Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133593
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 6 de octubre de 2022. Las costas de esta instancia se imponen a los actores en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
HDT/AED
Sentencia Definitiva
Causa N° 133593; JUZGADO DE PAZ - SALADILLO
MUÑOZ EMANUEL Y OTROS C/ SBAIZERO DANIEL V. Y OTROS S/ DESALOJO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133593, caratulada: "MUÑOZ EMANUEL Y OTROS C/ SBAIZERO DANIEL V. Y OTROS S/ DESALOJO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 6 de octubre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda incoada por desalojo, con costas; declaró que no existió conducta temeraria o maliciosa y difirió la regulación de honorarios (arts. 40 y 27 inc. “a” de la ley arancelaria).
2. Contra esta forma de decidir interpusieron recurso de apelación los legitimados activos (v. presentación electrónica de fecha 17 de octubre de 2022), el que concedido libremente (proveído de fecha 20 de octubre de 2022) fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 21 de diciembre de 2022, el que fue reiterado en fecha 22 de diciembre de 2022 y ratificado el 2 de febrero de 2023). Corrido el pertinente traslado (proveído del 22 de diciembre de 2022), éste fue contestado por los demandados (presentación electrónica de fecha 1 de febrero de 2023). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 6 de febrero de 2023).
3. Los apelantes tildan a la sentencia de violatoria de los arts. 163 inc. 5 y 6 del CPCC, 7 del CCyC, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional, fruto de una indeterminación de la correcta legislación aplicable al caso.
Dan cuenta que no se determinó cuál es el marco legal aplicable atento la fecha de la locación denunciada en la demanda (si correspondía aplicar el Código Civil de Vélez Sarsfield o el Código Civil y Comercial de la Nación) y se utilizaron simultáneamente ambos ordenamientos, mezclando preceptos y principios de uno y de otro, arribando a un injusto rechazo de la demanda cuando, conforme a una correcta aplicación del derecho (art. 7 CCyC), la sentencia debió ser diametralmente opuesta.
Recalcan que en estas actuaciones se está frente a una situación jurídica consumada que debió regularse por el Código Civil y la Ley 23.091.
Desde su óptica observan una errónea valoración de la prueba, acusando violación a las reglas la sana crítica y una interpretación no ajustada a derecho de las normas sobre la prueba de los contratos. Da cuenta asimismo de la violación de las normas que rigen la carga de la prueba.
Alegan que la sentencia debió tener por acreditado el contrato de locación -por una parte- y por la otra, concluir que la prueba de la contraparte no traspasó el umbral de seriedad que se exige como estándar probatorio según la defensa de posesión alegada.
Entienden que la Juez de la instancia no advirtió que la existencia del contrato se hallaba efectivamente acreditada mediante el principio de ejecución contemplado como excepción a la acreditación por vía documental del contrato.
Dan cuenta que lo dispuesto en el art. 1° de la ley 23.091 no implica que en aquellos contratos donde no se respetó la forma escrita se sancione a los mismos determinándose su nulidad o inexistencia, sino que si hubo principio de ejecución el plazo será el mínimo legal y el precio se establecerá judicialmente.
Concluyen que ante la ausencia de negativa puntual por parte de los demandados respecto de la documental que acompañaran, resulta indiscutido que son titulares registrales del inmueble, que el contrato efectivamente existió a partir de la información brindada por el martillero Roberto O. Stuer y el silencio guardado ante el requerimiento por carta documento.
Opinan que la misiva enviada confeccionada en el formulario correspondiente a la empresa de correos e intervenidas por personal de la referida firma, con los sellos pertinentes y estampilla vinculante gozan de una presunción de autenticidad que no puede ser desvirtuada por la sola negativa de la contraria, por ello que la negativa del envío no le quita valor probatorio.
Analizan que, habiendo sido enviada la epístola al domicilio en el que los demandados denuncian vivir en su conteste, cabe concluirse que ésta fue efectivamente recibida y que no obstante no obtuvo respuesta alguna.
Adunan que frente al silencio se debió otorgar el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación del contenido de la intimación.
Insisten en la existencia de prueba de la presencia de contrato a partir del principio de ejecución contractual, traducido en la ocupación del demandado sin poder justificar su ingreso.
Sobre la carga de la prueba, reiteran la ausencia de viso de seriedad necesario en la posesión para enervar la vía del desalojo, en contradicción con el art. 375 CPCC.
Considera que la alegación de la calidad de poseedor animus domini de los legitimados pasivos constituye un hecho extintivo y, por tanto, para liberarse de la obligación que le ha sido imputada -restitución del inmueble- éste debió ser acreditado exclusivamente por el propio excepcionante, relevándose de toda carga confirmatoria al actor respecto del hecho constitutivo alegado por él.
Adunan que la propia demandada se auto cercenó en su batería probatoria, al decir en su contestación que “Todas las cuestiones vinculadas a la posesión serán planteadas en el juicio que iniciaremos y que escapan al proceso de desalojo”, sin incorporar elementos que hagan a la seriedad del planteo posesorio como hecho extintivo que obste a la procedencia del desalojo.
Reconocen que si bien nada impide que mediante la prueba testimonial se procure acreditar los hechos posesorios que alegó en su defensa, este medio probatorio no queda exento de un análisis de idoneidad.
Señalan que los testigos deponentes en estas actuaciones no dan cuenta de actos concretos sobre la seriedad de su derecho a poseer, dado que cualquier obra o mejora sobre el inmueble, además de pública, debe ser acreditada con medios de prueba idóneos en virtud del principio de originalidad de la prueba.
Aconsejan que la parte demandada debió acompañar prueba documental en donde conste lo relacionado a la conexión de servicios a su nombre, el pago de impuestos municipales, inscripción de sus hijos en la escuela, constancias de licencia de conducir, AFIP e historias clínicas entre otras.
Detallan las deficiencias específicas de cada uno de los testimonios rendidos a los fines de rebatir su fuerza probatoria.
Finalmente, se agravian al considerar que la sentencia apelada es arbitraria por haber incurrido en incongruencia por ‘ultra’ y ‘extra petita’, al resolver algo ajeno y por fuera de los límites demarcados a partir de la traba de la litis.
Encuentran esa deficiencia al expresar el decisorio en su considerando V que “...no existe elemento probatorio verosímil en orden a la causal contractual que invocara la parte actora en tanto herederos de quién o quiénes habrían celebrado una locación con los demandados ni tampoco respecto a su carácter de intrusos”, cuando de los términos de la demanda y de la contestación de la misma, surge que la cuestión litigiosa versó sobre el pretendido desalojo de los demandados basándose esta parte, en la existencia de un contrato de locación incumplido y no en calidad de intrusos.
4. Habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077- y atendiendo a los agravios de los actores en este sentido, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, la regla es la irretroactividad de la ley (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 50 y 51), lo que aprecio aplicable al caso en estudio toda vez que ambas partes resultan contestes en señalar el vínculo jurídico entre ellos y con la cosa, nació y se desarrolló -en gran medida- durante la vigencia del Código Velezano (v. demanda acompañada en escrito electrónico de fecha 23 de febrero de 2020 en donde denuncia una locación en el año 1998 y su contestación que alega posesión desde el año 1997). Asimismo, no debe de perderse de vista que estamos frente a una obligación personal que se consolidó durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994).
Ello sella entonces la aplicación del Código Civil hoy derogado (doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27/8/2015, RSD 104/2015, entre muchas otras).
5. Superada la cuestión relativa al derecho aplicable dable resulta destacar algunas anomalías que ha sufrido el proceso a partir de la presentación de inicio las cuales, adelanto, sellan la suerte adversa de los apelantes.
Véase que la demanda solicita el desalojo de la propiedad sita en Av. Mariano Acosta N°3028 de la Ciudad de Saladillo, alegando la existencia de un contrato de locación del cual -además de no acreditar constancias documentales- no detalla de modo específico quiénes son los locatarios, el plazo de duración, el precio, penalidades ante el incumplimiento, ni ninguna otra condición. A partir de allí, la indeterminación y ausencia de delimitación del instrumento base de la acción, se traduce en un defecto legal que obsta a la procedencia de la acción.
Es que la postulación inicial debe contener la exposición de los hechos en que se funde, explicados claramente (inc. 4º, art. 330 CPCC), dando acaba exposición de la razón, causa, fundamento o título de la acción (pretensión o causa petendi).
Las postulaciones de las partes en un proceso ordinario deben ajustarse a la doctrina o teoría de la sustanciación la que impone una mención circunstanciada de los antecedentes fácticos que fundamentan la relación jurídica causal y requiere que en la demanda se formule una exposición circunstanciada del hecho, que viene a dar sustento a la pretensión (art. 330 CPCC).
Como consecuencia de dicha teoría, la que es receptada por el inciso 4 del art. 330 del CPCC -que se ajusta un sistema procesal eminentemente escrito como el nuestro en su fase de constitución-, la demanda debe contener un mínimo de hechos determinados que permitan ejercer a su vez al demandado la carga procesal que se deriva del inc. 1 del art. 354 del CPCC. Precisamente, la falta de cumplimiento a tal requisito hace correr el riesgo a quien incurre en tal omisión de que no constituyan el objeto de material decisorio hechos que aparecen fuera de la debida oportunidad (conf. CC0102 LP A 43438 RSD-195-5 sent. del 17/08/1995. Juez Crespi SD).
Esta carga tiene marcadas significancias en el proceso, además de las relativas al efectivo derecho de defensa, en lo tocante con la producción de la prueba siempre que ésta debe producirse sobre un hecho concreto y objetivo y no sobre vaguedades o indeterminaciones para cumplir con el objeto de acreditar un hecho o relación jurídica particular.
Y es a partir de esa determinación que el Juez podrá fallar, cumpliendo con la situación fáctica planteada por las partes a fin de no incurrir en incongruencia (art. 163, incs. 3, 4 y 6 CPCC).
A partir de todo lo expuesto, como se dijo, los actores han incumplido con esa carga y ese es el motivo principal a partir de cual sus agravios no han de prosperar.
Nótese que los accionantes reclaman se tenga por probado un contrato de locación entre las partes vacío de todo contenido. Dicho de otro modo, pretenden oponer a la contraparte un contrato de locación sin fecha de suscripción, ni partes, ni plazo de duración, ni canon locativo, ni penalidades por incumplimiento, etc.
Que en la instancia se haya soslayado el incumplimiento de la carga procesal mencionada no obsta de modo alguno su valoración en esta instancia en virtud a lo dispuesto por el art. 273 CPCC.
A todo evento, también vale aclarar la ineficacia de los medios de prueba alegados por los legitimados activos en su expresión de agravios.
En este sentido, alegan que en la contestación de demanda no se negó la autenticidad de la documental acompañada, cuando de la mencionada presentación de los accionados surge claramente las mentadas negativas no sólo de los hechos alegados, sino también de la documental acompañada como prueba (v. presentación electrónica del 31 de mayo de 2021, ap. 2 y 3), desentendiéndose los reclamantes de impulsar los medios idóneos para su efectiva comprobación (arts. 375, 384 CPCC).
Asimismo, nótese que en la contestación de oficio del martillero Roberto O. Stuer éste informa que “Solo recuerdo que hará aproximadamente unos 25 años atrás, vino a mi oficina una señora de apellido Pilati para solicitarme hacer un contrato con una persona de apellido homónimo al demandado y su esposa, y que se trataba sobre un inmueble sito en Av. Mo. Acosta, que según me informó la referida, ya estaban estos habitando desde hacía algún tiempo el bien objeto del contrato, en calidad de locatarios o comodatarios que, lamentablemente, no puedo precisar bien ya que estoy refiriéndome a hechos de hace tantos años, y sin contar con documentación alguna al respecto…” (v. presentación electrónica de fecha 29 de mayo de 2020). Este informe, no hace más que ahondar la indeterminación y vaguedad que rodea la pretendida relación contractual entre las partes (art. 384 CPCC).
Tampoco es de recibo la alegación respecto de que el contrato tuvo un principio de ejecución dado por el ingreso del demandado a la propiedad, en el entendimiento que éste negó la existencia del contrato y alegó haber ingresado en la posesión pública, pacífica y continuada (v. contestación de demanda, presentación electrónica referida).
En función de ello, resulta innecesario abordar la cuestión relativa a la posibilidad de que la prueba del instrumento pueda hacerse únicamente por medio de testigos o por otro medio, más si se tiene en cuenta que a los actores se les han decretado la negligencia en la producción los testimonios por ellos propuestos (v. proveído de fecha 15 de marzo de 2022; art. 1019 CC).
Finalmente, dable es destacar que mediante el presente no se reconoce de modo alguno la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble por parte de los demandados y resulta inadecuado indagar sobre ese extremo, debiendo para ello las partes iniciar las acciones de fondo que estimen corresponder.
En virtud de todo lo expuesto es que, por los motivos aquí desarrollados, cabe confirmar el rechazo de la demanda instaurada, posición que dejo propuesta al acuerdo (arts. 7, 1019 CC; 330, 375, 384 CPCC).
Insto a que las costas de esta instancia sean soportadas por los actores en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
Con el alcance y por los motivos referidos, voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 6 de octubre de 2022. Las costas de esta instancia cabe que sean impuestas a los actores en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 6 de octubre de 2022. Las costas de esta instancia se imponen a los actores en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 20/04/2023 07:36:22 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2023 08:10:42 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 20/04/2023 08:25:13 hs. bajo el número RS-96-2023 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia