Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 129394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 279 y 292, CPCC); con costas.
C. 129.394 "CATANI, GRACIELA LIDIA Y OTROS S/ DESALOJO"
I. En las presentes actuaciones -iniciadas por las señoras Graciela Lidia y Andrea Carolina Catani y Ada Beatriz Gaibe contra la señora M. M. d. R. L.- el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°10 del Departamento Judicial de San Isidro dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión deducida y condenó a la mencionada demandada, subinquilinos y ocupantes a que en el plazo de diez días de quedar firme la misma, procedan a desocupar el inmueble en cuestión bajo apercibimiento de ordenarse el lanzamiento de forma compulsiva (sent. de fecha 10-VI-2022).
Posteriormente, vencido el plazo establecido en tal sentencia, se hizo efectivo el apercibimiento allí ordenado, disponiéndose el lanzamiento de M. M. d. R. L. y subinquilinos y/u ocupantes del inmueble de marras (v. resol. de 29-XII-2022).
Ante ello se presentaron por primera vez en autos M. M. d. R. L. por derecho propio y en representación de sus hijos menores M. G., T. A., J. A., Á. M. L. y L. A. B. L. y F. N. B., por derecho propio y en representación de su hijo menor L. A. B. L. Ponen en conocimiento que viven en el inmueble junto a sus hijos menores de edad y, asimismo, hicieron saber que una de sus hijas posee certificado de discapacidad. Ante ello, solicitó la intervención de la Asesoría de Incapaces y la fijación de una audiencia de conciliación a fin de lograr un acuerdo de un plazo prudencial para abandonar el inmueble y, así, poder reubicar al grupo familiar, ya que en caso de efectivizarse el lanzamiento se encontrarían en situación de calle (v. presentación de 11-IV-2023).
Con posterioridad, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria. Del acta correspondiente surge que los demandados, asistidos por el defensor oficial, se comprometieron a entregar la vivienda el día 8 de agosto de 2023 a las 12.00hs. (v. acta de 21-IV-2023).
En fecha próxima a la antes mencionada, los demandados revocan el patrocinio de la defensoría oficial, solicitan suspensión del lanzamiento ordenado y piden citación de las autoridades provinciales competentes (v. escrito de 2-VIII-2023). El juzgado de origen desestimó la petición (v. resol. de 8-VIII-2023), decisión que fue apelada.
Por su parte, la actora solicitó que se haga efectivo el apercibimiento y se ordene el lanzamiento en autos y el órgano, teniendo por cumplido con el art. 21 de la ley 6.716 y atento lo solicitado, hizo lugar al pedido de lanzamiento y dio vista a la Asesoría de Menores e Incapaces n°2 departamental (v. resol. de 10-VIII-2023).
Asimismo, la asesora de incapaces peticionó que se ordene la intervención del Municipio de San Isidro y del Servicio local a efectos de que arbitren las medidas tendientes a garantizar el pleno goce de los derechos habitacionales, sociales y culturales, en particular el acceso a una vivienda digna y adecuada de las personas menores de edad en situación de vulneración (v. dictamen de 14-VIII-2023 y proveído de 22-VIII-2023).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación departamental, en relación a la apelación incoada contra el proveído de fecha 8 de agosto, declaró abstracta la cuestión. Consideró el Tribunal de Alzada, luego de reseñar los trámites de la causa con posterioridad a la sentencia que admitió la pretensión, que, sin adentrarse en el análisis de la legitimación del peticionante ni en la oportunidad de la presentación, surge de los antecedentes reseñados que finalmente el objeto del planteo y de los agravios es obtener -en tal ocasión y por los motivos dados-, la suspensión de la ejecución del lanzamiento ordenado en la sentencia de autos, que antes fuera demorado conforme el acuerdo -luego incumplido- formulado en la audiencia celebrada. Y de la compulsa de la causa se desprende que, con posterioridad al rechazo del pedido de suspensión, la juez de grado ordenó que se efectivice el lanzamiento (auto de 10-VIII-2023) y dicho pronunciamiento no fue objeto de impugnación a través de recurso hábil y oportuno, ni por el actual recurrente ni por ninguna de las partes/presentantes de autos; de allí que tal decisión se encuentre firme y por tanto que resulte abstracto el tratamiento de la cuestión planteada (v. sent. de 25-IV-2024).
Remitidos los autos al juzgado de origen, este órgano notificó la providencia "por devueltos" (v. proveído de 29-IV-2024) y, estando allí radicados, la actora realizó peticiones a fin de efectivizar la orden de lanzamiento que motivaron a su vez presentaciones de los demandados y de la asesora de incapaces, que fueron proveídas en dicha instancia (v. escritos de 30-V-2024, 19-VI-2024, dictamen de 28-VI-2024 y proveídos de 26-VI y 1-VII-2024).
Por otra parte, luego de los referidos trámites, la señora L. articuló ante la Cámara revocatoria y, en subsidio, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley frente al pronunciamiento del Tribunal de Alzada de fecha 25 de abril de 2024 (v. escrito de 20-VIII-2024). La Cámara requirió a fin de resolver tal articulación la radicación de los autos ante su sede y, recibidos, desestimó el intento impugnatorio. Consideró que la demandada se notificó de la resolución de esa Alzada el 29 de abril de 2024 (conforme resolución del por devueltos de la jueza de grado) y así concluyó que, ya sea que se trate de una revocatoria o un recurso extraordinario, en ambos casos la presentación era extemporánea (arts. 124, 135, 267, 268 y 279, CPCC). Luego, agregó, a mayor abundamiento, que la decisión no era susceptible de revocatoria, que la señora L. carecía de legitimación para interponer recursos en tanto oportunamente consintió la resolución de primera instancia -de fecha 8 de agosto de 2023- que diera origen a la apelación interpuesta por el ocupante y que, finalmente, era improcedente la interposición de recurso extraordinario en subsidio de la revocatoria (v. resol. de 8-X-2024).
Contra la denegatoria de la vía extraordinaria se dedujo la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito de 22-X-2024).
II. Sin perjuicio de otras observaciones que podrían efectuarse, lo cierto es que los remedios extraordinarios deben interponerse ante el tribunal que dictó la decisión atacada dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación respectiva, el cual es de carácter perentorio e improrrogable (art. 279, CPCC; conf. doctr. causas C. 121.566, "Fideicomiso de Recupero Crediticio Ley 12.726", resol. de 21-VI-2017; C. 123.731, "Toncovich Rodriguez", resol. de 27-V-2020 y C. 128.248, "H. P. N.", resol. de 9-VIII-2024).
Así, tal como expresó la Cámara en la resolución denegatoria y, que no fuera desconocida por los recurrentes, la sentencia cuestionada fue notificada conforme la providencia "por devueltos, hágase saber" de manera automatizada, bajo el régimen previsto en el "Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos" incorporado en el Anexo I de la Acordada 4013/21 y sus modificatorias (v. proveído del 29-IV-2024). Este cuerpo normativo, aplicable al supuesto de autos, establece que la notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la resolución judicial hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (arts. 10 y 13, Anexo I, Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-).
En el caso, la sentencia que se pretende impugnar por el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley fue anoticiada por la providencia "por devueltos, hágase saber" suscripta por la magistrada de grado el día 29 de abril de 2024 y ese mismo día conforme lo prevé el art. 10 del Anexo I de la Acordada 4013 -texto según Ac. 4016- se comunicó lo dispuesto al domicilio electrónico del letrado constituido en esta causa. De esta manera, teniendo en cuenta el día de nota posterior -30 de abril de 2024-, cabe concluir que la vía extraordinaria deducida el 20 de agosto del 2024 resulta extemporánea (conf. doctr. arts. 133 y 143 CPCC; 10 del Anexo I, Ac. 4013 y sus modif. -t. o. Ac. 4039/21-; causas C. 125.491, "Vazquez", resol. de 10-VI-2022; C. 125.126, "Miguel", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.827, "R. M. B.", resol. de 19-XII-2022; C. 126.856, "Organización Jordán S.A.", resol. de 24-IV-2024 y C. 128.248, cit.).
Frente a ello resulta claramente insuficiente la mera alegación de la impugnante -sin ninguna argumentación que la sustente- de darse por notificada con la presentación de la vía extraordinaria o la manifestación de que se pudo realizar de otra manera la notificación y no se lo hizo y, soslayando el recaudo de la temporaneidad de la presentación, sostener que debe considerarse admisible la vía por los antecedentes del caso y la temática que expone (v. punto III del escrito de queja).
Asimismo, deviene pertinente adunar a lo expuesto, en cuanto al precedente citado en el acápite IV del escrito de queja, que el mismo resulta inaplicable al caso de autos en tanto se refiere a circunstancias y planteos diversos a los aquí traídos.
Lo señalado resulta suficiente para desestimar la queja articulada, en tanto no se logra demostrar el yerro en la decisión denegatoria de la vía extraordinaria con sustento en su interposición fuera del plazo legal (arts. 279 y 292, CPCC).
III. Y tampoco se advierte -en principio- en el marco procesal descripto la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018 y C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021).
IV. Finalmente, en cuanto a las alegaciones formuladas en la vía incoada en relación a la situación personal de los demandados, estese a lo ya dispuesto en la instancia de origen al respecto (v. dictamen de 14-VIII-2023, decisión de 22-VIII-2023 y oficios de 23-VIII-2023).
En tal sentido, se destaca que de las constancias obrantes en la Mesa de Entradas Virtual surge también que el juzgado ha dispuesto, en relación a los oficios que ya había ordenado librar a los diversos organismos (Municipalidad de San Isidro y Servicio local), que debía estar acreditado su diligenciamiento PREVIO a la fecha de lanzamiento, especificando en el dirigido al Municipio de San Isidro "para que sea efectiva su presencia en la fecha del cumplimiento de la medida, realizando acciones in situ para llevar adelante la ejecución de la medida de manera pacífica considerando la existencia de las personas menores de edad en el predio. Que dicho organismo administrativo o las diferentes áreas que correspondan al caso arbitre medidas tendientes a garantizar el pleno goce de los derechos habitacionales, sociales y culturales, en particular el acceso a una vivienda digna y adecuada de las personas menores de edad en situación de vulneración, ello conforme lo normado por el art. 3, 27 de la CIDN, art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; art. 17 inc. 4 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14 bis. 17 inc. 22 de la CN; art. 36 inc. 2 y 7 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículo 706, inciso a, del C.C y C, ley pcia. Buenos Aires 13298" y al Servicio local de San Isidro en el mismo sentido y alcance que el oficio anterior. Y luego dispuso, de acuerdo a lo peticionado expresamente por la asesora de menores, hacer saber que para la ejecución de la medida deberá tomarse como pauta orientativa el Protocolo de actuación para la Restitución de inmuebles usurpados, Resolución FG 121/2008, y de manera análoga el protocolo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 17 de Abril de 2019, tomando de dichos instrumentos los estándares internacionales en la materia y los recaudos legales generales de actuación establecido para este tipo de medidas, todo ello con el fin de resolver la problemática habitacional de una manera pacífica. Finalmente, tuvo presente la nueva vista solicitada por la Asesoría de Menores e Incapaces interviniente -requerida a fin de solicitar medidas de protección de las personas menores de edad ocupantes si fuera necesario (Cap.1 Sec.1 Regalas de Brasilia)- para una vez fijada la fecha de lanzamiento y diligenciados los oficios ordenados (v. proveídos de 26-VI-2024 y 1-VII-2024).
Se impone así el rechazo de la queja (art. 292 cit.); con costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 279 y 292, CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 11:44:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/11/2024 17:54:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:19:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:57:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:36:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:16:51 hs. bajo el número RR-876-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia