamiento a la suficiencia técnica del recurso traído que propicia la representante del Ministerio Pupilar desde que – aunque más no sea mínimamente– se alcanza a comprender el alcance de la protesta frente e lo decidido en la instancia de origen.
Luego, partiendo del criterio restrictivo que debe privar en este tipo de situaciones rayanas con la insuficiencia técnica, por encontrarse en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio, corresponde que el Tribunal aborde la tarea revisora, con el mínimo que ofrece la pieza expositora de agravios (cfr. Podetti J.R., "Tratado de los recursos", Ed. Ediar. Bs. As. 1958, pár. 163 y sgtes. nº 67, arts. 18 de la Const. Nacional y 15 de la de ésta Provincia, arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.), sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
2.2.Sentado lo que antecede ha de puntualizar que en la especie se ha promovido un juicio de desalojo con fundamento en un contrato de locación, acción ala cual –en lo que ahora interesa– se acumuló el cobro de una multa establecida el contrato como clausula penal por “ocupación extemporánea”(sic), consistente en una suma diaria equivalente al 3% del valor del alquiler vigente (ver adjunto a la presentación de fecha 10/03/2022).
Con fecha 10/7/2023 se dictó sentencia donde se RESOLVIO: 1) Hacer lugar a la demanda de desalojo promovida por Blanca del Jesús Chazarreta contra Romina Grisel Acosta y Carlos René Orellana, con relación al inmueble sito en calle 153 N° 940 de Berisso, condenando a los demandados y a cualquier otro ocupante, a desalojar el bien dentro del plazo de cinco (5) días de haber quedado firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública (art. 163 inc. 7, CPCC); 2) Hacer lugar a la ejecución de la cláusula penal, debiendo los demandados abonar al actor la suma de $ 267 por cada día de ocupación indebida, la cual será calculada en la forma señalada en el considerando 5°. Dicha sentencia fue confirmada por esta Sala con fecha 5/12/2023, en cuanto fue motivo de recurso por la demandada, y ello quedó firme.
La clausula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación (arts. 652, Código Civil; 786, C.C.C.N.).
La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente (arts. 655, Código Civil; 793, C.C.C.N.).
En el supuesto analizado, su objeto es compeler al demandado al desahucio del bien dado en locación, y sancionar el retardo culpable permite la procedencia de la penalidad en caso de inejecución absoluta o relativa de la prestación adeudada (conf. Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G. INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. OBLIGACIONES. T. 3. Hammurabi. (Buenos Aires, 1999, págs. 46 y 47).
De todos modos la cuestión convocante es analizar si frente a la sentencia de condena dictada en autos –consentida y por lo tanto firme– procede la actualización de la referida penalidad por mora que reclama la actora y que fuera denegada en la instancia previa con fundamento en el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada que emana del dispositivo sentencial.
Con relación a la procedencia de la pretensión actualizatoria he sostenido con anterioridad al presente, aunque para otro supuesto, que la posibilidad actualizatoria admitida por nuestra Suprema Corte en el caso “Barrios” (causa C. 124.096, del 17 abril de 2024), debe ser interpretada con cuidado y suma prudencia, dado que son esas lecturas posteriores las que van definiendo y redefiniendo el sentido y proyecciones del caso precedente. En virtud de lo expuesto, tal labor debe concretarse cuidadosamente, a medida que los casos se suceden, máxime cuando la aplicación de dicho precedente no siempre ha de desembocar en la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición indexatoria emergente del art. 7 de la ley 23.928 (cfr. Garay, Alberto F., La doctrina del precedente..., Abeledo Perrot, pág. 143/158; Silva, Juan A., "Aproximaciones al precedente...", ElDialon line, del 29/05/2017, DC232F; esta Sala, causa 137.629, RS. 350/2024).
Dicha reflexión surge a poco de pensar en la multiplicidad de casos con sentencia firme donde se puede invocar la aplicación de dicha doctrina legal, lo cual habrá de ser decidido por un lado conforme el principio de seguridad jurídica, sobre el cual reposan los principios de preclusión, cosa juzgada y estabilidad; y por el otro la situación sobrevenida del deudor que no cumple con la prestación debida en tiempo y forma y se mantiene en situación de mora (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 166, 242, 253, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
2.3.En consecuencia, frente al consentimiento de la actora a la sentencia dictada en autos, aquella quedó firme no pudiéndose reeditar lo propuesto y debatido en el momento procesal oportuno -y mucho menos lo no propuesto en su oportunidad-, operando la preclusión que impide volver sobre estadios superados del proceso, máxime frente a un proceso donde lo decidido tiene valor de cosa juzgada y no es fruto de un trámite tildado de fraudulento (arts. 163, 164, 166, 255, 272, 273, 384 y 482, C.P.C.C.).
Pretender modificar los términos de la sentencia con pautas que no fueron consideradas en ella (actualización de la multa en función del valor del JUS o la inflación), pese a que pudieron serlo, se revela improcedente (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 166, 384, 497 y 501 C.P.C.C.).
Hasta aquí los fundamentos de la denegatoria se mantienen.
Pero, cabe analizar la aplicación de la señalada doctrina “Barrios” y la posibilidad de actualizar la multa pactada, como cuestión sobreviniente,.
2.4. No es ocioso destacar que en la causa C. 124.096, "Barrios c/Lascano s/Daños y Perjuicios", en el voto del Dr. Soria, al cual adhirieron los restantes ministros, se establecieron pautas para determinar la efectiva aplicación del precedente en casos similares, que a mi entender cabe resumir de la siguiente manera:
a) antes del escrutinio constitucional negativo del art. 7 de la ley 23.928, es necesario verificar la posibilidad de acudir a un camino discursivo alternativo que pueda recomponer los valores comprometidos (V.7.d.v), como podría ser la utilización de la tasa activa (V.9.e.ii);
b) si la inflación que aqueja la economía del país produce la licuación del pasivo, los jueces no pueden darle la espalda a la realidad (V.1.b);
c) el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria, son hechos notorios que han impulsado el replanteo de la doctrina legal de la SCBA (V.1.e), lo cual si bien está exento de prueba (SCBA, Ac. 61.024, 7/7/98; Ac. 82.684, 31/3/2004; L. 120.519, 28/11/2018), requiere no sólo de la alegación del interesado -lo cual descarta la aplicación de oficio- sino la realización de los cálculos matemáticos que demuestren -tal es su carga (art. 375, C.P.C.C.)- la licuación de la deuda;
d) para que la merma o licuación del capital adeudado justifique sin lugar a dudas la tacha constitucional, debe ser ?considerable? (V.9.e), lo cual abre un interrogante frente a los casos donde la pérdida no tiene tal carácter y es afectado el principio de reparación integral (situación no considerada en el precedente ?Barrios?);
e) se debe observar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC); y
f) en el análisis de la solución aplicable debe analizarse I) la interdicción del enriquecimiento sin causa; II) la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; III) la buena fe; IV) la equidad; V) la equivalencia de las prestaciones; VI) la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, VII) en su caso, el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs. Const. Nac; arts. 1, 2, 3, 9, 10, 332, 726, 729, 766, 772, 961, 965, 1.061, 1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y cctes. C.C.C.N.).
Tales pautas, serán aplicables a los casos posteriores, en la medida que tengan como hecho relevante común la desvalorización irrazonable del capital producto de pérdida de valor de la moneda y la imposibilidad de compensar tal situación frente a la prohibición emergente del art. 7 de la ley 23.928.
Sentado ello, frente a una sentencia que quedó firme y consentida, el Tribunal se encuentra imposibilitado de evaluar, a fin de no quebrantar los principios de congruencia, cosa juzgada y preclusión, la constitucionalidad y métodos de actualización e indexación con anterioridad a la petición, siendo sólo posible atender los hechos sobrevinientes fruto de la mora del deudor (arts. 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 2, 3, 9, 10, 332, 729, 768 inc. « c »772, 777 inc. ”c”, 886, 888, 961, 965, 1061, 1091, 1716, 1738, 1747 y 1794, C.C.C.N. ; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 260, 261, 266, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
Por más que el esquema jurídico haya variado a partir de la doctrina legal sentada en el caso “Barrios”, ello no puede tener aplicación retroactiva, a fin de no violar el principio de cosa juzgada, ni afectar derechos adquiridos. Ello sin perjuicio de la inseguridad jurídica que puede provocar su aplicación a los miles de casos ya resueltos.
Empero, la mora del deudor se ha prolongado en el tiempo y se mantiene al momento de la alegación de la necesidad de preservar el valor de lo adeudado en concepto de penalidad por mora.
2.5. Consecuentemente, cabe analizar la posibilidad de aplicar la doctrina legal emergente del precedente “Barrios” como cuestión sobreviniente por los períodos que corren a partir de su invocación.
Que conforme se desprende de la sentencia definitiva dictada en autos y confirmada por esta Alzada , ha quedado establecido : “…Claúsula penal. Que conforme fuera convenido por las partes en la cláusula segunda del contrato, ante el incumplimiento de los locatarios estos deberán abonarle al locador una cláusula penal por ocupación extemporánea equivalente al 3% del alquiler vigente por cada día que excediera del fijado para desocupar la vivienda (arts. 957 y 958, CCCN).”
“Con la carta documento de fecha 12/11/2022 ha quedado acreditado ciertamente que los demandados han sido notificados fehacientemente de la voluntad de la actora de ejecutar está cláusula (v. documentación adjunta a la presentación de fecha 10/3/2022; arts. 384 y 385, CPCC).”
“Consecuentemente, mediando incumplimiento de los demandados en el pago de los alquileres corresponde hacer lugar a la ejecución de la cláusula penal (arts. 790, 791, 792 y ss., CCCN) pactado en el contrato (v. cláusula segunda del contrato adjunto a la presentación de fecha 10/3/2022), condenando a los accionados a pagar la suma de $ 267 por cada día de retardo en desocupar la vivienda, tomándose como fecha de inicio de la ocupación indebida el día 12/11/2021, fecha en la que fueron intimados a desocupar el inmueble, ello bajo apercibimiento de ejecución, facultándose a la parte actora, dentro del quinto día posterior a la desocupación del inmueble -fecha hasta la cual quedan obligados los accionados al pago (art. 802, CCCN)- a practicar la liquidación correspondiente…” ( ver sentencia de este Tribunal de fecha 05/12/2023).
El dictado de la sentencia en el presente proceso, impide debatir aspectos que pudieron serlo en su oportunidad y que quedaron superados por el principio de cosa juzgada, con lo que los cambios en la doctrina legal que pueda sentar la SCBA -cuyo valor es indiscutible (art. 161 inc. 3 a, Const. Prov.)- no pueden aplicarse en forma retroactiva a los efectos de modificar los casos resueltos con anterioridad.
Si bien la desvalorización de la moneda y consiguiente licuación o diminución en términos reales de pasivos que la misma podía generar son muy anteriores a dicho precedente, lo cierto es que la SCBA recién se sensibilizó frente a dicha problemática con el caso “Barrios” precitado. Hasta entonces no se venía admitiendo -al menos por parte de la Cámara departamental ni por la SCBA- la utilización de índices para compensar la pérdida de valor del dinero, y tal situación fue consentida por el actor.
Empero, frente a la mora del deudor, que se ha mantenido en el tiempo, no observo obstáculo alguno para tratar la pérdida de valor de la clausula penal y la consiguiente licuación de la deuda, como cuestión sobreviniente, y ello, a partir de la petición expresa. Aplicar la actualización para períodos anteriores, además de socavar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, abriría la puerta al análisis de situaciones de menoscabo patrimonial -miles- de hace más de diez (10) años, con la consiguiente afectación de derechos constitucionales que se encuentran tutelados por los arts. 17, 18, 28, 31 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional. El principio de “realismo” o primacía de la realidad no permiten avanzar sobre situaciones que quedaron consolidadas jurídicamente, ya que de permitirse ello podría incluso -lo cual no es razonable- revisarse situaciones donde ya la SCBA declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ver SCBA, L. 102.736, 15/7/2015, “Boll, Luján Claudio Fernando c/Ponce, Luicio Guido y otro s/Despido”; L. 92.095, 1/9/2010, “Moyano, José Omar y otros c/Consorcio de Gesión del Puerto de Bahía Blanca s/Indemnización por despido”), o en las cuales la Corte Suprema nacional ya resolvió sobre dicha temática. En el ámbito judicial, los conflictos deben tener una solución definitiva.
Así, frente a un importe de la condena incumplido, en pesos se puede analizar si, frente al proceso inflacionario que se viene dando al momento de su invocación, cabe remediar dicha situación hacia el futuro -cuestión sobreviniente -(ver series históricas en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformacionDeArchivo-1).
La cláusula penal oportunamente establecida en el contrato de locación base del presente se estableció en el 3% del valor diario del alquiler “vigente” (cláusula 2ª),
Luego frente a un alquiler del $ 6900 mensual para los primeros doce meses de locación y $ 8900 para el segundo año(es decir con una previsión anual por desvalorización de aproximadamente el 30 %),la penalidad por mora pudo resultar adecuada según la realidad económica por entonces vigente, pero al presente el proceso inflacionario ocurrido desde la fecha de su estipulación produjo una licuación de la deuda que justifica atender lo requerido, lo cual a fin de no afectar el principio de “cosa juzgada” no puede ser aplicado en forma retroactiva e impone cotejar si desvalorización del capital puede ser corregida con la aplicación de alguna tasa de interés.
Agrego que no corresponde limitar la aplicación de la doctrina sentada en el caso “Barrios” a la responsabilidad extracontractual. El hecho de que en el presente juicio se debata una obligación derivada de una relación contractual no es un argumento válido para excluirlo de una reparación integral del daño derivado del incumplimiento. En el caso “Barrios” se admitió que la inflación sobreviniente -imprevisible por su magnitud e inevitable- favorecía la licuación de una obligación, provocando una situación de clara injusticia que no se podía remediar si se aplicaba, sin cortapisas, el criterio que venía siguiendo la SCBA hasta entonces. Ello se debe aplicar tanto a las deudas derivadas de la responsabilidad extracontractual como contractual con los ajustes de cada caso.
En la especie la aplicación de una multa diaria por retardo culpable en la devolución del bien dado en locación por un valor de $ 267 diarios, ha quedado absolutamente depreciada en función de la realidad económica actual, donde hubo una importante pérdida de valor de la moneda favorecida por la situación de mora del deudor, lo cual puede corregirse a partir del planteo adicionando una tasa de interés que permita paliar los efectos de la inflación -paso previo establecido en el precedente “Barrios”- y cuya determinación queda en principio ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (CSN, 17/5/94, “Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otra", J.A. 1994-II, 690; D.T. 1994-B, 1975; L.L. 1994-C, 30).
2.6. En consecuencia, habré de proponer como modo de revalorizar la clausula penal en cuestión que luego de liquidado su importe conforme las pautas indicadas en la sentencia definitiva dictada en autos, al importe resultante se le adicione la tasa activa Banco Provincia restantes operaciones, para deudores en mora y sin capitalizar, desde la fecha
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