Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-63712123-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 2.442.521 (Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y dos quinientos veintiuno) equivalente a 30,28 ( treinta con 28/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 977.008 (Pesos novecientos setenta y siete mil ocho) equivalente a 12,11 ( doce con 11/100)– Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 36/25 (27/11/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-138370896-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 15 de Diciembre de 2025 INMOBILIARIOS URBANOS REGINA CENTRO S.R.L. s/recurso de apelación En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-63712123- -APN- SGAI#TFN caratulado “DESARROLLO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS URBANOS REGINA CENTRO S.R.L. s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que en el RE-2025-63710218-APN-SGAI#TFN DESARROLLO de NEGOCIOS INMOBILIARIOS URBANOS REGINA CENTRO S.R.L interpone recurso de apelación contra las resoluciones Nº 87/2025 y 88/2025, ambas de fecha 22/05/2025 dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la Dirección General Impositiva. En la primera de ellas se determinó de oficio, más los intereses resarcitorios, la materia imponible, la obligación impositiva y la diferencia de saldo a ingresar frente al Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2020 y 2021; mientras que en la resolución 88/2025 se impugnó parcialmente el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales julio, octubre y noviembre 2020, abril, mayo y septiembre 2021 y se determinó un mayor importe en los meses octubre a diciembre 2019, enero, marzo a junio, agosto, septiembre y diciembre 2020, enero a marzo y junio a agosto 2021. A su vez se determinó el débito fiscal y la materia imponible de los períodos enero a septiembre 2021 y se establecieron los saldos técnicos a favor de la contribuyente de los meses octubre 2019 a diciembre 2020 y la diferencia a ingresar de los períodos enero a septiembre 2021, junto con los intereses resarcitorios. En las dos resoluciones quedó diferido el juzgamiento de la conducta conforme lo dispuesto por el art. 20 del Régimen Penal Tributario.
Destaca que las diferencias encontradas por el Fisco Nacional entre las acreditaciones bancarias informadas por BBVA Banco Francés, Banco Macro y Banco Nación de la Argentina y las ventas declaradas pertenecen a las recaudaciones de las empresas operativas que explotan locales de la marca “Sacoa”, las sociedades Constructora Moraes Dantas Internacional S.A, Legs Corp S.A y South Company S.A, firmas que forman parte del grupo pero no disponen de cuentas bancarias.
En virtud de ello menciona que el ajuste operó sobre una doble presunción: presumir que a pesar de la titularidad compartida de la cuenta todos los depósitos le pertenecían, y que los mismos responden a ventas omitidas. En este sentido, considera que no existen elementos de convicción suficientes para respaldar los cargos efectuados por el Fisco Nacional, tanto en lo que hace a la existencia de los hechos como a la adecuación de los mismos a las normas jurídicas de imposición a la renta. A los fines de justificar sus dichos, acompaña en el RE-2025- 63711221-APN-SGAI#TFN los contratos de fideicomiso de administración entre Constructora Moraes Dantas Internacional S.A., Legs Corp S.A y South Company S.A. y Desarrollos Negocios Inmobiliarios Urbanos Regina Centro S.R.L, con sus firmas certificadas. A su vez anexa el detalle de las acreditaciones bancarias por cada contrato.
Por otra parte, se agravia de la liquidación de intereses resarcitorios, entendiendo que no existió mora imputable a su proceder y que las tasas aplicables son confiscatorias.
Por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, pide que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas. Ofrece prueba documental (contratos de fideicomiso y el detalle de las acreditaciones), pericial contable (depuración de los depósitos y acreditaciones bancarias pertenecientes a las terceras empresas) e informativa (libramiento de los oficios dirigidos a las firmas Constructora Moraes Dantas Internacional S.A, Legs Corp S.A y South Company S.A). Hace reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2025-96376181-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Señala que la actora reproduce en esta instancia los mismos agravios que desarrolló en oportunidad de efectuar su descargo administrativo, sin aportar nuevos elementos que pudieren enervar el criterio sostenido por el juez administrativo a lo largo de los actos apelados.
Resalta que la responsable prescindió de aportar elementos contundentes, fuera de sus propias manifestaciones, que fundamente de algún modo que los depósitos tuviesen un origen distinto a los ingresos obtenidos por su actividad gravada.
Expone que el método indiciario sobre la base de presunciones resultó legítimo para determinar la materia imponible cuestionada, habida cuenta que, si bien resulta ser un método de excepción, el mismo está reservado para los supuestos en los que la fiscalización carece de los elementos necesarios para establecer la existencia y cuantificación de la obligación tributaria.
En este orden de ideas destaca que la recurrente no aportó prueba fehaciente que justifique su relación de fiduciante en los fideicomisos de administración, ya que acompañó fotocopias simples de contratos, sin fecha cierta y planillas de liquidaciones que además, se refieren sólo al período 10/2020 a 09/2021. Tampoco presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, estados y libros contables, que fueron solicitados en los requerimientos efectuados.
En virtud de lo expuesto, pide que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que en la PV-2025-109210966-APN-VOCXII#TFN se rechazó la prueba ofrecida por la recurrente en virtud de que la misma no traería convencimiento alguno respecto de la cuestión de fondo. En el IF-2025-111376726- APN-DTD#JGM la actora peticiona su reposición, la que fue rechazada en la PV-2025-116610651-APN- VOCXII#TFN.
IV. Que en la PV-2025-123620020-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D” y en el IF-2025-136048111-APN-VOCXII#TFN quedan disponibles para el dictado de la sentencia.
V. Que ello así, corresponde describir las tareas realizadas durante la fiscalización a los efectos de determinar los ajustes apelados en las resoluciones recurridas.
Que Desarrollos Negocios Inmobiliarios Urbanos Regina Centro S.R.L se dedica a prestar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia o con bienes arrendados, cerrando sus ejercicios el 30/09 de cada año. Que con fecha 03/03/2022 se inició la fiscalización a través de la O.I Nº 2.007.317 respecto del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 10/2019 a 09/2021 y el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2020, la que luego fue ampliada el 15/05/2023 a la O.I Nº 2.143.949 respecto del Impuesto a las Ganancias por el año 2021. Que al inicio de la fiscalización la recurrente solo había presentado las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado de los meses 10/2019 a 01/2021 conforme surge a fs. 3/37 del IF-2025-96619957-APN- DTD#JGM Cuerpo IVA Nº 1 de los antecedentes administrativos, encontrándose sin presentar los períodos 02/2021 a 09/2021 y el Impuesto a las Ganancias por el año 2020. Posteriormente y luego de iniciada la inspección la actora presentó las declaraciones juradas de IVA faltantes y rectificó la de los meses 12/2019, 02/2020 y 09/2020 incrementando sus ventas y declarando mayores ingresos. (fs. 217 IF-2025-96619957-APN- DTD#JGM Cuerpo IVA Nº 1).
Que las presentes actuaciones se originan debido a que la recurrente posee acreditaciones bancarias superiores a las ventas e ingresos declarados. Para llegar a dicha conclusión el Fisco Nacional circularizó al Banco Nación Argentina, Banco Santander , Banco BBVA Francés y Banco Macro S.A, quienes respondieron aportando los extractos bancarios y la información requerida, las cuales obran en los IF-2025-96625049-APN-DTD#JGM, IF- 2025-96625410-APN-DTD#JGM, IF-2025-96625988-APN-DTD#JGM e IF-2025-96626456-APN-DTD#JGM.
Que teniendo en cuenta que la contribuyente no contestó los requerimientos notificados, el ente fiscal procedió a depurar los depósitos bancarios que se conforman de depósitos en efectivo y depósitos de autoservicios de transferencias entre cuentas propias y con fecha 20/03/2024 mediante las resoluciones Nº 81/2020 y Nº 82/2024 notificó las vistas conferidas (IF-2025-96627008-APN-DTD#JGM), las que fueron contestadas, luego de la prórroga solicitada, el 09/05/2024.
Que en su defensa la recurrente sostiene que las acreditaciones bancarias pertenecen a ingresos de empresas del mismo grupo que no disponen de cuentas bancarias. A los fines de justificar sus dichos aportó un detalle de los citados depósitos sin documentación de respaldo y acompañó los contratos del fideicomiso de administración suscriptos entre ella y Constructora Moraes Dantas Internacional S.A, Legs Corp S.A y South Company S.A. Que debido a que los citados contratos no poseen fecha cierta y el detalle aportado por la apelante no se encuentra respaldado con documentación idónea, el Fisco Nacional ajustó las diferencias que existían entre las acreditaciones bancarias y los ingresos declarados conforme el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
Que a su vez la inspección corroboró las compras exteriorizadas por la contribuyente en sus declaraciones juradas. Para ello verificó si sus proveedores habían informado las ventas correspondientes, efectuó el control con las facturas emitidas y revisó que las operaciones estuvieran vinculadas con la actividad declarada. De dicho análisis observó que había comprobantes que se encontraban informados por los proveedores pero que no fueron exteriorizadas por la recurrente, las que se encuentran detalladas a fs. 436/437 del Cuerpo de Ganancias Nº3 de los antecedentes administrativos (IF-2025-96619957-APN-DTD#JGM).En consecuencia procedió a ajustar el monto de compras y crédito fiscal informado por la actora, obteniendo para el ejercicio 2020 (10/2019 a 09/2020) un mayor importe de crédito fiscal. Debido a que la recurrente no presentó las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado por el año 2021 (10/2020 a 09/2021) las fiscalización determinó las compras y gastos con la información que surgía en sus bases de datos.
Que por lo tanto los ajustes a analizar en el caso de autos refieren a los periodos 10/2019 a 09/2020 debido a un mayor crédito fiscal y para el ejercicio 2021 (10/2020 a 09/2021) por un incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), lo que impacta en el Impuesto al Valor Agregado (estableciendo mayores débitos fiscales) y en el Impuesto a las Ganancias.
VI. Que ello así, corresponde evaluar si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que de las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el Impuesto al Valor Agregado, las cuales lucen a fs. 443/450 del Cuerpo Nº 3 Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos (IF-2025-96619957- APN-DTD#JGM) surge que las ventas totales declaradas para el ejercicio 2021 (10/2010 a 09/2021) fueron $2.904.000 y resultan inferiores a las acreditaciones bancarias que ascienden a $88.186.357,52. Que en su defensa la actora sostiene que dichos ingresos correspondían a empresas del grupo económico que no disponían de cuentas bancarias, acompañando los contratos de fideicomiso de administración para justificar sus dichos.
Sin embargo, dado que los mismos carecían de fecha cierta y documentación fehaciente, el ente fiscal procedió a ajustar la diferencia conforme el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones). Que en el caso de autos la cuestión central radica en evaluar si el ajuste realizado en los términos del mencionado artículo es apto para justificar la determinación de la materia imponible que determinó el Fisco Nacional Que la citada norma establece que la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida.
Que la misma fue establecida como un elemento esencial de cierre que busca evitar que ciertos ingresos ocultados al organismo fiscal escapen de la tributación, gravándolos cuando éstos se manifiestan. Se basa en la presunción de ganancias no exteriorizadas a partir de ciertos gastos o elementos patrimoniales. Se conciben como medio de prueba encaminado a acreditar la existencia de rentas ocultas, debiéndose demostrar la cuantía y la ubicación de las mismas en un período impositivo que puede ser aquel en el cual se sitúe el descubrimiento de los elementos patrimoniales de cuya existencia se infiere la de las utilidades invertidas en su adquisición, o cualquier otro anterior en el tiempo -siempre dentro del plazo de prescripción-. Por lo tanto, si se descubren o se declaran elementos patrimoniales o adquisiciones que no se corresponden con lo previamente declarado, se presume que tales elementos constituyen ganancia gravada. (Reidy, Georgina s/recurso de apelación - Trib. Fiscal Nac. - Sala A - 15/08/2017).
Que en este orden de ideas, recae sobre la actora el deber de justificar mediante la producción de prueba idónea la tenencia declarada. En tal sentido, cabe recordar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que “...la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva” (Fallos 315:2555). Que en el RE-2025-63711221-APN-SGAI#TFN se agregan los contratos del fideicomiso de administración aportados por la apelante y en su artículo 5 inciso 3 las partes acuerdan que los fiduciantes Constructora Moroes Danta Internacional S.A, Legs Corp S.A y South Company S.A, todas ellas dedicadas a la explotación de juegos de entretenimientos y feria infantil en los locales comerciales ubicados en la ciudad de Bahía Blanca, San Salvador de Jujuy y Monte Hermoso, realizarán todas las operatorias de cobros de ingresos y pagos de sueldos, cargas sociales, proveedores, honorarios, impuestos, entre otros gastos que sean necesarios para el desarrollo de su actividad en la cuentas bancarias del fiduciario.
Que del análisis de las respuestas de las circularizaciones bancarias que obran en los IF-2025-96625049-APN- DTD#JGM, IF-2025-96625410-APN-DTD#JGM, IF-2025-96627365-APN-DTD#JGM, IF-2025-96619957-
APN-DTD#JGM (auxiliares Nº 1 y 2 de los antecedentes administrativos) se desprende que las acreditaciones bancarias son superiores a las ventas declaradas.
Que es importante resaltar que las facturas de venta emitidas por las fiduciantes figuraban cobradas en efectivo y que gran parte de las acreditaciones bancarias correspondían a depósitos en efectivo y depósitos en autoservicios entre cuentas propias, no existiendo en los extractos bancarios alguna información que permita conocer el origen de las acreditaciones con la actividad desarrollada.
Que a pesar de que la recurrente aportó el detalle de las ventas de los fiduciantes que a su entender coincide con el saldo de los ingresos en sus cuentas bancarias, las mismas no se encuentran respaldadas con información fehaciente, puesto que no ofreció sus estados o libros contables, actas de directorio o de asamblea en donde se haya acordado o exteriorizado dicha situación. Tampoco acompañó comprobantes de depósito o transferencias, facturas de honorarios por administración, o alguna otra información que permita refutar el criterio fiscal. Que en este orden de ideas, cabe resaltar que si bien la figura de un contrato de administración es válida, la misma tiene estar respaldada tributaría y económicamente por las partes involucradas, en particular ante la confusión contable-societaria entre las recaudaciones de los entes involucrados. Su naturaleza obliga a demostraciones más contundentes y verificaciones exhaustivas a fines de corroborar la realidad económica. Se exige una transparencia y una trazabilidad estricta, que no se observa entre la recurrente y los fiduciantes Que el artículo 8 de los citados contratos establecen que el fiduciario deberá rendir mensualmente cuentas documentadas de su gestión y administración a los fiduciantes y beneficiarios, indicando todos y cada uno de los movimientos operativos, económicos y financieros. A su vez deberá presentar un balance anual respecto del estado patrimonial y financiero del patrimonio fideicomitido, discriminando los ingresos, rendimientos, costos, gastos, honorarios y pagos efectuados.
Que aunque la rendición de cuentas se encuentra estipulada en los contratos mencionados, la misma no fue acreditada en las presentes actuaciones, ya que no existe una trazabilidad que permita corroborar su cumplimiento.
Que en este sentido, cabe resaltar que la recurrente no respondió los requerimientos en instancia administrativa aportando los estados contables solicitados, a los fines de verificar si la realidad económica que plantea se encuentra reflejada en su contabilidad. Tampoco obran en autos las facturas de honorarios que se establecen en el artículo 6 de los fideicomisos de administración y el pago de $100.000 que las fiduciantes abonarían por dicho servicio.
Que a su vez gran parte de los contratos aportados no se encuentran certificados por escribano y tampoco poseen fecha cierta, ya que si bien señalan cuánto durará el contrato no indican cuándo se acordaron dichas cláusulas y cuándo se firmó.
Que durante la inspección la actora ofreció la misma prueba que en esta instancia y se le hizo lugar en su oportunidad, pero de los antecedentes administrativos no surge constancia alguna que verifique el libramiento a los oficios a las firmas Constructora Moraes Dantas Internacional S.A, Legs Corp S.A. y South Company S.A. Ello justifica el rechazo en la PV-2025-109210966-APN-VOCXII#TFN ya que su aceptación implicaría coadyudar a que el Fisco Nacional haya interrumpido abruptamente la fiscalización contando solo con informes parciales.
Que asimismo cabe señalar que de las respuestas a las circularizaciones bancarias (IF-2025-96625988-APN- DTD#JGM) se desprende que la titularidad de las citadas cuentas son exclusivas de Desarrollos Negocios Inmobiliarios Regina Centro S.R.L y que las mismas no son compartidas con otras firmas, tal como manifiesta la apelante en su escrito recursivo.
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que la recurrente no aportó prueba que fundamente de algún modo que los depósitos tuviesen un origen distinto a los ingresos obtenidos por su actividad gravada, considero apropiado el criterio fiscal al establecer el incremento patrimonial no justificado, por lo que corresponde confirmar el cargo bajo análisis, tanto en el Impuesto al Valor Agregado como en el Impuesto a las Ganancias Finalmente respecto del ajuste efectuado en el Impuesto al Valor Agregado cabe mencionar que durante la inspección se detectó además que en los períodos octubre 2019 a septiembre 2021 existían diferencias entre las compras declaradas por la actora y las que fueron informadas por terceros o en facturación electrónica. En consecuencia se impugnó parcialmente el crédito fiscal de los meses febrero, julio, octubre y noviembre 2020, abril mayo, septiembre de 2021 y se determinó un mayor importe en los períodos octubre y diciembre 2019, enero, marzo a junio, agosto, septiembre y diciembre 2020, enero a marzo y junio a agosto 2021, según el anexo que surge de la resolución 88/2025 apelada. La recurrente no formuló agravios respecto de este cargo, por lo que corresponde su confirmación.
VII. Que teniendo en cuenta los agravios esgrimidos con relación a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley 11.683 (t.o. en 1998), sin advertirse la confiscatoriedad alegada por la actora, cabe disponer la confirmación de los mismos.
VIII. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos V a VII corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por el Vocal Instructor, toda vez que las constancias agregadas en las presentes actuaciones no poseen la contundencia necesaria para desvirtuar el criterio seguido por el ente fiscal en los actos recurridos.
Por ello, corresponde disponer la confirmación de las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Instructor Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 2.442.521 (Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y dos quinientos veintiuno) equivalente a 30,28 ( treinta con 28/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 977.008 (Pesos novecientos setenta y siete mil ocho) equivalente a 12,11 ( doce con 11/100)– Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 36/25 (27/11/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2025.12.15 08:14:04 -03:00 Date: 2025.12.15 11:26:28 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.15 11:29:59 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.15 11:30:00 -03:00
Fin de la sentencia