Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 138017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 138.017 "FICCA, DELIA ESTHER C/ CASTELLUCCI, JORGE EDUARDO S/ DESALOJO RURAL "
I. El apoderado del demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que no se habían expuesto ni desarrollado agravios basados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el remedio de nulidad y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios (arts. 296, CPCC y 30, ley 14.967; v. resol. 18-XI-2025; trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 23-XII-2025 y su adj. identificado como "RECURSO...").
En el caso, en el marco de un desalojo, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda incoada por Delia Esther Ficca contra Jorge Eduardo Castellucci, al encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 3-VI-2025 y 16-IX-2025).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de acceso a la justicia, razonabilidad, defensa en juicio, propiedad y tutela judicial (arts. 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 3/7, adj. cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario, constituye una denegación de justicia y debe ser dejado sin efecto. Ello pues esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de la prueba aportada y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, declaró -dogmáticamente y con exceso ritual- mal concedido el recurso deducido, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 327:4495; 340:1795; 328:3399, entre otros), en particular la causa "Colalillo" (CSJN, Fallos: 238:550).
En tal sentido, denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que aquí reedita- relacionados con la revisión de las circunstancias fácticas de la contienda, el progreso de la acción, las defensas introducidas y la errónea ponderación de la prueba aportada. Y asevera que, tales agravios, no eran meras discrepancias, sino resultaban suficientes para dar cuenta de que la Cámara realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, en tanto en su sentencia admitió expresamente que no abordaría todos los planteos formulados. Así, denuncia que el Tribunal de Alzada omitió tratar las defensas que atacaban la procedencia misma de la acción de desalojo, tales como la falta de legitimación pasiva, la existencia de un usufructo vitalicio y la titularidad del inmueble objeto de autos.
En razón de todo lo expuesto, peticiona que el Máximo Tribunal nacional revoque el fallo en todas sus partes (v. págs. 5/7, adj. cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 4-II-2026), este fue contestado por la actora (v. adj. al trámite titulado "CONTESTA TRASLADO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" de fecha 6-II-2026).
IV.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de admisibilidad, así como las referidas a los hechos y pruebas y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para hacer lugar al desalojo y la viabilidad del recurso de nulidad para atacar la decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación con los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 295:54; 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 329:646; 325:1201; 330:133; 329:5424; entre otros).
Aquí no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan esos extremos, desde que las razones brindadas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, irrazonable valoración del material probatorio y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, es pertinente tener en cuenta que según ha afirmado el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por propósito corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que así se consideren en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en cuanto a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar ese vicio respecto del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para declarar mal concedido el recurso intentado, alegando que se ha incurrido en un supuesto de dogmatismo y exceso ritual. En efecto, mediante los planteos ensayados sólo insiste el agraviante con los cuestionamientos expuestos en el remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 2/5 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 4-X-2025, a las 18:34:02 hs.; págs. 5/7, adj. cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 3/7, adj. cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Colalillo" (Fallos: 238:550), no abastecen el remedio articulado, ya que las mentadas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas, C. 121.331, "Gouveia Méndes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco S.A.", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023, C. 126.125, "Piperino", resol. de 19-II-2024; C. 125.359, "López", resol. de 10-IX-2024; C. 126.731, "Recagno", resol. de 6-III-2025, C. 128.384, "Antezana", resol. de 18-XI-2025; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2026 13:26:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:08:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2026 10:27:34 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:42:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2026 14:00:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/04/2026 14:09:55 hs. bajo el número RR-130-2026 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia