Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 32.907-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan las respectivas multas con la reducción que se determina en el Considerando XI, con costas, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-29322770-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Marzo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El expediente N° 32.907-I y acumulados N° 32.908-I, N° 32.909-I, N° 32.909-I, N° 33.580-I, N° 33.582-I, N° 33.583-I, N° 42.609-I, N° 42.612-I y N° 42.610-I caratulados: “DESAROLLOS Y TELECOMUNICACIONES SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación); El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que a fs. 189/235, dando origen al Expte. N° 32.907-I, la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución N° 202/2008 (DV CRR2) de fecha 26/11/2008 dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas correspondiente a los períodos fiscales 01/2003 a 10/2004, 12/2004 a 04/2005 y 06/2005 a 08/2005 por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos uno con ochenta y nueve centavos ($455.201,89.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con cuarenta y nueve centavos ($445.658,49.-) y aplica una multa por los períodos fiscales 01/2003 a 09/2003 equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto supuestamente omitido por la suma de pesos setenta mil ochocientos tres ($70.803.-), en los términos del artículo 45 de la ley de rito. Asimismo, se deja expresa reserva de la aplicabilidad de las sanciones que pudieron corresponder por los períodos 10/2003 a 10/2004, 12/2004 a 04/2005 y 06/2005 a 08/2005, en los términos el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
A fs. 612/652vta., correspondiente al Expte. N° 32.908-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 200/2008 (DV CRR2) de fecha 26/11/2008, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 12/2002 a 03/2006 por la suma de pesos trescientos nueve mil setecientos veintisiete con cincuenta y un centavos ($309.727,51.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos doscientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve con setenta y seis centavos ($279.519,76.-) y aplica una multa por los períodos fiscales 12/2002 a 09/2004 y 10/2005 a 03/2006 equivalente a tres (3) veces el impuesto supuestamente omitido, por la suma de pesos seiscientos trece mil seiscientos trece con cuarenta y tres centavos ($613.613,43.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b y c) de la ley de rito. Asimismo, se deja expresa reserva de la aplicabilidad de las sanciones que pudieron corresponder por los períodos 10/2004 a 09/2005, en los términos el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
A fs. 894/935vta., correspondiente al Expte. N° 32.909-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 201/2008 (DV CRR2) de fecha 26/11/2008, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2003 a 2005 por la suma de pesos trescientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta centavos ($385.742,40.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos trescientos ocho mil trescientos sesenta y ocho con treinta y seis centavos ($308.368,36.-) y aplica una multa por el período fiscal 2003 equivalente a tres (3) veces el impuesto supuestamente omitido, por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ochocientos trece con cuarenta y seis centavos ($242.813,46.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito. Asimismo, se deja expresa reserva de la aplicabilidad de las sanciones que pudieron corresponder por los períodos 2004 y 2005, en los términos el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
A fs. 1140/1170, correspondiente al Expte. N° 33.580-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 04/2010 (DV CRR2) de fecha 18/01/2010, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006 por la suma de pesos noventa y cuatro mil ciento diez mil con treinta y siete centavos ($94.110,37.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres con setenta centavos ($66.253,70.-) y aplica una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto supuestamente omitido, por la suma de pesos doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y uno con once centavos ($282.331,11.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito.
A fs. 1354/1399, correspondiente al Expte. N° 33.582-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 05/2010 (DV CRR2) de fecha 18/01/2010, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 04/2006 a 09/2006 por la suma de pesos diecisiete mil setecientos cincuenta y seis con treinta y dos centavos ($17.756,32.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos catorce mil cuatrocientos ochenta y uno con sesenta y cuatro centavos ($14.481,64.-) y aplica una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto supuestamente omitido por los períodos fiscales 04/2006 y 09/2006, por la suma de pesos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y ocho con noventa y seis centavos ($53.268,96.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito. A fs. 1536/1570, correspondiente al Expte. N° 33.583-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 06/2010 (DV CRR2) de fecha 18/01/2010, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas no Documentadas correspondiente a los períodos fiscales 10/2005 a 02/2006, 04/2006, 05/2006 y 10/2006 por la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil ochenta y siete con setenta y tres centavos ($188.087,03.-), mas sus intereses resarcitorios por la suma de pesos ciento setenta mil ochocientos cincuenta y dos con veinticinco centavos ($170.852,25.-) y aplica una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto supuestamente omitido por el período fiscal 10/2006, por la suma de pesos sesenta y dos mil setecientos noventa y uno con veinte centavos ($62.791,20.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito. Asimismo, se deja expresa reserva de la aplicabilidad de las sanciones que pudieron corresponder por los períodos 10/2005 a 02/2006, 04/2006 y 05/2006, en los términos el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
A fs. 1698/1708vta., correspondiente al Expte. N° 42.609-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 82/2015 (DV CRR2) de fecha 03/03/2015, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias supuestamente omitido por los períodos fiscales 2004 y 2005, por la suma de pesos novecientos catorce mil cuatrocientos trece con setenta y cuatro ($914.413,74.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito.
A fs. 1818/1828vta., correspondiente al Expte. N° 42.612-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 84/2015 (DV CRR2) de fecha 03/03/2015, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se aplicaron dos multas, la primera de ellas equivalente al ochenta por ciento (80%) del Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas por el período 10/2003, en los términos del artículo 45 de la ley rito. La segunda de ellas, equivalente a tres (3) veces el tributo supuestamente omitido por los períodos fiscales 11/2003 a 10/2004, 12/2004 a 04/2005, 06/2005 a 08/2005, 10/2005 a 02/2006, 04/2006 y 05/2006, por la suma de pesos un millón quinientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte con setenta y un centavos ($1.565.620,71.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito.
A fs. 1933/1943vta., correspondiente al Expte. N° 42.610-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 83/2015 (DV CRR2) de fecha 03/03/2015, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el Impuesto al Valor Agregado supuestamente omitido por los períodos fiscales 10/2004 a 09/2005, por la suma de pesos trescientos quince mil quinientos sesenta y nueve con diez centavos ($315.569,10.-) en los términos de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito.
En primer lugar, la actora señala que “es una empresa que presta servicios de publicidad, marketing así como también de promociones por medio de la utilización de líneas telefónicas que a su vez resultan subcontratadas a diversas compañías prestadoras de servicio telefónico”.
Señala que la base principal de los ajustes proyectados en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y Salidas No Documentadas, se dio por la impugnación arbitraria de las operaciones concertadas con las firmas América Publicidad SRL, MC Publicidad SRL, Daniel Pedrajas, Sertech Consulting Group SRL, OD Producciones S.A. y Nayach Roberto.
Indica que la improcedencia en la determinación en concepto de Salidas No Documentadas, se debe a incorrectos fundamentos en los cuales se basó el Organismo Fiscal, como ser la mala conducta fiscal de las firmas en cuestión, la falta de localización en sus domicilios fiscales, la supuesta falta de capacidad operativa de los proveedores para la prestación de los servicios facturados y la negativa de las operaciones por parte de algunos proveedores.
Exterioriza que los servicios contratados a los proveedores cuestionados, se encuentran debidamente documentados. Las facturas cuentan con todos los requisitos exigidos por la normativa, fueron emitidas por contribuyentes inscriptos en la AFIP y al momento de concertarse no se encontraban dentro de la base APOC. Relata que los beneficiarios de las erogaciones son los proveedores observados, resultando improcedente la aplicación de dicha figura. Siendo así, al encontrarse documentadas las operaciones, no procede la eliminación de la deducción de los servicios impugnados como así tampoco los bienes adquiridos, por cuanto fueron esenciales para el desarrollo de la actividad que realiza. Asimismo, la adquisición de bienes y servicios impugnados por el Fisco fueron efectuados para mantener, generar y conservar las ganancias obtenidas en el giro comercial de la empresa.
En otro sentido plantea la nulidad del acto determinativo de los tributos, por incurrir este en una arbitraria, parcial e indebida selección de pruebas.
En esa tónica esgrime que, se ha visto conculcado el derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso. Añade que “cuando la AFIP ejerce las facultades de verificación y fiscalización, las mismas están encaminadas a determinar de oficio la obligación tributaria del contribuyente, o a juzgar en sede administrativa su conducta fiscal a la luz de los ilícitos tributarios tipificados en la ley, debe cuanto menos respetar primordiales principios que rigen la materia, como así también resguardar la garantía constitucional de la defensa en juicio a que todos los administrados tienen derecho” (sic).
Expone que uno de los principios rectores de procedimiento administrativo, es el principio de verdad material. Es decir, llegar a la verdad de los hechos acontecidos en el caso. Sostiene que dicho principio no fue tenido en cuenta por los funcionarios actuantes, sino que por el contrario del simple análisis del expediente en trato surge que el objetivo impuesto era el de impugnar a cualquier precio las operaciones concertadas con ciertas empresas respecto de las cuales efectivamente operó.
En otro orden de ideas, explica que actuó diligentemente al adquirir los bienes de sus proveedores; entiende que la inspección limitó su accionar a constatar la efectiva registración de las operaciones realizadas con determinados proveedores para luego impugnarlas en forma arbitraria, sin verificar mínimamente la efectiva adquisición y prestación de los servicios facturados y del actuar diligente.
Sostiene que la AFIP se basó en presunciones, como la falta de presentación de las declaraciones juradas, el desconocimiento de las transacciones concertadas y la supuesta carencia de capacidad operativa de los proveedores observados. Concluye de esta manera que las operaciones en cuestión adolecerían de falta credibilidad. A su vez, plantea que es engorroso tener que controlar los antecedentes de todos y de cada uno de los proveedores con los que contrata a diario.
En cuanto a la mecánica del negocio, explica que la totalidad de los ingresos provienen de acuerdos comerciales celebrados con las firmas Telmex e Impsat. En virtud de dichos convenios, la firma cuenta con derecho a una participación en el negocio de las compañías. La actividad de estos acuerdos consiste en la asignación de líneas telefónicas por parte de las empresas Telmex e Impsat a los efectos de aumentar el tráfico de llamadas entrantes en las líneas asignadas.
Revela que Telmex e Impsat le abonan por hacer llegar una gran cantidad de tráfico a su red, aunque estas llamadas no tengan ningún costo adicional para quien las realiza, y que para lograr que los números telefónicos asignados por las empresas recurren a la utilización de medios publicitarios.
En lo que respecta a la publicidad contratada dice que existen dos clases de operatoria por las cuales se contrata publicidad: a) formato tradicional: se elige y compran espacios publicitarios concretos según su criterio y b) réplica del modelo de negocio que mantiene con las firmas Telmex e Impsat con alguna empresa y/o persona que quiera hacer publicidad a su propio riesgo. Este formato suele ser utilizado con aquellos medios en donde resulta prácticamente imposible efectuar controles sobre las pautas contratadas. Ejemplo de este tipo de publicidad son en medios gráficos, televisivos y radiales. Los proveedores observados corresponden a este tipo de publicidad que deciden realizar a su total riesgo, siendo Desarrollos y Telecomunicaciones “socio” de los resultados obtenidos ya que, según consta en el detalle de las facturas, ellos reciben una participación del negocio que ayudan a generar a la empresa, y se limita solamente a medir el volumen de minutos generados, desconociéndose donde realizan sus acciones publicitarias ni siquiera si le resultan rentables.
Con referencia a la relación con el Sr. Alberto Amite explica que actuó como nexo entre Desarrollos y Telecomunicaciones SRL y los proveedores impugnados; su función consistió en ofrecer la venta de espacios publicitarios de las empresas mencionadas, obteniendo como contraprestación una comisión por acercar a las partes, actuando como gestor de cobranza de las empresas oferentes de pautas publicitarias.
Asimismo, indica que el Sr. Amite en un acta de manifestación en carácter de declaración jurada reconoce su carácter de intermediario, manifestando cobrar una comisión mensual por la operación y la gestión de cobranza. De esa manera expone que le otorga distintas líneas telefónicas a las agencias de publicidad para que ellas se encarguen en promocionarlas en los medios que tienen a disposición o crean conveniente contratar. Con relación a los proveedores impugnados relata que es totalmente ajena a los manejos que efectúan y que no tiene injerencia alguna en el tratamiento de sus asuntos internos. Las relaciones con ellos estuvieron limitadas a la prestación de los servicios concertados por intermedio del Sr. Amite, actuando siempre siguiendo el principio de la buena fe negocial, confiando en las facturas entregadas por éste, las cuales cuentan con todos los requisitos exigidos por las resoluciones de la AFIP N° 1415 y N° 100.
Manifiesta que desconoce cuál era la situación impositiva de los proveedores impugnados, como así también si cumplían o no con sus obligaciones fiscales. Por estos motivos, entiende que no es razonable ni a acorde a los principios de derecho que se pretenda responsabilizarla por incumplimientos de terceros ajenos. Además agrega que las facturas emitidas cumplen con los requisitos dispuestos por la AFIP contando con un CAI valido, sumado a ello que la inscripción en la base apoc tuvo lugar con posterioridad a la mayoría de las cuestionadas. Entiende que la simple imposibilidad de localizar a los proveedores, como así también su conducta fiscal no puede establecer la inexistencia de las operaciones celebradas.
A su vez, plantea la ilegalidad de la base E-Apoc del proveedor América Publicidad SRL, por razonar que resulta contraria a derecho y cuanto menos arbitraria, puesto que no existe disposición legal alguna que permita que el Ente Fiscal pueda crear y/o incluir dentro de la referida base a determinados contribuyentes y mucho menos que el criterio para su inclusión en el mencionado registro dependa de la voluntad o estado de ánimo del funcionario de turno.
Seguidamente exterioriza que el principio de la realidad económica debe primar sobre toda presunción infundada. En esta tónica, por aplicación de este principio y teniendo en cuenta que el Fisco Nacional no demostró que no se hayan contratado efectivamente los servicios de los proveedores impugnados (sino más bien que lo presumió y de manera incorrecta), concluye que no se adeuda suma alguna por dichos conceptos. Esgrime que su proceder se ajustó a derecho y que el ajuste efectuado por el Organismo Fiscal carece de todo basamento legal. En cuanto a las multas aplicadas, expone que no se le puede reprochar una conducta dolosa, sino todo lo contrario, siempre su accionar se ajustó a derecho respetando las normativas vigentes al momento de las operaciones. Sumado a ello relata que efectuó las retenciones correspondientes en todo momento y controló cuando tenía que controlar respecto de la validez de los comprobantes emitidos por los proveedores arbitrariamente impugnados. Deja en claro que su conducta desprovista del menor vestigio de dolo, con una ausencia absoluta del elemento subjetivo exigido por el tipo penal que torna inaplicable las multas impuestas por AFIP.
En lo que refiere a las sanciones aplicadas en los Expedientes Nro. 42.609-I, 42.610-I y 42.612-I, en subsidio solicita la modificación del encuadre de la conducta imputada por el Ente Recaudador en la figura típica establecida por el tipo omisivo del artículo 45 de la LPT.
Finalmente cita jurisprudencia en respaldo a su criterio, ofrece prueba informativa y documental. Hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional II.- Que, a fs. 679/704, fs. 961/986, fs. 1199/1218, fs. 1411/1430vta., fs. 1593/1605, fs. 1720/1747vta., fs. 1839/1870 y fs. 1957/1980., el Fisco Nacional contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio, impugna la prueba ofrecida del apelante y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, por los Expte. N° 32.907-I, N° 32.908-I y N° 32.909-I oportunamente, la actora informó que se acogió parcialmente a la Ley Nº 26.476 de Regularización Impositiva, única y exclusivamente en lo que respecta a las impugnaciones formuladas en relación con el proveedor MC PUBLICIDAD SRL por el monto de $13.396,54.- por los periodos fiscales 2003 y 2004 respecto del Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas (ver fs. 307/309), la suma de $8.037,92 correspondiente a los períodos fiscales 09/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005 y 05/2005 en relación al Impuesto al Valor Agregado (ver fs. 672/674) y el monto de $13.396,54 por los períodos fiscales 2003 y 2004 respecto del Impuesto a las Ganancias (ver fs. 952/954). En ese sentido a fs. 315/315vta., a fs. 714/715, a fs. 990/990vta. se tuvo a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, en los términos de la ley 26.476, con costas.
Que, a fs. 325 se abre la causa a prueba por el expediente N° 32.907-I ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 326/327, fs. 346/352, fs. 354/364, fs. 423 y fs. 425/426 lucen agregadas las contestaciones de los oficios dirigidos a Mercosur Online, a Veraz Risc, a Impsat, Telmex Argentina S.A. y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
A fs. 428 se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones, por haberse producido la prueba ofrecida en su totalidad.
Cabe destacar que las pruebas ofrecidas en los expedientes acumulados son las mismas que se ofrecieron en las actuaciones principales.
A fs. 2008 se elevan los autos a la Sala B, poniéndolos a disposición de las partes para que produzcan los respectivos alegatos a fs. 2013. A fs. 2017/2021vta obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado.
Finalmente, a fs. 2025 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que, conforme surge de las actuaciones administrativas y de las determinaciones de oficio recurridas, mediante la OI N° 140092 y su continuadora N° 266124, se dispuso la fiscalización de la recurrente por los montos y conceptos discutidos en autos.
Conforme dan cuenta los actos recurridos, el origen del caso se debió a que el Organismo tributario tomó conocimiento de la denuncia formulada por el Sr. Roberto Nayach (uno de los proveedores cuestionados) ante el Juzgado Federal de La Rioja, quien manifestó que a mediados del año 2002 recurrió a la Sra. Graciela Durán solicitando un préstamo. Dicha Sra. forma que parte de la firma OD Producciones Publicitarias S.A. (otra proveedora cuestionada) le habría solicitado formularios de facturas a los fines de que sea él quien facture a sus clientes, en razón de que a ciertos y determinados medios no podía facturarle ella, ya que pasaría a ser considerada como empresa de gran volumen y perdería beneficios de pequeños anunciantes. A comienzo del año 2004, cuando exigió la devolución de la documentación, la Sra. Durán le expuso que las personas con las que había utilizado las facturas y recibos eran muy buenos clientes de su agencia y a los cuales les brindaba efectivos servicios de publicidad, pero que había utilizado facturas para documentar operaciones inexistentes. De la auditoría practicada por la fiscalización se efectuó un relevamiento de las operaciones registradas en el Libro IVA y el respectivo cotejo con las facturas pertinentes a los periodos bajo fiscalización, tomándose una muestra de proveedores cuyos datos fueron contrastados con la información obrante en las bases de datos del Organismo. Mediante dicho procedimiento se detectaron inconsistencias respecto de los siguientes proveedores registrados:
A) América Publicidad SRL: se encuentra incluida en la Base E Apoc como “usina”. La fiscalización concurrió al domicilio fiscal de la firma sito en Larrazabal 2526 dto. 2 de CABA, no logrando localizarla en el mismo –ni en el domicilio comercial-, sin perjuicio de lo cual se le notificó el requerimiento de información y al vencimiento no compareció persona alguna. Asimismo, se labraron actas de visita a los domicilios de los socios, dejándose constancia en las mismas que las personas que los atendieron no los conocían a aquellos.
De la información cotejada por la AFIP surge que no presenta declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y por el IVA, las presentadas arrojan diferencias a ingresar que no superan los $10 con débitos y créditos casi idénticos. No surgen bienes registrables.
Con relación a la cancelación de las facturas de este proveedor, la recurrente aportó un detalle de las mismas, por lo que se procedió a circularizar al Banco Francés solicitando toda la información referida a las transferencias informadas y copia de los cheques. De este modo, se constató que las mencionadas transferencias se efectuaron desde una cuenta del Banco Francés de titularidad de Desarrollos y Telecomunicaciones SRL hacia otra cuenta del mismo banco cuyo titular resulta ser una persona llamada Alberto Amite. De este modo se concluyó que los pagos de las facturas no fueron percibidos por la supuesta proveedora.
B) MC PUBLICIDAD SRL: de las facturas acompañadas y de las registraciones en el libro IVA surge que corresponden a otra empresa denominada Publicidad Dinámica S.A. Al no concordar la CUIT indicada en la factura de este presunto proveedor con la denominación respectiva, se consultó al padrón por razón social de diversas formas no encontrándose información sobre esta firma en el sistema. Se consultó al socio gerente de la contribuyente fiscalizada respecto de este proveedor y respondió que no recordaba a la firma mencionada. La actuante se constituyó en el domicilio consignado en las facturas sito en Bernardo de Yrigoyen 972 7° piso “B” de la CABA, no pudiendo localizar a la firma. El domicilio fiscal de la firma Publicidad Dinámica S.A. cuyo CUIT corresponde al impreso en las facturas emitidas por MC Publicidad SRL, se encuentra marcado en el padrón de la AFIP como “incompleto o esta invalido”. No obstante, se visitó en la calle Herrera 287 (domicilio fiscal de Publicidad Dinámica S.A.) constatando que en el lugar se encuentra un edificio en cuyo frente se observa una identificación que dice “SCIENZA”, se consultó por la firma no localizándola en el domicilio. Del padrón no surgen domicilios alternativos.
C) Daniel Pedrajas: no registra presentación de declaraciones juradas, ni pagos, no posee bienes registrables ni cuentas bancarias. Registra retenciones únicamente por la parte actora.
Se constituyó en el domicilio fiscal en Mansilla 2591 9° B de la CABA, siendo atendidos a través del portero eléctrico por una mujer que manifestó que allí no se domicilia nadie llamado Pedrajas y que no conoce a esta persona, afirmando que ese domicilio corresponde a una vivienda particular. A continuación, la actuante llamó al portero del edificio y le preguntó si conocía al Sr. Pedrajas a lo que respondió que él hace catorce años que trabaja de portero en el lugar y que no conoce a nadie con ese nombre. Se le notificó requerimiento de información y vencido el mismo no concurrió el titular ni persona autorizada.
Asimismo, se concurrió al domicilio comercial que se consigna en las facturas, sito en Carlos Pellegrini 1055 1° “G” de la CABA, siendo atendida a través del portero eléctrico por una mujer quien manifestó que desconocía al Sr. Pedrajas y que allí no había ninguna empresa. A continuación, la actuante llamó al timbre de la portería del edificio siendo atendida por una mujer quien atendió también por el portero eléctrico y negó conocer al Sr. Pedrajas cortando la comunicación abruptamente.
Además, se concurrió al domicilio comercial que se consigna en otras facturas, sito en Fray Santa María Oro 2705, 5° “C” de CABA, no hallando a persona alguna, por lo que se consultó al encargado del edificio sobre el Sr Pedrajas quien manifestó que hace aproximadamente un año no vive más allí, desconociendo su domicilio actual. La inspectora también se constituyó en el domicilio fiscal de la imprenta Sambataro Cesar Marcelo que figura al pie de las facturas sito en la localidad de Lomas del Mirador, siendo atendida por el titular quien manifestó conocer al Sr. Pedrajas, que hace tiempo le realizó los trabajos de impresión cuyas copias de las constancias informativas aportó y que las impresiones las solicitaba el mismo Sr. Pedrajas.
Con relación a la cancelación de las facturas de este proveedor, la contribuyente fiscalizada aportó un detalle de las mismas, por lo que se procedió a circularizar al Banco Francés solicitando toda la información referida a las transferencias informadas y copia de los cheques. De este modo, se constató que las mencionadas transferencias se efectuaron desde una cuenta del Banco Francés de titularidad de Desarrollos y Telecomunicaciones SRL hacia otra cuenta del mismo banco cuyo titular resulta ser una persona llamada Alberto Amite, de este modo se concluyó que los pagos de las facturas no fueron percibidos por Daniel Pedrajas.
D) SERTECH CONSULTING GROUP SRL: se constituyó en el domicilio de la firma, siendo atendida la inspectora por quien manifestó ser el socio gerente, el Sr Ulises López Ruiz, a quien se le preguntó si conoce o si la firma tuvo o tiene relación comercial con Desarrollos y Telecomunicaciones SRL, a lo que respondió que recordaba tal empresa. Se le notifico requerimiento, a cuyo vencimiento exhibió originales y aporto fotocopias de aquellas facturas cuya numeración coincide con la de aquellos comprobantes que registra la fiscalizada, pudiéndose constatar que ninguno de ellos fue emitido a Desarrollos y Telecomunicaciones SRL, agregándose además que los importes son inferiores a los registrados por esta última.
Por otro lado, el Sr. López Ruiz manifestó que Sertech Consulting Group SRL nunca le ha prestado servicios ni efectuado ventas a la empresa Desarrollos y Telecomunicaciones SRL, agregando que jamás ha desarrollado servicios de publicidad y que se dedica a la venta y distribución de hardware. Seguidamente se le exhibieron fotocopias de las facturas que Desarrollos y Telecomunicaciones SRL aportó como respaldatorias de operaciones efectuadas con la circularizada, a lo que el Sr. López Ruiz manifestó que desconocía dichos comprobantes. Asimismo, se le consultó si conoce al Sr. Alberto Amite mencionado en los comprobantes en cuestión a lo que responde que lo desconoce – como así también – desconoce la caja de ahorros del Banco Francés citada en las facturas, agregando que ni él ni su empresa tuvieron ni tienen cuenta en esa entidad bancaria.
La suscripta también se constituyó en el domicilio fiscal de la imprenta notificándole el requerimiento, a cuyo vencimiento se constituyó el titular de la firma quien una vez exhibidas las copias de las facturas y recibos emitidos a Desarrollos y Telecomunicaciones SRL, manifestó que esos comprobantes no habían sido impresos por él.
Con relación a la cancelación de las facturas de este proveedor, la empresa fiscalizada aportó un detalle de las mismas, por lo que se procedió a circularizar al Banco Francés solicitando toda la información referida a las transferencias informadas y copia de los cheques. De este modo, se constató que las mencionadas transferencias se efectuaron desde una cuenta del Banco francés de titularidad de Desarrollos y Telecomunicaciones SRL hacia otra cuenta del mismo banco cuyo titular resulta ser una persona llamada Alberto Amite, de este modo se concluyó que los pagos de las facturas no fueron percibidos por SERTECH CONSULTING GROUP SRL.
E) O.D. PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A: la inspectora actuante se constituyó en el domicilio fiscal de la firma a efectos de notificar requerimiento –que no fue contestado-, no hallando persona alguna en el mismo. Luego se procedió a llamar al timbre de la portería del edificio siendo atendida por quien manifestó ser el encargado y al preguntársele sobre esta empresa respondió que funcionada en el departamento 21, pero que hacía aproximadamente tres meses cerraron la empresa y se fueron. También se le preguntó si conoce o sabe dónde se puede ubicar a los integrantes de la firma a lo que respondió que no.
Respecto del domicilio registrado en los comprobantes, el mismo coincide con el del Sr. Daniel Pedrajas, no pudiendo localizarlo en dicho domicilio.
Posteriormente la actuante reitero la visita al domicilio de los integrantes de la sociedad, ya que registran el mismo que el de la firma, y no se halló a ninguno de ellos, por lo que se notificó requerimiento, no obteniendo respuesta alguna.
Con relación a la cancelación de las facturas de este proveedor, aporto un detalle de las mismas, por lo que se procedió a circularizar al Banco francés solicitando toda la información referida a las transferencias informadas y copia de los cheques. De este modo, se constató que las mencionadas transferencias se efectuaron desde una cuenta del Banco francés de titularidad de Desarrollos y Telecomunicaciones SRL hacia otra cuenta del mismo banco cuyo titular resulta ser una persona llamada Alberto Amite, de este modo se concluyó que los pagos de las facturas no fueron percibidos por O.D. PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.
F) NAYACH ROBERTO: la inspectora actuante se constituyó en el domicilio fiscal para notificar requerimiento –no contestado al vencimiento- y el comercial del denunciante, no pudiendo localizar al mismo. En ambos casos los porteros de los edificios manifestaron que el Sr. Nayach no vive hace varios meses en ellos. Con relación a la cancelación de las facturas de este proveedor, aporto un detalle de las mismas, por lo que se procedió a circularizar al Banco francés solicitando toda la información referida a las transferencias informadas y copia de los cheques. De este modo, se constató que las mencionadas transferencias se efectuaron desde una cuenta del Banco francés de titularidad de Desarrollos y Telecomunicaciones SRL hacia otra cuenta del mismo banco cuyo titular resulta ser una persona llamada Alberto Amite, de este modo se concluyó que los pagos de las facturas no fueron percibidos por NAYACH ROBERTO.
Asimismo, de todas las firmas mencionadas precedentemente se solicitó el informe veraz a efectos de obtener datos para su localización no agregándose elementos de relevancia.
Dado que de la respuesta obtenida del Banco francés respecto de los pagos con los que la fiscalizada dice haber cancelado las facturas de los proveedores enumerados, surge que el beneficiario de cada uno de ellos es el Sr. Alberto Amite, se extrajo información sobre el mismo de la base de datos del Organismo, a los efectos de su localización y requerirle que informe las operaciones que dieron origen a los fondos que habría percibido y por otro lado que indique el vínculo que lo pudiera relacionar con las firmas.
De las bases de datos de la AFIP, surge que el Sr. Amite no posee CUIT sino solo CUIL, en el domicilio fiscal declarado, no se lo pudo localizar, agregando que el encargado del edificio informó que no conocía a nadie llamado así y que no había ninguna empresa de publicidad en dicho inmueble.
Por lo expuesto y de las tareas desarrolladas no pudo constatarse fehaciente la existencia real de las operaciones supuestamente realizadas con estos proveedores, como así tampoco el real beneficiario del pago de las mismas, por lo que la AFIP procedió a realizar los ajustes correspondientes en el IVA –impugnación de créditos fiscales-, en el Impuesto a las Ganancias –impugnación de gastos- y determinar el gravamen a las Salidas No Documentadas, como así también a aplicar las sanciones respectivas, conforme dan cuentan los actos aquí apelados.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, conforme lo expuesto, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, adelantando que este argumento carece de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada.
Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
En esa tónica debe destacarse que, en relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Se observa que la resolución cumple con dichos requisitos al lucir motivada y fundada en sus argumentos. Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos. En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VII. Que respecto del fondo de la cuestión debatida en relación al IVA, cabe concluir que la impugnación de los proveedores respecto de los cuales continúa el litigio (América Publicidad SRL, Daniel Pedrajas, Sertech Consulting Group SRL, OD Producciones Publicitarias y Nayach Roberto) ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones por parte de los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional. Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que escapan de su conocimiento u obrar que los proveedores cuestionados no hayan sido localizados y que no tiene interferencia sobre el funcionamiento de los mismos.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/ CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de que ha obrado con diligencia y de buena fe operando con proveedores inscriptos, confiando en las facturas recibidas debido a que las mismas cumplían con los requisitos exigidos por la AFIP y que escapa de su conocimiento cuales son las manejos internos de las firmas impugnadas, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos la prueba informativa producida no logra acreditar que los proveedores cuestionados mencionados anteriormente, hayan efectivamente prestado los servicios de publicidad que dan cuenta a las facturas cuestionadas por el Fisco Nacional. En el caso de autos, de las respuestas del oficio dirigido a Mercosur On Line S.A. no surge información alguna, ya que dicha empresa informó que no se encuentra obligada a brindar información de terceros por ser la misma de carácter privada, en cuanto a la contestación de la firma Veraz Risc y la copia de los contratos celebrados con Telmex y Impsat la información contenida en dichos documentos no agrega mayor información que permitan obtener elementos ni extraer conclusiones en cuanto a la legitimidad de las facturas impugnadas. En este sentido, la prueba producida no apunta a probar la efectiva prestación de los servicios cuestionados por parte de los proveedores impugnados.
Asimismo, y con respecto al rol del Sr Amite como intermediario de las constancias obrantes en autos y de los antecedentes administrativos, la parte actora no aportó prueba ni algún elemento de sustento que permita tener por acreditados sus dichos en cuanto a que las operaciones en las que supuestamente actuó como intermediario, más aun no brindó mayor información que pueda demostrar la efectiva prestación de los servicios con los proveedores cuestionados. Solo se limitó a manifestar que era el intermediario entre ella y sus proveedores y que, siempre se comportó de buena fe y con las diligencias adecuadas.
A mayor abundamiento, el hecho de que las facturas en cuestión tengan la validez de los códigos de autorización (CAI), es un elemento que solo constituye el cumplimiento de un requisito formal, pero de ningún modo, permite establecer quien solicito la impresión ni comprueba la autenticidad de las operaciones facturadas. A su vez, es dable destacar que ninguno de los proveedores pudo ser localizado en los domicilios declarados en la AFIP. Por otro parte con relación a la ilegalidad de la base apoc, corresponde mencionar que es herramienta más que permite al Fisco Nacional para conocer a cada contribuyente, sin embargo, no es el único mecanismo con el que cuenta para realizar las tareas de fiscalización, máxime considerando que los inspectores actuantes en la fiscalización que originó estas actuaciones hicieron relevamientos y tareas adicionales conforme se expuso previamente.
Que, en función de las inconsistencias detectadas respecto de los proveedores cuestionados, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte de las nombradas de las operaciones, corresponde confirmar las Resoluciones N° 200/2008 (DV CRR2) y N° 05/2010 (DV CRR2) que determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, cabe mencionar que, el art. 17 de la LIG prevé que "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37.
Que cabe poner de relieve que en la determinación del impuesto a las ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución que así lo hace por el Impuesto al Valor Agregado. No obstante, dichos razonamientos no alcanzan a desvirtuar en sustancia las operaciones discutidas, en tanto no se trata aquí de la prestación de servicios de los proveedores, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que atento lo expuesto y tal como surge del análisis realizado respecto de la prueba señalada, no se contaría con elementos suficientes a efectos de considerar la existencia real de las operaciones comerciales involucradas en los ajustes de marras, más allá de quienes hubieran sido los reales prestadores de los mismos. En ese sentido, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los servicios de publicidad facturados en los documentos impugnados, han sido efectivamente recibidos por Desarrollos y Telecomunicaciones SRL ni tampoco ha podido demostrar que los proveedores cuestionados tenían la capacidad económica para operar en el mercado. Por lo tanto, corresponde confirmar las Resoluciones Nro. 201/2008 (DV CRR2) y Nro. 04/2010 (DV CRR2), con costas.
IX. Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que, en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que las erogaciones efectuadas se encuentran debidamente documentados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citada, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la misma Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones y tampoco ha quedado demostrado conforme lo tratado en el Considerando anterior que las supuestas operaciones que dan cuenta las facturas cuestionadas puedan considerarse gastos necesarios para obtener ganancias gravadas.
Que, en función de ello, cabe confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias– Salidas no Documentadas- determinados en las Resoluciones Nro. 202/2008 (DV CRR2) y Nro. 06/2010 (DV CRR2), con costas.
X. Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Seguidamente se tratan las multas aplicadas originadas en los ajustes que fueron confirmados en los Considerandos anteriores, a saber:
• Multa art. 45 de la ley de rito graduada en un 80% por los periodos fiscales 01 a 09/2003 respecto del gravamen a las Salidas Documentadas, incluida en la Resolución N° 202/2008.
• Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del IVA, periodos fiscales 12/2002 a 09/2004 y 10/2005 a 03/2006, incluida en la Resolución N° 200/2008. • Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2003, incluida en la Resolución N° 201/2008.
• Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2006, incluida en la Resolución N° 004/2010.
• Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del IVA, periodos fiscales 04/2006 y 09/2006, incluida en la Resolución N° 005/2010.
• Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del gravamen a las Salidas No Documentadas, periodo fiscal 10/2006, incluida en la Resolución N° 006/2010. • Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del Impuesto a las Ganancias, periodos fiscales 2004 y 2005, incluida en la Resolución N° 82/2015.
• Multa art. 45 de la ley de rito, graduada en un 80% para el periodo 10/2003 y multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la mencionada ley, graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del gravamen a las Salidas No Documentadas, periodos fiscales 11/2003 a 10/2004, 12/2004 a 04/2005, 06/2005 a 08/2005, 10/2005 a 02/2006, 4/2006 y 05/2006, incluida en la Resolución N° 84/2015.
• Multa arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley de rito, graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del IVA, periodos fiscales 10/2004 a 09/2005, incluida en la Resolución N° 83/2015.
Cabe señalar previamente que, en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
En cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serían pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello y con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el tal sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46. En otro orden, en cuanto a la pretensión de la parte actora de reencuadrar la conducta en el art. 45 de la Ley 11.683, resulta improcedente toda vez que se encuentran acreditados los extremos de la materialidad de la infracción y su calificación dolosa a la luz de la normativa vigente.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones se han concordado elementos suficientes para tener por configuradas las sanciones impuestas en el marco de los artículos 46 y 47 incisos b) y c) de la ley de procedimiento fiscal y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos en los actos que se recurren. No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exento de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Ahora bien, en cuanto a las sanciones aplicadas en el marco del art. 45 de la ley de rito en los periodos fiscales 01 a 10/2003 en relación al impuesto a las Salidas No Documentadas, no se observa cuál es la razón, motivo o circunstancia que lleva al Fisco Nacional a diferenciar la evaluación de la conducta de la recurrente respecto de periodos posteriores en el mismo gravamen, cuando aplica sanción en los términos del art. 46 e incluso respecto de los demás gravámenes ajustados, cuando en todo los casos los ajustes de fondo obedecen a los mismos hechos constatados, es decir la utilización de facturación apócrifa para abultar el cómputo de gastos y créditos fiscales, conforme lo expuesto previamente, lo que lleva a este Tribunal a entender que hubiera correspondido aplicar sanción en los términos del art. 46 para todos los periodos e impuestos ajustados en estos actuados, corrección que en el caso no puede ser realizada por este Tribunal atento la naturaleza del recurso de apelación por el cual es llamado a intervenir, que implicaría, además, una verdadera reforma “in pejus”. Por lo expuesto, cabe confirmar la aplicación de la sanción en los términos del art. 45.
Sin embargo, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas que se confirman en el párrafo anterior, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en un 80% del impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 45 de la ley procedimental.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Que comparto los relatos, los fundamentos y las conclusiones arribadas por el Dr. Porporatto en su voto, con la sola excepción de dos aspectos que -entre varios otros- fueron materia de tratamiento en el considerando XI, para los cuales propongo una solución diversa.
II. En efecto, en lo que respecta a las multas aplicadas a la apelante bajo la imputación de omisión de impuesto tipificada en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. y sus modificaciones), consistentes -en ambos casos- en un ochenta por ciento (80 %) del Impuesto sobre las salidas no documentadas determinado para los periodos fiscales 01 a 09/2003 (Resolución 202/08) y para el periodo fiscal 10/2003 (Resolución 84/2015), considero que las mismas no se encuentran ajustadas a derecho.
Que así lo pienso, habiendo expresado las razones para ello en los votos emitidos al resolver las causas “Quercia, José Luis” y “Master Rental S.A., sentencias ambas del registro de esta Sala “B” fechadas el 9 de abril de 2012 y 03 de marzo de 2012, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad a los fines de postular idéntica solución para el sub lite. Debo puntualizar que, no obstante que en tales ocasiones la imputación se basaba en la figura tipificada en el art. 46 de la ley de procedimiento -con un texto diferente al actual-, la conclusión no podría verse alterada por esta circunstancia,tal como habrá de comprobarse.
III. La imputación efectuada en autos -en lo que aquí concierne y tal como ya se ha adelantado- es la que se encuentra tipificada y descripta en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones). Según la citada norma, “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales.
Será sancionado con la misma multa quien mediante la falta de presentación de declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, o por ser inexactas las presentadas, omitiera la declaración y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos”.
Cabe poner de especial relieve que, tal como se exhibe en los antecedentes de los actos sancionatorios apelados, la imputación efectuada por el Fisco Nacional contra la actora de autos se basó en el hecho de que, por un lado, “ ...la misma ha omitido el pago de impuesto en concepto de Salidas no Documentadas por el periodo 10/2003, no resultando acreditados los elementos necesarios para entender encuadrada la misma en las previsiones establecidas por el articulo 46 de la Ley Procedimental” (Resolución N° 84/2015; ver fs. 1806).
Por su parte y respecto de la Resolución 202/2008 (ver fs. 86) se consigna que “... corresponde atribuir a la encartada responsabilidad por haber declarado una materia imponible inexacta, por lo que ha dejado de ingresar el impuesto a las ganancias en concepto de salidas no documentadas, en su justa medida, de lo que se desprende que corresponde encuadrar la conducta de la rubrada bajo los lineamientos del articulo 45 de la Ley 11.683”.
IV. Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento de lo expresado al votar en las causas aludidas en el considerando II precedente, creo conveniente puntualizar aquí que la solución que propuse oportunamente para dilucidar la cuestión que también nos ocupa en el sub lite no depende, a mi modo de ver, de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de la RG. (AFIP) 893, tal como parecería surgir de las consideraciones efectuadas en el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal a las cuales remitió la Corte Suprema de Justicia al emitir sentencia en el precedente “D'Ingianti, Rosario Vicente” del 12/10/2010.
Que ello así pues, tal como señalara en “Quercia”, la imposibilidad de aplicar multas por las infracciones materiales previstas en el ordenamiento procedimental respecto del Impuesto sobre las Salidas no documentadas deriva del carácter del instrumento con el que el mismo debe ser cancelado -volante de pago-, el que carece de los atributos propios de una declaración jurada determinativa del tributo, en cuanto ésta se relaciona íntimamente con el sistema infraccional de la ley procedimental.
Que no empece a dicha conclusión, según entiendo, la circunstancia de que el art. 15 de la Ley 11.683 atribuya a las boletas de depósito y comunicaciones de pago -como los que se utilizan para ingresar el tributo que motiva estos actuados- el “carácter” de declaración jurada. En efecto, la norma señala que serán pasibles de las sanciones previstas en los arts. 39, 45 y 46 “...las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben...”, por lo que parece obvio que: (i) sólo las deficiencias contenidas en tales instrumentos podrían generar la imputación infraccional y, (ii) la falta de presentación de volantes de pago ante el organismo no podría identificarse o asimilarse con errores, falsedades u omisiones volcadas o consignadas en ellos -según los términos expresos de la norma examinada-, pues es evidente que se trata de dos situaciones bien distintas. Queda claro para mi que la norma infraccional examinada tolera la imputación sólo ante la falta de presentación - o bien, su presentación con datos inexactos- de la declaración jurada determinativa de tributos. También podrá, eventualmente, sancionarse la falta de presentación o inexactitud de otros instrumentos cuando no se trate de la obligación de determinar la obligación sino sólo de liquidarla o ingresarla, pero esta es una situación particularmente identificada y diferente de la que subyace en estos autos.
En efecto, cuando la norma legal se ha querido referir o abarcar con sus alcances a otros instrumentos distintos de la declaración determinativa, lo ha hecho constar de manera expresa. En tal sentido, el segundo párrafo de la norma infraccional bajo análisis es sumamente claro: "Será sancionado con la misma multa quien mediante la falta de presentación de declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, o por ser inexactas las presentadas, omitiera la declaración y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos”. Ciertamente, en estas actuaciones no se trata de ninguno de estos dos últimos supuestos. Que puede advertirse entonces, con meridiana claridad, que la imputación de autos -la de que se habría verificado el tipo del art. 45 de la ley procedimental- no podría tener andamiento ni aún mediando la “caracterización” de la comunicación de pago que lleva a cabo el aludido art. 15 de la citada norma, en tanto y en cuanto no se le reprocha a la contribuyente el hecho de haber presentado documentos (comunicaciones de pago o boletas de depósito) que contengan inexactitudes o errores.
Que por su parte y en cuanto a las “omisiones” a que se refiere el citado art. 15, adviértase que según su texto las mismas deben, al igual que los errores o las falsedades, ser comprobadas “en dichos instrumentos”, vale decir, que éstos deben contener a aquellos. Ergo, la norma bajo análisis no se refiere -y por ende no podría penalizar- a la omisión de presentar el comprobante de pago o boleta de depósito, omisión a la que, como medio comisivo, sí hacen referencia (cuando se trata de verdaderas declaraciones juradas) tanto el art. 45 como el art. 46 de la ley procedimental (en este último caso, recién a partir de la reforma que se le introdujera por el art. 1°, punto XVI de la Ley 25.795 (B.O. 17/11/2003).
Que siendo así, no podría pretenderse la subsunción en el tipo infraccional del art. 45 de la conducta aquí reprochada -la omisión de ingreso del Impuesto sobre las salidas no documentadas mediante omisión de presentar declaraciones juradas- cuando ello no encuentra expresa previsión normativa, pues lo contrario implicaría una manifiesta y grave violación de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.
La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger” (Fallos 318:207), como así también que “La cláusula del art. 29 de la Constitución Nacional según la cual ¨los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado¨, impide aumentar los supuestos susceptibles de sanción penal, más allá de los comprendidos en el precepto aplicable, entendido con el alcance que los términos en que está redactado llanamente autorizan” (Fallos 215:23).
V. Que en virtud de lo expuesto voto por revocar las multas aplicadas en las Resoluciones N° 202/2008 y N° 84/2015 respecto del Impuesto sobre las salidas no documentadas, con costas.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan las respectivas multas con la reducción que se determina en el Considerando XI, con costas, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.03.19 23:45:32 ART Date: 2024.03.20 10:44:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.20 11:58:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.20 11:58:58 -03:00
Fin de la sentencia