Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123320
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por no presentada la contestación efectuada en formato electrónico, reputándose inoficiosa dicha actuación (arg. arts. 257, CPCCN; 5 y 6, Acordada 3/2015 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN).
II. Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"FIRMEZA INMOBILIARIA S.A. C/ COELHO SILVINA SANDRA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
La Plata, 11 de Marzo de 2020.
I. La apoderada de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria de los de nulidad e inaplicabilidad de ley, en virtud de la extemporaneidad de estos últimos (art. 292, CPCC y Acordada 1.790; v. fs. 340/353 vta. y 327/329 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó lo resuelto en la instancia de inicio donde, a su turno, se hizo lugar a la demanda de desalojo incoada por Firmeza Inmobiliaria S.A. contra Silvia Sandra Coelho, condenando a ésta a desocupar el inmueble objeto de autos que identificó (v. fs. 229/234 y 185/187, respectivamente).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 21, CADH; 14, PIDCP; v. fs. 341 vta./342 vta., 345, 347 y 350/352).
II.2. Relata que su poderdante revocó el poder otorgado a su anterior letrado doctor Quarneti- mediante carta documento recibida el 27 de marzo de 2019. Y que dicha situación fue puesta en conocimiento del a quo por el mencionado profesional, mediante un escrito electrónico el día siguiente de la revocación. Sin embargo, cuestiona que la Cámara notificó al abogado desapoderado la sentencia definitiva el día 1 de abril e intimó con fecha 4 del mismo mes- a acompañar el mentado escrito electrónico y la carta documento en soporte papel (v. fs. 343 vta./344).
De dichas circunstancias concluye que el plazo para interponer las vías extraordinarias locales denegadas, no había empezado a correr, en tanto el referido letrado ya estaba desapoderado al momento de la recepción de la cédula (v. fs. 344).
II.3. Asevera que resulta descalificable el pronunciamiento de este Tribunal que a su entender- con marcado dogmatismo y excesivo rigor formal omitió ponderar los agravios planteados en los remedios locales, en manifiesta violación de normativa vigente y con afectación de los derechos de la demandada (v. fs. 345/346 vta. y 350).
II.4. Finalmente, denuncia que la decisión en crisis generó un serio gravamen institucional, dado que vulneró el derecho de propiedad de la accionada y la colocó en estado de indefensión al desoír los planteos de fondo traídos, referidos a la imposibilidad de desalojar a su representada por ser accionista de la firma actora y por ello- propietaria también del inmueble objeto del pleito (v. fs. 349 vta./350 vta.).
III.1. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 354), el mismo fue contestado por la apoderada de la actora en formato electrónico- con fecha 18 de octubre del corriente.
III.2. Intimada a acompañar la contestación en formato papel de conformidad con lo exigido por los arts. 257 y sigs. del CPCCN; Acordada 4/2007 y arts. 5 y 6 de la Acordada 3/2015, ambas de la CSJN, y bajo el apercibimiento de tenerla por no presentada, la requerida no dio cumplimiento en debida forma (v. fs. 356 y vta.)
III.3. En atención a ello, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado a fs. 356 y tener por no presentada la contestación de traslado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07, cit.).
IV. Respecto al recurso federal, corresponde liminarmente señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales provinciales y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el sub lite, la validez de las notificaciones cursadas y la temporaneidad de los recursos extraordinarios provinciales presentados) no justifican por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (conf. CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010; , Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542 y 322:1888).
En estos casos, se hace particularmente exigible que la apelación cuente en relación a los agravios que la originan- con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente en tanto los argumentos de la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (art. 14 y 15, ley 48).
IV.1. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad con base en las causales de dogmatismo, omisión de cuestiones, excesivo rigor formal, apartamiento de la normativa aplicables y de las constancias de la causa, tampoco se exponen fundamentos que prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la demostración de un caso de carácter excepcional.
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
IV.2. Por otro lado, la mera alegación de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 21, CADH; 14, PIDCP; v. fs. 341 vta./342 vta., 345, 347 y 350/352) no abastece la vía de impugnación deducida, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; entre otros).
IV.3. Resta agregar, que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma establece un supuesto excepcional, que no se advierte configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Tener por no presentada la contestación efectuada en formato electrónico, reputándose inoficiosa dicha actuación (arg. arts. 257, CPCCN; 5 y 6, Acordada 3/2015 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN).
II. Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia