Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17632-NE0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Receptar favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 06-08-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto el apartado "II" de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 15-07-2026. Costas de alzada en el orden causado atento no mediar contradicción (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
2Rechazar el recurso de apelación articulado por el fisco con fecha 10-09-2026 y, en consecuencia, confirmar los estipendios profesionales allí fijados (art. 57 de la ley 14.967).
3Estese a la regulación de honorarios de Cámara que se practica por separado.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17632-NE0E "DESIDERIO, JUAN IGNACIO c. IOMA s. RECURSO DE AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Ucín y Mora .
I. Con fecha 15-07-2026 la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial Necochea dictó sentencia de mérito en las presentes actuaciones, y receptó favorablemente la acción de amparo deducido por Juan Ignacio Desiderio contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires con el siguiente alcance: (i) condenó al accionado a otorgar a su afiliado la cobertura total e integral de los siguientes insumos médicos: 3 placas de reconstrucción/miniplacas, titanio o reabsorbible con tornillos; 2 placas de osteosíntesis bloqueadas anatómicas con tornillos; 19 mini tornillos de titanio; 1 set de instrumental de corte eléctrico en alquiler compuesto por sierra oscilante intraoral, sagital y reciprocante y por drill de alto y bajo torque, con sus correspondientes fresas -linvatec; 1 alquiler de sistema de corte y fresado por ultrasonido con protección de partes blandas piezo surgery mectron origen Italia; 1 planificación 3D preoperatoria para reconstrucción con modelo esteriolitografico y guía de cortes para osteotomías combinadas; set completo de alternativas, set completo de instrumental y asistencia técnica para el apto quirúrgico y/u otro material ortopédico necesario para la realización de cirugía ortognática, cirugía atm, conforme prescripción médica; (ii) declaró que, al no haberse acreditado el cumplimiento de la intimación del 1-06-2026, las astreintes allí ordenadas continuarían devengándose de forma ininterrumpida hasta el efectivo cumplimiento de la manda judicial y (iii) con cita del art. 19 de la ley 13928, modif. por ley 14.192, impuso las costas del proceso al accionado en su condición de vencido.
II. Posteriormente, mediante resolución de fecha 09-09-2026, reguló los honorarios del Dr. Lucas Damián Cuadrado, letrado patrocinante del amparista, en la cantidad de veinte (20) Jus con más los correspondientes aportes de ley.
III. La representación fiscal interpuso en contra de ambos pronunciamientos sendos recursos de apelación en legal tiempo y forma (arts. 16 y 17 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192; art. 57 de la ley 14.967).
Mediante presentación electrónica de fecha 06-08-2026 puso en crisis el punto (ii) del fallo de grado, en tanto allí se dispuso el mantenimiento de las sanciones pecuniarias impuestas en la etapa cautelar.
Mientras que en la presentación de fecha 10-09-2026, apeló los honorarios regulados al Dr. Cuadrado, por considerarlos altos.
IV. La magistrada de grado concedió los recursos articulados por el representante fiscal (ver proveídos de fecha 06-09-2026 y 11-09-2026).
V. Radicadas las actuaciones ante esta Alzada, por auto de fecha 04-09-2026 se tuvo por no presentada la réplica al memorial, en atención a que la presentación electrónica de fecha 11-08-2026 fue suscripta únicamente por el Dr. Cuadrado -como letrado patrocinante de la actora- sin dar debido cumplimiento con los recaudos exigidos en el art. 5 de la Ac. n° 4013/2021 SCBA y art. 5 del Anexo único de la Ac. n° 4039/2021 SCBA.
V. Puestos los autos al Acuerdo para sentencia, corresponde plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso interpuesto por la representación fiscal contra el fallo de grado?
2. ¿Resultan ajustados a derecho los honorarios regulados a favor del letrado patrocinante del accionante, apelados por altos por el obligado al pago?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. Tal como quedó anticipado en párrafos precedentes, el apoderado fiscal apeló exclusivamente el punto II de la parte dispositiva del fallo, en la medida que allí se mantuvieron las sanciones conminatorias devengadas por el incumplimiento de la medida cautelar dictada con fecha 08-05-2026.
Para así decidir, la magistrada de grado ponderó que "a la fecha el demandado no acreditó en autos el efectivo cumplimiento de la intimación dispuesta con fecha 12 de junio de 2026, por lo que corresponde declarar que las astreintes allí ordenadas continuarán devengándose en forma ininterrumpida hasta su total acatamiento" (cfr. Considerando Segundo).
2. En el memorial de fecha 06-08-2026, el apelante postuló el desacierto en que habría incurrido la jueza anterior al mantener las sanciones impuestas
Señaló que tales penalidades, por su naturaleza accesoria e instrumental quedan vinculadas inescindiblemente a la medida o resolución que les dio origen, de modo que su subsistencia queda condicionada a la vigencia de aquella. Agregó que, en las presentes actuaciones, las astreintes fueron impuestas durante la etapa cautelar con el propósito específico de asegurar el cumplimiento de la medida provisoria decretada oportunamente.
Así -expresó-, recaída la sentencia definitiva que resolvió el fondo del asunto, la medida cautelar perdió su razón de ser, toda vez que fue sustituida por un pronunciamiento de carácter definitivo que dirimió en forma concluyente las pretensiones debatidas en la causa y, con ello, la pérdida de vigencia de las sanciones que pudieran aplicarse por su incumplimiento.
Transcribió extensos pasajes de fallos de este Tribunal que estimó aplicables al caso y, con todo, peticionó que se revoque el punto II del fallo apelado.
II. El recurso articulado merece prosperar por las razones que se desarrollarán a continuación.
1. Inicialmente, resulta necesario puntualizar que el instituto delineado por el art. 37 del CPCC constituye un medio de compulsión administrado por los jueces que tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.491 "Sociedad de Fomento Cariló", sent. del 08-03-2006; esta Cámara causas A-8662-AZ0 "Ullua" , sent. del 07-02-2019; A-8862-MP0 "Hernández" , sent. del 16-05-2019; A-9531-MP0 "Colaneri" , sent. del 28-02-2020, entre otras), y únicamente deben efectivizarse o mantenerse en tanto se verifique la desobediencia a la orden jurisdiccional (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.941 "Sociedad de Fomento Cariló", citada; doct. esta Cámara causas A-8949-AZ0 "Eckart" , sent. del 02-07-2019, entre otras), y la condenada no hubiera cuestionado la penalidad, justificando total o parcialmente su proceder (cfr. doct. esta Cámara causa A-10087-BB0E "Russo" , sent. del 17-09-2020, entre otras).
La naturaleza provisional y mutable que ostentan las conminaciones pecuniarias reguladas por nuestro sistema legal, no conllevan otro efecto que coaccionar al deudor reticente a cumplir con la manda judicial impuesta, pues su finalidad es obtener el cumplimiento de la resolución dictada por quien se encuentra dotado de imperium (cfr. doct. esta Cámara causa A-7492-AZ0 "Villalba" , cit.). Por ello, no causan estado ni pasan en autoridad de cosa juzgada (cfr. doct. esta Cámara causa A-9858-BBOE "Germani" , sent. de 02-07-2020), razón por la cual pueden ser revisadas y dejadas sin efecto si se verifican motivos fundados y atendibles, sin violentar derecho alguno (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.491 "Sociedad de Fomento Cariló", cit.; esta Cámara causas C-3078-BB1 "Arequipa" , sent. de 31-05-2012; A-10513-MP2E "Esperón" , sent. del 27-4-2021).
Como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia Federal, solo la desatención injustificada de lo ordenado judicialmente configura la conducta procesal que -precisamente- apuntala dar curso a la finalidad propia del instituto de las sanciones conminatorias y a los criterios que gobiernan la materia (cfr. doct. CSJN in re B.1572 XLI "Btesh Nadia c/Jouedja José", sent. de 29-04-2008 -del Dictamen del Procurador General-), por cuanto si las sanciones conminatorias aparecen desvinculadas de la finalidad que les es propia, solo constituirán una fuente indebida de enriquecimiento para aquel en favor de quien se fijan (cfr. CSJN in re F. 143. XLV. RHE "Falcon, Isabel", sent. de 19-4-2011; esta Cámara causas A-10087-BB0E "Russo" , sent. del 17-9-2020).
2. Sobre la base de las pautas rectoras establecidas en los citados precedentes, y atento lo acontecido en las presentes actuaciones, no se vislumbran, en la especie, los recaudos necesarios para mantener la vigencia de las sanciones pecuniarias objetadas en el memorial de agravios.
En el presente proceso, el magistrado de grado dictó sentencia de mérito por cuyo intermedio receptó íntegramente la acción de amparo promovida por Juan Ignacio Desiderio contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de ordenarle la provisión de los insumos médicos ya individualizados.
Así, contando entonces estas actuaciones con un pronunciamiento definitivo, en tanto fue consentido por ambas partes en el aspecto sustantivo del debate, todas las cuestiones derivadas de la medida cautelar decretada el día 08-05-2026 dejaron de poseer virtualidad alguna, por mediar una sentencia que dirimió en forma concluyente -no ya provisional- las pretensiones que suscitaron el conflicto (cfr. doct. esta Cámara causas A-15091-MP0 "Vedia Martínez" , sent. del 25-03-2025; A-16856-NE0E "Trento" , sent. del 12-03-2026; A-16022-MP0E "Cegna" , sent. del 19-03-2026).
Y ello, por cuanto las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (cfr. doct. esta Cámara causas A-9299-MP0 "Pereyra" , sent. de 10-10-2019; A-9188-MP0 "Patriarca" , sent. de 26-09-2019; A-9640-AZ0 "Montañez" , sent. de 16-1-2020; A-10669-MP0 "Amiconi" , sent. de 6-7-2021; C-15103-AZ1E "Navilliat", sent. del 06-03-2025, entre muchas otras).
Al carecer de autonomía, las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, dado que son tributarias de un proceso principal con el cual se hallan ligadas por un nexo de instrumentalidad- que condiciona su procedencia, mantenimiento y eventuales variaciones (cfr. doct. CSJN Fallos 306:506). Así, su eminente carácter accesorio se encamina a garantizar preventivamente el objeto debatido en aquel proceso, con la finalidad de evitar la inoficiosidad de la sentencia a dictarse y la producción de daños de difícil o insusceptible reparación ulterior (cfr. doct. esta Cámara causa A-7315-BB0 "Dorado" , sent. de 13-07-2017; C-10148-BB1E "Palermo", sent. del 10-11-2020; entre muchas otras). Se trata, en definitiva, de tornar operativa la garantía de la tutela judicial efectiva para que el proceso no se convierta en un instrumento meramente ilusorio (cfr. doct. esta Cámara causa A-6371-AZ0 "Salinas" , sent. de 22-04-2016 y sus citas).
De allí que, por regla, tales medidas se encuentran ineludiblemente preordenadas al dictado de una ulterior providencia definitiva cuyo resultado tienden a garantizar (conf. doc. esta Cámara causa A-12924-BB0E "Monjes" , sent. del 08-08-2023; A-16976-BB0E "Fidalgo" , sent. del 21-05-2026).
En síntesis, emitido el fallo final de la causa -consentido en lo sustantivo por ambos contendientes- lo que nace es una nueva etapa procesal concerniente, básicamente, a la ejecución de la sentencia definitiva (cfr. argto. doct. esta Cámara causa A-10682-MP0E "Rodríguez" , sent. del 15-07-2021; A-15090-DO0E "Methol", sent del 24-04-2024).
De allí que las sanciones conminatorias impuestas con la finalidad de vencer la reticencia del accionado al cumplimiento de la medida cautelar perdieron toda virtualidad ante el dictado de la sentencia, y su mantenimiento, en esta etapa y en las circunstancias de la causa, resultaría improcedente.
De modo que ya no podrían liquidarse, ni aprobarse, sanciones conminatorias justamente porque su naturaleza, ajena a la noción de resarcimiento, no permite que se las asemeje ni al concepto de intereses debidos por el incumplimiento oportuno de una obligación, ni mucho menos que se pergeñe una suerte de compensación o suplantación de unas por el otro, en tanto éstas no operan más que como un modo de constreñir al deudor para que cumpla el mandato judicial (cfr. arg. doct. esta Cámara en causas A-10775-MP0E "Lopetegui" , sent. del 06-5-2021; A-10254-MP0E "Alabart" , sent. del 19-4-2022; A-16194-BB0E "Melideo" , sent. del 17-3-2026; A-13856-DO1E "B.C.A." , sent. del 07-04-2026; entre otras)
Frente a tal contexto, a partir de los extremos verificados en la especie, no es posible mantener vigentes las sanciones pecuniarias prevenidas para forzar el cumplimiento de una orden judicial que ya quedó superada con la emisión del fallo final de la causa.
III. En razón de lo expuesto, se propone al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 06-08-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto el apartado "II" de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 15-07-2026. Atento no mediar contradicción, las costas de alzada se deberían imponer en el orden causado (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
Voto a la cuestión planteada por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
Presto mi adhesión al voto del distinguido colega Dr. Ucín, en la medida que existe opinión mayoritaria de esta Cámara sobre el tema bajo análisis (relacionado con la imposibilidad de computar astreintes por incumplimiento a la medida cautelar dictada luego de dictada sentencia de mérito favorable al peticionario y aun persistiendo aquel) -criterio que no comparto-, a lo que se añade la situación de transitoria desintegración del Cuerpo, con la dificultad que ello conlleva para concitar mayorías decisorias y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y coherencia del Tribunal (la cual podría mellarse si, ante la integración aleatoria del órgano, de modo eventual se adoptaran decisiones contrapuestas en casos medularmente similares), resulta prudente dejar a salvo la opinión que plasmé en la causa A-10682-MP0E "Rodríguez", sent. del 15-7-2021 -entre otras- y acompañar, en esta particular ocasión, el temperamento adoptado oportunamente por la mayoría del Tribunal que se refleja en la opinión precedente (conf. arg. voto Dr. Genoud causa B. 75.663, "Morera", res. del 23-11-2020).
Doy, así, mi voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor juez, doctor Ucín dijo:
I.1. Con fecha 09-09-2029 la magistrada reguló los honorarios del letrado patrocinante del amparista, Dr. Lucas Damián Cuadrado, en veinte (20) Jus arancelarios, con más aportes de ley.
2. Contra la regulación practicada, el apoderado fiscal dedujo recurso de apelación en los términos del art. 57 de la ley 14.967, por considerarla alta.
II. El recurso no merece estima.
1. A fin de ejercer la tarea revisora respecto de los honorarios fijados en este excepcional proceso, corresponde señalar, inicialmente, que de acuerdo a lo resuelto por el Supremo Tribunal provincial -en consonancia con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:4447)- a los efectos de asignarle o no contenido económico al proceso de amparo, se debe atender a su objeto específico, debiéndosele negar -a los fines de la regulación- el carácter de asunto susceptible de apreciación pecuniaria a aquél en el cual resulta tutelado el derecho a la salud (cfr. doct. SCBA causa B. 65.125 "Arias", res. de 8-07-2008 -por mayoría-; esta Cámara causas A-9696-BB0 "Morcillo" , res. del 05-05-2020; A-9736-BB02 "Ciufetti" , res. del 28-05-2020, entre otras).
Corresponde recordar, a su vez, que con fecha 25-01-2018 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la ley 15.016, norma que incorporó a la ley 13.928 y sus modificatorias, el art. 20 bis que, en lo pertinente, dispone que en los procesos de amparo y en primera instancia, los honorarios se regularán hasta un máximo de veinte (20) Jus arancelarios.
2. Establecido lo anterior y, versando el presente sobre una acción de amparo iniciada el día 08-05-2026 a fin de obtener, por parte de IOMA, la cobertura de la prestación referida en apartados precedentes, ha de tomarse en consideración, a los fines de fijar el estipendio profesional, lo reglado en la citada normativa, juntamente con las pautas brindadas por los arts. 14 -carácter en que actúan los abogados-, 16 -resultado obtenido, complejidad y novedad de la cuestión, entre otros parámetros- y 28 - etapas laboradas-, todos de la ley 14.967.
En tal contexto, debe especialmente ponderarse que: (i) en las presentes actuaciones el Dr. Cuadrado se desempeñó como patrocinante del amparista; (ii) el proceso se llevó adelante en dos etapas, promoción de la demanda con apertura a prueba, con petición y otorgamiento de medida cautelar (cfr. res. del 08-05-2026); (iii) el objeto del amparo deducido; (iv) y el resultado favorable a los intereses del amparista, que vio satisfecho el objeto pretendido en función de la acción entablada.
Bajo tales parámetros, la estimación efectuada en favor del Dr. Lucas Damián Cuadrado en veinte (20) Jus arancelarios con más los aportes de ley, objetados altos, no merece reproche y corresponde confirmarla (cfr. doct. esta Cámara causa A-16916-BB0E "Potente" , sent. del 19-05-2026).
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por el fisco con fecha 10-09-2026 y, en consecuencia, confirmar la regulación de honorarios practicada con fecha 09-09-2026.
Doy mi voto por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la segunda cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Receptar favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 06-08-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto el apartado "II" de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 15-07-2026. Costas de alzada en el orden causado atento no mediar contradicción (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
2. Rechazar el recurso de apelación articulado por el fisco con fecha 10-09-2026 y, en consecuencia, confirmar los estipendios profesionales allí fijados (art. 57 de la ley 14.967).
3. Estese a la regulación de honorarios de Cámara que se practica por separado.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1003-2026
Fin de la sentencia