Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0700 3606 23
CN º 0700-3606-23
Lomas de Zamora, en la fecha de la firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Excma. Cámara Penal de Apelaciones y Garantías Departamental, doctores Miguel Carlos Navascués, Guillermo Alejandro Rolón y Miguel María Alberdi para dictar sentencia en la causa seguida a JOSE MANUEL SANCHEZ REVOLLO, en orden a los delitos de LESIONES CALIFICADAS Y DESOBEDIENCIA, y practicado en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Dres. ROLON-ALBERDI- -NAVASCUÉS .
Procesado José Manuel Sánchez Revollo por el Juzgado Correccional Nro. 2 Departamental, fue condenado a la pena de Un (1) año de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de Lesiones agravadas en contexto de violencia familiar y de violencia de género y desobediencia, en concurso real entre sí. Asimismo, se condenó al nombrado a la Pena Única de Un (1) año y Ocho (8) meses de prisión de efectivo cumplimiento, mas las costa del proceso, omnicomprensiva de la dictada precedentemente y de la pena de un año de ejecución condicional con costas recaída en causa 0700-64088-21 con fecha 30/11/2021, pronunciada por el Juzgado Correccional N° 4 Departamental por los delitos de lesiones agravadas en el marco de violencia de género en concurso real con amenazas agravadas por el empleo de armas. Revocando la condicionalidad oportunamente otorgada.
Apelado dicho fallo por el Sr. Defensor Particular Dr. Roque Mazziotti Irigoyen, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
2. ¿En caso de resolverse afirmativamente la primera cuestión, ¿se encuentra ajustada a derecho el decisorio en crisis?
A la CUESTIÓN PRIMERA el señor Juez doctor Rolón dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva de juicio oral en la que, con fecha 5 de junio de 2023, la Sra. Jueza Titular del Juzgado Correccional nro. 2 Departamental, condenó a José Manuel Sánchez Revollo por los delitos de Lesiones agravadas en contexto de violencia familiar y de violencia de género y desobediencia, en concurso real entre sí. Asimismo, se condenó al nombrado a la Pena Única de Un (1) año y Ocho (8) meses de prisión de efectivo cumplimiento, mas las costa del proceso, omnicomprensiva de la dictada precedentemente y de la pena de un año de ejecución condicional con costas recaída en causa 0700-64088-21 con fecha 30/11/2021, pronunciada por el Juzgado Correccional N° 4 Departamental por los delitos de lesiones agravadas en el marco de violencia de género en concurso real con amenazas agravadas por el empleo de armas, atento lo establecido por los artículos 439, 441 c.c. y s.s. del C.P.P. (T.O. seg. ley 13.812, B.O. 21/4/08), el recurso de apelación interpuesto, es admisible.
En cuanto a la amplitud de conocimiento atribuida por la vía intentada, tal como ya se expusiera en la causa nro. 817.243 "Giaccone, Alejandro Oscar S/ Portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento" (rta. el 7/10/2008, reg. nro. 1), tratándose en el caso de una decisión dictada luego de un juicio oral y público, no será revisable, lo que surja directa y únicamente de la inmediación, en cuyo caso no será controlable la impresión personal de los testigos, de lo que se debe dar cuenta circunstanciada para que se lo tenga como elemento fundante válido, conforme a la teoría del "agotamiento de la capacidad de revisión" o "máximo esfuerzo revisor" consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa nro. 1681, Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa del 20/09/2005.
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Alberdi , votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Navascués, votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la CUESTIÓN SEGUNDA el señor Juez doctor Rolón dijo:
En su presentación de fecha 13 de junio de 2023, el Sr. Defensor particular sostiene que jamás se acreditó la existencia de los hechos que sirven de sustento a la sentencia, ni tampoco las condiciones que autorizan la aplicación del agravante indicado en el pronunciamiento.
Manifiesta que no se acreditaron las lesiones supuestamente cometidas por su defendido, toda vez que en el debate la víctima aclaró que los moretones en sus brazos no eran consecuencia del accionar de su esposo, sino que eran producto de lesiones sufridas con motivo de su trabajo cargando cajones de fruta en la Cooperativa; y, por lo demás el certificado médico del Dr. Belzú Ramos no resulta idóneo a tales fines.
Que en la audiencia Quiroz dijo que nunca le manifestó al profesional que esas lesiones habían sido causadas por su esposo, ni le manifestó nada sobre violencia de género y que el médico efectúa esas consideraciones como consecuencia de lo que le expresara la policía que acompañara a la víctima.
Admite que si bien la Sra. Revollo denunció que fue su marido quien la lesionó, afirma que tales manifestaciones lo fueron con la pretensión de lograr el alejamiento de Sánchez Revollo del hogar conyugal y una restricción de acercamiento.
Respecto al delito de desobediencia alega que su cliente jamás comprendió el tenor de aquella sentencia ni de sus reglas de conducta, las que debía cumplir como consecuencia del dictado de la misma.
Por último, se agravia respecto a la aplicación del agravante por violencia de género por los motivos que allí expone.
Dando inicio al tratamiento de las cuestiones planteadas, se concluye que el recurso ha de prosperar parcialmente.
En lo que respecta al hecho calificado como constitutivo del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género en contexto de violencia familiar, cabe consignar que el A-quo luego de describir el hecho que conforma la materialidad infraccionaria hace mención de las pruebas que entiende resultan convictivas para arribar a tal comprobación, desarrollando las relevantes que la autorizaran a concluir de la forma que lo hiciera al finalizar el tratamiento, para luego señalar aquellas que determinan su participación en el evento, abasteciendo ello suficientemente la carga probatoria reclamada por el quejoso.
A efectos de resolver un caso como el presente resulta necesario realizar algunas consideraciones.
El Estado argentino asumió el compromiso internacional de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (arts. 4, inc. "g", 7 incs. "b" y "f" y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención de Belem do Pará"-, aprobada por la ley 24.632; conf. CSJN "Sanz, Alfredo Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación", sent. de 27-II-2020, por remisión al dictamen del señor Procurador).
Dichas obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina surgen a partir de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22) – como la antes citada -, las cuales establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde surge el concepto de “perspectiva de género”.
Lo propio surge de la invocada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), aprobada por Ley 24.632, de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer en todas sus formas (en ese sentido Sala VI Del Tribunal de casación Penal de la Provincia en Causa Nº 58.758 “Rodríguez, Jorge Daniel s/ Recurso de Casación” del 29 de agosto de 2014). Así queda también expresamente establecida esta perspectiva en la legislación nacional a través de su incorporación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que “la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (Ob. cit.). El análisis exhaustivo de la situación de desigualdad global de los géneros, ha concluido que la concepción androcéntrica de la humanidad dejó fuera a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Y a pesar de existir en un mundo genéricamente desigual, las mujeres han sido realmente relevantes en cada uno de los aspectos propios de las distintas sociedades que se fueran desarrollando a lo largo de la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres.
Esta perspectiva reconoce, asimismo, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, esta perspectiva plantea a su vez que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres (refiriéndonos puramente al sistema binario al solo efecto de clarificar conceptualmente para el presente caso) seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).
El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y, en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular. (Conforme causas N° 69.965 y 69.966, caratuladas “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Particular Damnificado” y “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal” Sala VI del Tribunal de Casación Penal entre otras).
Lo expuesto obviamente debe ser considerado a la hora de analizar los elementos de prueba colectados. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido en la causa P 132.936 RC que: “En la materia, esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la "Convención de Belem do Pará", el juzgador debe analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019, e.o.)”.
“El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16.1 y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que "...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada" (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.).
Mientras que en el precedente P. 134.775-RC, "D., G. J. S/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" la propia Corte Provincial sostuvo que: “Conforme tal precedente, un juzgamiento con perspectiva de género impone emplear una mirada contextualizada de los hechos, incluyendo cuál era la situación de la mujer en el círculo de la violencia […], para indagar los motivos que llevaron a la víctima a tener interés en desdecirse de las denuncias, en esa dinámica vincular que responde a criterios específicos (v. XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se describe el Ciclo de Violencia diseñado por Leonor Walker, en el Protocolo Judicial para casos de Violencia de Género contra las Mujeres, 2014, págs. 20/21). Sólo desde esa perspectiva podrían obtenerse conclusiones válidas sobre las distintas narraciones de la mujer”.
“Por lo demás, aquí se identificaron con claridad otros medios probatorios que reforzaron lo relatado originalmente por la víctima, contribuyendo a demostrar la verosimilitud de los dichos inicialmente vertidos. Se aclaró, además, que, de constatarse una personalidad violenta de la damnificada, no se excluye necesariamente que quedara atrapada en aquel círculo también como víctima”.
“El principio de amplia libertad probatoria que rige estos conflictos promueve que tenga entidad la ampliación argumentativa -contextualizar la discriminación y la desigualdad de las mujeres- para diversificar y potenciar con exhaustividad la búsqueda de elementos probatorios en torno a la violencia con estos criterios específicos -círculo de violencia, antecedentes, entre otros-. De ello se infiere que la vinculación entre el principio de amplitud probatoria, las presunciones que contribuyen a la demostración de los hechos y las obligaciones reforzadas que surgen a partir del deber de debida diligencia, deben funcionar de modo complementario al principio de la sana crítica como requiere el ordenamiento jurídico (arts. 210, CPP; 7 inc. "b", Convención de Belém do Pará y 16 inc. "i" y 31, ley 26.485)”.
"Más recientemente se reafirmó que, de conformidad con las pautas de la sana crítica (art. 210, CPP) y del principio de libertad probatoria, por regla todo se puede probar y por cualquier medio (arts. 109 y concs., CPP; 16 inc. "i" y 31, ley 26.485) -conforme causa P. 133.869, sentencia de 5-VII-2020”.
Es en ese sentido entonces que corresponde analizar la prueba glosada al expediente, teniendo en miras – conforme los parámetros antes apuntados -, no solo los dichos de la víctima en sede judicial, sino que corresponde interrogarse y responder fundadamente qué hay detrás del cambio de versión brindado por la misma, pues la experiencia y la teoría suministran criterios que permiten interpretar adecuadamente esa conducta cuando se trata, precisamente, de contextos de violencia de género.
Ello es lo que sucede en autos. La damnificada inicialmente brinda un relato de los hechos - incorporado al expediente a través de las juramentadas brindadas por los efectivos policiales que intervinieron en el acta inicial, para luego ofrecer otra versión al prestar declaración en la audiencia de debate. Esta circunstancia, que en muchas ocasiones se repite en casos de mujeres víctimas de violencia género inmersas en el propio círculo de violencia, se condice absolutamente con el contenido del informe victimológico llevado a cabo en la persona de Quiroz cuyo resultado fue considerado alto, con el agregado que el encartado ya registra una condena por un suceso de violencia contra la misma persona.
Por lo demás no resulta objetable el informe médico llevado a cabo por el Dr. David Víctor Belzu Ramos, quien la asistiera en su oportunidad en el hospital Alende como consecuencia del hecho aquí juzgado, instrumento este que fuera ratificado en la audiencia por el aludido profesional.
En razón de lo expuesto considero que las pruebas que acreditan tanto la materialidad ilícita como la probable autoría penalmente responsable del enjuiciado, fueron claramente detalladas y valoradas por el A-quo, conforme las pautas de los arts. 373 y 210 del C.P.P., las que a criterio del Tribunal resultan suficientes e idóneas para abastecer los requisitos de los art. 371 y 375. del mismo cuerpo legal.
Ahora bien, distinta es la conclusión a la que debo arribar en relación al delito de desobediencia, en el que considero corresponde absolver al imputado por un motivo distinto al agravio introducido por la Defensa.
Debe tenerse presente en estos casos que la disposición oportunamente dictada por la Magistrada Dra. Ramos Perea no reúne las condiciones de orden que requiere el art. 239 del Código Penal, sino que resulta ser una "condición" o mejor dicho una de las tantas condiciones que establece -en el caso- el art. 27 bis del Código Penal al momento de aplicar la sanción en aquel suceso juzgado, en el que se le impusiera una pena de ejecución condicional y cuyo incumplimiento trae aparejada la consecuencia regulada en la propia norma convocada.
"Corresponde absolver al imputado en orden al delito de desobediencia a raíz del incumplimiento de una regla de conducta impuesta en el marco de una condena de prisión cuya condicionalidad se sujetó a su acatamiento -concretamente, la prohibición de acercamiento a su ex pareja-, pues aquella no consistía en una orden, en los términos del tipo penal previsto en el art. 239 del CP, sino simplemente una condición para que no cumpla efectivamente la pena de prisión a la que fue condenado, como esa condición no se cumplió , la consecuencia jurídica era la que prevé la ley, es decir, la revocación de la condicionalidad y la orden de detención (Santín Claudio Sebastián s/resistencia o desobediencia a funcionario público. Sentencia Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, 29/4/21)".
Es decir, la falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas encuentra respuesta en el propio art. 27 bis, sin por ello, infringir el tipo penal contenido en el art. 239 del Código Penal.
Dicho ello y en cuanto a tal impu
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