Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 119405
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 451/454), se hace lugar al remedio extraordinario, se revoca el fallo impugnado y se mantiene lo decidido a fs. 283/286 vta., debiendo la causa proseguir según su estado. Las costas de Alzada, así como las correspondientes a esta fase extraordinaria se imponen al demandado (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 119.405, "Viviendas 18 de Julio II Etapa contra Núñez, Daniel Roberto. Desalojo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el fallo anterior que, a su turno, estimó la demanda (v. fs. 336/342).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 346/355 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 451/454), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En carácter de interventor judicial de la sociedad civil "VIVIENDAS 18 DE JULIO II ETAPA", el señor Gastón Federico Mesel interpuso, en los términos de los arts. 676 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, acción de desalojo contra Daniel Roberto Núñez y/o quienes resultaren ocupantes del inmueble designado como casa 73 de la calle 84 bis (entre 9 y 9 bis) de la ciudad de La Plata (v. fs. 64/67 vta.).
Sustanciada la presentación, el señor Núñez planteó excepción de incompetencia -que fue desestimada a fs. 84/85 vta.- y contestó subsidiariamente la demanda, solicitando su rechazo. En este sentido, adujo habitar el inmueble con "animus domini" junto a su grupo familiar, en carácter de propietario (v. fs. 75/78).
Estimando acreditada la obligación de restituir, el magistrado interviniente hizo lugar a la pretensión actuada, emplazando al demandado a entregar el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento (v. fs. 180/184 vta.). No habiendo sido objetada por los interesados, esta decisión adquirió firmeza.
Ya en etapa de ejecución de sentencia, y luego de una serie de vicisitudes procesales, el juez resolvió en relación a diversos planteos incidentales formulados por la parte demandada a fin de resistir el lanzamiento ordenado (v. escrito de fs. 265/270).
Primeramente, y a tenor de la sentencia de desalojo ya firme y consentida, descartó la posibilidad de que existiera una litispendencia impropia con los autos "Núñez, Daniel Roberto contra Fideicomiso Viviendas 18 de Julio. Pago por consignación", expediente n° 35.993, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 de La Plata, cuya litis siquiera había sido aún trabada con la accionada y su promoción no había sido anterior a la acción de desalojo. Consecuentemente, estimó la inexistencia de un pleito pendiente conexo o vinculado (v. fs. 284).
Por otro lado, rechazó la medida cautelar innovativa solicitada con el objeto de suspender el progreso de la orden de desahucio. Al respecto, ponderó que los presupuestos de la acción entablada habían sido ya ventilados, sometidos a prueba, analizados y valorados en la sentencia de desalojo. De allí que la pretensión de dar por tierra con tales extremos mediante una tardía alegación de arbitrariedad o ilegalidad en la exclusión como miembro de la Asociación Civil implicaba retrogradar etapas procesales precluidas, con claro menoscabo de la cosa juzgada (v. fs. 284 vta. y 285).
A tenor de la amplitud de postulación y debate con que contó el demandado y de la regularidad del proceso, así como de la inadvertencia de ninguna circunstancia extraordinaria, descartó -a su vez- estar en presencia de una supuesta cosa juzgada "írrita" susceptible de ser revisada (v. fs. 285 y vta.).
Desde otroángulo, y a diferencia de lo argumentado por la parte, consideró cumplidos los preceptos de la resolución n° 452/10 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto de uno de los hijos del señor Núñez, por entonces menor de edad (v. fs. 285 vta./286 vta.).
II. Apelada esta decisión por el vencido (v. fs. 290), la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata la revocó y dispuso la suspensión del presente proceso de ejecución de sentencia hasta tanto recayera sentencia firme en los referidos autos "Núñez, Daniel Roberto contra Fideicomiso Viviendas 18 de Julio Etapa II. Consignación de sumas de dinero" en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 departamental. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 336/342).
Para así resolver, comenzó por precisar que en el caso la acción principal no se encontraba expedita, ya que el cauce especial del desalojo no admitía un debate sustancial en torno a la eventual obligación de restituir el inmueble (v. fs. 339).
A renglón seguido, puntualizó que si bien no nos encontrábamos frente a una hipótesis de litispendencia impropia -habida cuenta de la firmeza adquirida por el fallo principal y de una litis aún no trabada en el juicio por consignación de sumas de dinero-, "...es lo cierto que el desalojo devendría como producto de un procedimiento societario cuyo cumplimiento regular se encuentra controvertido por el aquí apelante y que el acogimiento de la demanda de consignación podría llevar a la conclusión que el desalojo no corresponde sea efectivizado..." (sic, fs. 339 vta.).
"Por ello, hasta tanto no se decida sobre la cuestión sustancial, se considera razonable suspender el lanzamiento ordenado a fs. 180/184 vta., máxime cuando en el caso se encuentran comprometidos derechos de raigambre constitucional como ser el de propiedad y el de defensa en juicio (arts. 17, 18, C.N.), y el inmueble no sólo es ocupado por el demandado, sino también por su grupo familiar, en el cual existe un niño menor de edad (fs. 76, 108/110; fs. 146/147 del expediente número 35.933/2009)..." (sic, fs. 339 vta. y 340).
A lo dicho, agregó que "Razones de economía procesal ameritan tal solución, pues carecería de sentido hacer efectiva -eventualmente- la sentencia recaída en este juicio, teniendo en cuenta las circunstancias alegadas por el apelante, referentes a la falta de presupuesto sustancial en que se vertebró la acción. Una solución contraria, basada sobre andamiajes meramente formales, podría comprometer el derecho constitucional de la vivienda y un hipotético dispendio jurisdiccional..." (sic, fs. 341).
III. Contra este último pronunciamiento, la apoderada de la asociación actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 346/355 vta.) que, siendo en principio denegado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 356), fue posteriormente concedido por esta Corte, previa estimación del recurso de queja deducido por la parte (v. fs. 433/436; 443 y 447).
En su alzamiento, denuncia la impugnante el quebrantamiento de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 155, 482 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 1.137, 1.197 y 1.198 del Código Civil. Alega, asimismo, absurdo y arbitrariedad en la ponderación de la causa, debido a un claro exceso de jurisdicción sobre un decisorio pasado en autoridad de cosa juzgada en un proceso regular y a recaer en diversas contradicciones que puntualiza (v. fs. 353/355).
IV. Conforme el criterio sugerido por el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 452), estimo que el recurso debe prosperar.
IV.1. Antes que nada, permítaseme recordar que el origen del cuestionamiento traído ante esta Corte -en grado de recurso extraordinario- se remonta a una incidencia -ver escrito de fs. 265/270- planteada durante el trámite de ejecución de la sentencia de desalojo emitida en el proceso principal (v. fs. 180/184 vta. y 197/198).
Luego de sustanciado dicho contrapunto incidental, el señor juez de origen rechazó la alegada litispendencia impropia, así como la medida cautelar innovativa requerida, considerando a su vez cumplida la aplicación de la resolución n° 452/10 de la Procuración General de esta Suprema Corte de Justicia por cuya aplicación abogara también el apelante (v. fs. 283/286 vta.).
Objetada esta decisión por el señor Núñez, la Cámara la revocó y dispuso la suspensión del trámite de ejecución de sentencia, en los términos y por los fundamentos ut supra reseñados, a los cuales me remito.
IV.2. Esta Corte tiene dicho que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis resulta una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, y que su decisión al respecto sólo puede ser revisada en esta sede extraordinaria en la medida en que se denuncie y compruebe el vicio de absurdo en la interpretación y una violación al principio de congruencia (conf. doctr. causas C. 93.166, "M., O. A.", sent. de 7-X-2009; C. 108.116, "Salas", sent. de 27-IV-2011; C. 109.131, "Azurmendi", sent. de 19-XII-2012 y C. 121.283, "Elizalde", sent. de 7-III-2018).
Asimismo, que la concurrencia de la cosa juzgada y entrar a conocer sobre las circunstancias que configurarían la violación de dicho instituto constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del presente proceso y del anteriormente tramitado (conf. causas C. 116.205, "P., R.", sent. de 11-IX-2013; C. 117.350, "S. d. B., M.", sent. de 10-XII-2014 y C. 122.596, "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 6-XI-2019).
Pues bien, considero que asiste razón a la recurrente en cuanto postula que el Tribunal de Alzada recayó en el vicio de absurdo al extralimitarse en la temática llevada a revisión ante sus estrados y excederse en su jurisdicción al violentar la cosa juzgada en un fallo dictado en un proceso regular (v. fs. 353 vta. y 354).
En lo concerniente, corresponde remarcar que la supuesta arbitrariedad o irregularidad del "procedimiento societario" configurativo del título para reclamar el desalojo -extremo que, permítaseme aquí enfatizarlo, la Cámara consideró controvertido por la apelante (v. fs. 339 vta.)-, en rigor no fue esgrimido como argumento defensivo en la contestación de demanda, labor ésta que se estructuró, diversamente, en torno a una alegada posesión "animus domini" del accionado sobre el inmueble (v. esp. fs. 76 vta. y 77).
Sin perjuicio de ello, y aún si tal aspecto hubiese formado parte del esquema litigioso trabado en el juicio principal, es claro que una eventual discusión vinculada a los presupuestos de procedencia de la acción habría quedado, en todo caso, lógicamente zanjada con la firmeza adquirida por el pronunciamiento que hizo lugar a la pretensión principal de desahucio (v. fs. 180/184 vta. y 197/198).
En orden al principio de congruencia, esta Corte ha precisado que el mismo refiere a la correspondencia entre la pretensión jurídica planteada (integrada por el contenido de la disputa, y la identidad de personas, objeto y causa) y lo resuelto, y que su sentido es que el pleito sea conducido en términos de razonable equilibrio -dentro de la bilateralidad del contradictorio- de manera que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no ocurra un quebrantamiento de la misma. En otras palabras: no han de existir omisiones en la consideración de la temática planteada, como tampoco una demasía decisoria que signifique una excedencia de juzgamiento por ocuparse el juez de cuestiones no planteadas. La doctrina de esta Suprema Corte lo ha expresado así en buen número de precedentes (conf. causas C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; C. 114.081, "F., L. P.", sent. de 11-III-2015; L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015; L. 102.237, "Villate", sent. de 5-IV-2013 y C. 121.352, "Erramouspe", sent. de 21-XI-2018; por citar algunos de los más recientes), al igual que lo ha hecho la Corte federal (CSJN, causa C-10-XXV, sent. de 13-X-1994; e.o.).
Y en cuanto al instituto de la cosa juzgada, cuadra decir que no resulta jurídicamente posible volver sobre lo que ha pasado a ser fallo irreversible por haber ganado autoridad de res iudicata (causa C. 103.808, "Aguilar", sent. de 30-IX-2009). El respeto a la cosa juzgada responde a una consideración esencial de orden público: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente (causas C. 102.322, "Quiebra de Cuende, José D.", sent. de 10-II-2010 y C. 107.906, "Merech", sent. de 13-XI-2012). Es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional (arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11 y concs., Const. prov.) y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (causas Ac. 83.448, "Sociedad Rural de Juárez Coop. Ltda.", sent. de 7-VII-2004; C. 98.405, "Bernal de Grattia", sent. de 3-IV-2008 y C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018).
A la luz de estas líneas de interpretación y de los reseñados antecedentes del caso, cabe concluir que el nacimiento o la pervivencia que en su decisión la Cámara asumió respecto de un tópico cuyo debate no fue oportunamente incoado y ha quedado, en todo caso, atrapado por la firmeza adquirida por un fallo que tampoco registró irregularidad procesal alguna, no puede sino recaer en las infracciones denunciadas por la recurrente (arts. 384, 279 y 289, CPCC).
En sentido concordante, el señor Procurador General expuso en su dictamen que "...con tal forma de resolver el órgano revisor ha prescindido de sopesar lo actuado en este proceso de desalojo en sede de grado, reeditando planteos ya agotados en dicha instancia, vulnerando así la cosa juzgada emanada del pronunciamiento allí emitido y que fuera consentido por todas las partes involucradas en el proceso hasta su dictado (v. fs. 180/184 vta.; 197/198), sin merecer además objeción alguna en el trámite desarrollado hasta entonces por la ulterior intervención que le cupo a la señora Asesora de Incapaces llamad[a] a participar a partir de fs. 210 y ss., como consecuencia de la aplicación al caso de la Resolución 452/10 de esta Procuración General..." (fs. 453).
"Por lo demás, no puede soslayarse que el órgano revisor, al decidir de la manera indicada, volvió sus pa[s]os sobre una cuestión que arribó preclusa ante esa instancia apelatoria, violando el principio de congruencia al pretender reabrir el debate relativo a la alegada ilegítima exclusión del demandado en su condición de socio del ente colectivo actor..." (fs. 453 vta.).
IV.3. Desde otroángulo, también estimo procedente el agravio ensayado por vulneración de la garantía constitucional del debido proceso (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), a tenor de la decretada suspensión "sine die" del trámite del desalojo (v. fs. 353 vta.).
En efecto, habiendo el a quo descartado la alegada litispendencia y no habiendo sopesado siquiera la posibilidad de una cosa juzgada "írrita", la suspensión procesal ordenada a fin de enervar la natural coercitividad de lo resuelto por sentencia firme, supeditándola a las resultas de otro pleito al que la actora no fue siquiera convocada, conlleva un evidente desequilibrio procesal, francamente lesivo de la señalada garantía constitucional (v. fs. cit.).
La razonabilidad de la medida, que la Cámara sopesó en función del compromiso de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio del accionado (v. fs. 339 vta. y 340), no parece haber reparado en los correlativos que también asisten a la actora, en el marco de las apuntadas circunstancias que han ido amojonando la presente disputa.
No empece a lo dicho la otra circunstancia puesta de relieve por el juzgador en abono de su criterio, esto es, que el accionado habitaba el inmueble junto a su grupo familiar conformado, entre otros miembros, por un hijo menor de edad (v. fs. 340).
Destaco en tal sentido que, sin perjuicio de no haber sido debidamente acreditada en autos la fecha de nacimiento del referido menor -no obstante el respectivo emplazamiento efectuado (v. fs. 210)-, lo cierto es que a tenor del reconocimiento emanado del propio demandado -plasmado en el acta labrada con motivo de la audiencia celebrada en sede de la Asesoría de Incapaces interviniente (v. fs. 243)-, Alejo contaba con catorce años de edad al 7 de mayo de 2013, circunstancia de la cual se deduce que al momento del dictado de esta sentencia, el joven ya ha alcanzado la mayoría de edad.
Esta circunstancia, sin más aditamento, hace perder eficacia y actualidad a las referencias a la especial tutela constitucional e internacional de la niñez efectuadas por el juzgador con el propósito indicado.
A todo evento, coincido -una vez más- con la recurrente en cuanto postula que la numerosa y aquilatada normativa nacional e internacional vinculada a los derechos de la niñez -entre los que ciertamente cabe contabilizar el derecho a una vivienda digna- no puede ser utilizada como herramienta para descargar los compromisos asumidos por el Estado (en todos sus niveles y esferas) sobre los hombros de los particulares.
Por otro lado, es evidente que tal intervención estatal en autos ha quedado debidamente abastecida con la asumida por la Asesoría de Menores -en los términos de la mencionada resolución 452/10 de la Procuración General- y por la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 354 y vta.). En esta misma dirección se ha expresado el señor Procurador General: "En otro orden, siendo que el presente caso debe analizarse a la luz de la protección del acceso al socio adherente y su familia a una vivienda digna, y que en el inmueble base de la presente acción de desalojo habita un niño menor de edad, entiendo que en autos se ha activado la aplicación de lo dispuesto por la Resolución 452/10 de esta Procuración General, dando debida intervención a la Asesoría de Menores y cursando a las autoridades provinciales los anoticiamientos pertinentes (v. fs. 210; 217/219, 222, 228, 233, 243/244, 255/257, 273/276, 309/318, 320/321, 324, 330), dando así cumplimiento a la manda contenida en dicha resolución..." (fs. 454).
V. Por lo expuesto, que estimo suficiente a los fines de dar respuesta al recurso bajo examen, si mi opinión resulta compartida, en consonancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 451/454), corresponderá hacer lugar al remedio extraordinario, revocar el fallo impugnado, y mantener lo decidido a fs. 283/286 vta., debiendo la causa proseguir según su estado. Las costas de Alzada, así como las correspondientes a esta fase extraordinaria se imponen al demandado (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 451/454), se hace lugar al remedio extraordinario, se revoca el fallo impugnado y se mantiene lo decidido a fs. 283/286 vta., debiendo la causa proseguir según su estado. Las costas de Alzada, así como las correspondientes a esta fase extraordinaria se imponen al demandado (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presi
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