Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122739
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
"MARCOS ALBETO Y OTRO/A C/ ESPINDOLA LAURINA S/ DESALOJO"
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó la queja presentada contra la decisión que desestimó el de inaplicabilidad de ley en virtud de no haber acreditado en tiempo la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos (art. 292, Cód. cit.; v. fs. 38/50 y 33/34 vta., respectivamente).
II. En la vía ahora intentada, la recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, acceso a la justicia y del principio de tutela judicial efectiva (art. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; Convención Americana sobre Derechos Humanos y Declaración Universal de los Derechos Humanos; v. fs. 41 vta./48 vta.).
III.1. Aduce que la finalidad del instituto del beneficio de litigar sin gastos provisional es remover los obstáculos económicos que impone el juicio para personas carentes de recursos. Así, entiende que, conforme la doctrina emanada de este Tribunal, el art. 83 del CPCC debe ser interpretado de modo tal que permita hacer efectivas las garantías constitucionales enunciadas (v. fs. 45, 46 vta./47).
Y agrega que, en el caso, incurriendo esta Corte en un inusitado rigor formal, se violan las citadas garantías al frustrarse una vía apta para el reconocimiento de sus derechos (v. fs. 48/49).
III.2. Afirma que este Tribunal, al denegar el recurso, formula consideraciones dogmáticas desvinculadas de las concretas circunstancias del caso, al requerir un plazo de tres meses, cuando -según su criterio- la estructura del Poder Judicial impide que en dicho plazo sea posible obtener la franquicia en cuestión (v. fs. 49).
En ese sentido, señala que inició el pedido de franquicia con fecha 6 de octubre de 2017, al sólo efecto de interponer el remedio extraordinario local y que, luego de fallidos intentos de correr traslado y de un abusivo ejercicio de los derechos de la contraparte para impedir su otorgamiento, obtuvo el beneficio de litigar sin gastos con fecha 8 de noviembre de 2018. Así, adjunta a la vía federal una copia simple de la resolución referida para acreditar el otorgamiento (v. fs. 37 y vta. y 45 vta./46)
III.3. Sostiene que -a su entender- el fallo dictado es arbitrario desde que carece de fundamentación en ley, habiéndose limitado a exigencias para el recurrente que califica como de imposible cumplimiento (v. fs. 49 y vta.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 51), el mismo fue contestado por parte actora (v. fs. 55/59 vta.)
V.1. Con respecto a la vía federal intentada es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio fijado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, exceso ritual manifiesto, omisión de cuestiones y apartamiento de la solución normativa aplicable, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
Cabe tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 329:3761 y 330:133 cit.).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la citada figura, sin que dichos recaudos se encuentren -como se anticipó- satisfechos en la especie.
V.3. Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, acceso a la justicia y del principio de tutela judicial efectiva (arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; Convención Americana sobre Derechos Humanos y Declaración Universal de los Derechos Humanos; v. fs. 41 vta./48 vta.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (causas Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 24-IX-2008; C. 108.752, "Dirediel S.R.L.", resol. de 30-XI-2011; C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014 y C. 116.629, "O. d. A., I.", resol. de 11-XI-2015; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia