Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 797/817 atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
2Desestimar la vía extraordinaria de fs. 818/856, en atención a que los planteos analizados en el punto IV.1. han sido denegados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto IV.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de ambos recursos, así como las de la queja (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2021) se imponen al vencido (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Euclides Isidro Bourlot, condenando -en forma solidaria- a Fenixpax S.A. y Telecom Argentina S.A. al pago de la suma que especificó, en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral. Por el contrario, rechazó los reclamos formulados en torno a las multas consagradas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, la prestación por desempleo y las sanciones previstas en los arts. 80, 132 bis y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 773/794).
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo simultáneamente recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 797/817 y 818/856; v. escritos electrónicos de 6-VII-2020), los que denegados por el a quo (v. fs. 861), fueron concedidos por esta Corte al resolver la queja articulada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2021).
II.1.a. En su presentación de fs. 797/817, objeta la definición del sentenciante de grado en cuanto consideró que el actor era dependiente de la empresa Fenixpax S.A. y no de Telecom S.A., en tanto tal definición resulta absurda y contraria a las constancias de la causa, toda vez que ésta última era su verdadera empleadora.
II.1.b. Agrega que, como consecuencia de ésta errónea decisión, el a quo rechazó la percepción de las indemnizaciones previstas en la ley 24.013.
II.1.c. Asimismo se agravia del rechazo de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que, sea quien fuera su empleador, se han cumplido los recaudos necesarios para su procedencia.
II.1.d. De igual modo, objeta el rechazo de la sanción por temeridad y malicia, al considerar que el tribunal la desestimó sin una debida fundamentación.
II.2.a Por otra parte, en el escrito de fs. 818/856 el impugnante se agravia de la tasa de interés cuya aplicación se dispuso con relación al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
En lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva en su modalidad digital afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 6.266,24 %. Por último, la aplicación de tasas activas nominales con capitalización mensual de intereses.
Para más, cuestiona la omisión que imputa al a quo de disponer la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, la que entiende -además- debe ser mensual.
II.2.b. Finalmente, considera que -a diferencia de lo resuelto- se encuentran verificados los presupuestos para la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. Los recursos no prosperan.
III.1.a. Respecto de la presentación de fs. 797/817 cabe señalar, de modo preliminar, que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del medio de impugnación en examen, representado por las sumas correspondientes a los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron y que son objeto de recurso, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 117.755, "Arce", resol. del 4-VI-2014; L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.1.b. En ese contexto, respecto del primer agravio referenciado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que, mediante la denuncia de doctrina legal, el interesado trae a consideración agravios vinculados a cuestiones cuya definición resultan privativas del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas de la causa, asuntos que -sabido es- se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018 y L. 125.068, "Del Pup", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, tiene resuelto esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art.55 de la ley ritual (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015 y L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021).
III.2. Por otra parte, tampoco se advierte configurado, en la especie, el citado supuesto habilitante respecto de los agravios referidos a las multas consagradas en la ley 24.013 y las sanciones previstas en los arts. 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que las doctrinas legales que el interesado denuncia como conculcadas, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 123.152, "Vega", resol. de 4-XII-2019 y L. 124.834, "Rodríguez", resol. de 13-X-2020).
IV. Tampoco resultan atendibles las impugnaciones traídas la presentación de fs. 818/856.
IV.1.a. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que, en ellos, en modo alguno ese Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma. Lo dicho por el impugnante -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia y que no conformaron la postura mayoritaria del máximo Tribunal de la Nación.
IV.1.b. No queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 124.725, "Casas", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.202, "Navone" resol. de 29-XI-2021).
IV.1.c. Luego, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, postulo que desde que cada suma es debida se aplique la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días (pasiva) hasta su efectivo pago.
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016); L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) y L.126.119, "Pezzutti" (resol. de 26-IV-2021).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
IV.1.d. Luego, el agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable.
En rigor, se dirige a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
IV.2. Finalmente, el reproche dirigido a cuestionar el rechazo del reclamo afincado en la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco es de recibo.
De modo liminar, corresponde recordar que, determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la imposición de la citada sanción, constituye una potestad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. del 14-XII-2020).
Claro está, que esto último, exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En el caso, el tribunal de origen descartó la configuración de los presupuestos fácticos que tornarían operativa la sanción reclamada. Para hacerlo señaló que no se acreditaron, en las actuaciones, la retención indebida y la posterior la falta de aportes al sistema previsional.
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
A lo expuesto cabe acotar que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que el impugnante -como se anticipó- no logra demostrar.
Resta señalar que el interesado no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 797/817 atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
2. Desestimar la vía extraordinaria de fs. 818/856, en atención a que los planteos analizados en el punto IV.1. han sido denegados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto IV.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de ambos recursos, así como las de la queja (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2021) se imponen al vencido (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:43:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:26:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia