Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 23738
Causa 23.738. Badilla, Juan C. Desobediencia.
En el día de la fecha, seis de agosto de dos mil trece, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías, presidida por el doctor Raúl Alberto Paolini e integrada por los doctores Pablo Martín Poggetto y Juan Manuel Fernández Daguerre, en el marco de la causa caratulada Badilla, Juan Carlos. Desobediencia., conforme lo ordenado a fs. 73. Se encuentra presente el señor Fiscal General Adjunto Departamental, doctor Oscar Alberto Deniro y la Defensora General, doctora Cecilia Margarita Boeri, no habiendo concurrido el imputado, el cual se encuentra en libertad y debidamente notificado de la audiencia, refiriendo la Defensa que no requiere su presencia.
Seguidamente el señor Presidente hace saber a las partes la integración de la Sala. A continuación se otorga el uso de la palabra al doctor Deniro, quien realiza un relato de los hechos, señalando que Badilla se encontraba debidamente notificado de la resolución del fuero de familia. Remarca que los hechos no han sido cuestionados, versando la cuestión sobre la tipicidad de la conducta. Sostiene que en el presente caso los hechos encuadran en la figura penal y que no se trata de una doble persecución por más que la ley civil prevea consecuencias ante el incumplimiento. Añade que las conductas civiles son de otro tenor y en este caso resulta aplicable la ley penal, por lo que solicita que de compartir el criterio del Ministerio Público Fiscal se revoque el decisorio y se permita el paso a la siguiente etapa.
Concedida que le fue el uso de la palabra, la doctora Boeri señala que la ley 12.569 prevé un régimen específico para estos casos con reglas que no son trasladables al fuero penal. Sostiene que la notificación de la resolución del fuero de familia se realizó "in audita parte", sin posibilidad de defensa ni constancia de que la persona la haya leído y comprendido su contenido. Agrega que conforme el art. 7 ante el incumplimiento se debe notificar al Juez civil, quien puede hacer uso del auxilio de la fuerza pública si lo requiere. Señala que existen instancias en el fuero de familia para resolver estos conflictos, y que si se constatara la existencia de delitos, el Juez tiene que hacer la denuncia.
Finalmente, remarca que el derecho penal es subsidiario en este sistema, por lo que requiere se confirme la resolución apelada. Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente decide pasar a un cuarto intermedio, para deliberar y dictar resolución. A las doce horas con treinta minutos, se reanuda la audiencia, con la presencia de las partes. Tomando la palabra el doctor Paolini señala que va a mantener el criterio que como Juez de Garantías venía sosteniendo, habiéndose expedido en causa "Dondero" en cuanto a cuál es el sentido concreto del art. 14 de la ley 12.569, la que aclara ha sido modificada por la ley 14.509 -con posterioridad al hecho investigado, pero que a su criterio sería más beneficiosa- y que esas situaciones se encuentran ahora en el art. 7 bis.
Entiende que corresponde hacer lugar a lo solicitado por la defensa por estar en el mismo lineamiento en cuanto a la existencia de sanciones especiales que tiene esta ley en el art. 14, lo cual implicaría de una forma, dar prioridad a este procedimiento y por lo tanto menoscabar el régimen penal respecto de la misma conducta que se le quiere endilgar en la faz penal. Aclara que en esta causa, no ha sido notificada debidamente la Jueza al momento que se constató la desobediencia. Señala que el art. 14 le otorga facultades a la misma Jueza a los fines de aplicar ciertas medidas para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza. Ello solo en relación a la desobediencia, mas no respecto de ilícitos independientes que pudieran surgir de la prohibición impuesta, circunstancias que aquí no se ventilarían.
De acuerdo al art. 14 la Jueza podría aplicar algún instituto para contrarrestar ese efecto negativo. Entiende que la normativa actual, se referiría a reiteración de hechos delictivos. De otra manera, la misma Jueza señala en la resolución, que se le impide la prohibición de acercamiento bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la justicia penal por delitos a que hubiere lugar, y hace referencia a delitos independientes de lo que es la desobediencia propiamente. Recuerda que en su momento señaló que la existencia de sanciones especiales para el cumplimiento de determinadas órdenes de la autoridad desplaza el tipo penal de la desobediencia sin que tenga relevancia la naturaleza de la disposición legal que establece aquella.
El argumento que sostendría tal afirmación devendría de la aplicación del principio de especialidad. En el caso, más allá del principio de especificidad, lo cierto es que no se constituirían delitos autónomos que sean penados en la esfera de la jurisdicción penal. La desobediencia es de un acto propio dispuesto por la jueza de familia y que se circunscribió en ese aspecto sin haberse constatado otro delito autónomo que merezca una sanción penal. Estos argumentos fueron sostenidos por Edgardo Donna y receptados por el suscripto. Destaca que el art. 7 de la nueva ley 14.509 señala varias de circunstancias que darían más sustento a la aplicación del art. 14. La nueva normativa otorga muchas más facultades para lograr el fin propuesto, y según esta solamente se podría aplicar el art. 239 del CP cuando existiera repetición de hechos de esta característica, o sea el mero incumplimiento a la restricción o la comisión de ilícito penal autónomo.
Por lo tanto siendo una ley más benigna se podría aplicar ahora en beneficio de Badilla. Por lo tanto, propone no hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmarse la resolución dictada por el Juez de Garantías, Dr. Juan Francisco Tapia. El doctor Poggetto, por el contrario, entiende que cuando un Magistrado impone una obligación a un paciente de su jurisdicción de la prohibición de acercamiento, sea a una persona como a un lugar, y esta prohibición es notificada al interesado advirtiéndole que en el caso de incumplimiento o violación de la disposición va a ser enmarcada la conducta como desobediencia judicial conforme el art. 239 del CP, la autoridad intenta a través de esta medida salvaguardar distintos intereses.
Concretamente, entiende que estamos ante un tema de violencia familiar, y el objetivo de la cautelar tiende a proteger la integridad de terceros.No comparte la especificidad de la materia propuesta con base en la ley 12.569, cuando en el caso el Magistrado impone dentro de las conductas del art. 7, una bajo concreta disposición de que en caso de incumplimiento se va a entender como una desobediencia judicial a la orden impartida por la autoridad. Sostiene que en el presente caso, el incumplimiento resulta típico por configurarse los elementos objetivos y subjetivos de la figura. Continúa su voto, concluyendo que el incumplimiento por parte de este sujeto de encontrarse en un lugar donde no debía por prohibición expresa y notificada de la magistrada, queda configurado el delito del 239 del CP.
En este punto, su voto es que la conducta resulta claramente típica y que el sobreseimiento dictado debe revocarse. El doctor Fernández Daguerre señala que va a acompañar en su voto al Dr. Paolini, entendiendo que la conducta desplegada por Badilla en esta causa, debe entenderse como atípica o que no puede generar una reacción penal por parte del Estado. El art. 14 de la ley ya modificada habla que ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley por la reiteración de hechos de violencia por el agresor, el Juez o Tribunal interviniente, podrá ordenar la realización de trabajos comunitarios. No cree que sea como dice el juez de primera instancia que esta sea una previsión específica que evite la posibilidad de una sanción penal, porque si el delito o la violencia cometida por el sujeto sometido a este régimen de violencia familiar constituyera un delito de acción pública, es evidente que puede paralelamente tramitarse una acción penal.
Entiende que no es que sea atípico el hecho investigado porque colisionan dos sistemas distintos que tienen sanciones, como han dicho resoluciones que no comparte. Tratándose de violencia familiar, interpreta que la ley busca como prioridad la solución del conflicto familiar generado, y muchas veces una causa penal que solo puede tener respuestas de carácter punitivo generan mayor nivel de conflicto que supera la previsión de la ley, que es mediar en este tipo de conflictos familiares e intentar arribar a soluciones razonables. Agrega que, en el caso de un delito grave la respuesta no se podría dar en la ley de violencia familiar. Por lo tanto, no es cierto que una norma se superponga a la otra sino que pueden coexistir.
Resalta que en este caso, la ley nueva dice claramente que ante el incumplimiento existen posibilidades del Juez, citando el art. 21, el cual establece en qué casos conviene o no al conflicto el inicio de la acción penal. Entiende que en este caso no hubo otra violación que la desobediencia. Interpreta que conforme la normativa, se estaría dando la posibilidad al Juez civil de de resolver si corresponde o no la tramitación de una causa penal independiente. Explica el contenido de los nuevos arts. 7 y 7 bis, entendiendo que recién ante un nuevo incumplimiento parecería que pueden tomarse otro tipo de medidas. Ello, puesto que se prioriza el ámbito propio de la violencia familiar como resolución de conflictos y como aquí la violación solamente fue de una prohibición de acercamiento donde parecería que la ley le permite al Juez ser quien decida si corresponde o no la aplicación de sanciones, entiende que haberse promovido de oficio actuaciones por desobediencia es una cuestión que le resta tipicidad a la conducta y que por lo tanto corresponde confirmar por estos fundamentos el sobreseimiento dictado en primera instancia.
En razón de lo expuesto, el Tribunal resuelve por mayoría: confirmarla resolución del doctor Tapia en cuanto dicta la atipicidad de la conducta enrostrada a Juan Carlos Badilla (arts. 323 inc. 3°, 439 y ccdtes. del CPP; 14 y ccdtes. de la ley 12.569; 8, 15 y 16 de la ley 13.811). Seguidamente el señor Fiscal General Adjunto se notifica, formulando reserva de recurrir en casación. Por su parte, el señor Defensor se notifica y consiente la resolución. No siendo para más, a las doce horas con cincuenta minutos se da fin al acto, firmando los señores jueces por ante mí, de lo que doy fe.
RAUL ALBERTO PAOLINI
PABLO MARTIN POGGETTO
JUAN MANUEL FERNANDEZ DAGUERRE
Fin de la sentencia