Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 124.123 "STEIN ALEJANDRO DAVID Y OTROS C/ INTRUSOS Y/U OCUPANTES S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón revocó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la acción de desalojo incoada por Alejandro David Stein, Martha Aurora Moreno, Débora Karin Stein, Miguel Pablo Stein y Daniel Andrés Stein contra intrusos y/u ocupantes y Juan Manuel Evangelisto, estimándola al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias de fecha 27-XII-2018 y 28-IV-2020, conjuntamente con su aclaratoria de fecha 20-V-2020).
II. Frente a ello, el accionado vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266, 272, 375, 384 y 676 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba y violación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 25-II-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 28 de abril de 2020 -a la luz del material probatorio colectado en la especie- para revocar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "En la especie se invocó la ocupación del inmueble por personas que carecerían de tal derecho. Habiéndose dado por perdido a intrusos y/o ocupantes el derecho a contestar la demanda, se presenta Juan Manuel Evangelisto, en calidad de tercero, alegando la posesión del inmueble cuya restitución se pretende, acompañando al efecto la documentación obrante a fs. 102/103. A diferencia de lo que sostiene el fallo en crisis, considero que el tercero, pese a invocar ser poseedor animus domini , no probó -conforme era su carga (art. 375, CPCC)- la calidad de comprador por boleto del inmueble objeto del presente." (v. pág. 3).
Tal argumento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 3/21 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas de la litis, la ponderación de las actuaciones, la ocupación del inmueble y la carga probatoria) se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la atribución de responsabilidad (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión del aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 3 del canal impetrado (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, el mismo déficit porta la alegada violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del escrito recursivo, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/01/2022 15:10:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/01/2022 18:24:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2022 20:23:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 11:13:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 15:15:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/03/2022 11:03:45 hs. bajo el número RR-54-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia