Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 122227
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 122227; JUZGADO DE PAZ - MONTE
GAUNA ALFREDO ELIAS C/ GAUNA HERMES EDGARDO, CASIMIRO ALEJANDRA NOEMI, SUBINQUILINOS Y/U OCUPANTES S/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO (DIGITAL)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
REG. HON.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de julio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 122227, caratulada: "GAUNA ALFREDO ELIAS C/ GAUNA HERMES EDGARDO, CASIMIRO ALEJANDRA NOEMI, SUBINQUILINOS Y/U OCUPANTES S/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 11 de marzo de 2021?
2a. ¿Son justos los honorarios regulados en fecha 11 de marzo de 2021?
3a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1– La sentencia dictada por el Juzgado de Paz Letrado del Partido de San Miguel del Monte hizo lugar a la demanda por desalojo promovida por Alfredo Elías Gauna contra Hermes Edgardo Gauna y Alejandra Noemi Casimiro y/u ocupantes, condenándolos a desalojar el inmueble ubicado en el Barrio Tanque calle Borges N° 301 de aquella Ciudad dentro de los diez días de notificados, bajo apercibimiento de ordenarse el lanzamiento por la fuerza pública; ordenó que –de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 de la ley Provincial 15193- que la medida quedaría suspendida hasta el 31 de marzo de 2021; dispuso, ante la existencia de menores de edad en la propiedad a desalojar, se libre oficio al Servicio Local de Protección y promoción de los Derechos del niño a fin de que tomen conocimiento de la sentencia y arbitren las medidas que correspondan con la finalidad de proteger los derechos de los menores; impuso las costas a los codemandados vencidos, regulando honorarios profesionales a los letrados y auxiliares actuantes (v. sentencia del 11 de marzo de 2021 en sistema Augusta).
2– Contra esta forma de decidir se alzan en apelación la codemandada Alejandra Casimiro y el tercero Gastón Maximiliano Gauna (presentaciones electrónicas de fecha 17 y 30 de marzo de 2021 mediante invocación del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante denominado CPCC- por parte de la letrada de Casimiro -luego ratificada el 28 de abril de 2021- y del 26 de marzo de 2021 Gauna), además de los peritos calígrafo e Ingeniero Civil quienes consideran bajos los honorarios que se le regularon (presentaciones electrónicas del 15 de marzo de 2021 y 25 de marzo de 2021 respectivamente). Los recursos incoados fueron concedidos libremente (proveídos de fecha 5 de abril de 2021, 26 de marzo de 2021, 23 de marzo de 2021 y 26 de marzo de 2021 respectivamente) y fundados en tiempo y forma en esta instancia por Alejandra Casimiro (presentación electrónica del 28 de abril de 2021) y Gastón Maximiliano Gauna (presentación electrónica del 5 de mayo de 2021). Corrido el pertinente traslado (proveído del 6 de mayo de 2021), éste fue contestado por Casimiro (12 de mayo de 2021) y Alfredo Elías Gauna (13 de mayo de 2021), no haciendo lo propio Hernán y Gastón Gauna. Luego de pasado en vista a la Asesora de Menores e Incapaces (presentación electrónica del 3 de junio de 2021) y de rechazarse el pedido del tercero de replanteo de prueba en esta instancia efectuado a la hora de expresar agravios (proveído del 15 de mayo de 2021), se llamó autos para sentencia (15 de junio de 2021).
3– La codemandada Alejandra Noemí Casimiro se agravia del rechazo de la demanda, haciendo pie en supuestas irregularidades en la cadena de boletos de compra venta y cesiones que detalla la sentencia apelada y de la que da cuenta en su recurso.
En particular desacuerda que el tercero Gastón Maximiliano Gauna carezca de legitimidad para repeler la acción del actor y por ende que procede el contrato de comodato que suscribió con ella.
De la cadena de negocios jurídicos sobre la propiedad analiza que jamás se le transmitió la posesión a Balsamello, que la fecha del mutuo es del 11 de junio de 2010 y del contrato de comodato suscripto entre el tercero y ella data de un año después de la fecha que el actor le atribuye la pérdida de la posesión al tercero. Concluye en la invalidez de los convenios anteriores.
Agrega que el boleto de compra venta del inmueble no es un contrato concluido, sino uno celebrado, refiriendo que ese negocio es nulo por defectos de forma.
Refiere que la sentencia de grado desconoce el derecho personal del tercero que -según su visión- nunca perdió la posesión.
En definitiva, centra sus quejas en el rechazo de la legitimación al tercero, solicitando se revoque la sentencia.
Por su parte, el tercero Gastón Maximiliano Gauna se agravia de la sentencia en similares términos a los expuestos por la codemandada Casimiro, agregando que en el boleto con Balsamello no hubo entrega de la posesión, por ello también requiere la revocación del decisorio de grado.
4– Emana de los agravios de los apelantes que sus quejas se centran en la valoración de la prueba aportada en función a la calidad del tercero de propietario, su legitimación para obrar y por ende la validez del comodato suscripto entre la codemandada y Gastón Gauna que la protegería del desalojo.
A fin de abordar la tarea revisora no resulta ocioso recordar que el proceso de desalojo ha sido concebido en nuestro ordenamiento procesal como de carácter especial (Libro IV, Procesos Especiales, Título VII) al que cabe imprimir el trámite sumario (art. 676 del CPCC).
El exclusivo objeto de este particular proceso es la recuperación de un bien y el reclamo debe dirigirse contra quien se halla obligado a su restitución. La consideración de tal exigibilidad excluye la de otras cuestiones cuya índole no resulta propia del limitado debate que permite la especialidad del procedimiento elegido (conf. esta Sala, causa 104137, sent. del 15/12/2004, RSD 341/2004).
Para establecer cuál es el límite de lo que se puede controvertir en este tipo de juicios, nuestro Máximo Tribunal provincial ha expuesto que la acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del CPCC (código procesal civil) no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie (a primera vista) la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis (derecho a la posesión, implica la posibilidad de acceder a una posesión merced a un título, sin que se ello equivalga a que ya se encuentre ejerciendo esa relación real) o el ius possesionis (el derecho de la posesión. La posesión efectiva ya adquirida independientemente que se encuentre respaldada por un título). (Conf. SCBA, C 107.959, sent. del 5/10/2011; C 105.530, sent. del 15/06/2011).
En el caso en estudio, Alfredo Elías Gauna demanda por desalojo por vencimiento de contrato contra Edgardo Hermes Gauna en carácter de locatario, Noemí Alejandra Casimiro como concubina del inquilino y contra subinquilinos y/u ocupantes del inmueble ubicado en Borges N° 305 de la Ciudad de San Miguel del Monte, en virtud del contrato de locación que dice haber suscripto y que acompaña como prueba documental a fs. 6/7.
Del documento referido surge que el actor dio en locación por el término de 24 meses la propiedad (desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2016) la que debía ser restituida a su vencimiento “sin necesidad de previa interpelación alguna” (Clausula segunda, fs. referidas).
Da cuenta asimismo que “La parte locataria destinará el inmueble locado al uso de vivienda familiar, junto a su pareja Alejandra Casimiro y sus hijos, siendo la ocupación por personas distintas de las citadas y/o el cambio de destino causal de resolución; salvo autorización expresa y por escrito de la parte Locadora” (clausula sexta, fs. referidas).
A fs. 27/29 se agrega la cédula de notificación al accionado Hermes Edgardo Gauna quien recibió el requerimiento el 7 de febrero de 2017 manifestando “Que en el inmueble en cuestión habitan sus dos hijos y su ex pareja. Que sobre dicha vivienda se celebraron un contrato de alquiler con su hermano (propietario del inmueble). No recuerda la fecha en que se celebró el contrato ni el tiempo de vencimiento del contrato del contrato. El requerido refiere me informa que el contrato de alquiler lo tiene su abogado”.
Luego es notificada la codemandada Casimiro -aquí apelante- quien ante el Oficial de Justicia actuante manifestó el 17 de febrero de 2017 “Que allí convive con sus hijos Thiago Benjamín Gauna DNI 50.847.492 y Adriana Milagros Gauna DNI 48.981.837. Me manifiesta que dicho inmueble fue comprado por Hermes Edgardo Gauna, pero no fue escriturado a su nombre” (v. fs. 30/32).
En cumplimiento de la citación antes detallada se presenta el demandado Hermes Edgardo Gauna quien contesta la acción allanándose incondicionalmente a la demanda instaurada. Allí califica de exactos los hechos alegados por el actor, agregando que luego de convivir allí con su mujer, ésta lo denunció en forma sistemática por supuesta violencia familiar por lo que fue excluido del hogar (v. fs. 37 y vta).
A su turno, Alejandra Noemi Casimiro hace lo propio acompañando un contrato de comodato suscripto entre ella y Gastón Maximiliano Gauna mediante el cual este último dio en comodato la propiedad objeto de autos (el 10 de junio de 2011 y por tiempo indefinido, v. fs. 39 y vta.) y oponiendo falta de legitimación activa. Alegó al efecto que en virtud al contrato referido ejerce la posesión del inmueble. Denunció que el allí comodante Gastón Gauna es el titular del inmueble (fs. 39/43).
A su vez, niega categóricamente que su ex pareja haya suscripto contrato de locación en relación al inmueble sito en calle Borges N° 305 del Barrio Tanque de San Miguel del Monte, desconociendo asimismo la autenticidad del contrato y las firmas en él insertas (contestación fs. referidas).
Posteriormente, el contrato de comodato alegado por la codemandada fue desconocido por el legitimado activo (v. fs. 48/50).
A fs. 462/506 se presenta como tercero Gastón Maximiliano Gauna -cuya citación solicitó la codemandada Casimiro- quien opone excepciones de falta de legitimación pasiva y activa y defecto legal, alegando su calidad de propietario del bien. Desarrolla su versión sobre la cadena de titulares y compra venta sucedidas sobre el inmueble, por lo que concluye que la demanda debe rechazarse.
De lo expuesto por las partes, como de las características propias del proceso de desalojo, la cuestión a dilucidar es si pesa sobre los demandados la obligación de restituir y si el actor cuenta con la legitimación para requerirlo.
Como se dijo, el objeto del proceso es la recuperación de un bien, debiendo dirigirse el reclamo contra el obligado a su restitución debiendo excluirse las demás cuestiones ajenas a este tipo de proceso.
Es aquí donde evidencio que la postura de la codemandada y del tercero tanto en sus contestaciones como sus expresiones de agravios exceden el limitado objeto de este tipo de procedimientos. Nótese que ambos ponen en crisis el carácter de dueño de quien reclama el desalojo y reclaman vicios en las transmisiones operadas en la propiedad.
Asimismo, se ha dicho que “si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado obligado a su restitución. La acción de desalojo asiste tanto al titular registral, a quien resulte ser poseedor, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño haya otorgado la tenencia y tenga derecho a requerir la restitución” (esta Sala, causa 123248, RSD 143-19, sent. del 05/06/2019).
En este sentido el actor ha probado claramente su derecho a requerir la restitución. Ello surge del contrato de locación y convenio de desocupación suscripto entre las partes y que ha sido materia de comprobación –ante la negativa de la codemandada- en la pericia caligráfica llevada adelante en fecha 2 de noviembre de 2019 la que da cuenta en sus conclusiones (punto 5) que “las firmas cuestionadas, insertas en el contrato de locación y convenio de desocupación de fs. 6/7 de autos, pertenecen de puño y letra al Sr. Edgardo Gauna” (fs. 715 y adjuntos).
En definitiva, surge de las constancias colectadas en este proceso claramente probada la legitimación activa del reclamante (art. 384 CPCC).
Ha resuelto nuestro Máximo Tribunal que “No procede el desalojo (sin perjuicio de las acciones posesorias o petitorias) si el accionado comprueba prima facie (a primera vista) la efectividad de la posesión que invoca, justificando así la seriedad de su pretensión. Y ello es así, aunque la posesión invocada no reúna las notas eficientes para repeler una pretensión reivindicatoria o justificar una usucapión porque de lo contrario se estaría desnaturalizando la índole del proceso de desalojo, convirtiéndolo en un juicio petitorio o posesorio” (SCBA, Ac 56924, sent. del 30-8-1996, voto de la mayoría).
Y es en este sentido que encuentro que los argumentos esgrimidos por la apelante en cuanto calificar de dueño a Maximiliano Gauna exceden el ámbito del presente proceso. Es decir que lo que aquí se resuelve, en cuanto al desalojo, no implica pronunciarse sobre la posesión o propiedad del bien la que deberá debatirse -en caso que las partes así lo consideren- en el marco pertinente a sus efectos, sino sólo sobre la aptitud para que el desalojo sea la vía para recuperar el uso y goce del bien por parte de quien acciona en estas actuaciones (arts. 676 y sig. CPCC).
A mayor abundamiento, nótese que la actitud de la codemandada resulta autocontradictoria al mencionar primeramente que ocupa la propiedad porque su ex pareja Hermes Gauna es dueño de la finca pero que no tiene la escritura (v. notificación de fs. 30/32) para posteriormente “recordar” que es comodataria del bien y que el propietario no es ni su ex pareja, ni Alfredo Gauna sino que otro de los hermanos -Maximiliano Gauna- (v. contestación de demanda de fs. 39/43).
Esta es una conducta resulta abiertamente violatoria de la doctrina de los actos propios.
En este sentido ante una declaración expresa jurídicamente vinculante, no resulta válido posteriormente ponerse en contradicción con sus propios dichos. A la luz de la doctrina de los actos propios resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que son incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Este principio entronca con los deberes de conducta que impone la buena fe, la que requiere coherencia en el obrar del sujeto y sanciona aquéllas que resultan contradictorias. Esta exigencia no alcanza sólo a las partes en el proceso, sino también al órgano jurisdiccional (conf. esta Sala, causas 126314, RDS 299/19, sent. del 13/11/2019; 127482 RSD 137-20, sent. del 01/09/2020).
Es que la doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior (conf. esta Sala, causa 126347, RSD 272-19, sent. del 15/10/2019).
Es por todo lo expuesto, que propongo la confirmación de la sentencia atacada (arts. 384, 676, CPCC.). A todo evento, si la codemandada y el tercero Gauna insistieren con la alegación de sus derechos posesorios y de propiedad, éstos deberán ser debatidos en el marco del proceso pertinente.
Voto, por la AFIRMATIVA.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, voto en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Los peritos Calígrafo e Ingeniero Civil actuante en autos ponen en crisis los honorarios regulados por la sentencia de grado por considerarlos reducidos (presentaciones electrónicas del 15 de marzo de 2021 y 25 de marzo de 2021 respectivamente).
Ahora bien, en atención al alcance de los recursos interpuestos (sólo por bajas, v. escritos de fechas 15/3/21 y 25/3/21) y advirtiendo que los emolumentos referidos respetan lo dispuesto por el art. 40 de la ley 8904, se fijan los honorarios de la perito ingeniera Teresa Alvarez Garriga en la suma de DOCE MIL PESOS y los de la perito calígrafa Adriana Teresa Salti en la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS, confirmándose así -en esta parte- la sentencia de fecha 11/3/21 (art. 1255, CCCN).
Con el alcance referido, voto por la AFIRMATIVA.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, voto en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento al acuerdo alcanzado al tratar las cuestiones anteriores corresponde: 1) Confirmar la sentencia apelada del día 11 de marzo de 2021 en todo lo que haya sido materia de recurso y agravios con costas de esta instancia a los codemandados apelantes en su condición de vencidos y regular los honorarios profesionales por las actuaciones en esta alzada conforme lo dispuesto por la ley 14967. Ello habida cuenta que las actuaciones ante esta alzada han sido realizadas luego de la sanción de la nueva ley 14967 (B:O:P: del 12/10/2017). Ello así, toda vez que, como tiene dicho nuestro Máximo Tribunal provincial “la remuneración por la labor de los abogados en los juicios se determina teniendo en cuenta las etapas cumplidas en las que el proceso se divide, resulta necesario, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquéllas pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema” (SCBA causa “Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad", Decr.
Ley 9020” I73.016, sentencia del 8 de noviembre de 2017). En el presente, el trámite en la Instancia de origen se inició durante la vigencia del Decreto Ley 8904/77, mientras que la totalidad de las actuaciones profesionales efectuadas por el doctor Ibrahim Andrés Kange, la doctora Graciela Baez y la doctora Rosana Luján Méndez en la etapa de apelación lo han sido con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 14.967, por lo que los honorarios en Alzada fueron devengados bajo su amparo y sobre este plexo normativo serán regulados. La aplicación de la nueva normativa a estos trabajos no importa su retroactividad, sino que la cuantificación de los estipendios se realiza conforme la ley vigente al momento de la presentación de los trabajos profesionales.
Ello tiene como fin último dar amparo al derecho adquirido de la parte y de los letrados actuantes: el del cliente de pagar los honorarios que fije la ley vigente y el del abogado a percibirlos bajo tales circunstancias. En atención a ello, por la labor realizada ante esta Alzada, respecto del decisorio de fecha 15/6/21, se fijan los estipendios del doctor Ibrahim Andrés Kange (T. 59, F.253, CALP) -letrado patrocinante de la parte actora- en 0,20 JUS -a la fecha del presente-, y en relación a esta sentencia en 1,02 JUS -a la fecha del presente-; los de la doctora Graciela Baez (T.52, F.234, CALP) -Defensora Oficial, letrada patrocinante de la codemandada Casimiro- respecto del decisorio de fecha 15/6/21 en 0,11 Jus -a la fecha del presente- y respecto a esta sentencia en 0,60 JUS -a la fecha
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