Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
2Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a 979/995 vta. y 996/1.011.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, por mayoría, en lo que interesa destacar, condenó solidariamente a R.R. Donnelley Argentina S.A., Editorial Atlántida S.A., Maxervix S.R.L., Juan Pedro Apud Romano y José Luis Rivas a abonarle a Sandra Soledad Bauer la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 917/932 y aclaratoria de fs. 1017/1019 vta.).
Sobre el capital de condena detallado aplicó intereses conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Por último, aplicó a la totalidad de las condenadas la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora (v. fs. 966/978), Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 979/995 vta.) y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 996/1.011) dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Coetáneamente, los apoderados de Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. acreditaron la realización del depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 adjuntando sus correspondientes constancias, oportunidad en la que manifestaron que lo efectuaban en forma conjunta (v. fs. 1.014/ 1.015 y 1.040/1.043 vta.).
A su turno, el sentenciante de grado concedió la totalidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (v. fs. 1.058/1.059).
III.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad incoado a fs. 966/978, la parte actora se agravia respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de la trabajadora y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 469 % para el cálculo de los intereses. Y, por último, la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
III.2. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.3.a. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
III.3.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de la ley 23.928 y de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 126.986 "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
III.3.c. No obstante lo dicho, le asiste razón al recurrente en cuanto postula se modifique la sentencia de grado en relación a la tasa de interés allí aplicada.
El tribunal de origen, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días.
Esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa L. 94.446 este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (B.O., 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre muchos.
Por ello, y con el alcance indicado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento de grado en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados, con costas (art. 289, CPCC).
IV. En relación a los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 979/995 vta. y 996/1.011, de modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha dicho que en el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 referenciado establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable (causas L. 117.710, "Conte", resol. de 23-XII-2013; L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017 y L. 126.414, "Formigo", resol. de 16-VII-2021).
Específicamente, ha sostenido que en el supuesto de pluralidad de legitimados pasivos puede aceptarse que un depósito resulte suficiente, mas ello es así sólo cuando los recursos de los litisconsortes se fundan sobre similares puntos litigiosos, pues en tal circunstancia queda a salvo la finalidad de la exigencia legal (causas L. 112.933, "Carini", resol. de 16-II-2011; L. 121.694, "Disalvo", resol. de 22-VIII-2018 y L. 114.365, "Gómez", resol. de 28-VIII-2020).
En tal sentido, corresponde señalar que dicha circunstancia no se verifica en autos; ante ello, resulta dable observar que de las constancias adjuntadas por Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.014/ 1.015 y 1.040/1.043 vta.) surge que el depósito ha sido realizado individualmente a nombre y cuenta de cada una de las sociedades codemandadas, circunstancia de la que se infiere -por ende- que lo ha sido de modo parcial, en cada caso.
IV.1. A partir de lo expuesto, los depósitos efectuados a fs. 1.014/ 1.015 y a fs. 1.040/1.043 vta. se evidencian insuficientes respecto de cada una de las nombradas para dar cabal cumplimiento con lo dispuesto por el art. 56 de la ley 11.653 (causa L. 113.478, "Alderete", resol. de 24-IV-2013; L. 114.352, "López", resol. de 3-V-2018 y L. 114.365, cit.).
En ese orden, se impone agregar que es doctrina de este Tribunal que la carga económica de referencia debe ser cumplida en término y en su totalidad (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.012, "Castillo", resol. de 29-II-2012 y L. 114.365, cit.), sin que corresponda intimar a las recurrentes a su integración (causas L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011 y L. 114.365, cit.).
En virtud de lo expuesto, no cabe más que concluir que los depósitos efectuados por las indicadas impugnantes, en las condiciones en que lo han sido, no cumplen con el indicado propósito ni con el recaudo de integralidad que le es propio.
IV.2. En consecuencia, corresponde declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 979/995 vta. y 996/1.011.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que y, en relación a lo resuelto en el punto III.3.c., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducida merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
2. Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a 979/995 vta. y 996/1.011.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2022 10:47:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:03:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:50:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:52:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 13:48:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/10/2022 14:49:39 hs. bajo el número RR-1268-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia