Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.944 "RODRÍGUEZ DE CHIQUI, DORA MARTA C/ GUZMÁN, ANDRÉS ERNESTO Y/U OTRO S/ DESALOJO"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, en el marco de un proceso de desalojo, confirmó la decisión de la instancia de origen que, a su turno, decretara la nulidad de todo lo actuado por el doctor Alejandro Jorge Dufau en representación de la parte demandada (v. fallos de 4-XI-2022 y 15-VI-2023).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que el plazo otorgado por el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial se encontraba holgadamente vencido. A su vez, determinó que el instrumento invocado por el letrado apelante no cumplía con las formalidades suficientes, toda vez que no contaba con la certificación necesaria por funcionario o notario (v. pronunciamiento de 15-VI-2023).
Frente a lo así resuelto, el letrado -en ejercicio de su propio derecho y en representación de la parte demandada- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 3-VII-2023), el que fue declarado desierto ante el incumplimiento de la intimación efectuada por la Cámara a integrar el depósito previsto en el art. 280 del ordenamiento procesal -previo rechazo del pedido de declaración de inconstitucionalidad de la referida norma procesal- (v. resols. de 12-VII-2023 y 29-VIII-2023). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 11-IX-2023).
II. Al respecto, cabe observar que en el recurso de hecho traído la parte recurrente no controvierte lo afirmado por el Tribunal de Alzada en cuanto al incumplimiento del referido emplazamiento, extremo que motivó la declaración de deserción del remedio en cuestión (v. resol. de 29-VIII-2023). En la presentación directa traída se limita a sostener la pertinencia de la apertura de la instancia alegando la concurrencia de agravios de índole federal (v. escrito electrónico de 11-IX-2023). Sobre la base de tal invocación, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos expuestos en la queja para superar aquel valladar formal (conf. doctr. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 125.991, "Di Terlizzi", resol. de 10-XI-2022).
En tal sentido se impone señalar que, sin perjuicio de las consideraciones que podrían efectuarse en cuanto a la concurrencia o no de tal extremo en el caso, lo cierto es que esta Corte ha exigido el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que, en principio, guardaban relación directa con la cuestión litigiosa, en los términos a que se refieren en los precedentes invocados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos S.A.", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 124.125, "Fernandez", resol. de 8-VI-2021).
Así, el planteo introducido en relación a la eximición de la carga a cuyo cumplimiento se lo emplazara bajo apercibimiento de deserción con sustento en la existencia de cuestión federal carece de asidero (conf. doctr. causas cits.).
Asimismo, tal como ha referido la Cámara en la resolución que declaró la deserción, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la carga prevista en el art. 280 citado, en numerosos precedentes se ha dicho que las disposiciones procesales permiten al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos, demostrar judicialmente su situación y litigar sin carga pecuniaria en materia de gastos causídicos y así poder acudir a la instancia extraordinaria obviando la carga procesal mencionada (conf. doctr. causas C. 108.800, "A. C., J. M.", resol. de 28-V-2010; C. 111.432, "Vidal Roca", resol. de 2-III-2011; C. 116.486, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-X-2012; C. 120.411, "Fuentes", resol. de 30-III-2016 y C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017), opción que según se observa en el caso no se ha utilizado.
A lo expuesto deviene pertinente adunar, en atención a las alegaciones esgrimidas en la queja, que en el presente caso no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se denuncia arbitrariedad y se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales -de propiedad, de defensa en juicio y debido proceso- en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario -en el que se impugna la resolución que se pronunció sobre los alcances del poder invocado y se confirmó la declaración de nulidad de todo lo actuado por el letrado en representación de la demandada- se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 123.581 "Angelini", resol de 19-IV-2021; C. 124.575 "Centurión", resol de 29-VI-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.014, "Ibañez", resol. de 24-V-2022; C. 125.500, "Rossi" y C. 125.180, "Valles", ambas resols. de 10-VIII-2022; e.o.).
Por lo demás, en cuanto a la invocación de excesivo rigor formal -en relación a la queja que aquí se resuelve-, es pertinente agregar que la simple mención del fallo "Colalillo" del Tribunal federal (CSJN Fallos: 238:550) no abastece el recurso intentado ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020 y C. 125.035, "Cerda", resol. de 24-V-2022).
En consecuencia, con los argumentos expuestos en la queja no se logra demostrar el yerro en la declaración de deserción del remedio extraordinario, sustentada en el incumplimiento de la intimación a integrar el depósito, y se impone así el rechazo de la queja articulada (arts. 280 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 12:24:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/02/2024 13:40:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 10:30:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:53:23 hs. bajo el número RR-262-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia