Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
La Plata, 16 de Octubre de 2019.
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó rechazó la demanda de desalojo incoada por Enrique Gustavo Orona contra Jezabel Yabor u ocupantes del inmueble que identificó, con costas a la actora (v. fs. 1/3 vta.).
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen revocó lo así decidido, hizo lugar al desahucio y en su consecuencia, ordenó se restituya al actor el inmueble (v. fs. 4 y vta.).
Frente a ese pronunciamiento, la señora Yabor dedujo recursos extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 6/18), los que fueron rechazados por el Tribunal de Alzada, el primero por considerar que no se advertían las causales enunciadas en los arts. 296 y 297 del Código Procesal Civil y Comercial y el segundo con pie en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 5), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, del CPCC; v. fs. 23/31 vta.).
II. Liminarmente, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por la Cámara para denegar el extraordinario de nulidad interpuesto exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 87.903, "B., J. A.", resol. de 14-X-2003; Ac. 91.425, "Gómez", resol. de 13-IV-2005; Ac. 96.860, "Varela", resol. de 18-IV-2007; C. 113.439, "Tecnosur S.R.L", resol. de 10-III-2011; C. 115.471, "Bakas", resol. de 9-V-2012; C. 117.909, "L., L. M.", resol. de 4-IX-2013; C. 117.864, "Gómez", resol. de 9-X-2013 y C.122.328 "Cantaluppi Steinbrecher", resol. de 18-IV-2018).
No obstante ello, la queja traída en cuanto al rechazo de la vía de la nulidad carece de todos modos de viabilidad, pues sin perjuicio de las razones brindadas por el Tribunal de Alzada para sustentar la denegatoria del carril anulatorio, igualmente no se observa de la lectura de la pieza de fs. 6/18, más allá de mencionarse la deducción del recurso del art. 296 del código de rito, la articulación de un remedio extraordinario con sustento en dicho dispositivo legal o en su contenido normativo (arts. 168 y 171, Const. prov.; doctr. causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 120.916, "Rodríguez Vigo", resol. de 26-X-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 121.753, "David", resol. de 13-IX-2017; C. 122.287,"Blandino", resol. de 11-IV-2018 y C. 123.016, "Marco", resol. de 20-II-2019), puesto que las distintas consideraciones que allí se exponen redundan en cuestiones ajenas al mismo.
Así, de su lectura se observa que las alegaciones formuladas en la presentación apuntan a controvertir el acierto jurídico del fallo, haciendo referencia a cuestiones de prueba y a que la fundamentación del pronunciamiento es incorrecta (v. fs. cit.). Tales consideraciones, como es sabido, no resultan propias de la vía elegida (causas C. 116.968, "Trillo", resol. de 10-X-2012; C. 118.576, "González", resol. de 5-III-2014; C. 119.062, "Arzu", resol. de 25-VI-2014; C. 120.062, "Tor", resol. de 9-IX-2015; C. 122.410, "Caferata", resol. de 3-V-2018; C. 123.016, cit.).
III. En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley que fuera denegado por la Cámara con sustento en que el valor del agravio no excedía el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, se observa que, en la presente queja la recurrente pretende que no sea aplicada tal limitación partiendo de la existencia en el caso de una cuestión federal, alegando a tal fin arbitrariedad y violación de distintas garantías constitucionales y convencionales, a la que suma otras expresiones con breve o nulo desarrollo (v. fs. 26 vta. y sigs.). Dado lo cual, sobre la base de tales agravios, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en el caso los supuestos de excepción invocados por la recurrente (conf. causa Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015).
Atendiendo al argumento central mencionado, corresponde señalar que el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, en el sub lite , no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 122.602, "Pisani", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.786, "Poceiro", resol. de 7-III-2019), que permita habilitar la instancia revisora.
Tampoco es de recibo, las breves menciones referidas al alegado carácter de "monto indeterminado" o a la aplicación de las previsiones del art. 31 bis de la ley 5.827 (v. fs. cit.). En el primer supuesto, por carecer de desarrollo alguno que posibilite su abordaje por esta Corte, y en el segundo, debido a que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los presupuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional esta Corte pueda dar trámite al recurso obviando la limitación del art. 278 Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 112.809, "Di Franco", resol. de 13-X-2010; C. 114.803, "Lahitte", resol. de 5-X-2011; C. 119.068, "Mizrahi", resol. de 17-XII-2014; C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016; C. 121.488, "Cazzulo", resol. de 28-VI-2017; C. 120.296, "Fuentes Benitez", resol. de 29-XI-2017; C. 122.786, cit.).
Finalmente, en cuanto a los alegados quebrantamientos constitucionales que menciona en distintos pasajes de su queja (v. fs. 26 vta. y conc.), esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales referidas al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no vulneran derechos o garantías de raigambre constitucional (doctrina causas Ac. 100.434, "Almirón", resol. de 18-VI-2008; Ac. 102.584, "Kociubinski", resol. de 18-II-2009; C. 118.324, "Capurro", resol. de 18-XII-2013; C. 122.359, "Segovia", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia