Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 125.024 "CORONEL JORGE RAÚL C/ CORONEL MARIO OSCAR S/ DESALOJO"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia que había desestimado la demanda de desalojo articulada por Jorge Raúl Coronel contra Mario Oscar Coronel y, en consecuencia, hizo lugar a la pretensión del actor (v. sentencias en pdf adjuntas a la presentación electrónica de fecha 4-VII-2021).
Frente a tal pronunciamiento, el accionado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto de 25-V-2021), el que fue denegado por no alcanzar el monto del agravio el mínimo establecido para acceder a esta instancia por esa vía (conf. art. 278, CPCC, texto según ley 14.141 y Ac. 4.012/21; v. resol. de 22-VI-2021). En esa decisión, el Tribunal de Alzada consideró la valuación fiscal del inmueble objeto del proceso ($ 1.261.131; v. escrito de queja).
La desestimación del recurso motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. escrito electrónico de fecha 4-VII-2021; art. 292, CPCC).
II. En la vía de hecho el impugnante no controvierte lo expresado por la Cámara, sino que postula que la valuación fiscal del año 2021 debe actualizarse, y que la misma, ajustada a valores de junio de ese año, alcanza el monto mínimo recurrible.
En línea con ello expone que no existe relación alguna entre el valor real de mercado del inmueble y la valuación del bien que hace el Fisco a los efectos impositivos, el que considera ficticio, insuficiente e irreal. Menciona, de forma genérica, que la orden de desalojo le ocasiona daños, y que las mejoras efectuadas en el inmueble llevan a exceder el mentado límite pecuniario. Cita un precedente que considera aplicable y agrega, que la sentencia recurrida resulta arbitraria y que media cuestión federal suficiente para excepcionar el recaudo en cuestión (v. escrito electr. de 4-VII-2021).
Sobre la base de tales planteos, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los argumentos ensayados por la parte (conf. doctr. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-X-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020 y C. 125.076, "Gzain", resol. de 24-V-2022).
Así, en el marco de lo reseñado, cabe recordar que este Superior Tribunal ha sostenido reiteradamente, en casos como el presente, que a fin de cumplimentar el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial no resultan admisibles las tasaciones particulares (conf. doctr. causas C. 118.644, "Fernández", resol. de 18-XII-2013; C. 123.110, "Mahiques", resol. de 8-V-2019; C. 123.275, "Chehin", resol. de 21-VIII-2019; C. 123.640, "Chiappe", resol. de 18-II-2021; C. 124.483, "Dupen", resol. de 30-VIII-2021 y C. 124.887, "Gomez", resol. de 29-IV-2022).
Tampoco es de recibo la referencia a un precedente de este Tribunal realizada por el demandado (v. la present. electr. de 4-VII-2021), pues no resulta aplicable en la especie en tanto se refiere a circunstancias que difieren de aquellas sobre las que versa esta causa.
Por lo demás, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. pág. 7 del escrito cit.) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el presente, no se advierte en principio la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y tratados internacionales (v. pág. 7 del escrito electrónico de 4-VII-2021), en la decisión impugnada, se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019).
En consecuencia, con los argumentos traídos no se logra demostrar el yerro en la denegatoria del remedio incoado y se impone el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2022 19:41:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 11:09:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2022 11:05:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/02/2023 13:36:58 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2023 13:08:47 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2023 13:33:28 hs. bajo el número RR-2-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia