Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 124887
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 16 de marzo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.887 "GÓMEZ, JUAN Y OTRO C/ BIANCHI, MARÍA CECILIA S/ DESALOJO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 17 de marzo de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 16 de marzo del mismo año.
II. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-XII-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-II-2023 y su archivo adjunto identificado como "Gomez+Juan...").
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de desalojo interpuesta por Gloria María Rodríguez Alcobendas, Fernando María Aldecoa Lassalle y la firma Diagonal Norte S.A. contra María Cecilia Bianchi, al encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. sents. de 27-II-2020 y 11-II-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, propiedad y razonabilidad (arts. 16, 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 1/2, 22, 24, 26/27, 30/31 y 37, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -puntualmente la documental y la testimonial- y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 200:72; 236:27; 112:384; 131:387; 150:84; 303:1295; 312:2525, entre otros).
En tal sentido, aduce que el fallo atacado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fáctico probatorias, el progreso de la acción de desalojo, la oponibilidad del boleto de compraventa y los recibos agregados y la valoración de la confesión ficta, a la luz del principio de congruencia. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, tales agravios resultaban suficientes para acreditar que su representada adquirió el bien en cuestión mediante compraventa y era legítima poseedora del mismo, así como para demostrar el absurdo de la sentencia de la Cámara y la violación de la doctrina legal invocada (v. págs. 21/37, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 22-II-2023) el mismo fue contestado por el apoderado de los coactores de Aldecoa Lasalle y Rodríguez Alcobendas (v. escrito electrónico de fecha 17-III-2023).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, cabe recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para hacer lugar a la acción de desalojo, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, irrazonable valoración del material probatorio, omisión de cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante en cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/22 del escrito electrónico de fecha 8-III-2021, págs. 21/37, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 1/2, 22, 24, 26/27, 30/31 y 37, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 16 de marzo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:27:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:58:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2023 09:18:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:24:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:05:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:11:26 hs. bajo el número RR-550-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia