Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122544
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.544, "Crimson Investment S.A. contra Villanueva, María Cristina y otros. Desalojo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó el fallo anterior que, a su turno, había rechazado la demanda (v. fs. 863/872 vta.).
Se interpusieron, por la actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 896/903 y 881/895).
Oída la Procuración General en relación a la vía anulatoria (v. fs. 929/931), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Aduce el actor que, al fallar como lo hizo, la Cámara incumplió las prescripciones de los arts. 168 y 171 de la Constitución local (v. fs. 898 vta. y 899).
II. No le asiste razón.
II.1. De un lado, y conforme lo dictaminado por el señor Titular del Ministerio Público (v. fs. 930 y vta.), el alegado quebrantamiento del art. 168 por incongruencia, erigido en base a la sorpresiva incorporación de cuestiones de hecho y prueba por parte del juzgador (por caso, el carácter habitual o "no aislado" de un acto de adjudicación inmobiliaria que tuvo a la sociedad comercial extranjera actora como beneficiaria, así como a las derivaciones jurídicas de dicho acto, en los términos del art. 118 de la ley 19.550) responde, en todo caso, a un supuesto de sentencia extra petita.
Al respecto, no es ocioso recordar que dictar sentencia extra petita comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto de lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición - neeat iudex extra petita partium -. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación (Morello, Sosa, Berizonce; "Códigos procesales...", Tomo II-C, art. 163 "b"; causa Ac. 57.592, "Scrocchi", sent. de 28-V-1996).
Más allá de si en el caso el a quo efectivamente incurrió -o no- en dicha extralimitación jurisdiccional, lo cierto es que conforme reiterada prédica de este Tribunal toda hipótesis de sentencia extra petita resulta ajena al conocimiento sustancial propio de la vía extraordinaria de nulidad (conf. doctr. causas C. 121.226, "Quinteros", sent. de 29-VIII-2018; L. 108.445, "Severini", sent. de 5-VI-2013; e.o.), lo cual sella, naturalmente, la suerte adversa de este agravio.
II.2. En cuanto a la esgrimida vulneración del art. 171 de la Constitución local por falta de fundamentación legal del fallo (v. fs. 900 vta./902 vta.), también he de acompañar la opinión desestimatoria vertida por el señor Procurador General (v. fs. 930 vta.). Veamos:
La recurrente aduce que la "inoponibilidad" del acto de adjudicación y, elípticamente, la falta de legitimación para actuar en juicio en defensa de sus respectivos derechos -extremos así resueltos por la Cámara-, no encuentran sustento en la normativa de aplicación al sub lite , siendo tal decisión el resultado del mero voluntarismo del juzgador (v. fs. 901/902 vta.).
En lo tocante, el Tribunal de Alzada ponderó que el señalado acto de transmisión inmobiliaria en favor de la adjudicataria no había sido un acto "aislado" sino la consecuencia de las operaciones que la misma llevaba a cabo de manera habitual. El incumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción registral previstos en el art. 118 de la ley de Sociedades Comerciales para este supuesto hacía que dicho acto resultara inoponible a los accionados. Añadió, con cita doctrinaria, que la sociedad extranjera que participa de una sociedad argentina debe inscribirse en todos los casos (v. fs. 870 y vta.).
Aun cuando la conclusión del juzgador en lo que hace a la inoponibilidad fue ciertamente abonada con cita de opinión doctrinaria en la que se evocó, entre otras referencias, normativa reglamentaria dimanada de la Inspección General de Justicia para el ámbito de la Capital Federal -tal como se lo señala en la pieza de alzamiento (v. fs. 902 y vta.)-, ello no priva de sustento a este aspecto de la decisión que fincó, en rigor, en la particular interpretación ensayada sobre el sentido y alcance del mencionado art. 118 del ordenamiento societario, precepto de incuestionada aplicación al sub lite . De allí que sin perjuicio del acierto o error jurídico en que pudiera haber incurrido el sentenciante en esta parcela del pronunciamiento, en modo alguno puede decirse que la misma carezca de fundamentación jurídica.
Inveteradamente esta Corte ha resuelto que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se alega falta de fundamentación legal si de la simple lectura de la sentencia se advierte que ella se encuentra fundada en derecho, ya que para que el ataque prospere es necesario que el fallo carezca por completo de sustentación. Lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia sanciona es la falta de fundamentación legal, con independencia de que las normas citadas se correspondan o no con los planteos de la parte (conf. causas Ac. 80.751, "Pittofrati", sent. de 23-XII-2002; Ac. 83.034, "Patti", sent. de 16-VI-2004; C. 97.842, "A., G.", sent. de 3-XI-2010; C. 117.815; "Piedrabuena", sent. de 6-IV-2016).
II.3. Por último, corresponde asimismo desestimar los argumentos concernientes a un alegado quebrantamiento de las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac. y 10 y 15, Const. prov.) en que a su vez habría incurrido la Cámara al resolver sobre la mencionada "inoponibilidad" (v. fs. 901 vta. y 902), ya que la denuncia importa -en todo caso- un error de juzgamiento, hipótesis evidentemente ajena al conocimiento de la vía de nulidad emprendida, siendo propia del carril de inaplicabilidad de ley previsto en el art. 278 del orden ritual.
III. Por lo expuesto, no habiéndose verificado las infracciones denunciadas, en consonancia con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde desestimar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta etapa a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Se ventila en las presentes actuaciones una acción de desalojo entablada por "Crimson Investment S.A." contra María Cristina Villanueva, Nélida Alicia Villanueva y Carlos Rodolfo Villanueva (h) respecto de un bien inmueble ubicado en calle Ingeniero Marconi n° 669, Planta Alta, del Partido de Avellaneda.
Para una mejor comprensión, y de acuerdo a los términos de la escritura pública n° 259 glosada a fs. 36/43 -autorizada por el Escribano Roberto Rodríguez Elesgaray el 6 de diciembre de 1990-, cabe destacar que, por decisión unánime adoptada el 31 de octubre de 1989 en Asamblea General Extraordinaria, la firma "Carlos R. Villanueva Sociedad en Comandita por Acciones, Comercial, Inmobiliaria y Financiera" (creada el 29 de agosto de 1967) decidió su disolución y condigna adjudicación de bienes inmuebles de su propiedad a favor de la socia comanditaria "Crimson Investment S.A.", firma extranjera creada en la República Oriental del Uruguay. En el mismo acto escriturario, y conservando la nuda propiedad, esta última entregó dichos bienes en usufructo gratuito y vitalicio a Carlos Rodolfo Villanueva, Nélida Soledad Marcote de Villanueva y Juan Carlos Villanueva (v. fs. cit.).
Tanto la transmisión inmobiliaria como el derecho real de usufructo emergen, en su correlato registral, de los informes de dominio glosados a fs. 17/20 que dan cuenta de las respectivas titularidades en cabeza de la adjudicataria y de los usufructuarios.
En su presentación inaugural, la actora precisó que los inmuebles de tal modo incorporados a su patrimonio consistieron en una finca ubicada en el Partido de Avellaneda con frente a la calle Ingeniero Marconi n° 665/669 entre las de 25 de Mayo y French, edificada sobre los lotes de terreno identificados con los números TRES y DOS "b" y la parcela DIEZ "b", designados catastralmente como Circunscripción I; Sección N; Manzana 87; Parcelas 11-a y 10-b, inscriptos bajo las Matrículas n° 23.792, 23.793 y 18.194 del Partido de Avellaneda del Registro de la Propiedad Inmueble (v. fs. 30).
Detalló asimismo que los cónyuges Carlos Rodolfo Villanueva y Nélida Soledad Marcote ocuparon la planta alta del inmueble, con ingreso por la calle Ingeniero Marconi n° 669, mientras que Juan Carlos Villanueva, junto a su grupo familiar, ocupó la planta baja con ingreso por el n° 665 (íd. fs. cit.).
Señaló también que luego del fallecimiento de ambos cónyuges (Carlos Rodolfo Villanueva en el año 1995 y Nélida Soledad Marcote de Villanueva en el año 2004), alegando falsamente la calidad de "continuadores", los demandados se introdujeron en la unidad correspondiente a dicha planta alta sin ningún derecho, empleando la fuerza y las vías de hecho, revistiendo -por tanto- la calidad de intrusos (íd. fs. cit.).
Con motivo de esa indebida ocupación, el usufructuario restante, Juan Carlos Villanueva, promovió demanda de desalojo que tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 13 departamental. Posteriormente, el 22 de julio de 2006, se produjo su fallecimiento, extinguiéndose así el usufructo y quedando "trunco" el proceso de desalojo. Ante ello, y luego de fracasar el emplazamiento a desocupar el bien cursado mediante carta documento, la actora se vio en la necesidad de impetrar la presente acción de desalojo por intrusión (v. fs. 30 vta.), pretensión que, debidamente sustanciada, fue correlativamente resistida por los legitimados pasivos (v. fs. 68/75, 104/114 vta. y 130/142).
En su hora, el magistrado de la fase liminar estimó no probada la "tradición" del inmueble objeto del reclamo. Siendo que en su escrito de inicio la actora había invocado la condición de "propietaria", el juez hizo gravitar en su contra el señalado déficit en el modo de adquisición del dominio, estimando las excepciones de falta de legitimación activa opuestas por los accionados. Rechazó, en consecuencia, la acción de desalojo (v. fs. 791/798).
II. Apelado el pronunciamiento por la actora y la codemandada Nélida Villanueva, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación departamental lo confirmó en cuanto al rechazo de la demanda, aunque lo hizo por sus propios fundamentos (v. fs. 863/872 vta.).
En lo que interesa aquí destacar a tenor del remedio extraordinario interpuesto, comenzó por establecer que la cuestión bajo examen debía resolverse de acuerdo al ordenamiento sustantivo vigente con anterioridad al 1 de agosto de 2015 (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., v. fs. 867).
Sentado ello, y a diferencia de lo ponderado en el fallo precedente, tuvo por probada la efectiva tradición del bien, a tenor de las manifestaciones contenidas en la mencionada escritura pública de adjudicación en favor de la actora (art. 994, Código Civil; v. fs. 36/43). No obstante, anticipó que correspondía igualmente concluir en su falta de legitimación para obrar (v. fs. 867/868).
Justificada -por lo dicho- la revocación de lo fallado, y en atención a la materialidad que correspondía sopesar en observancia del consabido principio de la apelación implícita precisó, de un lado, que los accionados habían resistido la pretensión de desahucio con el argumento de que, por ser una sociedad extranjera, Crimson no podía, sin cumplimentar su inscripción en el país, ser titular de dominio ni socia comanditaria de "Carlos R. Villanueva S.C.A.C.I. y F.". Y que, en respuesta, el actor había esgrimido que el art. 118 de la Ley de Sociedades Comerciales la habilitaba, sin ser necesaria la respectiva formalización registral para la realización del acto "aislado" de la adjudicación del bien cuya restitución perseguía en las presentes (v. fs. 869 y vta.).
Por este sendero, y con cita doctrinaria, interpretó que el sentido y alcance de la habilitación que para celebrar "actos aislados" por parte de sociedades extranjeras dicho precepto sustancial contiene, debía valorarse con criterio restrictivo en resguardo de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros (v. fs. 869 vta.).
Interpretó que del citado acuerdo surgía que la adjudicataria "Crimson Investment S.A." había sido socia comanditaria de "Carlos R. Villanueva S.C.A.", empresa dedicada a la oferta y demanda inmobiliaria. De allí que al integrar aquella, esta última como socia, "... el interés central de Crimson radicaba en la realización de esa clase de negocios inmobiliarios. A la postre, se evidencia que la adjudicación del bien raíz en cuestión no fue un acto aislado, sino la consecuencia de las operaciones que llevaba a cabo de manera habitual. A ello se añade que la sociedad extranjera que participa de una sociedad argentina debe inscribirse en todos los casos (cfr. Verón, op. cit., t° I, págs. 1144/1145)..." (sic, v. fs. 870).
Consecuentemente, concluyó que "Desde esa perspectiva -el ejercicio habitual de actos que componen su objeto social-, se advierte que "Crimson Investment S.A." incumplió los requisitos contemplados por el art. 118 de la Ley de sociedades..." (fs. 870).
En cuanto a los efectos de omitir esa preceptuada registración de la sociedad extranjera, puso de relieve que, para cierta doctrina, dichos efectos se cristalizan en la inoponibilidad de la existencia de la sociedad para nuestro país y, por ende, en la falta de legitimación para hacer valer derechos y obligaciones relativos a los actos celebrados, pudiendo visualizarse estas consecuencias como el límite local del orden público al principio de la extraterritorialidad (v. fs. 870 vta.).
Desde esta última atalaya, consideró inoponible a los accionados el referido acto de adjudicación inmobiliaria, con motivo de incumplirse la exigencia registral contemplada por el citado art. 118 de la ley 19.550 y por no tratarse de un acto aislado, derivando finalmente de ello la falta de legitimación activa de la peticionante (v. fs. 871).
III. Contra este último pronunciamiento se alza la vencida mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 10, 15, 25, 27 y 34 de la Constitución provincial; 5, 6, 14, 16, 17, 18, 31 y 75 incs. 12 y 22 de la Constitución nacional; 163 inc. 5, 164, 266, 375, 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 6, 54, 134, 135, 136, 137 y 118 de la ley 19.550 (modificada por ley 26.994); 14 inc. 4, 2.505, 2.506, 2.513 y 2.514 del Código Civil; 141, 143, 144, 148, 383, 387, 390, 397, 1.066, 1.892, 1.893, 2.594 y 2.610 del Código Civil y Comercial de la Nación; 21 y 29 de la ley 17.801; Tratado de Montevideo del 19 de marzo de 1940, el del 20 de noviembre de 1980 aprobado por ley 22.410, ley 23.502; el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, suscripto en Mendoza el 27 de junio de 1992, conocido como "Protocolo de Las Leñas", aprobado por ley 24.578; la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles del 8 de mayo de 1979, aprobado por ley 22.921 y la doctrina legal de esta Suprema Corte y la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alega, asimismo, arbitrariedad y absurdo en la valoración probatoria y formula reserva del caso federal (v. fs. 881/895).
En apretada síntesis, aduce que la Cámara incurrió en una inconstitucional aplicación del principio de apelación adhesiva al tratar cuestiones de hecho y prueba no esgrimidas por las partes, incurriendo así en una decisión extra petita (v. fs. 884).
Protesta, asimismo, por habérsele negado legitimación para la defensa de sus derechos en juicio y decretado en forma sorpresiva, sin audiencia previa, la inoponibilidad de su personalidad jurídica y su derecho de propiedad, todo lo cual colisionaría con el ordenamiento positivo provincial, nacional, supranacional y constitucional que menciona (v. fs. 886/889 vta.).
Particulariza su disconformidad en cuanto alega que estos extremos así resueltos resultaron -a su vez- abiertamente violatorios del art. 118 de la ley 19.550, precepto este que no solo reconoce la existencia y forma de las sociedades extranjeras sino que las autoriza para realizar actos jurídicos "aislados" y "estar en juicio" sin cortapisa alguna (v. fs. 889 vta.).
En adición, califica de absurda -con correlativa vulneración de los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial- la decisión que, bajo el argumento de que los actos comerciales habituales llevados a cabo por "Carlos R. Villanueva S.C.A." le resultaban imputables por su condición de socia comanditaria, consideró que Crimson no había actuado en forma "aislada". Sobre esta línea de reflexión, señala que la Cámara violó -a la vez- los arts. 143 del Código Civil y Comercial y 137 del ordenamiento societario, al no distinguir la personalidad diversa de la sociedad respecto de sus socios (v. fs. 890 vta./892).
Agrega que, al basarse en doctrina concerniente a las Disposiciones Generales 7 y 8 del año 2003 y 7 del año 2015 de la Inspección General de Justicia, preceptiva evidentemente ajena al ámbito provincial, el pronunciamiento recayó en una fundamentación aparente, desconociendo -a la vez, y sin sustento legal alguno- los efectos regulares propios de la actuación de dos organismos administrativos de control en materia societaria e inmobiliaria como lo son la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, que respectivamente actuaron en la aprobación de la decisión asamblearia de disolución y adjudicación inmobiliaria e inscripción registral (v. fs. 892/893 vta.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En primer término, corresponde decir que no asiste razón a la impugnante en cuanto aduce que, con menoscabo del principio de congruencia, la decisión excedió los lindes del contrapunto litigioso al introducir oficiosa y sorpresivamente, entre otras, la cuestión concerniente al carácter aislado o habitual de la actuación societaria ("...Sorpresivamente suma como tal que i) no se ha tratado de un acto aislado de Crimson Investment S.A. de los previstos en el art. 118 de la LGS..."; sic, v. fs. 884 vta.).
Si bien tal debate no aparece nítidamente explicitado en los escritos constitutivos de la fase liminar, cabe sin embargo advertir que la propia actora reconoció su existencia en la etapa de apelación (v. fs. 837 vta./838 del respectivo escrito de expresión de agravios), recordando lo mismo ante estos estrados. En efecto, contra la defensa opuesta en su momento por los accionados, en el sentido de que como sociedad extranjera Crimson no pudo válidamente -sin inscribirse en el país- ser titular de dominio del inmueble ni haber sido socio comanditario de la sociedad disuelta, la recurrente precisa ahora que "...Al replicar tal defensa se indicó que el art. 118 de la Ley de Sociedades echa por tierra tal argumentación, en tanto permite la realización de actos aislados en la República, que es lo que "Crimson Investment S.A." llevó a cabo en este caso. Así quedó enmarcado el debate sometido al Juez de Primera Instancia..." (fs. 884 vta., el subrayado me pertenece)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.