Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada la contestación hecha por la parte actora, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arg. arts. 257, CPCCN y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, cits.; 14 y 15, ley 48).
C. 123.890 "BERNAL, MIRTA IRENE Y OTRO/A C/ CANTERINO, CAROLA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inconstitucionalidad articulado, con base en que en la instancia ordinaria no se controvirtió, ni decidió la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (v. resol. de 3-VIII-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 22-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.pdf").
En el caso, conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara interviniente confirmó -en el marco de un proceso de desalojo- el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, rechazó el planteo de nulidad deducido por la accionada contra la desestimación del pedido de caducidad de instancia, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. págs. 3/7, del adjunto identifico como "queja.pdf" del trámite titulado "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 6-II-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial, acceso a la justicia, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley (arts. 14, 16 y 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 2/5, 10 y 12/13, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó el recurso de queja al ponderar -erróneamente, según su modo ver- que no se habría controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (v. págs. 10/13, adjunto cit.).
Contrariamente a lo expuesto, alega que la vía elegida era la correcta para recurrir, en tanto se cuestionó, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, que la decisión del Tribunal de Alzada le había ocasionado un gravamen irreparable, con franca afectación de los derechos de defensa en juicio y tutela judicial efectiva, garantías que están previstas en los arts. 15 de la Constitución provincial y 14 y 18 de la Constitución nacional. (v. pág. 11/12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveídos de fechas 25-IX-2020 y 16-X-2020 y trámite identificado como "OFICIO A" de fecha 19-X-2020), el mismo fue contestado por la actora ante la Cámara interviniente (v. trámite identificado como "OFICIO RECIBIDO" de fecha 25 de noviembre de 2020 y su segundo archivo adjunto).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que es doctrina legal reiterada de este Tribunal que carecen de eficacia las presentaciones de escritos fuera del órgano que correspondiere (conf. doctr. causas C. 120.323, "Perera", resol. de 30-III-2016; C. 121.279, "Aita", resol. de 8-III-2017; C. 121.663, "Italpapelera S.A", resol. de 6-VI-2018 y C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; e.o.). En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arg. arts. 257, cit. y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN).
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inconstitucionalidad, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 13/22, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por esta Corte para descartar la vía de hecho local, insistiendo la agraviante en su propia postura respecto de que la vía correcta era el recurso de inconstitucionalidad (v. págs. 10/13, adjunto cit.).
IV.3. Resta decir, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de tutela judicial, acceso a la justicia, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley; arts. 14, 16 y 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 2/5, 10 y 12/13, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.454, "Herederos De Aranzabal", resol. de 7-III-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, Sismail", resol. de 23-XII-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada la contestación hecha por la parte actora, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arg. arts. 257, CPCCN y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, cits.; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2021 15:28:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2021 20:43:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2021 11:50:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 10:38:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:56:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia