Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.544 "CRIMSON INVESTMENT S.A. C/ VILLANUEVA MARIA CRISTINA S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
I. El apoderado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, en lo que interesa destacar, rechazó -por mayoría- el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 68, 289 y 298, CPCC; v. sent. de 17-V-2021 junto con su aclaratoria de fecha 21-II-2022, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 11-VI-2021, a las 8:24:08 hs. y su archivo adjunto identificado como "RE CRIMSON REF E.H. 10.6.21 final.pdf").
En el caso, en el marco de una acción de desalojo, la Cámara interviniente confirmó -aunque con distinto fundamento- el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda incoada por "Crimson Investment S.A." contra María Cristina Villanueva, Nélida Alicia Villanueva y Carlos Rodolfo Villanueva (h), al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 30-IX-2016 y 22-II-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y defensa en juicio (arts. 1, 5, 31, 75 incs. 13 y 22, 99 inc. 11, 116, 121 y 126, Const. nac.; 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles; 3, Protocolo de Las Leñas v. págs. 2/3, 20/24, 36/37 y 40, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis debe ser dejada sin efecto, dado que resulta arbitraria, autocontradictoria y no se obtuvo la mayoría requerida por ley, en tanto, hay coincidencia en la solución final pero no en sus fundamentos (v. págs. 2, 15/19 y 34/35, adjunto cit.).
Denuncia, además, que los magistrados de esta Corte que votaron por el rechazo del remedio de inaplicabilidad de ley, lo hicieron apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable al caso, al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta instancia. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 256:263; 311:2575; 317:614; 317:625; 327:3032; entre otros), en particular la doctrina derivada de la causa "Aguinda Salazar c/ Chevron" (Fallos: 336:503).
En tal sentido aduce, con base en el voto de la minoría, que la decisión atacada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la citada vía local -que ahora reproduce- referidos a la valoración de la prueba y la revisión de las circunstancias fácticas y normativas del caso. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, dichos agravios resultaban suficientes para refutar las razones dadas por los camaristas y demostrar el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada por haber excedido las pretensiones y defensas de las partes y haber interpretado y aplicado -erróneamente, según su entender- las leyes locales e internacionales que rigen la materia (v. págs. 2 y 22/38, adjunto cit.).
II.3. Afirma, por otro lado, que si bien las cuestiones de derecho común no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente caso- lo resuelto implica una arbitrariedad tal que lesiona los derechos constitucionales invocados y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a las garantías de debido proceso y acceso a la justicia, consagrada en el art. 18 de la constitución nacional (v. pág. 20/22, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, denuncia que el presente constituye un supuesto de gravedad institucional, en tanto lo resuelto no sólo es de interés de la parte, sino también de todas las sociedades constituidas en el extranjero, al afectar los derechos y garantías a ellas reconocidas por la ley local y los tratados internacionales (v. págs. 38/40, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 20-IV-2022) el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias y la interpretación del art. 118 de la Ley General de Sociedades para estimar que la accionante carece de legitimación; así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión y el modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias) son todas ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, autocontradicción, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -ponderados en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada y en su aclaratoria de fecha 21-II-2022 (v. págs. 2 y 22/38, adjunto cit.; págs. 4/9 del trámite "RECURSO DE ACLARATORIA- DEDUCE" de fecha 3-VI-2021; sent. en crisis y resol. de fecha 21-II-2022 cit.).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y defensa en juicio; arts. 1, 5, 31, 75 incs. 13 y 22, 99 inc. 11, 116, 121 y 126, Const. nac.; 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles; 3, Protocolo de Las Leñas v. págs. 2/3, 20/24, 36/37 y 40, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Aguinda Salazar c/ Chevron" (Fallos: 336:503), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 3 y 38/40, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/09/2022 10:50:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 11:56:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 14:14:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 13:21:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2022 13:45:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2022 13:33:23 hs. bajo el número RR-703-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia