Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a S. C. A., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de quince (15) días de prisión de cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable del delito de “desobediencia”, previsto y reprimido en el 239 del Código Penal, más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
2Declarar REINCIDENTE POR PRIMERA VEZ a S. C. A., de conformidad con el artículo 50 del Código Penal vigente al momento del hecho.
3Disponer la detención conjunta con la dispuesta en el marco del expediente Nº 6434/19, e informar a las autoridades correspondientes para su inscripción.
4Diferir la UNIFICACIÓN de la presente sentencia con la dictada en los autos radicados bajo Expte. Nº 6434/19 para el momento en el que la presente se encuentre firme, de conformidad con lo previsto por el artículo 58 del CP.
5INFORMAR a la víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos) y artículo 11 bis de la Ley 24.660.
LIBRO: CI REGISTRO: 3485 FOLIO: 108/113
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con las vocalías de los Dres. Jorge Daniel Yance -titular- y Carlos Enrique Arenillas -subrogante-, asistidos por la Secretaria Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "S. C. A. S/DESOBEDIENCIA" Expte. Nro. 8964/24 y resolver la situación procesal de S. C. A., de apellido materno H., hijo de M. A. y L. R., argentino, nacido el ** de xxxxx de 1990, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, casado, instruido, con último domicilio en calle xxxxxx N° ** de esta ciudad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº ********, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat, siendo la acusación representada por la Fiscal de Cámara la Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a S. C. A.: “…que entre el día 24 al 28 de abril del año 2023, encontrándose detenido -cumpliendo condena a disposición de Cámara Criminal en el marco de los autos "S. C. A. s/Homicidio simple" Expte. 6434/19-, alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Río Gallegos, sita en Av. Kirchner 154; se habría comunicado con su ex pareja, la Sra. A. J. N. mediante llamadas telefónicas reiteradas hostigándola; todo ello en violación a lo dispuesto por el Dr. Antonio Andrade, Juez de Familia a cargo del Juzgado N° Dos, Secretaría de Violencia, dictadas con fecha 24 de abril de 2023, por cuanto en su punto 3° se le prohibía todo tipo de comunicación y contacto entre las partes ... como: mensajes de texto, telefónica, vía email..., en el marco de autos caratulados "A. J. N. C/S. C. A. S/MEDIDAS DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR" Expte. 9269 y respecto de la cual el imputado se encontraba debidamente notificado…”.
Que a fs. 125/126, la Fiscalía ante la Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que ha tenido en cuenta las pautas mensurativas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, en orden al delito de “desobediencia”, previsto y reprimido en el artículo 239 del Código Penal para solicitar en caso de condena, la pena de quince (15) días de prisión efectiva.
Que respectivamente a fs. 144, tanto el Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat como el imputado aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscal de Cámara, permitiendo así llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado S. C. A. y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Fiscalía de Cámara?:
Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
La omisión de debate constituye un mecanismo excepcional de simplificación procesal que procura compatibilizar los principios de economía y celeridad con las garantías propias del debido proceso. Su procedencia exige no sólo la conformidad de las partes legalmente habilitadas, sino también el control autónomo del órgano jurisdiccional acerca de la legalidad del procedimiento, la suficiencia de la prueba reunida y la razonabilidad de la solución propuesta.
En este caso se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del imputado.
Debe señalarse que la conformidad alcanzada entre las partes respecto del procedimiento especial previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal no exime a este Tribunal de ejercer el control jurisdiccional propio del instituto, verificando tanto la suficiencia de la prueba reunida como la correcta adecuación jurídica del hecho y la razonabilidad de la pena solicitada.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado y lesionado por el delito, así como las condiciones personales de S. C. A., a criterio de este Tribunal resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho imputado, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que a fines de reconstruir el hecho investigado y verificar tanto su materialidad como su eventual autoría, se realizará un análisis integral del plexo probatorio recopilado.
Los presentes actuados se inician con fecha 18 de abril de 2023, siendo las 21:30 horas, ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia de esta ciudad capital, a raíz de la comparecencia de A. J. N., a fines de radicar la correspondiente denuncia contra su pareja S. C. A., con quien mantiene una relación –entre idas y vueltas– de 25 años.
En dicha oportunidad, refirió que el nombrado se encuentra detenido, tras ser condenado por un homicidio, y hacía dos (2) meses fue trasladado desde la División Comisaría Primera de la localidad de Puerto San Julián hacia la ciudad de Río Gallegos, a fin de realizar los trámites correspondientes para acceder al beneficio de la libertad condicional.
Refirió que, aproximadamente seis (6) meses antes, el nombrado le había propuesto contraer matrimonio, aunque posteriormente tomó conocimiento de que este se habría casado con ella con la finalidad de obtener el beneficio de la libertad condicional. Agregó que, desde el momento en que el nombrado arribó a esta ciudad, comenzó a comunicarse con ella mediante llamadas telefónicas, en cuyo marco le habría proferido expresiones de carácter amenazante, manifestándole que le haría daño a su hijo “…que le pegaría dos tiros en la cabeza…”. Señaló que, desde entonces, la habría hostigado de manera constante mediante llamadas efectuadas desde un número privado y que, asimismo, habría extendido dicho accionar hacia su madre, a quien también llamaba para efectuarle consultas relacionadas con la denunciante.
Seguidamente señaló, que previo a presentarse a radicar la denuncia, siendo las 18 horas, recibió una llamada en la que el nombrado le manifestó: “...cuando empiece a salir afuera te voy a cagar a palos...”, para luego finalizar la comunicación. Indicó que posteriormente recibió varias llamadas más y que, al atender nuevamente, el nombrado la habría insultado y amenazado con golpearla. Ante ello, manifestó que en una de las comunicaciones le hizo saber que se encontraba cansada de sus amenazas y que se presentaría en la dependencia policial a fin de efectuar la correspondiente denuncia.
Posteriormente, entre las 20:37 y las 20:50 horas, S. C. A. se habría comunicado nuevamente con ella, con el propósito de manifestarle que no concurriera a la comisaría a radicar la denuncia, alegando que se encontraba detenido y que, por tal motivo, no sería recibida. Ante dicha situación, se hizo presente en la dependencia policial a fin de formalizar la denuncia. Asimismo, manifestó haber iniciado los trámites de divorcio, con la finalidad de evitar que el nombrado pudiera obtener el beneficio de la libertad condicional, y solicitó la prohibición de acercamiento de S. C. A. respecto de ella, de sus hijos y de su domicilio. Aportó, además, capturas de pantalla de las comunicaciones recibidas, aclarando que en estas el número del emisor figuraba como “número privado”.
En relación con las actuaciones practicadas a raíz de la denuncia, surge el informe obrante a fs. 12 que, en el que se consigna que a fin de corroborar el tiempo de duración de la relación mantenida entre la denunciante y S. C. A., se advirtieron inconsistencias en los períodos temporales referidos. Asimismo, se dejó constancia de que la denunciante presenta retraso madurativo.
Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2023, siendo las 23:05 horas, se recibió una nueva denuncia por parte de A. J. N., oportunidad en la que rectificó lo manifestado con anterioridad respecto del tiempo de convivencia o relación de pareja con S. C. A., indicando que mantuvieron una relación durante cinco (5) años y que se encontraba casada con él desde hacía aproximadamente seis (6) meses. Agregó que, a los pocos meses de contraer matrimonio, se había separado y posteriormente iniciado una relación afectiva con J. M. T., progenitor de sus dos hijos menores.
Asimismo, refirió que, días antes, se había presentado en esa Unidad Policial a fin de denunciar a S. C. A., su expareja, debido al hostigamiento constante que, según manifestó, ejercía sobre ella. En esa ocasión, solicitó la adopción de medidas de protección, cuya vigencia se extendía hasta el 24 de julio de 2023. No obstante, la nueva denuncia tuvo como motivo que, entre las 19:33 y las 23:30 horas, el nombrado habría vuelto a comunicarse telefónicamente con ella, en algunas oportunidades desde su número de abonado y en otras mediante número privado. Señaló que, durante una de las llamadas, S. C. A. le manifestó: “...yo voy a meter preso a J....”, tras lo que la denunciante interrumpió la comunicación; acompañando capturas de pantalla de su teléfono celular, correspondientes a las llamadas recibidas.
En relación con lo manifestado por la Sra. A. J. N. en su primera denuncia, a fs. 4/5 se incorporaron capturas de pantalla que registran llamadas entrantes efectuadas desde un número privado y desde el abonado N.º ******, agendado como “A. S..”, recibidas entre las 20:16 y las 22:49 horas. Asimismo, a fs. 17/18, en el marco de la segunda denuncia, se agregaron registros de nuevas llamadas provenientes de números privados, y cinco de ellas correspondientes al contacto identificado bajo el mismo nombre de “A. S.”.
Ante tal circunstancia se llevaron a cabo las actuaciones pertinentes en la celda N° 5 de la Alcaidía Penitenciaria donde se encuentra alojado el imputado, procediendo al secuestro de un (1) celular, marca “Samsung”, sin batería y sin tarjeta SIM (fs. 47). Asimismo, se dejó constancia de que, al momento de efectuarse la incautación del elemento, S. C. A. manifestó que había roto y desechado el chip debido a que recibía mensajes de su pareja; refiriendo además que nunca había contado con una batería propia, por lo que sus compañeros de celda le facilitaban una para poder comunicarse.
A ello se suma, como elemento que refuerza lo expuesto, el informe remitido por la empresa Claro, obrante fs. 41/43 y certificación a fs. 44, en el que se consigna que la línea N° ******, se encuentra en estado activo, a nombre de M. A. H., madre del imputado. En cuanto a los registros emitidos por la empresa, se observa que con fecha 18/04/2023, se realizaron quince (15) llamadas hacía el abonado ****** en los horarios 0:48; 08:43; 08:45; 14:03; 15:33; 16:18; 17:04; 19:41; 20:00; 20:19; 20:38; 21:00; 21:19; 22:15; 22:27. A su vez, se constatan llamadas salientes hacia el abonado ****** (ambas líneas declaradas como propias por la denunciante) en el lapso de fecha 24/04 al 28/04/2023.
Por lo expuesto, el análisis integral del plexo probatorio permite reconstruir con precisión los hechos denunciados por A. J. N. a partir del 18 de abril de 2023. A pesar de que en la etapa inicial se detectaron inconsistencias respecto a la duración de la relación sentimental y se dejó constancia del retraso madurativo de la denunciante, estas circunstancias no invalidan la veracidad del hostigamiento denunciado. La rectificación posterior de los términos de la relación, donde se aclaró que el vínculo duró cinco años y que el matrimonio tuvo una finalidad utilitaria para S. C. A., otorga coherencia y verosimilitud al relato de la víctima.
Todas esas comunicaciones iniciadas por el imputado se dieron mientras se encontraba vigente la disposición del Juzgado de Familia N° Dos, Secretaría de Violencia, en el marco de los autos caratulados “A. J. N. C/ S. C. A. S/MEDIDAS DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR”, Expte. 9269, de fecha 24 de abril de 2023, como consta a fojas 59/60, mediante la cual dictó una medida cautelar que prohibía todo tipo de contacto entre las partes por un lapso de tres meses. A pesar de haber sido notificado formalmente de dicha prohibición en esa misma fecha, S. C. A. persistió en su conducta hostil, lo cual quedó acreditado mediante una nueva denuncia y los registros técnicos de llamadas salientes hacia los números de la víctima realizados entre el 24 y el 28 de abril de 2023.
La valoración del testimonio se ve reforzada por la descripción de las maniobras de manipulación del imputado, quien intentó disuadir a A. J. N. de acudir a las autoridades alegando falsamente que su condición de detenido anularía cualquier denuncia en su contra La prueba resulta contundente al corroborar el relato de la víctima mediante registros objetivos. Los informes de la empresa de telefonía Claro confirman que, en una sola jornada, se realizaron quince llamadas desde una línea registrada a nombre de la madre del imputado hacia el teléfono de la denunciante. Esta coincidencia temporal entre las denuncias y el tráfico de llamadas desde un número vinculado al entorno íntimo de S. C. A. constituye un elemento de cargo fundamental que respalda las capturas de pantalla aportadas por A. J. N.. Finalmente, la materialidad de los hechos y la responsabilidad del nombrado se ven confirmadas por los resultados de la requisa en su celda de la Alcaidía Penitenciaria. El hallazgo de un dispositivo móvil y la admisión espontánea de S. C. A. sobre la destrucción de la tarjeta SIM para evitar que se encontraran mensajes evidencian una conducta obstructiva y el reconocimiento del uso del aparato. El hecho de que el imputado contara con medios para comunicarse, utilizando baterías facilitadas por otros internos, completa el cuadro probatorio y permite concluir que el hostigamiento fue efectivamente ejecutado por este.
Por todo lo expuesto y analizada la prueba obrante en autos, valorada en forma conjunta y no aisladamente, dan el grado de certeza suficiente y exigida en esta etapa, se concluye que el imputado resulta ser el autor del hecho que se le enrostra. Al no haberse comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, por lo que en razón de lo analizado, el Tribunal entiende que S. C. A. deberá responder penalmente por el hecho imputado. TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a las conductas acreditadas?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado, corresponde determinar la calificación jurídica de las conductas comprobadas. El encuadre legal efectuado oportunamente al requerirse la elevación a juicio de las presentes actuaciones, y sostenido por la Fiscalía ante esta Cámara, consistió en el delito de “desobediencia”, previsto y reprimido por el art. 239 del Código Penal. En este marco, se fundamenta en el incumplimiento deliberado de una manda judicial concreta, emanada de autoridad competente y dirigida a un destinatario determinado. En tal sentido, se ha sostenido que la desobediencia “exige para su configuración que exista una “orden” emanada de un funcionario público, la cual debe estar dirigida a una persona. No deben reputarse como válidas a los efectos de la mencionada figura todas aquellas órdenes generales, en las cuales no se encuentra individualizada la persona que debe cumplirla” (Donna, Edgardo Alberto, El Código Penal y su Interpretación en la Jurisprudencia, Tomo II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 363/364).
Por ello, para la configuración de este ilícito, resulta indispensable la existencia de una orden individualizada cuyo contenido sea conocido por el sujeto obligado. En el presente caso, se halla plenamente acreditado por lo ordenado por el Juzgado de Familia N° Dos, Secretaría de Violencia, en el marco del expediente de medidas de abordaje intrafamiliar “A. J. N. C/S. C. A. S/MEDIDAS DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR”, expte. N° 9269, dictando el 24 de abril de 2023, una medida cautelar que prohibía todo tipo de contacto entre las partes por el lapso de tres meses.
Pese a encontrarse vigente la manda judicial y haber sido debidamente notificado (el mismo 24 de abril de 2023 según copia de fs. 59/60), el encartado efectuó reiteradas llamadas telefónicas dirigidas a su ex pareja con la finalidad de hostigarla. Esta conducta constituye una omisión voluntaria y deliberada de la observancia debida, afectando de manera directa el normal desenvolvimiento de la administración de justicia y la eficacia de las decisiones adoptadas para garantizar la protección de las personas en situaciones de violencia familiar.
En consecuencia, el actuar de S. C. A. reúne la totalidad de los elementos objetivos y subjetivos requeridos por la figura penal analizada. La existencia de una orden judicial concreta, el conocimiento efectivo de la misma por parte del destinatario y su posterior quebrantamiento mediante comunicaciones telefónicas reiteradas permiten calificar legalmente su conducta como constitutiva del delito de desobediencia, previsto y reprimido en el artículo 239 del Código Penal. CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pena corresponde aplicar y qué pronunciamiento adoptar? Para determinar la sanción justa aplicable, corresponde tomar en consideración la participación del imputado y la calificación legal atribuida a su conducta, de conformidad con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. La individualización judicial de la pena exige ponderar las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal, procurando una respuesta proporcional al injusto cometido y al grado de culpabilidad del autor, sin incurrir en una doble valoración de circunstancias que ya integran el tipo penal o sus agravantes.
Que en este caso en particular y existiendo pena sugerida por la Fiscalía de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere). En esta línea, a los fines de la determinación de la pena, corresponde ponderar las conclusiones de las constancias incorporadas a la causa, de las que surge que S. C. A., nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, hace 35 años, casado, con estudios secundarios incompletos. En cuanto a su estado de salud, no presentaría patologías relevantes. Asimismo, habría concurrido al Centro de Salud Mental para realizar un tratamiento por consumo de drogas y alcohol, el cual posteriormente habría abandonado.
En cuanto a las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, este Tribunal valora como circunstancias agravantes la reiteración de los actos de incumplimiento desplegados por el imputado, quien no realizó un único contacto con la víctima, sino múltiples comunicaciones en diferentes jornadas, evidenciando un mayor grado de desatención frente a la orden judicial oportunamente impuesta.
Asimismo, corresponde justipreciar la existencia de antecedentes penales en cabeza del encartado, quien en el marco de los autos "S. C. A. S/HOMICIDIO SIMPLE" Expte N° 6434/19, se encuentra privado de su libertad, habiendo sido condenado mediante sentencia de fecha 17 de junio de 2021, –resolución protocolizada al Tomo: LV Registro: 2221 Folio: 086/089– a la pena de ocho (8) años de prisión de cumplimiento efectivo en orden al delito precedentemente mencionado.
Respecto de las pautas que podrían operar en favor del imputado, no se observan circunstancias atenuantes que permitan morigerar la sanción.
Entonces, y ya determinando el monto de pena a imponer al acusado, habiéndose evaluado su situación personal en relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, y a fines de que el encartado adquiera conciencia de la ilicitud de su conducta, del daño que ocasionó y adopte una actitud positiva para renunciar a la comisión de nuevos delitos, se considera apropiado aplicar la pena de quince (15) días de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de “desobediencia”, previsto y reprimido en el artículo 239 del Código Penal.
Asimismo, en atención a que S. C. A. se encuentra actualmente cumpliendo condena en el marco del expediente N° 6434/19, corresponde disponer la detención conjunta con los presentes actuados, debiendo efectuarse el registro por parte del Tribunal, así como la autoridad policial y/o penitenciaria.
Además, por imperio del art. 58 del Código Penal, corresponde diferir la unificación una vez que la presente se encuentre firme.
En esas condiciones, corresponde analizar la declaración de reincidencia. Al momento de comisión del hecho aquí juzgado se encontraba vigente el texto del artículo 50 del Código Penal incorporado por la Ley 23.057, según el cual hay reincidencia cuando quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito también reprimido con esa especie de pena.
En el caso, encontrándose firme la sentencia dictada el 17 de junio de 2021 en el Expte. N.º 6434/19, se reúnen tales presupuestos, pues S. C. A. se hallaba cumpliendo parcialmente una pena privativa de libertad de ocho años de prisión cuando cometió el nuevo hecho de desobediencia, delito también reprimido con pena de prisión. Por ello, corresponde declararlo reincidente por primera vez. Por otra parte, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos) y del artículo 11 bis de la Ley 24.660. En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a S. C. A., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de quince (15) días de prisión de cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable del delito de “desobediencia”, previsto y reprimido en el 239 del Código Penal, más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
2. DECLARAR REINCIDENTE POR PRIMERA VEZ a S. C. A., de conformidad con el artículo 50 del Código Penal vigente al momento del hecho.
3. DISPONER la detención conjunta con la dispuesta en el marco del expediente Nº 6434/19, e informar a las autoridades correspondientes para su inscripción.
4. DIFERIR LA UNIFICACIÓN de la presente sentencia con la dictada en los autos radicados bajo Expte. Nº 6434/19 para el momento en el que la presente se encuentre firme, de conformidad con lo previsto por el artículo 58 del CP.
5. INFORMAR a la víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos) y artículo 11 bis de la Ley 24.660.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo: Dra. María Alejandra Vila –presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance –juez- Dr. Carlos Enrique Arenillas –juez subrogante- ante la Dra. María Fernanda Tuñón –secretaria-.
Fin de la sentencia