Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130643
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto mediante presentación de fecha 25 de octubre 2023, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declarar abstracto el tratamiento del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el accionado mediante el escrito de fecha 18 de abril de 2023. Las costas de los recursos que se resuelven, así como las de la queja, se imponen al vencido (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El "Consorcio de Propietarios del Edificio Calle Córdoba 3.161" promovió acción por desalojo como consecuencia de la extinción del vínculo laboral contra el señor Osvaldo Darío Asselborn, quien se desempeñaba como encargado con jornada completa del mencionado edificio y como delegado zonal del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Renta y Horizontal -SUTERyH-. La causa quedó radicada en el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata (v. escrito de 16-IV-2021).
Luego, al ampliar la demanda, fundándose en la denuncia de peligro en la demora en la restitución de la portería, peticionó se decrete de modo cautelar el desahucio de la vivienda objeto de la demanda (v. escrito de 15-IX-2021, planteo que fue desestimado por la Presidenta del Tribunal Laboral (v. pronunciamiento del 24-IX-2021).
Más tarde, el señor Asselborn, al notificarse espontáneamente de la demanda, se presentó en la causa a contestarla (v. escrito de 1-VII-2022), oportunidad en que opuso -entre otras defensas- la inexistencia de una unidad funcional asignada a la portería.
Con posterioridad, encontrándose el expediente en estado de ser resuelto, el órgano interviniente, dispuso retirar los obrados del acuerdo y, en atención al carácter en que fue librada la cédula de notificación de traslado de demanda y el domicilio denunciado por el accionado al contestarla, intimó al señor Asselborn para que, en el plazo de tres días, manifieste si habitaba efectivamente el inmueble objeto de desalojo y, en su caso, indicara la identidad de los ocupantes y el carácter de dicha ocupación, debiendo en igual término expedirse de manera precisa sobre su conformidad u oposición al desalojo pretendido (v. medida para mejor proveer de 1-II-2023).
Evacuado el mencionado requerimiento (v. escrito de 7-II-2023), el consorcio accionante peticionó que se otorgue la medida cautelar solicitada, ordenando el mandamiento de desalojo, tanto para el señor Asselborn, su familia y todo otro ocupante que se encontrara en el lugar (v. escrito de 14-II-2023).
En este marco, la Presidenta del tribunal de grado libró mandamiento de constatación al domicilio denunciado en las actuaciones, a fin de que el oficial de justicia constate la efectiva ocupación del inmueble objeto de desalojo y en su caso indique la identidad de los ocupantes y el carácter de la misma (v. despacho de 23-II-2023).
Efectivizada la referida manda judicial, cuyo resultado dio cuenta de la identidad de las ocupantes como cónyuge e hija, respectivamente, del demandado (v. mandamiento diligenciado el 14-III-2023), el señor Asselborn informó sobre inicio de una acción por prescripción adquisitiva del inmueble objeto del presente juicio, identificado como "Valcado Bárbara Edith c/ Consorcio Coprop. Edif. Córdoba 3161 s/ Prescripción Adquisitiva Larga (634)", de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 10 de Mar del Plata, encontrándose dichas actuaciones en instancia de mediación prejudicial obligatoria (v. escrito de 22-III-2023).
Posteriormente, el tribunal en pleno, hizo lugar al desalojo preventivo y ordenó -previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieren irrogar- al señor Osvaldo Darío Asselborn y/o quien resulte ocupante al momento de llevarse a cabo la medida, proceder a deshabitar la unidad habitacional ubicada en el séptimo piso del edificio sito en calle Córdoba nro. 3.161, otorgado en virtud de la relación laboral, dentro del plazo de dos días y libre de todo ocupante o cosas, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública (arts. 676 y conc. CPCC, art. 25 del CCT 589/2010; v. sent. de 5-IV-2023).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-IV-2023), el que fue desestimado por el a quo (v. resol. de 26-IV-2023) y concedido por este Supremo Tribunal al hacer lugar al recurso de queja incoado con fecha 8 de mayo de 2023 (v. resol. de 27-VI-2023).
III.1. Ulteriormente, encontrándose los autos en estado de pasar a resolver el remedio extraordinario articulado contra la medida cautelar dictada, fueron devueltos provisoriamente a la instancia ordinaria (v. proveído de fecha 30-VIII-2023).
III.2. Recibidas nuevamente las actuaciones en esta Corte se observa que el tribunal de trabajo, con el fin de abordar la pretensión sustancial de fondo y brindar certeza al derecho invocado por el consorcio accionante, hizo lugar al desalojo de la unidad habitacional ubicada en el séptimo piso del edificio sito en calle Córdoba nro. 3161 de Mar del Plata que fuera otorgado oportunamente al accionado en virtud de la relación laboral habida entre las partes (art. 13 ley 12.981), dentro del plazo de dos días y libre de todo ocupante o cosas, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública (v. pronunciamiento de fecha 10-X-2023).
Para así decidir, y tras considerar acreditado que el señor Asselborn no desocupó el inmueble objeto de la presente acción, toda vez que se encuentra ocupado de forma permanente y desde hace 21 años por su cónyuge la señora Bárbara Vallado y su hija la señora María Agustina Asselborn, sin haber exhibido título suficiente ni documento alguno que acredite el carácter de su ocupación, juzgó aplicable el plazo genérico de 30 días establecido en el art. 7 del Decreto 11.296/1949, el cual consideró que lucía holgadamente cumplido en el tiempo.
IV. Contra la sentencia de fondo, el legitimado pasivo dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 25-X-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 6-XI-2023).
En su escueta presentación, el interesado sostiene que el pronunciamiento atacado vulnera el principio de disposición, desde que el consorcio actor no ha dirigido su demanda contra quien resulte ocupante del inmueble al momento de dictarse la sentencia. En este marco, agrega que el señor Asselborn no reside en la vivienda de referencia y que quienes allí habitan no han podido ejercer su derecho de defensa en juicio, pues no han sido citados como terceros ni se amplió la demanda contra ellos, conculcándose de esta forma el principio de contradicción que debe regir el procedimiento laboral.
Finalmente, postula que el desalojo de los ocupantes debe interponerse por la vía civil correspondiente y rechazarse la demanda incoada por carecer de objeto en la medida en que el demandado no reside en la unidad habitacional de autos.
V. El recurso articulado con fecha 25 de octubre de 2023 no puede prosperar
Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, se impone recordar que una característica propia de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación y, en ese marco, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018; L. 121.645, "Molinas", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020 y L. 128.513, "Devia", resol. de 1-VIII-2023).
Ello implica que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe acatar -ante todo- el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada (art. 279, CPCC). Si ello no se cumple, tal deficiencia resulta insalvable.
Bajo tales lineamientos, el íntegro soslayo que exhibe el remedio bajo estudio respecto de la concreta denuncia de infracción de la norma legal actuada por el tribunal del trabajo, define su suerte adversa, sin que la Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 122.611, "Funaro", sent. de 20-VII-2020; L. 127.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e. o.).
En tal sentido, al no mencionarse las disposiciones esenciales sobre las cuales se estructuró el pronunciamiento -vinculadas con la suerte del recurso-, quedó insatisfecha la carga de fundamentación técnica adecuada.
Asimismo, para mayor satisfacción del recurrente, dable es señalar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014 y L. 129.031, "Natalucci", resol. de 22-XII-2022), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
VI. Sentado lo anterior, en relación al restante canal extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado por el demandado el día 18 de abril de 2023, -en atención a lo decidido en la sentencia de mérito, que en esta instancia se ratifica por ausencia de idónea réplica-, se observa que la cuestión allí debatida -por su alcance- se ha tornado abstracta.
En este marco, se impone recordar que esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que no corresponde pronunciarse en los recursos deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a su conocimiento (causas L. 92.594, "Milesi", sent. del 03-X-2007; L. 103.559, "Abrain", sent. del 10-X-2012; L. 108.219, "González", sent. del 06-IV-2016; L. 120.948, "Cano", resol. del 29-VIII-2017; L. 120.562, "González Roldan", resol. del 06-XII-2017 y L. 130.342, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", resol. de 1-VIII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto mediante presentación de fecha 25 de octubre 2023, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declarar abstracto el tratamiento del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el accionado mediante el escrito de fecha 18 de abril de 2023. Las costas de los recursos que se resuelven, así como las de la queja, se imponen al vencido (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:24:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:13:53 hs. bajo el número RR-9-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia