Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.996-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DEPRLA nº 3590/15, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 13289-19759-2013, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., respecto de las DJVE nros. 13 001 DJVE 003152N y 003164Z, asciende a la suma de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 96.589,12), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-70592606-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Junio de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “DESDELSUR S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 38.996-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 47/59 vta. se presenta, la firma DESDELSUR S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DEPRLA nº 3590/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente SIGEA nº 13289-19759-2013, mediante la cual se le exige una multa de $144.883,69 por la comisión de la infracción prevista en el art. 969 del C.A. y ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en las declaraciones juradas de venta al exterior nros. 13 001 DJVE 003152N y 003164Z. Manifiesta que debido a las graves sequías acontecidas durante la campaña 2012/2013, la Provincia de Salta dictó el Decreto 1411/13 que declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, para los productores de cultivo de poroto y Chía, de varios departamentos, entre ellos el de San Martín, donde se encuentra su producción, desde el 1° de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014.
Sostiene que ya había oficializado los permisos de embarque respectivos, pagado los derechos de exportación, cargado los contenedores y hasta enviados los mismos al puerto, no obstante lo cual debido a la escasez de porotos por las sequías referidas, no conseguiría semillas para comenzar la temporada siguiente, lo que le iba a causar un grave daño ya que no podría plantar durante un año entero. Agrega que ante dicha situación y la imposibilidad de conseguir semillas en el mercado interno, se vio forzada a anular el envío al exterior para retener las semillas para la siguiente temporada. Manifiesta que por todo ello, el 23/05/13, se efectuaron dos presentaciones –por la mañana- ante la DGA solicitando la cancelación de las DJVE aquí involucradas como así también ante la UCESCI –más tarde- solicitando el cumplido sin sanción.
No obstante, la AFIP las considera extemporáneas, iniciando un mes más tarde, el sumario infraccional que culmina con la resolución aquí apelada. Sostiene que –según resulta de la resolución apelada- sólo se consideran las notas presentadas relacionadas con el cumplido sin sanción, pero no se toman en cuenta las otras dos notas presentadas también esa mañana ante la AFIP por las cuales se generaron los expedientes SIGEA 13289-17821-2013 y 13289-17822-2013, las que explicaban la causal de fuerza mayor que la eximía de responsabilidad. Agrega que conforme surge de la resolución apelada, no se trataron ciertas cuestiones que requerían un análisis más complejo. Se agravia de que la infracción se consideró objetivamente configurada sin tener en cuenta su conducta ni los hechos acontecidos, por el mero vencimiento del plazo para solicitar la baja de las DJVE y su cumplido sin sanción, sin tomar en cuenta el plazo de gracia para el cálculo del plazo.
También se agravia de que el servicio aduanero no analizó los elementos aportados para tratar la fuerza mayor invocada, escudándose en un achaque formal respecto del vencimiento del plazo. Sostiene que por cuestiones externes que la excedían, se vio obligada a incumplir el régimen y forzada a cancelar sus exportaciones totalmente, por lo que nada le servía pedir una prórroga o readecuación. Finalmente, sostiene que la resolución es arbitraria porque no cumple con las pautas mínimas de razonabilidad que debe contener cualquier resolución fundada. Efectúa reserva del caso federal, ofrece prueba y solicite se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 76/80 se presenta el Fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que la contraria no acreditó un supuesto de caso fortuito que lo exima de responsabilidad en materia de infracciones. Sostiene que la situación planteada en el caso no puede ser considerada caso fortuito o fuerza mayor, atento a que la contraria no cumplió con su obligación por una decisión tomada por sí misma, en una evaluación del flujo comercial propio de su negociación y objetivo de su empresa. Manifiesta que en los términos del art. 1733 del Código Civil y Comercial, si el hecho (la exportación demorada) ha sido provocado por la culpa del deudor, no hay caso fortuito. Cita jurisprudencia. Agrega que los riesgos de la actividad empresarial son inoponibles a la Aduana, operando la teoría de los actos propios, desde que se sometió voluntariamente a un régimen especial beneficioso para ella y no lo cumplió. Concluye que la presentación del pedido sin sanción ante el organismo de aplicación fue efectuado el día 23/05/13, es decir una vez vencido el plazo de las DJVE (22/05/13). Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 87 se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 90/115. A fs. 123 se certifica la conclusión del período probatorio. A continuación se elevan los autos a la Sala “F” y pasan alegar. Con posterioridad, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 13289-19759-2013 se inician con una presentación efectuada por la firma DESDELSUR S.A. ante la UCESCI el 23/05/13, a las 14 hs., por la cual solicita se otorgue el cumplido sin sanción por los motivos allí informados. A fs. 2/15 obra documental acompañada por la firma mencionada. A fs, 16/17 se expide la USCESI mediante Nota n° 536 respecto del pedido efectuado por la firma exportadora. A fs. 18 se remiten las actuaciones a la DGA a los efectos pertinentes. A fs. 25 obra acta de denuncia por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 969 del C.A. A fs. 28 se informan las cantidades involucradas en las DJVE en trato. A fs. 29 se liquida el 15% de la multa mínima. A fs. 30 se apertura sumario y se corre vista a la firma DESDELSUR S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 969 del C.A. y art. 9 de la ley 21.453, de la cual resulta notificada el 5/09/2013. A fs. 39/40 vta. la firma exportadora presenta su descargo. A fs. 42/47 obra la Resolución N° 3590/15, aquí apelada.
Por separado, obran las actuaciones Nros. 13289-17821-2013 y 13289-17822-2013 por las cuales la firma DESDELSUR S.A. efectúa dos presentaciones a la DGA en fecha 23/05/13, la primera de ellas a las 10.40 hs. y la segunda a las 10.42 hs, por las cuales informa a dicho organismo que ha solicitado a la UCESCI la anulación de los Roe Verde, DJVE 13 001 DJVE 003152N y DJVE 13 001 DJVE 003164Z, respectivamente. En ambas actuaciones, a fs. 17 la UCESCI informa que ya se expidió respecto de las DJVE mencionadas mediante Nota n° 536/13, que fuera remitida a la DGA. Finalmente, obra –también por separado- la actuación alcance N° 13289-19759-2013/1 por la cual la firma DESDELSUR S.A. informa a la Aduana que interpuso recurso de apelación por ante este Tribunal contra la Resolución N° 3590/15.
V. Que corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma DESDELSUR S.A., mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que el art. 969 del C.A., dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”.
VI. Que no se encuentra controvertido en autos que mediante la DJVE 13 001 DJVE 003152N, cuyo periodo de afectación venció el día 22/05/2013, en los términos de la ley 21.453, la firma DESDELSUR SA comprometió la exportación de 160 toneladas de mercadería clasificada en la posición 0713.33.29.112B, valor F.O.B. unitario de u$s 930 y F.O.B. total de u$s 148.800 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 144 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna (ver fs. 29 de act. Adm).
Por su parte, mediante la DJVE 13 001 DJVE 003164Z, cuyo periodo de afectación venció el día 22/05/2013, en los términos de la ley 21.453, la firma DESDELSUR SA comprometió la exportación de 46 toneladas de mercadería clasificada en la posición 0713.33.29.111Z, valor F.O.B. unitario de u$s 1245 y F.O.B. total de u$s 57.270 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 41,4 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna (ver fs. 29 de act. Adm).
VII. Que la recurrente sostiene que debido a las sequías acontecidas durante la campaña 2012/2013 -lo que incluso motivó el dictado del Decreto 1411/13 que declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, para los productores de cultivo de poroto y Chía, de varios departamentos, entre ellos el de San Martín, donde se encuentra su producción, desde el 1° de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014-, se vio forzada a anular el envío al exterior para retener las semillas para la siguiente temporada. Por ello, continúa diciendo, el 23/05/13, se efectuaron dos presentaciones –por la mañana- ante la DGA solicitando la cancelación de las DJVE aquí involucradas como así también ante la UCESCI –más tarde- solicitando el cumplido sin sanción, no obstante lo cual se consideraron extemporáneas, sin tenerse en cuenta el plazo de gracia previsto en el art. 124 del CPCCN.
Que, desde ya se adelanta que dicho agravio no puede prosperar.
Tal como resulta del art. 1° de la Circular Ex ONCCA N° 4/2009: “La solicitud de Cumplido sin Sanción comprendida en el art. 9 de la ley 21.453 deberá solicitarse en forma previa al vencimiento del plazo de validez estipulado en el Artículo 8 de la Resolución ONCCA 543/2008. En caso de no cumplirse con dicho extremo, la Coordinación de Comercio Exterior procederá sin más a la denegatoria de la misma”.
En efecto, conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las DJVE aquí involucradas vencían el 22/05/13, por lo que, tal como lo sostuvo la UCESCI en la Nota n° 536/13 (ver fs. 16/17 de las act. adm.), las presentaciones efectuadas por la actora ante dicho organismo solicitando el cumplido sin sanción, resultan ser efectivamente extemporáneas.
Que aún en el caso en que proceda la aplicación del “plazo de gracia” referido por la actora, nótese que las notas solicitando el cumplido sin sanción –que son las relevantes a los efectos de la infracción aquí imputada- se presentaron a las 14 hs, por lo que sin perjuicio de que corresponda o no su aplicación, de todas formas tampoco podrían considerarse presentadas en tiempo y forma.
Que las dos presentaciones efectuadas por la mañana ante la DGA, no modifican la conclusión a la que se arriba, en atención a que no fueron presentadas ante el organismo correspondiente, esto es la UCESCI sino ante la DGA a los efectos de informar la presentación que –más tarde- haría ante el organismo de aplicación.
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que el sólo hecho de solicitar el “cumplido sin sanción”, no implica su aprobación automática sino que requiere de un análisis por parte de la autoridad de aplicación, que puede hacer o no hacer lugar a dicha solicitud.
VIII. Por su parte, la apelante sostiene que la Aduana no analizó los elementos aportados para tratar la fuerza mayor invocada, por la cual se vio obligada a incumplir el régimen y forzada a cancelar sus exportaciones, por lo que nada le servía pedir una prórroga o readecuación.
Que cabe recordar que el art. 20 inc. b) de la Resolución Nº 1791/92 dispone que “En aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de la DJVE, se otorgará, a pedido de parte y por acto expreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca una prórroga extraordinaria de (60) sesenta días corridos… ”.
Que, por su parte, el art. 3º del Decreto 1177/92 (modificado por Decreto Nº 734/07, y Decreto Nº 764/08), establece que "…El Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de los productos a que se refiere el Artículo 1º deberá efectuarse el día hábil siguiente a aquel que se hubiese cerrado la venta correspondiente … El plazo máximo que se establezca sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de la citada Oficina, si se hubiere configurado un caso fortuito o fuerza mayor dentro de la vigencia de la Declaración Jurada de Venta al Exterior" (el subrayado me pertenece).
Finalmente, la Resolución ONCCA 912/08 señala que: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del ROE VERDE para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la ONCCA, la que será comunicada mediante el sitio web "www.oncca.gov.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de esta Oficina Nacional, si se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de validez del ROE VERDE, entendiéndose por fuerza mayor, la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida…".
Que de la normativa transcripta y el análisis de los hechos de la causa, resulta que no le asiste razón a la actora en su planteo. En efecto, si consideraba que la causal por ella invocada constituía un caso de fuerza mayor, nada le impedía solicitar una prórroga antes del vencimiento de las DJVE, a los efectos de requerir el “cumplido sin sanción” dentro del plazo de su vencimiento, no obstante ya haber decido –a esa altura- anular las exportaciones de la mercadería comprometida en las DJVE aquí involucradas.
Que, sin perjuicio de ello, no se advierte que la firma DESDELSUR S.A. se haya encontrado comprendida en una causal de fuerza mayor como invoca. Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
En efecto, según alega la propia recurrente: ‘ya había oficializado los permisos de embarque respectivos, pagado los derechos de exportación, cargado los contenedores y hasta enviados los mismos al puerto’, por lo que podría haber cumplido sin inconvenientes la exportación de la mercadería comprometida en las DJVE en cuestión; no obstante, tomó la decisión –por una cuestión comercial- según ella misma sostiene, de anular el envío al exterior para retener las semillas para la siguiente temporada.
Que la situación descripta no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, el acogimiento al régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de las DJVE en cuestión, fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa.
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
Que por ende, la recurrente optó voluntariamente –tal como sostiene el servicio aduanero en la contestación del recursoincumplir el régimen al cual –también voluntariamente- se sometió, por lo que mal puede ahora sostener que incumplió por causales de fuerza mayor ajenas a su voluntad.
A mayor abundamiento, cabe señalar que la causal de incumplimiento invocada por la actora no puede considerarse ajena a los riesgos propios de su actividad, los cuales no son oponibles a la Aduana.
IX. Que, por último, la actora se agravia de que la resolución apelada es arbitraria, atento a que no cumple con la pautas mínimas de razonabilidad que debe tener cualquier resolución fundada, toda vez que no consideró todos los elementos aportados en la causa.
Que, por un lado, no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la recurrente, ya que de la lectura de la resolución invocada, no resulta que la misma sea arbitraria o infundada; en efecto y sin perjuicio de compartir o no los fundamentos allí expuestos, se ha explicado en detalle los motivos y la ley aplicable a los efectos de condenar a la aquí apelante respecto de la infracción que se le imputa.
Por otro lado, cabe señalar que la recurrente ha tenido en esta instancia amplia posibilidad de defender sus derechos y solicitar las pruebas que considerara de su interés. Además, cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto del procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205-549, 247-52 consid. 1º., 267-393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas).
X. Que por lo expuesto cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 9° de la ley 21.453. Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución DEPRLA nº 3590/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente SIGEA nº 13289-19759-2013, en cuanto le impone a la aquí recurrente una multa por la infracción al art. 969 del C.A. y ley 21.453, declarando que dicho importe asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($144.883,69), respecto de las DJVE nros. 13 001 DJVE 003152N y 003164Z.
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en el voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, conforme señera jurisprudencia de la Vocalía de la 16° Nominación –a mi cargo- en la materia, entiendo que corresponde aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador (confr. Votos del Dr. Pablo Garbarino in re: “BUNGE ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación” (Expediente n° 37.545-A) y “J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”; entre muchos otros).
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada (por la DJVE 003152N) ascendió a 144 toneladas, lo que es equivalente a U$S 133.920; siendo el tipo de cambio de $ 5,2080 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 697.455,36, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 69.745,53. Por su parte respecto de la DJVE 003164Z, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 41,40 toneladas, lo que es equivalente a U$S 51.543; siendo el tipo de cambio de $ 5,2080 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 268.435,94, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 26.843,59.
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DEPRLA nº 3590/15, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 13289- 19759-2013, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., respecto de las DJVE nros. 13 001 DJVE 003152N y 003164Z, asciende a la suma de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 96.589,12), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DEPRLA nº 3590/15, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 13289-19759-2013, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., respecto de las DJVE nros. 13 001 DJVE 003152N y 003164Z, asciende a la suma de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 96.589,12), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.06.15 22:03:55 -03:00 Date: 2023.06.21 10:02:18 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.21 10:59:02 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.21 10:59:12 -03:00
Fin de la sentencia