Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122624
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) Desestimar el recurso de queja (art. 292, cit. y Acordada 1790).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
"MUNCHE DELIA DEL CARMEN Y OTRO/A C/ STAMPONE PEDRO FRANCISCO Y OTROS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
La Plata, 3 de Octubre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la demanda de desalojo incoada por Nélida Olga Cicovicci y Delia del Carmen Munche contra Pedro Francisco Stampone, Hugo Daniel Castillo y Elsa Rivarola, por lo que condenó a estos últimos a desocupar las partes que respectivamente ocupan de cada uno de los dos inmuebles, objetos de autos (v. fs. 390/397 y fs. 410).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó lo así resuelto, desestimando la acción respecto de Hugo Daniel Castillo con relación a la parcela 1A del inmueble cuyo desalojo se pretende (v. fs. 470/480).
Dicha decisión fue impugnada, por un lado, por el doctor Fernando Darío Pereyra, apoderado de la coactora Cicovicci, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 489/494) y, por el otro, por el demandado Stampone a través de las vías extraordinarias de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 497/506).
El Tribunal de Alzada intimó a la actora recurrente a que en el plazo de tres meses acredite la concesión del beneficio de litigar sin gastos definitivo y al mencionado Stampone a que en el de cinco días deposite la suma de $ 486.000, en ambos casos bajo apercibimiento de declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (v. fs. 507/508).
Más adelante, ante la falta de acreditación del depósito exigido, como del otorgamiento de la franquicia para litigar sin gastos, la Cámara hizo efectivos los apercibimientos dispuestos y declaró inadmisibles ambos remedios de inaplicabilidad de ley intentados (v. fs. 528 y 532, respectivamente).
Frente a la resolución de fs. 532, el apoderado de la accionante dedujo una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 541/543).
II. Abordando el intento anulativo por el cual se aduce preterición de tópicos esenciales e infracción a las facultades jurisdiccionales que cita, se anticipa que el mismo no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
II.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo atacado deja advertir que la temática central, relacionada con el derecho de retención, ha sido abordada expresamente, sólo que en sentido desfavorable para el interesado (v. fs. 477/478 vta.). En consecuencia, los argumentos emparentados con el alcance del crédito y la ponderación de las cuestiones fácticas, se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. fs. 504/505; fs. 475 y fs. 478; conf. doctr. causas C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015; C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; C. 121.609, "Sánchez", resol. de 28-VI-2017; e. o.).
II.2. Igual suerte adversa debe correr el planteo tocante a la producción de la prueba por ante el Tribunal de Alzada, en tanto devienen ajenas al recurso extraordinario de nulidad las denuncias relacionadas con cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva (v. fs. 505; conf. doctr. causas C. 89.261, "G., C. A.", sent. de 26-VIII-2009; C. 112.526, "P., S. d. R.", resol. de 22-IX-2010 y C. 117.050, "González", resol. de 12-XII-2012, entre muchas).
Lo expuesto, basta para repeler el intento recursivo (arts. 31 bis y 298, cit.)
III. Pasando a tratar el recurso de queja traído, cabe destacar -ello sin perjuicio de observar que en su presentación no se ha dado estricto cumplimiento a la previsión del art. 3° inc. 4 y párrafo tercero del "Reglamento para las Presentaciones por Medios Electrónicos", anexo al Acuerdo 3.886/2018-, que el Tribunal de Alzada otorgó a la recurrente un plazo de tres meses para acreditar la finalización del trámite del beneficio en cuestión, fundando dicho pronunciamiento en doctrina de esta Corte (v. fs. 507/508).
Al respecto, deviene pertinente recordar que el término de tres meses fijado en el antecedente de este Tribunal citado por la Cámara (Ac. 84.210, resol. de 28-VIII-2002, v. fs. 507 vta.), se estableció por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios para obtenerlo (conf. C. 107.150, "Nenicka", resol. de 28-IV-2010; C. 107.858, "Salvo", resol. de 23-II-2011; C. 105.147, "Tomassini", resol. de 30-III-2011; C. 120.209, "Quinteros", resol. de 30-III-2016; C. 119.860, "Pérez", resol de 11-V-2016; C. 120.927, "Daddiego", resol. de 8-II-2017; C. 121.151, "R., M. C.", resol. de 29-III-2017; C. 121.349, "Valle", resol. de 5-IV-2017).
En ese orden de ideas, la recurrente no ha cumplido en tiempo con el emplazamiento claramente efectuado a acreditar el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos definitivo, sustentado en la doctrina de esta Corte en la materia (conf. Ac. 84.210, cit. y los que siguieron su senda).
Asimismo, la pretensión de tener por satisfecho el recaudo exigido con el otorgamiento de tal franquicia en forma provisional conforme a las disposiciones del art. 83 del ordenamiento procesal no resulta ajustada a la intimación efectuada en términos claros por la propia Cámara a acreditar la concesión del beneficio de litigar sin gastos definitivo (art. 81, CPCC), bajo apercibimiento de considerar inadmisible el recurso intentado.
En tales circunstancias, la denegatoria decretada luego de vencido el lapso fijado resulta ajustada a derecho (conf. doctr. causas C. 113.534, "Iacobelli", resol. de 16-III-2011; C. 116.532, "Berlari", resol. de 21-III-2012; C. 118.941, "Fisco de la Pcia. de Bs. As.", resol. de 18-VI-2014; C. 119.860 y C. 121.349, cits.), a lo que cabe adicionar, a mayor abundamiento, que fenecido ya el plazo otorgado no se ha verificado tampoco con posterioridad a dicha presentación actividad alguna de la parte impugnante tendiente a acreditar la conclusión de su trámite (conf. doctr. causas C. 120.253, "P. S. , E.", resol. de 4-V-2016; C. 119.860, C. 121.151 y C. 121.349, cits.).
Finalmente, tampoco puede ser atendido el cuestionamiento ahora formulado sustentado en que la Cámara debió requerirles el depósito del art. 280 del Código adjetivo antes de decretar inadmisible el recurso promovido (v. fs. 542/543), pues según surge de las constancias obrantes, en la intimación entonces dispuesta -que no fue en su momento cuestionada- específicamente se otorgó el lapso de tres meses para la acreditación del beneficio, en atención a que la propia recurrente se había colocado en situación de sostener su impotencia patrimonial, en virtud de la iniciación del trámite del beneficio de litigar sin gastos (conf. doctr. C. 112.829, "Navarro", resol. de 27-VI-2012; C. 119.860 y C. 121.349, cits.), lo que no permite tener por verificado el yerro postulado en cuanto a la desestimación de la vía recursiva.
Se impone así el rechazo de la queja intentada (doctr. art. 280, CPCC y causas cits. y art. 292, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) Desestimar el recurso de queja (art. 292, cit. y Acordada 1790).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia