Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124902
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la revocatoria deducida, dejando sin efecto la desestimación de la queja dispuesta en la resolución de fecha 8 de junio de 2021 (art. 290, CPCC);
2Requerir a la Cámara de origen los autos principales relacionados con la queja a los fines de resolver la misma (art. 292, última parte, CPCC), en los términos indicados en el último párrafo del acápite III de la presente y 3) declarar abstracto y carente de virtualidad el recurso extraordinario federal de fecha 29 de junio de 2021 (doctr. arts. 14, ley 48; 3 inc. "c", Acordada 4/2007).
C. 124.902 "DORCASBERRO, RONALDO IVES C/ R., M. A. Y OTROS/AS S/ DESALOJO"
I. Esta Corte desestimó la queja articulada por los legitimados pasivos por haberse incumplido con la carga impuesta por el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no se habían adjuntado con aquella las copias de la resolución de la Cámara impugnada, ni del recurso extraordinario deducido, ni tampoco de su denegatoria, deficiencia que impidió a este Tribunal analizar en su totalidad la admisibilidad del medio revisor que se refiere denegado (v. resol. de fecha 8-VI-2021).
Frente a ello, uno de los impugnantes -M. Á. P.- dedujo revocatoria. En su presentación expone, en síntesis, que de acuerdo al conjunto de regulaciones para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos, la carga de aportar copia de las piezas requeridas para el tratamiento del recurso de queja queda cumplida cuando las mismas obran en expediente digital, tal como ocurre en la especie, si se las individualiza con precisión y se indica que se hallan disponibles en los sistemas de consulta telemáticos disponibles. Alega que en su recurso de queja, además de la identificación del expediente, se individualizaron las piezas del expediente que contempla el art. 292 del Código Procesal. Menciona en tal sentido el Acuerdo 4.013/21 -si bien reconoce que a la fecha de su articulación revocatoria aún no se produjo su entrada en vigencia- y expone que sus prescripciones marcan la continuidad y consolidación del tránsito hacia la digitalización del proceso. Invoca también las disposiciones del Acuerdo 3.975/20 y alega que el mismo resulta una cobertura normativa suficiente para tener por cumplida la carga de aportar la documentación citada en la queja y, principalmente, atendiendo a la circunstancia de que la aplicación de este criterio se encuentra materialmente disponible para ser empleado.
De lo expuesto concluye que la desestimación de la queja en la decisión que recurre resulta una decisión contraria a lo dispuesto en los arts. 15 de la Constitución provincial, 18 de la Constitución nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Invoca, finalmente, que tal pronunciamiento está afectado de arbitrariedad y adjunta las copias omitidas en la queja (v. escrito electrónico de 16-VI-2021 y sus archivos adjuntos).
Posteriormente, M. Á., G. L. y M. L. P. dedujeron recurso extraordinario federal contra la mencionada resolución de esta Corte (v. presentación de fecha 29-VI-2021).
II. En relación a los planteos expuestos por el impugnante, deviene pertinente señalar que, superadas varias fases preliminares del proceso de digitalización del expediente judicial, con fecha 1 de noviembre de 2021 (ver Ac. 4.023 y Res. SCBA 1.221 de 20 de agosto de 2021), ha entrado en vigencia el nuevo "Reglamento para las presentaciones y las notificaciones electrónicas" (Anexo I del Ac. 4.013, texto según Ac. 4.039), de aplicación obligatoria a todos los litigios alcanzados por las normas sobre notificaciones, comunicaciones y presentaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, o en los que este se aplique supletoriamente (art. 1, Ac. 4.013).
En tal sentido -y en referencia a la carga impuesta por el art. 292 del ordenamiento procesal, cuyo incumplimiento sustentara la desestimación de la queja incoada en estos autos- esta Corte ha sostenido en el precedente registrado como C. 124.998 ("Teves, Norma Liliana c/ Expreso Villa Galicia San José y otro s/ daños y perjuicios", resol. de 4-III-2022) que dados la creciente digitalización de los expedientes judiciales y el mencionado advenimiento del nuevo régimen reglamentario, es preciso establecer un nuevo criterio interpretativo en esta materia, que conduzca a morigerar el modo de cumplimiento de los recaudos procesales, a fin de observar en plenitud la garantía de la tutela judicial efectiva y el consecuente principio favor actionis (conf. arts. 1, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 15 y concs., Const. prov.; 124, 254, 261, 279, 289 y concs., CPCC).
Se tuvo especial consideración a los fines de sustentar al aludido criterio que, en rigor, la carga de agregación de copias encuentra su razón de ser en la estructura propia del expediente en soporte papel. Ha sido pensada para este tipo de documentos, cuando el avance logrado en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicable al servicio de justicia era inimaginable. Pero ha devenido disfuncional a la luz del desarrollo actual del expediente digital. De suerte que exigirla a ultranza, a espaldas de la notoria realidad, para requerir la incorporación -previa digitalización- de copias de documentos que obran en el sistema informático de gestión y a las que el tribunal competente para decidir puede acceder con sencillez, sólo podría corresponderse con una lectura mecánica de la letra de una regla pensada para otro supuesto, claramente afincado en un pasado en gran medida superado.
En función de lo expuesto y de la recta interpretación del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones electrónicas, vigente al tiempo de resolver el presente planteo, y a fin de aventar una lectura ritualista en desmedro del acceso a la justicia es pertinente dar favorable acogida a la reposición planteada ponderando que, en el caso -y más allá de la posterior adjunción por parte del recurrente de las copias que en su momento omitiera-, este Tribunal puede acceder a tales constancias a través de los sistemas de consulta telemáticos disponibles para abordar la queja traída (conf. doctr. causa C. 124.998 cit.; art. 15, Const. prov.).
En tal virtud, corresponde hacer lugar a la revocatoria planteada, dejando sin efecto lo decidido por este órgano en el pronunciamiento de fecha 8 de junio de 2021 (art. 290, CPCC) y, en atención a los lineamientos que surgen del precedente de esta Corte C. 124.998 citado, tener por satisfecho el recaudo establecido en el mencionado art. 292.
III. Sentado lo expuesto en el acápite precedente en cuanto a los requisitos de presentación de la queja en tratamiento, se pasa a analizar la misma.
En el caso, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó el rechazo del planteo de nulidad interpuesto por M. Á., G. L. y M. L. P., por derecho propio -y en el caso de esta última también en representación de su hijo menor de edad G. P.-, en su condición de ocupantes del inmueble de autos, contra el acto de notificación de la demanda y contra todos los sucesivos actos procesales dictados en su consecuencia, incluyendo la sentencia definitiva de desalojo (v. fallo de 5-XI-2019).
Frente a tal decisión dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue denegado con sustento en que la decisión impugnada no era susceptible de remedios extraordinarios por tratarse de una resolución posterior a la sentencia definitiva dictada en autos (v. escrito de fecha 5-XII-2019 y resol. de 9-III-2020). Ello motivó la interposición de la queja en consideración (art. 292, CPCC; v. presentación de 16-V-2021 y su arch. adj.).
En su presentación directa ante esta sede los impugnantes critican el fundamento de la referida denegatoria, sosteniendo el carácter definitivo de la decisión que pone fin a su planteo incidental y denuncian la afectación de su derecho de defensa (v. escrito de 16-V-2021).
Pasando al estudio de los planteos expuestos en la queja y a fin de resolver la misma, cabe requerir a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro la remisión a esta Secretaría a través del Módulo de Radicaciones Electrónicas -en el plazo de cinco (5) días- de la causa principal relacionada con los autos del epígrafe (expdte. n° 11769), debiendo recabarla -por igual vía- de quien corresponda en caso de no encontrarse en su sede (art. 292, CPCC; conf. Resols. SCBA nros. 386/20 y 480/20; Acuerdo 3.975/20; Resol. Pte. 10/20 y concs.). Asimismo, se hará saber al órgano ante el cual esté radicado el mencionado expediente que la presente solicitud se realiza en los términos del art. 292 citado, lo que implica la suspensión del trámite de los autos principales referidos (conf. art. 292 última parte cit.).
IV. Respecto del remedio federal de fecha 29 de junio de 2021, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse con relación al incumplimiento de las formalidades estipuladas por la Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su art. 1 (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2, 5, 9/11, 16, 19, 22/23, 27, 31, 34 y 36/37; v. documento adjunto cit.), en atención a lo resuelto en el punto que antecede, cabe declarar carente de virtualidad el tratamiento de su admisibilidad, de acuerdo con los agravios que motivan la vía intentada y la decisión de la Corte nacional que se pretende obtener con su deducción (v. págs. 30/39 ; del archivo adjunto al escrito electrónico cit.; doctr. arts. 14, ley 48; 3 inc. "c", Acordada 4/2007; causa C. 116.659, "Sucesores de Luis Domingo Masollo S.A.", resol. de 11-V-2016 y C. 76.907, "Tapera Arteche S.A.", resol. de 23-X-2019, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la revocatoria deducida, dejando sin efecto la desestimación de la queja dispuesta en la resolución de fecha 8 de junio de 2021 (art. 290, CPCC); 2) requerir a la Cámara de origen los autos principales relacionados con la queja a los fines de resolver la misma (art. 292, última parte, CPCC), en los términos indicados en el último párrafo del acápite III de la presente y 3) declarar abstracto y carente de virtualidad el recurso extraordinario federal de fecha 29 de junio de 2021 (doctr. arts. 14, ley 48; 3 inc. "c", Acordada 4/2007).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y ofíciese a los fines dispuestos en el punto 2 de la presente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:53:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:41:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:19:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 18:13:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 14:52:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/06/2022 14:09:21 hs. bajo el número RR-290-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia